Ley 141: adiós a las regalías

La Ley 76 de 1975 había establecido que las compañías explotadoras de petróleo debían pagar una regalía del 20%, la cual se repartía así: 47.5% para el departamento, 12.5% para el municipio y 40% para la nación. Por el contrario, la Ley 141 despoja a los departamentos del 90% de su participación la producción que sobrepase los 180.000 barriles diarios, y a los municipios a partir de los 100.000. Los excedentes pasan al Fondo. Esto se urdió con el pretexto de que las regalías debían irrigar sus beneficios a toda Colombia. En el caso de Cusiana, se quiso hacer aparecer el interés del Casanare como opuesto al del país en su conjunto. Cuando se conoce que el monto de las regalías de esos pozos ascenderá a unos seis mil millones de dólares, se comprende a cabalidad el codicioso interés oficial.

Antecedentes de la trapisonda El zarpazo se venía preparando desde hacía varios años. El Informe de la Misión Wiesner para la descentralización destaca el rápido crecimiento de los ingresos por este concepto, señala la necesidad de “desterritorializar” las regalías y utilizarlas en armonía con las políticas de inversión extranjera. Por tal motivo se incluyó en la Constitución de 1991 el artículo 361, que ordena crear el Fondo, para lo cual se aprueba la ley.

Para imponerla, el gobierno tuvo que enfrentar un paro cívico en todo el Casanare y las expresiones de inconformidad de varios miembros del legislativo. Ya sancionada la ley, algunas voces denunciaron que no es idéntica a la aprobada. ¡Delicadezas de la democracia participativa!

Ventajas para las multinacionales Es evidente que la medida hace una celosa defensa de los intereses de las multinacionales que poseen inversiones en el sector minero. El artículo 16 autoriza al presidente de la República a disminuirles hasta en una cuarta parte los pagos de regalías. El artículo 27 prohibe a los departamentos y municipios establecer nuevos gravámenes a la extracción de los recursos naturales no renovables. Las peticiones de que a mayor explotación, mayor regalía, fueron desatendidas. Igualmente, ésta se mantiene en tasas del 11% y menos para los contratos de concesión vigentes. ¡Y todavía los Gaviria, los López, los Samper, los Cock, claman por mayores ventajas para el capital extranjero, no sea que se vaya y no lleve consigo el botín!

La nueva ley distribuye los recursos del Fondo de la siguiente manera: durante 15 años, el 15% para planes de energía. De lo restante, el 20% para el fomento de la minería, el 20% para la preservación del medio ambiente, y el 59% para la financiación de proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo. Las entidades territoriales deben someterlos al visto bueno de Planeación, organismo que a su vez tiene que sujetarse a los planes cuatrienales del Banco Mundial.

Un dirigente cívico del Casanare señaló que entregar 15% de los recursos generados por la explotación de las riquezas del subsuelo para energía, equivale a sufragar los déficit producidos por negociados como los del Guavio y las “barcazas”.

El 20% que se asignará a fomentar la minería, seguramente terminará beneficiando al capital extranjero, como sucedió con el propio Cusiana que, después de haber sido descubierto por Ecopetrol, terminó en manos de la British. O con el gas de Volcanera, en manos de la misma, donde una vez confirmado el tamaño del yacimiento, las distribuidoras estatales como Gas Natural y Promigás fueron puestas en venta. Además se trata de garantizar el abastecimiento de recursos energéticos para los monopolios particulares que se van a apoderar de la electrificación en el país, como Tebsa S.A., constituida recientemente por Corelca y ABB Distral.

Con respecto al 20% reservado para el medio ambiente es necesario recordar que muchos medicamentos mejorados, el desarrollo de más productivas especies vegetales y animales y los progresos investigativos, tienen su base en la rica diversidad biológica de nuestras selvas. Poderosos consorcios del mundo, mientras incrementan sus inversiones en biotecnología, se apoderan de los bosques, roban el germoplasma y prohiben que se desarrollen las actividades productivas a su alrededor. La biodiversidad es patrimonio de todo el género humano, dicen, para no pagar la riqueza que se llevan, mientras imponen patentes y derechos intelectuales por los productos que de ella derivan. Basta para probarlo el acuerdo GEF Biopacífico y las imposiciones de cambiar deuda externa por bosques. Agréguense las colosales inversiones de capital extranjero en los programas de “turismo verde”, como el que se adelanta en Barú. He aquí el porqué de emplear buena parte de los ingresos generados por la minería en políticas ambientales, en desmedro de otras prioritarias.

Por último, del 59% destinado a los planes regionales de inversión, una gran parte se dedicará a financiar el llamado plan vial de la apertura. El artículo 66 de la ley dice que con los recursos propios de los entes territoriales se “cofinanciará” la construcción de carreteras como La Cabuya-Sácama-Socha;Sogamoso-Aguazul-Maní; La Cabuya-Hato- Corozal-Puerto Colombia-Corralito; Bogotá-Guateque-Sabanalarga-Tauramena-Yopal-Hato Corozal-Tame-Arauca, y otras obras más, como el puerto de Tribugá, en el Chocó.

O sea, con las regalías se van a pavimentar las vías y se adelantarán las obras de infraestructura que necesitan las multinacionales, obligando además a las regiones a establecer una cascada de impuestos para complementar su financiamiento. Es parte esencial de la llamada “descentralización”. Por ello Gaviria habló de “la necesidad de mantener la presión tributaria existente hoy”, en respuesta a los anhelos de los colombianos que veían en Cusiana la posibilidad de un alivio para sus agobios.

Los dineros de Cusiana serán utilizados, también, en la llamada Red de Solidaridad Social, que no es otra cosa que el reparto de limosnas para que los famélicos no asalten a los alegres convidados al banquete de la riqueza nacional.

Ni un peso para el desarrollo En Tauramena ya se están produciendo 90.000 barriles diarios de petróleo. El próximo semestre se llegará a 186.000, para alcanzar el tope de 600.000 en 1997. Se trata de extraer lo más pronto la mayor cantidad de oro negro. El que sean necesarias inversiones de alrededor de 6.000 millones de dólares para lograr semejantes niveles de producción, no importa. Pero cuidado, advierten los tutores del Banco Mundial: a Colombia la pueden “enfermar” los ingresos que generarán explotaciones de tal magnitud. Es necesario “ahorrar” en bancos y fondos en el extranjero una parte sustancial de estos recursos, con los que se constituirá el denominado Fondo de Estabilización Petrolera. Los dineros se congelan en el exterior, mientras se abren las puertas al endeudamiento y la inversión extranjera. Otra parte se dedicará al pago anticipado de la deuda externa. ¡Ni un peso para el desarrollo de la producción nacional!

“Donde haya queso, no mandéis gatos” El manejo del Fondo queda en manos de la Comisión de Regalías, dirigida por los ministros de Minas, Desarrollo, Medio Ambiente, y el jefe de Planeación. Hay injerencia adicional del presidente, a través del Comité Técnico. Los poderes de esta Comisión son omnímodos: controla, vigila, aprueba, contrata y hasta reprueba.

¡Qué de chanchullerías las que hará esta burocracia ávida de riquezas y perita en dolos! Así las cosas, al terminar la explotación de Cusiana las bolsas de algunas transnacionales estarán repletas, unos pocos colombianos, ahitos, y el país, exangüe. Salvo que la clase obrera y los demás colombianos laboriosos decidan otra cosa.

^[*] Publicado en Tribuna Roja Nº 58, marzo 11 de 1995.