La subcontratación, el trabajo por horas y acabar con 
la estabilidad laboral reforzada política de los empresarios y el gobierno

En un artículo anterior mostramos cómo las condiciones de sobreexplotación en las empresas están destruyendo la salud de los trabajadores y con casos concretos vimos la maraña de instituciones que estos enfrentan para que se les reconozcan el origen laboral de las enfermedades y las indemnizaciones y pensiones de invalidez por accidentes o patologías causadas por el trabajo. Las cifras que presentan las aseguradoras sobre accidentes y enfermedades laborales —muy por debajo de la realidad— comparadas con la insignificante cantidad de indemnizaciones y pensiones de invalidez que se reconocen, demuestran que toda la normatividad y las entidades del sistema están concebidas para favorecer los intereses del capital financiero que controla la seguridad social convertida en negocio por la ley 100.

En lo que va corrido del año se han presentado 419.000 accidentes de trabajo, pero tan solo se han pagado 7.577 indemnizaciones y 332 pensiones de invalidez; de las 39.227 enfermedades laborales reconocidas por las ARL solo se han pagado 4.039 indemnizaciones y 56 pensiones, y han muerto por accidente o enfermedad laboral 492 personas. Estos datos son los que presentan las ARL de lo que reconocen después del viacrucis que mostramos en el artículo anterior. Pero hay otra realidad igualmente dramática o mayor aún, originada en las formas de contratación que prevalecen.

Los trabajadores vinculados a término fijo o a través de empresas temporales con contratos por obra o labor muchas veces no reportan los accidentes u ocultan sus enfermedades por temor a perder el empleo, temor que no es infundado, pues una ventaja que ofrecen a las empresas estas formas de contratación es la facilidad para despedir al trabajador cuando detectan que presenta problemas de salud. Es común que cuando el asalariado pide permiso para asistir a una cita médica o le ordenan una incapacidad, la empresa le pida copia de la epicrisis de la historia clínica —lo cual les está prohibido por tratarse de un documento privado— con el fin de determinar si debe despedirlo ante la posibilidad de que adquiera el fuero de la estabilidad reforzada, protección creada por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 que les impide a los patrones botar al trabajador enfermo sin previa autorización del Ministerio del Trabajo.

La situación será aún peor con el piso de protección social creado por el artículo 193 del Plan de Desarrollo de Duque, reglamentado por el Decreto 1174, con el que no se pagarán las incapacidades, ni las licencias de maternidad y en lugar de ARL habrá un “seguro inclusivo” que nadie sabe qué cubrirá, pero que, en general, dejará al trabajador sin protección alguna frente a accidentes y enfermedades laborales. La Corte Constitucional declaró inexequible el mencionado artículo, pero solo a partir de 2023, es decir, da tiempo a que el gobierno expida una norma que lo reemplace, y mientras tanto seguirá vigente. 

Los empresarios no admiten nada que afecte la “productividad”, por eso el Consejo Privado de Competitividad en su Informe Nacional 2020-2021 insiste en pedir que se reglamente el pago de la seguridad social en proporción al tiempo laborado (trabajo por horas), en que se reforme el artículo 26 de la ley 361 de 1997, para permitir el despido del trabajador con limitaciones de salud sin contar con la autorización del Inspector del Trabajo y en que se cree un “sistema de verificación, inspección y seguimiento a las incapacidades” con inspectores para investigar a los trabajadores que las empresas pongan bajo sospecha.

Acabar con la estabilidad laboral reforzada ya se ha intentado en varias oportunidades sin éxito, pero mientras un proyecto de ley en ese sentido se presenta de nuevo, en agosto de 2019 el Mintrabajo expidió la Circular 049, que instruye al personal de esa entidad para que las solicitudes de despido de trabajadores enfermos presentadas por las empresas se tramiten de manera expedita.

No cabe duda de que estamos ante una brutal ofensiva de empresarios y gobierno para borrar de la legislación laboral toda garantía que aún subsista. Particularmente graves son las políticas para dejar sin protección alguna en materia de salud y seguridad en el trabajo a los asalariados. Enfrentar semejante arremetida exige de un gran movimiento nacional que se una al clamor para derogar la Ley 100 y que la salud, incluidos los riesgos laborales, las calificaciones de origen y de pérdida de capacidad laboral, estén totalmente a cargo del Estado.