Lula: fiasco para masas laboriosas

Primer año de gobierno del Partido de los Trabajadores

Por Alejandro Torres Bustamante
Vivir para ver. Los más grandes poderes mundiales están que no caben de júbilo con el gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva. La edición de enero de la revista Foreign Affairs lo expresa así: “Un año después, Washington y Wall Street están aplaudiendo las austeras medidas económicas de Lula. A pesar de la creciente tensión sobre el comercio, él se ha ganado el aplauso de John Snow, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y de Horst Köhler, cabeza del Fondo Monetario Internacional”. Antes, el 5 de noviembre, la subdirectora del FMI, Anne Krueger, al completar la cuarta revisión del programa Stand-By, suscrito el 29 de agosto de 2002, y el cual Lula se comprometió a cumplir, señaló: “El pasado año las autoridades brasileñas pusieron en práctica unas políticas económicas prudentes que han sobrepasado los objetivos fiscales y ganado el apoyo de los sectores público y privado de la comunidad internacional (…) A mi juicio, las autoridades están llevando a cabo un programa sólido (…) Para 2004, el gobierno continuará este proceso y traerá el progreso económico para todas las clases de la sociedad brasilera”.

Durante la campaña Lula hizo todo lo posible para disipar los temores que abrigaban los magnates: acuñó su dulzarrón eslogan: “Lulita, paz y amor” y emitió la Carta a los Brasileños, su principal documento electoral, en la que juró que la “transición” que representaría su gobierno tendría como “premisa (…) naturalmente, el respeto de los contratos y las obligaciones del país”, y que preservaría “el superávit primario para impedir que la deuda interna aumente y destruya la confianza en la capacidad del gobierno de honrar sus compromisos”. Pero los temores de los asustadizos inversionistas se convirtieron en entusiasmo con las medidas tomadas en el primer año de ejercicio del poder. Repasémoslas.

El presidente obrero encumbró a dos preferidos de los agiotistas a los puestos de comando de la economía. En el Ministerio de Hacienda instaló a Antonio Palocci, de quien el diario O Estado de Sao Paulo dijo: “En el mercado financiero hay quienes piensan que con cinco Paloccis podemos salvar el mundo entero”; y en el Banco Central, a Henrique Campos de Mireilles, ex presidente mundial del Fleet Boston, séptimo banco de los Estados Unidos y segundo acreedor norteamericano del Brasil, después del Citibank. A otros puestos claves como la Vicepresidencia y el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior llevó a José Alencar y Luiz Fernando Furlan, respectivamente, conspicuos representantes de la gran burguesía. Ya en mayo de 2003, los dos primeros personajes habían firmado Cartas de Intención dirigidas al FMI en las que no sólo ratificaban su acatamiento a las medidas suscritas por el ex presidente Fernando Henrique Cardozo, sino que en algunos casos, como en el del superávit fiscal, se comprometían a sobrepasar las metas exigidas y, en otros, como las reformas pensional y tributaria, a anticipar las fechas acordadas para presentar los proyectos al Congreso.

Éstas dos últimas ocuparon lugar destacado entre las promesas de Lula a “los mercados”. Se aplicó tan bien a cumplirlas, que apenas iniciado su mandato reunió, el 21 y 22 de febrero, a los más altos dignatarios del Estado —el vicepresidente, los ministros, los líderes del Congreso y los gobernadores de los 27 estados federales— para firmar la Carta de Brasilia, que el Jefe de la misión del FMI en Brasil catalogó como “muy útil”. En ella se comprometen a presentar en el primer semestre del año al Congreso Nacional, las reformas pensional y tributaria, calificadas como “prioritarias para el crecimiento sostenible del país”. El 30 de abril Lula las radicó ante la sesión conjunta de las Cámaras, señalando que así cumplía con el ofrecimiento de comenzar haciendo “lo necesario” para después llevar a cabo “lo posible”.

La reforma pensional (contemplada en el numeral 18 del Memorando de Políticas Económicas de la Carta de Intención dirigida al FMI, el 29 de agosto de 2002, por el gobierno de Cardozo) apuntaba a suprimir los regímenes propios de los servidores públicos, que “comprometen la política social y la inversión en el corto, mediano y largo plazo”. La ley, aprobada en diciembre, aumentó en siete años la edad de hombres y mujeres para alcanzar la pensión, incrementó la cotización a cargo del trabajador, estableció un impuesto del 11% a las mesadas, endureció todavía más las condiciones de jubilación para los nuevos empleados, redujo el monto de la pensión a un máximo de 70% del último salario devengado y sentó las bases para la toma del sistema previsional de los trabajadores públicos por los fondos privados de pensiones.

La reforma tributaria, aprobada también en diciembre, se impulsó bajo los consabidos alegatos de “captar lo mismo pero en forma más justa, distribuida y eficiente” y de combatir la evasión. Empero, su esencia es estatuir, con rango constitucional, toda clase de exenciones y gabelas para los inversionistas, principalmente extranjeros, que orienten su producción hacia las exportaciones y, con el subterfugio de la creación de empleo formal, disminuirles a los capitalistas las obligaciones sobre las nóminas y las llamadas contribuciones sociales. Como contrapartida y so pretexto de acabar con la llamada “guerra fiscal” entre los estados, se centralizan y unifican en el Estado Federal varios tributos, entre ellos, un impuesto sobre la circulación de mercancías, el transporte y las comunicaciones interestatales e intermunicipales, transformándolos en un auténtico IVA, como se le había ofrecido al FMI (punto 19 del Memorando citado), con el fin de descargar sobre los menguados consumos de la enorme masa de la población el costo de las dadivosidades con los potentados. De esta forma, sin afectar la miríada de garantías dadas a los inversionistas en las regiones, de las cuales está plagada la ley, se centralizará el regresivo tributo indirecto para que cada vez descansen más sobre él los proventos del erario nacional. Además, se ensancha la masa de contribuyentes con más asalariados, cuando éstos ya responden por cerca del 60% de los recaudos, en tanto que los propietarios disfrutan de un canon sobre la renta catalogado como uno de los más bajos del mundo. A tono con las modas impuestas, y con el mismo propósito de concentrar las rentas para cumplirles a los acreedores, se encarga a los municipios de las políticas de “inclusión social” y de dotación de servicios básicos a la ciudadanía.

Para Lula satisfacer la voracidad financiera es dogma. Ya en mayo, había logrado que el Congreso le aprobara una enmienda al artículo 192 de la Constitución (compromiso que también había hecho Cardozo en el Memorando de marras) orientada a disminuir las regulaciones a la banca y considerada como un paso necesario hacia la “independencia operacional” del Banco Central del Brasil, es decir, a anexarlo a las oficinas del directorio del FMI, como ha sucedido en los últimos años con la mayoría de los bancos centrales de los países dependientes. El supuesto gobierno obrero se afana por proteger a los usureros para que no sean víctimas de los deudores. Quién lo creyera: Lula se habría desvelado por proteger a Shylock, no a Antonio. El Estado, entonces, pondrá a disposición de los banqueros un reporte de la trayectoria crediticia de los prestatarios y les permitirá descontar directamente de la nómina los préstamos hechos a los trabajadores y los pensionados. Como aderezo, un proyecto gubernamental de ley de bancarrotas, próximo a aprobarse, se orienta a privilegiar la rapiña de los acreedores sobre los activos de las empresas en quiebra. Por contera, ya se anunció una normativa que les reducirá los encajes obligatorios para ampliarles las oportunidades de especular, y cuatro bancos federalizados se privatizarán próximamente.

No sobra mencionar otros compromisos que amplían los filones de ganancia para los monopolistas. Se prepara una nueva ley para el sector eléctrico que busca, por medio de generosa subvención estatal (por ahora se destinaron dos mil millones de dólares), lucrar a los inversionistas privados en proyectos de generación. El programa se presenta bajo el lema demagógico “Luz para todos”. Como cínicamente lo dijo el propio Lula: “Que cada uno de ellos [los más pobres] reciba mensualmente su cuenta de luz; a veces no podrán ni pagarla, pero el solo hecho de recibirla les hace sentir que existen; yo sé lo que es eso”. Además, se están alistando cambios en el sistema de concesiones para hacer más atractiva a los consorcios la construcción de carreteras y ferrocarriles.

En cuanto al Área de Libre Comercio de las Américas, Alca, el proyecto yanqui de anexión de América Latina, la actitud del mandatario brasilero de limar asperezas con Washington, como se evidenció en la última cumbre de Miami, demuestra lo equivocados que están quienes se ilusionan con que el gobierno del fundador del PT tendrá el nervio necesario para acaudillar una actitud erguida del Sur del hemisferio contra el plan neocolonial. Desde 2002, con su marginamiento del plebiscito, organizado por fuera de la “institucionalidad” y en el cual el 92% de los más de 10 millones de votantes se expresaron en contra de que Brasil adhiriera al Alca, el PT había mostrado su posición claudicante. Y esto sin contar con que la propia aplicación a rajatabla del recetario neoliberal no hace sino adecuar al país para que caiga, más temprano que tarde, en la red tejida por el imperio.

El “espectáculo de crecimiento” ofrecido por Lula no se produjo. El PIB apenas aumentó el año pasado en 0.5%, mermando frente a 2002 en cerca de tres puntos; el desempleo abierto alcanzó el 13%, el más alto desde que se tienen estadísticas y en el Gran São Paulo, el centro industrial de la nación, llegó a 20%; el ingreso real de los trabajadores cayó. Una de las razones del apagón económico ha sido el alza astronómica de las tasas de interés, convertidas en miel para los usureros. Los empréstitos no se destinan al sector productivo: la banca tiene cerca del 70% de sus colocaciones en títulos de deuda pública. Un cronista describió así la orgía financiera: “Con la tasa de interés de base de 25%, es una delicia realizar beneficios con préstamos hechos en el extranjero (con alrededor de 13,25%) y comprar con el dinero prestado títulos de la deuda pública. Es una delicia. Es una delicia… para los bancos”. El comentario mantiene su validez, a pesar de que fue hecho al comienzo del gobierno petista, dado que los réditos internos han estado incluso por encima de la cifra mencionada.

Pero el ex obrero metalúrgico no sólo es amigo del “crecimiento económico sólido” que, según su práctica, se obtiene observando los dictados del Fondo Monetario, también quiere que sea “socialmente justo”, y qué mejor para ello que acudir al Banco Mundial, su otro oráculo. Éste le dictamina que una partecita de lo que se le arrebata al obrerismo debe dedicarse a la “política social”, lo que proporciona ventajas nada desdeñables. Al paliar en algunos sectores los devastadores efectos de las políticas centrales, procura evitar la insumisión de los pobres y, de paso, les permite a los burgueses posar de caritativos y ganar indulgencias… con avemarías ajenas. A decir verdad, su antecesor en el palacio de Planalto había inaugurado la fórmula, al hijo de Pernambuco apenas le correspondió, como en todo, fungir de continuador. Para ello, con bombos y platillos, lanzó su programa bandera: Hambre Cero, con su divisa amerengada, “el Brasil que come ayudando al Brasil que no tiene qué comer”, a fin de cumplir “la misión de mi vida”: que cada brasileño pueda desayunar, almorzar y cenar cada día. Y tal fue su éxito… que ya lo abandonó, fundiéndolo, en octubre pasado, en Bolsa Familia, un programa de minisubsidios, también inspirado en el gobierno de Cardozo, que no ayudará sino a algunas familias hambreadas.

El fiasco ha sido tan grande que los más benévolos hablan de que la “social” es su “asignatura pendiente”; que ha sido lenta e ineficaz; que su gabinete social es el que menos logros tiene para exhibir; que el programa de reforma agraria generó números rojos (se dice que al ritmo que avanza, se requerirán mil años para darles tierra a los 4,5 millones de familia que la necesitan); que de las 137 mil plazas que ofreció crear para jóvenes, dentro del plan Primer Empleo, no llegó ni a la sexta parte…

El escritor inglés, Duncan Green, en una columna publicada en el diario The Guardian, señaló con agudeza que la consecuencia de que Lula se haya dedicado a cumplir con los ejes de su Carta al Pueblo brasileño: pagar la deuda y generar el excedente fiscal masivo que le exigió el FMI (con “una rectitud fiscal que hace palidecer las políticas prudentes aplicadas por el ministro británico del Tesoro, Gordon Brown”), implicará que “siglos de demandas en pro de servicios decentes de salud y educación en uno de los países con mayor desigualdad del mundo tendrán que esperar”. Agreguemos que, así, legiones crecientes de seres humanos, antes que comer tres veces al día, seguirán siendo arrojadas a los martirios de la desocupación y el hambre.

No obstante la algazara de los medios de comunicación, de los amos del capital y de la complicidad con el gobierno de casi toda la izquierda y de la camarilla de la Central Única de Trabajadores, CUT —varios de cuyos líderes tienen puestos claves en el gabinete—, cada vez más sectores de los asalariados, los campesinos, los intelectuales, ponen en la picota al nuevo favorito de los amos de la tierra. En las protestas de los empleados estatales sobresalían las pancartas con la siguiente leyenda: PT, Partido de los Traidores; y, en diciembre, un pequeño grupo de parlamentarios, encabezados por la senadora Heloísa Helena, arrostró la expulsión del Partido de gobierno, por no someterse a votar las reformas antipopulares a los tributos y las pensiones.

El fracaso y el desencanto vendrán pronto. Los brasileños más avanzados esparcirán la conciencia de que quienes ofrecen el paraíso “dentro del marco de las instituciones”, como se afirma en la famosa Carta a los brasileños, no son más que embaucadores infames, y de que sólo erigiendo un poder popular, sobre las ruinas del vetusto establecimiento, y nacionalizando las ramas vitales de la economía, expropiadas a los expropiadores, podrán sentarse las bases para la felicidad de las gentes sencillas y la prosperidad de esa hermosa nación.

Febrero 1° de 2004