¡Por una educación para el progreso y la soberanía del país, financiada por el Estado!

Declaración de Notas Obreras sobre el proyecto de reforma a la Ley 30.

Dentro del conjunto de reformas del gobierno del cambio se conoció un primer borrador de una reforma integral a la Ley 30 de 1992 sobre la educación superior. Este es un asunto del mayor interés para el futuro de la Nación, pues su progreso o estancamiento depende, en gran medida, de las políticas que se adopten al respecto. 

Para empezar, debe decirse que durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, la educación superior en Colombia estuvo guiada por las “recomendaciones” del Banco Mundial, de la OCDE y de la Unesco, acogidas en documentos Conpes, en diversas normas, en el Acuerdo por lo superior 2034 y en los planes de desarrollo. Como efecto, entre otros, se amplió la cobertura a costa de una rebaja en el nivel de la enseñanza; se ahondó la crisis presupuestal; el número de profesores de cátedra y de medio tiempo duplicó el de los de planta; la universidad privada se fortaleció; se incluyó al SENA dentro de la oferta de educación superior; proliferaron sin control las instituciones de garaje que ofrecen certificaciones y titulaciones y miles de estudiantes terminaron entrampados con deudas impagables a través del ICETEX. 

Frente a lo hecho en los gobiernos anteriores el borrador del proyecto no trae nada nuevo más allá de las palabras. El continuismo se hizo evidente con el nombramiento de Alejandro Gaviria en el Ministerio de Educación; un tecnócrata neoliberal que trabajó como subdirector de Planeación de Uribe, ministro de salud de Santos y rector de la Universidad de los Andes. Lo reemplazó la viceministra de educación superior, Aurora Vergara, ligada a Manos Visibles, una fundación que tiene como aportantes al especulador de bolsa George Soros, a través de Open Society; a USAID; a las fundaciones Ford, BBVA, SURA y a otras ONG y agencias de “cooperación” de las que se valen el capital financiero internacional y nacional para formar cuadros con la capacidad de incidir ideológicamente sobre organizaciones de base de la población, y como en el caso de la ministra, en el rumbo del Estado. 

El proyecto de reforma a la Ley 30 no soluciona la crisis financiera

La crisis financiera que arrastran las Instituciones de Educación Superior, IES, fue creada por la fórmula de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que ató el incremento del presupuesto de las universidades al IPC, con el efecto de que a lo largo de tres décadas mientras se aumentaban los cupos y crecían las necesidades, los recursos permanecieron congelados en términos reales, sin que los gobiernos buscaran una solución de fondo al problema. Según el Sistema Universitario Estatal, SUE, el déficit acumulado se estima en 18 billones de pesos, reflejándose en hacinamiento, deterioro de las edificaciones, carencias en laboratorios y medios para la investigación, reducción del bienestar estudiantil, entre muchos otros problemas. Todo ello hizo que las universidades públicas se vieran obligadas a buscar fuentes de financiamiento propias, elevando matrículas, vendiendo servicios, cursos y diplomados y compitiendo con el sector privado en la oferta de costosas especializaciones y doctorados, con lo cual hoy financian entre el 45 y el 50 % de sus actividades.

Otro problema que debe ser resuelto es que los artículos 86 y 87 de la Ley 30 solo se refieren a la asignación de recursos a las universidades y no a las Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas e Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, clasificadas todas como ITTUS, y que son 50 de las 84 Instituciones de Educación Superior, IES, públicas. 

La fórmula que propone el proyecto de ley para superar la crisis presupuestal consiste en que las transferencias anuales de recursos de la Nación se hagan con base en el Índice de Costos de la Educación Superior, ICES, elaborado semestralmente por el DANE a partir de la información sobre gastos de personal y compra de bienes y servicios que esta entidad recoge en las IES privadas desde 1998 y que incluyó las públicas desde 2014. El proyecto también hace extensivo este procedimiento a los ITTUS. Si se comparan históricamente el IPC y el ICES, se verá que solo en 2017 y 2020 el ICES superó los dos puntos por encima del IPC, mientras el acumulado de este índice entre 2015 y 2022 fue de 47,60 % y el del ICES de 46,42 %, o sea que el IPC fue superior en 1,18 %, diferencia que muestra los inocuos efectos que traerá la fórmula propuesta. Tampoco constituyen una solución al déficit acumulado de 18 billones los $5,8 billones adicionales ofrecidos por el gobierno para los próximos tres años, $1,93 billones anuales en promedio, máxime si se está hablando de crear 500.000 nuevos cupos y de abrir 100 nuevas sedes universitarias. 

La exposición de motivos es clara en señalar que la destinación de recursos para la educación superior estará sujeta a la regla fiscal, esa mordaza que el capital financiero le ha puesto a los derechos para impedir que se ponga en riesgo el pago de los compromisos de la deuda pública.

No es una reforma para el desarrollo del país sino para perpetuar el colonialismo

Desde la Conferencia mundial sobre Educación Superior de la Unesco en 1998, el Banco Mundial señaló que el dominio de las comunidades científicas en las universidades había llegado a su fin y que ahora estas debían funcionar como piezas del mercado ofreciendo certificaciones y titulaciones pertinentes desprovistas de una formación disciplinar y convertidas en simples cursos de capacitación laboral de más corta duración. La palabra pertinencia se puso de moda. A la par, las ideas posmodernas se tomaron los claustros y la ciencia se puso bajo ataque, dándole igual validez a la charlatanería. La teoría de la lucha de clases del marxismo, una de las más importantes conquistas de las ciencias sociales, fue sofocada por tesis que se valen de la opresión a la mujer, a las comunidades negras e indígenas o a cualquier otro grupo o causa social, para fragmentar a la población. 

La educación pertinente que pregonan el Banco Mundial y la OCDE reserva para los países desarrollados lo más avanzado de la ciencia y la tecnología y a los rezagados los condena a continuar en el atraso, dedicados a proveerles materias primas y abiertos a las importaciones de los productos de las metrópolis. Así mismo, mientras las élites gozan de una educación universal e integral, a las masas se les ofrece apenas una enseñanza rudimentaria y unas competencias laborales impuestas por los gremios de la producción. Ya desde el gobierno de Santos se puso en marcha el Marco Nacional de Cualificaciones consistente en que los ministerios de educación y del trabajo junto con las empresas del ramo y cualquier otro ministerio al que correspondan, son quienes definen el contenido de una amplia gama de certificaciones y titulaciones que harán parte de la oferta de las IES incluido el SENA. Como lo señala acertadamente el profesor Andrés Felipe Mora, director del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior de la Universidad Nacional, la parte sobre los fundamentos de la educación superior en el proyecto de Ley no hace más que consagrar lo establecido en el artículo 194 del Plan de desarrollo de Duque sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones y que, con algunas modificaciones, refrendó el de Petro en el artículo 81. Poner a los Cabal, los Bedoya y los Mac Master a definir lo que se enseña en las IES desplaza al CESU en sus funciones y constituye el fin de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria, que pasan a ser letra muerta en el proyecto de ley.

De tiempo atrás, en la literatura oficial sobre la educación la palabra pertinencia va siempre acompañada de la palabra calidad. No se necesita de mucho análisis para deducir que si el Marco Nacional de Cualificaciones define las competencias requeridas para las certificaciones y titulaciones que serán ofrecidas por las IES, la calidad se medirá por los resultados de aprendizaje esperados, para lo cual se ha creado una metodología y una red institucional para garantizarla: el Subsistema de Evaluación y Certificación de Competencias, SECC, y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. En este aspecto el proyecto también no hace otra cosa que incluir en la ley lo desarrollado por gobiernos anteriores.

Como puede verse, la educación superior termina siendo una especie de supermercado en el que hay para todos los gustos y bolsillos y en donde son los señores del dinero y de la tierra quienes deciden la oferta educativa. Los contenidos del pregrado se reducen a las competencias laborales demandadas por las empresas y a una fuerte carga ideológica para que los futuros egresados sean ciudadanos respetuosos del orden establecido, para lo cual será obligatorio por lo menos un semestre de estudio de la constitución y de educación cívica. Como lo señala el profesor Mora, las especializaciones se conciben como actualizaciones, las maestrías como profundizaciones, pero sin lugar a la investigación, la cual queda reservada para el doctorado. Los posgrados no serán gratuitos, allí seguirán las elevadas matrículas y la competencia existente entre las universidades públicas y las privadas.

Es indiscutible que la sociedad necesita una educación para el trabajo y que instituciones como el SENA resultan necesarias para ese fin, pero lo que no se puede aceptar es que se borre la línea divisoria entre ese tipo de educación y la universidad rebajándole a esta su papel en la formación en las disciplinas científicas, la tecnología, la investigación y el arte. 

Una nación que aspire realmente al progreso, con una industria y un sector agropecuario autosuficientes y soberanos no puede renunciar a utilizar el Estado como palanca para su desarrollo. No es admisible dejar en manos del sector privado y del mercado sectores estratégicos como la industria pesada, la energía y las telecomunicaciones, por ejemplo; se deben llevar a cabo planes para que la universidad le entregue al país los científicos, los ingenieros y los profesionales requeridos para conseguir las metas que se proponga. Eso es algo que no puede estar en manos de los Luis Carlos Sarmiento, los Gilinski y los Lafaurie, dedicados a la usura, en unos casos, y en otros, a concentrar — a bala si es necesario— el poder sobre la tierra. Tampoco debe dejarse el futuro en manos de una tecnocracia obsesionada con el cumplimiento de la regla fiscal para no poner nerviosos a “los mercados”, es decir, a los agiotistas a quienes el país está atado por el dogal de una deuda que devora su presupuesto. 

Sobre el derecho fundamental a la educación y la ampliación de la cobertura  

A medida que se universaliza la educación básica y media, crece en el país la presión para el acceso a la universidad. Por eso no falta en las promesas de cada nuevo gobernante la ampliación de cupos. Santos lo intentó con una reforma a la Ley 30 que fomentaba el crédito y el negocio de las IES privadas, lo cual provocó el levantamiento del estudiantado en 2011. Después, introdujo el programa “Ser Pilo Paga” que, con el espejismo de favorecer con becas a los estudiantes destacados en las pruebas saber 11, lo que estableció fue un sistema de créditos condonables. Solo ofreció 40 mil nuevos cupos, y de los $4 billones del presupuesto que transfirió, el 90 % fue para las universidades privadas, pero dejó con deudas impagables a cientos de los estudiantes que tuvieron problemas para terminar sus carreras. Duque ofreció Generación E, con el supuesto de beneficiar a 336.000 jóvenes; a una parte, con el pago total de la matrícula en una institución de educación superior pública, y a otra, con créditos condonables similares a los de Ser Pilo Paga para estudiantes destacados en las pruebas saber 11.

Petro presentó otro proyecto junto con el de reforma a la Ley 30, dándole el carácter de derecho fundamental a la educación desde la inicial hasta el pregrado. De acuerdo con lo señalado hasta aquí, compartimos el razonamiento al que llega el profesor Mora cuando señala que la forma como se concibe en el proyecto de ley el derecho fundamental a la educación y “la educación a lo largo de la vida”, aunque suene muy progresista, consiste en “garantizar la empleabilidad a las personas para que, a lo largo de su vida, puedan financiar nuevos estudios”, lo cual está en consonancia con lo formulado por Michael Gibbons en el documento del banco Mundial Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI:

La moderna educación superior masiva enseña a la gente a no dedicarse casi por entero a una ocupación o a un determinado conjunto de aptitudes. La prepara para la eventualidad de que ambas cosas cambien a menudo y de que tengan que moverse con celeridad. Para moverse con celeridad hay que acarrear poco peso, tanto en aptitudes como en actitudes. La única aptitud que nunca se vuelve obsoleta es la de adquirir nuevos conocimientos.

Durante las dos últimas décadas, desde el Ministerio de Educación, el ICFES y algunos círculos académicos se le ha dado fuerza a estas tesis que en países como Colombia despojan a las universidades de su papel como centros de investigación y difusión de las ciencias básicas y las reducen a una mercantilización de la enseñanza. Así, se acepta el monopolio del conocimiento científico por un puñado de grandes corporaciones y de las prestigiosas universidades de las metrópolis imperialistas.  

El movimiento estudiantil debe actuar con plena independencia

Después del estallido social de 2019-2021 en el que la juventud, y en particular el estudiantado, protagonizó jornadas memorables en la primera línea de la lucha popular, sobrevino un período de reflujo. A pesar de las implicaciones negativas que la reforma a punto de presentarse tiene para el futuro de la Nación, en las universidades se respira un ambiente de indiferencia, al tiempo que el gobierno se empeña en cooptar organizaciones para que los estudiantes se movilicen en su respaldo. En la tarea de reactivar el movimiento estudiantil se deben tener en cuenta por lo menos los siguientes aspectos básicos:

• En primer lugar, el movimiento estudiantil debe ser independiente del gobierno y del Ministerio de Educación Nacional. Para ello, debe abogarse por sostener una posición crítica que tenga en cuenta los aportes que han realizado varios sectores del ámbito universitario. La lucha por una educación que sirva al progreso autónomo de la nación debe prevalecer sobre agendas particulares. 
• Es importante que en los encuentros estudiantiles se afiancen las banderas de lucha históricas del movimiento estudiantil, dentro de las que se encuentran la autonomía; la financiación adecuada; el establecimiento de una educación que se apropie de lo más avanzado del conocimiento científico y técnico, así como de la cultura universal y que esté al servicio del pueblo; representación de estudiantes, profesores y trabajadores en los organismos de poder, que corresponda a su papel como estamentos básicos de la universidad; servicios de bienestar estudiantil como medios para garantizar la permanencia. Rechazar la mercantilización de la universidad, y la injerencia en ella de organismos como la OCDE, el Banco Mundial y los monopolios nacionales y extranjeros.
• Se debe profundizar en la organización y movilización del estudiantado, por lo que llamamos a la construcción de una organización amplia, unitaria e independiente del gobierno que oriente la movilización por las banderas mencionadas. 

La hora exige el más amplio debate entre las bases estudiantiles, profesores y trabajadores, libre de prejuicios, con independencia, para que se entienda lo que está en juego sin dar cabida a mezquinos intereses. Hacemos un llamado a todos aquellos que entienden la importancia del momento, para que unifiquemos esfuerzos y consigamos que el debate sobre la reforma se ponga como prioridad en los claustros, premisa indispensable para la lucha contra sus nocivas implicaciones.