La Bogotá Humana arrasa el barrio Marruecos en defensa de la propiedad privada

En total fueron 90 las casas destruidas no por un terremoto, ni por un deslizamiento de tierras a causa del invierno, ni por la furia de un río crecido. No. Fue el mismísimo Estado Social de Derecho, movido por su principal razón de ser, la defensa de la propiedad privada, el que echó por tierra los esfuerzos de estas familias por procurarse un techo.

Ha sido una historia recurrente que quienes no caben en los planes de usura de las corporaciones financieras sean atrapados en las redes de pandillas de avivatos que se aprovechan de la desesperada necesidad de vivienda de los desheredados. Los delincuentes cuentan siempre con la complicidad de las autoridades, pues construir todo un barrio resulta imposible en forma clandestina. Las empresas de servicios no tardan en instalar las redes y pasar las facturas. Así, la gente se hace a la idea de que todo marcha conforme a las normas. Hasta que, como sucedió en Marruecos, un día aparecen unas personas con unas escrituras reclamando la propiedad. Entonces sí hace presencia el Estado para hacer sentir el imperio de la Ley. Es el colmo de la infamia que el Distrito planteara su interés en adquirir los terrenos, no para resolverles el problema a los ciudadanos engañados, sino para levantar allí un parque metropolitano.

Los habitantes del barrio hicieron angustiosas gestiones ante las entidades oficiales e interpusieron las tutelas de rigor para evitar el desalojo que se anunciaba como algo inminente. Todo fue en vano. El miércoles 18 de enero, hacia el mediodía, cerca de 900 efectivos entre policías y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, rodearon el lugar y bajo la dirección de la alcaldesa local, Martha Bolívar, la maquinaria inició su implacable labor. Una parte de los afectados opuso resistencia, pero fueron violentamente reprimidos por la fuerza pública, con un saldo de tres heridos. Ante la mirada y el llanto impotente de sus moradores de la víspera, los muros comenzaron a quebrarse como cáscaras de huevo con cada manotazo de la paladraga. Cuando ya se habían derrumbado 90 casas de las 160 que conformaban el asentamiento, el jueves 19, un fallo de la Corte Constitucional ordenó suspender las demoliciones para “proteger el derecho a la vivienda digna”.

Por su parte, Petro y su secretario de gobierno, Antonio Navarro, hicieron derroche de impostura. Descubrieron que en Bogotá existía una pandilla de urbanizadores piratas denominada “Los Tierreros”, pero el Alcalde fue enfático en afirmar que “el lote debe ser recuperado si no se empodera la banda”, la cual, reconoció, “tiene nexos dentro del Estado”. Además, anunció en tono mesiánico que va a derrotar a los mentados urbanizadores con la construcción de 18.000 viviendas al año. A los desalojados “les vamos ayudar con un subsidio de arrendamiento, hasta tanto la Corte Constitucional falle definitivamente en el caso de esta revisión de las tutelas” dijo Navarro.

En resumidas cuentas, a los habitantes de Marruecos, estafados por una banda que pudo actuar porque tenía apoyo de funcionarios del Distrito, les toca conformarse con un pinche subsidio; resignarse a ver, con una mano adelante y otra atrás, cómo se convierten en ruinas varios años de trabajo y sacrificios, y contentarse con la ilusión de que el gobierno los tenga en cuenta en sus planes de vivienda.

En Colombia se ha vuelto de común ocurrencia que campesinos despojados de sus tierras en el campo llegan como desplazados a las ciudades en donde se convierten en víctimas del urbanismo pirata. Tanto en sus terruños de origen como en las urbes estos compatriotas ven al Estado de la mano con sus victimarios. Ese Estado que fue impasible o, en las más de las veces, cohonestó cuando les arrebataban sus propiedades para ensanchar cultivos de palma africana, banano, caña de azúcar o haciendas ganaderas, ahora, como se vio en Marruecos, moviliza toda su fuerza y los aplasta con tal de defender la propiedad de unos terratenientes urbanos.