“La casa está barata, este es el momento para entrar”

Sobre la política petrolera uribista y la respuesta sindical

Por Alejandro Torres
En el simposio sobre contratación y regulación petrolera, efectuado entre el 26 y el 28 de noviembre del año pasado en Cartagena, al cual asistieron representantes de 40 compañías de más de diez países, y en el que todos a una exigieron “definir un nuevo esquema de contratación, sencillo y flexible, en reemplazo del contrato de asociación vigente en Colombia”, Álvaro Uribe se comprometió a apurar, apurar y apurar para hacerle frente a la llamada emergencia petrolera que vive el país por la caída en la producción del crudo (entre 1999 y 2002, principalmente como consecuencia de la política deliberada de minar a Ecopetrol, la extracción disminuyó en más de 300 mil barriles diarios, un 29%). El mandatario remarcó ante los ávidos huéspedes: “Yo quiero decirles a ustedes que el gobierno tiene todo el interés en avanzar para cumplir metas, pero ambiciosas de verdad, que nos saquen de este temor del túnel por falta de petróleo y sus derivados. Estamos dispuestos a firmar con ustedes los contratos que prorroguen las asociaciones vigentes a fin de extender en el tiempo la producción de esos pozos”. Luego, y alentados por las declaraciones de su superior, una cáfila de funcionarios del área instaron a los visitantes a no perder tiempo en el aprovechamiento de nuestro recurso, ya que si no lo hacían tendríamos que “dejarlo enterrado para siempre”.

Y a fe que el gobierno les ha cumplido a los potentados del oro negro. El pasado 13 de abril, Armando Zamora, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, —uno de los entes creados por el decreto 1760, del 26 de junio de 2003, mediante el cual se fragmentó a Ecopetrol y se le conculcó la facultad de definir la orientación de la política nacional de hidrocarburos— presentó, ante un nutrido auditorio de inversionistas, el nuevo contrato petrolero que nos llevará a “un lugar privilegiado en materia de competitividad contractual”. Antes, las empresas que quisieran participar en el negocio debían asociarse obligatoriamente con la estatal petrolera y compartir con esta la producción, aunque la parte correspondiente al país, debido a la obsequiosidad de los mandatarios de turno, venía disminuyendo sistemáticamente, tanto, que luego de las últimas reformas, introducidas entre 1999 y 2001, la proporción había quedado en 70% para el asociado y 30% para Ecopetrol. Ni aun esto bastó. De ahora en adelante, las compañías privadas se quedarán con el 100% de la producción; los contratos, tendrán una duración de 25 años y podrán prorrogarse por 10 más hasta descunchar los pozos; los conflictos no los dirimirá la justicia ordinaria colombiana; los consorcios desarrollarán las inversiones y trabajos a su antojo y recibirán, como tituló El Tiempo del 14 de abril, otra serie de supergabelas. Dado que los engominados doctores de la nueva agencia apenas sirvieron de amanuenses, es natural que en su presentación anunciaran que ya 25 compañías habían manifestado por escrito su intención de explorar áreas bajo las nuevas condiciones que, supuestamente, en ese momento se les estaban comunicando. El funcionario informó que iniciaría de inmediato un periplo como portador de la buena nueva, el cual tendría en Dallas su primera estación. En una muestra de la atmósfera lumpenizada y cínica que priva en la cúpula oficial, el encuentro con los garosos capitalistas se efectuó bajo el eslogan: “La casa está barata, este es el momento para entrar”.

Además, la dadivosidad de nuestro clon de Fujimori en materia de hidrocarburos ha cubierto otros aspectos. Aceleró el alza inclemente de la gasolina, que en mayo próximo alcanzará el nivel de los precios internacionales (obviamente ahí no se detendrá), es decir, el que rige en las naciones imperiales, cuyos ingresos per cápita superan en 15 y 20 veces el nuestro; le concedió a la Chevron Texaco la potestad de exprimir hasta el agotamiento los yacimientos de gas de la Guajira, de los que se extrae el 80% del consumo nacional, birlándole al país el derecho de explotarlos, en su exclusivo beneficio, a partir del 1 de enero del próximo año, como estaba pactado en el contrato. Les ofreció a quienes quisieran hacernos el favor de iniciar trabajos para succionar las riquezas del subsuelo, antes de que quedara en firme el nuevo sistema contractual, que las condiciones más favorables que se definieran en éste se les harían extensivas.

El pilar sobre el que se erigieron las nuevas pautas de exacción de la riqueza patria fue el decreto 1760. De ahí que tanto personaje fletado por los herederos de las siete hermanas[1] se relamieran con su expedición. El ex ministro Luis Carlos Valenzuela celebró la creación de la ANH, independiente de Ecopetrol, como uno de los logros —después de la liquidación de Telecom— de la reforma estatal uribista, ya que acabó con “ese esperpento de un Estado que regula un sector acorde con las necesidades y coyunturas de una compañía y no de un país”. El hebdomadario económico Dinero, dijo: “esto pone fin a una larga historia de privilegios que eran disfrutados por las administraciones de la empresa y por el sindicato”. Carlos Caballero Argáez, también ex ministro de Minas y Energía, en el simposio cartagenero, se congratulaba de que se le hubiera puesto fin a la práctica mediante la cual “Ecopetrol era juez y parte, formulador de la macro y la micropolítica y ejecutor por excelencia”. Mauricio Echeverry, director jurídico de Ecopetrol, manifestó en el mismo foro: “el decreto ley 1760 de 2003, constituye y debe constituir, a los ojos de los inversionistas, un elemento más de seguridad jurídica (…) un desmonte gradual pero definitivo de privilegios y prerrogativas (…) En otras palabras el “proteccionismo legal” que amparaba a Ecopetrol, fuera o no eficiente, pasó a la historia”.

Aún más, lo que ya hace parte de la historia es la propia Ecopetrol. Estamos asistiendo a su melancólica agonía, similar a la de Telecom, el otro gigante estatal arrasado por el temporal aperturista, cuya acta de defunción fuera dictada en el momento en que se determinó suprimir el monopolio estatal de los servicios de larga distancia nacional e internacional y el del aprovechamiento de los pasmosos desarrollos de las comunicaciones. No cabe duda de que éste es el destino de nuestra más grande firma, ya que nadie puede tragarse la mendaz propaganda oficial sobre que la destartalada empresita podrá competir en “igualdad de condiciones” con los colosos de los hidrocarburos, entre los cuales figuran nombres familiares a todos nosotros como ExxonMobil, British Petroleum, Shell, Total y ChevronTexaco, que superan cada uno el valor total de la economía colombiana, y juntos valen más de 700 mil millones de dólares, unas 10 veces nuestro producto; aparte de que cuentan con el incondicional respaldo político y militar de sus naciones de origen, que en provecho de ellos corrompen, invaden, asesinan y saquean, como hacen actualmente los gringos en el Irak.

Con el arrasamiento de Ecopetrol culmina una historia de esfuerzo nacional de varias generaciones, en la que el obrerismo petrolero fue el principal protagonista. Cuando el 25 de agosto de 1951, el operario Gilberto de la Peña caminó resuelto hacia el escenario del Club Unión, en El Centro, para estampar su firma como testigo de las bases en el acta de reversión de la Concesión de Mares, que de ahí en adelante quedaría en manos de la recientemente creada compañía estatal, lo que en realidad hacía era rubricar un triunfo de ese aguerrido destacamento proletario. Una victoria alcanzada con sangre en casi medio siglo de lucha antiimperialista. Por fin habían sido desbaratadas las pretensiones de la Tropical Oil Company (los obreros la bautizaron Troco), que pretendió utilizar a los trabajadores para que le imploraran al gobierno la prórroga de la concesión y así evitar el despido masivo, impuesto, según ella, por la necesidad de clausurar las principales actividades de la industria dada la inminencia de la reversión. Los obreros, quienes penetraron en la argucia, levantaron, soberbios, dos banderas que decían de su posición clasista y patriótica: rechazar los despidos y la prórroga del contrato. De inmediato, tomaron las determinaciones tácticas que los conducirían a alcanzar sus derroteros. La asamblea del sindicato se reunió el 5 de diciembre de 1947, en ella se condenaron las maniobras de la Troco y se declaró la huelga. El 7 de enero de 1948, un mes y dos días después, estalló el conflicto. La reacción movilizó todo su poderío contra los proletarios, mientras éstos se mantenían firmes y el pueblo y otros sectores progresistas se alzaban, a lo largo y ancho del país, en tumultuosas movilizaciones de respaldo a los huelguistas.

Los proletarios aprovecharon las contradicciones del régimen y, sobre la base de la lucha y la defensa intransigente de los intereses patrios y obreros, forjaron un frente con el ala revolucionaria del liberalismo, acaudillada por Jorge Eliécer Gaitán. Con la flexibilidad que les permitían la fortaleza de la huelga y el apoyo nacional se sometieron a participar en un tribunal de arbitramento especial en el que su árbitro, Diego Montaña Cuellar y el gaitanista Jorge Soto del Corral, designado por el gobierno, produjeron un laudo que coronaba los objetivos de la huelga: la Troco se obligaba a mantener plena actividad hasta el último día de la concesión y los despedidos serían todos reintegrados. El 26 de febrero en las calles de Barrancabermeja se vivía una escena apasionante: por doquier pululaban rabonas[2] que azotaban matachos de la Troco .

Algo más de 50 años después de los acontecimientos bosquejados, el desarrollo de las cosas habría de ser completamente distinto. En los primeros días de junio del año pasado, cuando se conocieron los borradores del decreto 1760, la plana mayor de la Unión Sindical Obrera, que había aprobado desde hacía más de seis meses la huelga para defender la empresa y la convención, convocó a una asamblea extraordinaria. Pocos dudaron de que se estaba ante la víspera de la hora cero de la lucha. Pero, contrariando sin reato el precioso legado de sus antecesores, los conductores del sindicato decidieron comunicarle al gobierno la decisión de aceptarle sus pretensiones en varios puntos del contrapliego, presentado por la empresa el 28 de noviembre de 2002. Aceptación que incluía aspectos neurálgicos como el menoscabo de los derechos convencionales de salud y pensiones para los trabajadores nuevos y la permisión de entregar a contratistas actividades de la industria, también vedadas convencionalmente para los extraños a Ecopetrol. Ah, también le endosaron al jefe del Estado un detallado plan de revitalización de la empresa, el cual ni siquiera contemplaba la exigencia de no expedir el decreto que la liquidaba. El gobierno, luego de cordial reunión con la cúpula de la USO y de las centrales sindicales, que se prolongó hasta altas horas de la noche del 25 de junio, madrugó, orondo, a estampar su firma sobre el deletéreo decreto. La huelga nunca se produjo. La base petrolera, siempre dispuesta a los más heroicos sacrificios, los apaleados trabajadores del resto de entidades estatales y los amplios sectores de gentes progresistas dispuestos a librar la batalla patriótica, pasaron de la expectación al desconcierto.

A lo largo del segundo semestre del año pasado el gobierno, llevado de la mano por los monopolios, pulió las medidas descritas al comienzo de estas notas, pero, además, conformó un nefasto tribunal de arbitramento que desmanteló la convención colectiva de Ecopetrol, determinación que avaló la Corte Suprema de Justicia. La Unión Sindical Obrera interpuso diversas apelaciones, no pocas tutelas, e impetró la nulidad del laudo. Además, volvió a describir, una y otra vez, los motivos para lanzarse a la huelga…

El 13 de abril pasado, mientras el director de la ANH, anunciaba el inicio de su abyecta gira para promover, al socaire del novísimo tipo de contrato, la feria de nuestros recursos, su jefe, Fujiuribe, se reunía en Barrancabermeja con el comando de la USO. Según refiere Vanguardia Liberal, uno de los voceros sindicales destacó a la salida de la reunión que con la actitud del presidente de la República se “abre una ventana”, aunque se mostró preocupado por la menos halagüeña actitud del presidente de la empresa. Quién lo creyera. Tanta carantoña a pesar de que Uribe se permitió la burla inaudita de pedirles que adoptaran el rapaz laudo arbitral a guisa de convención colectiva. Después de estas vergonzosas declaraciones de los directivos sindicales, la Unión Sindical Obrera ha anunciado que definirá el inició de la huelga de la industria petrolera en las próximas horas. Las razones para llevar a cabo esta batalla son justísimas, como está expuesto en este artículo. Sólo queda esperar que esta vez sí la junta nacional de la USO esté a la altura de la circunstancias.

Urge, a más de la implacable denuncia de la apátrida política del régimen, un debate ideológico y político profundo que ponga en la picota el comportamiento de la jefatura sindical en este trance, quizás el más importante de toda su historia. Sólo así la rabona volverá a desfilar victoriosa por las quemantes calles de Barranca.

Noviembre 18 de 2004

Notas

[1] Nombre que les diera Enrico Mattei, fundador de la estatal petrolera italiana ENI, a los consorcios Standard Oil; Royal Dutch-Shell; Mobil Oil; Texaco; Gulf Oil; Standard Oil y British Petroleum
[2] La rabona es una figura de caimán con la cual los obreros significan la huelga. El relato sobre la historia de Ecopetrol se hace con base, principalmente, en el libro Historia de los trabajadores petroleros, de Gustavo Almario.