Alexander Ruíz Silva renunció como representante de los profesores al Consejo Superior de la Universidad Pedagógica para no legitimar una farsa

En la carta que aquí reproducimos, en la que formaliza su renuncia, el profesor Ruíz¹ muestra que, tal como existen actualmente, los consejos superiores son instituciones antidemocráticas en las que se imponen los intereses de los empresarios y del Estado y se perpetúan las condiciones que abaten a las universidades públicas. El valiente gesto del educador, en momentos en los que se debate sobre la reforma universitaria que requiere el país, pone de presente la necesidad de luchar porque la representación de docentes y estudiantes en los órganos de poder universitarios sea verdaderamente democrática, para lo cual, debe ser mayoritaria.

Mi participación en las reuniones del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional me permiten tener un panorama claro de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer los profesores en este tipo de órganos decisorios y por lo que se colige de las comunicaciones de mis pares de otras universidades públicas, el caso de esta institución es un ejemplo más de lo que es norma en el país.

A continuación presento un breve análisis del rol que jugamos los representantes de profesores en los consejos superiores de las universidades públicas y justifico, a partir del mismo, mi renuncia formal e irrevocable a esta representación en el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional.

1. El representante de los profesores: un convidado de piedra.

Si digo que el representante de los profesores es un convidado de piedra en el Consejo Superior no estoy exagerando, pues, realmente, lo que se pretende es que esté allí para avalar las decisiones de la administración, las que puedan redundar en beneficio de la universidad y las que puedan significar un perjuicio inmediato para ella o su inviabilidad en el mediano y largo plazo. Esta allí para avalar todas las decisiones: las inocuas y las trascendentales; las anodinas y las lesivas.

No importa que el representante se oponga a algunos puntos que a priori concitan consensos en ese cuerpo decisorio o que discuta decisiones que dan la impresión de haber sido tomadas de antemano, lo importante es que hace parte del Consejo y que más allá o más acá de la salvedad de su voto, valida, con su presencia y representación formal los cursos de acción allí definidos, cualesquiera sean estos.

De piedra, solo de piedra. Los profesores tienen silla, voz y voto en los Consejos Superiores, les ponen un plato en la mesa cuando sirven a todos el desayuno, el tinto o el refrigerio, el Secretario de la universidad le presenta, formalmente, a los nuevos miembros del Consejo cuando éstos son relevados de su representación, según las circunstancias del caso, por ejemplo, cuando se cumple el periodo del representante de la presidencia de la República —porque este país es profundamente presidencialista— o del representante de los empresarios —si, de los empresarios, “porque la universidad pública no puede estar fuera de la lógica del mercado”—.

Este profesor hace parte del “nosotros Consejo Superior”. Para ignorarlo, para ningunearlo no hace falta discriminarlo explícitamente. Es mas, aunque no use corbata —muy pocos lo hacen— es una práctica común que, de vez en cuando, se le de turno en el uso de la palabra, algo que deberá administrar adecuadamente, sin alzar mucho la voz, sin extenderse demasiado en sus intervenciones, sin ser reiterativo, sin “volverse cansón”, hablando con mucho tacto, no vaya a ser que lo que diga se pueda interpretar como una falta de respeto a la opinión de otro miembro del Consejo.

Si el representante de los profesores dijo o dice algo que no está en consonancia con lo que piensa y quiere la mayoría de los consejeros o la administración, que de entrada se asume como “lo que más le conviene a la universidad”, es porque “no se pone la camiseta”, “es enemigo de la universidad”, “representa oscuros intereses”, “solo piensa en beneficios para su gremio, que, por supuesto, no coinciden, en absoluto, con los verdaderos intereses y necesidades de la institución” o en el menos peor de los casos “está desenfocado”, “es despistado”, “insiste en no quedar en la foto”.

2. El representante de los profesores un legitimador por excelencia.

En un clásico ensayo sobre la inconveniencia de separar la ética de la política, Ernesto Garzón Valdés hace una distinción entre legitimación y legitimidad, señalando que mientras el primer concepto se define en términos del nivel de aceptación que alcanza una decisión entre los miembros de un grupo o en la sociedad, el segundo, se entiende a partir de la satisfacción de requerimientos éticos, de tal modo que, por ejemplo, un gobernante o una política de estado o, para el caso, una decisión tomada en el seno de un Consejo Superior puede tener legitimación pero no necesariamente legitimidad².

El representante de los profesores da legitimación a todas las decisiones que se toman en el Consejo Superior por el solo hecho de estar allí. Las decisiones de este órgano siempre alcanzan una enorme aceptación entre la mayoría de los miembros, de ello no hay duda, y con esto parece que es suficiente o al menos lo es para esa mayoría.

No se pretende defender aquí que todas las decisiones del Consejo Superior carecen de legitimidad o que el criterio del representante de los profesores es el que la otorga, pero si queremos remarcar que las ideas de universidad, de universidad pública, de responsabilidad moral y política del Estado con la educación no parecen ser los mismos que defienden, de un lado, representantes de estamentos como el profesoral y el estudiantil y del otro, los delegados de sectores como el empresarial y del Estado mismo, estos últimos, en los tiempos que corren, de marcada tendencia neoliberal.

El movimiento estudiantil chileno y la protesta social liderada por estudiantes colombianos, con el apoyo de muchos de sus profesores, con motivo de la fallida reforma a la educación superior que el Ministerio de Educación radicó y luego retiró del Congreso de la República, no hizo otra cosa que constatar lo que todos ya sabíamos, esto es, que nos es lo mismo entender y asumir la educación como un derecho que entenderla, asumirla e imponerla desde el imperativo de la rentabilidad.

Que esta segunda perspectiva tenga más aceptación en el seno de los Consejos Superiores de nuestras universidades públicas mantiene, tal y como lo arguye Garzón Valdés una enorme separación entre la ética y la política que a ésta la empobrece, la simplifica y la instrumentaliza. Las decisiones que toman los rectores de nuestras universidades, la manera como actúan, el lugar que le asignan a estamentos como el profesoral y el estudiantil definen el carácter de su apuestas y el tipo de universidad por el cual propenden. Difícilmente esto se pueda prestar a ambigüedades.

Cómo actuaron estas administraciones en medio de la protesta social que hizo derogar la reforma a la educación superior en Colombia y cómo han venido actuando luego de esta conquista social e histórica del movimiento estudiantil, muestra el talante de cada quien y la verdadera cara de Jano³ que quizás, en muchos casos, no habíamos tenido oportunidad de conocer. A todas sus formas de actuación la representación profesoral, aún siendo sospechada, denostada, ignorada y despreciada, le otorga legitimación. Se impone así un modelo de universidad indolente con la academia, de espalda a las indignas condiciones de trabajo sostenidas y reproducidas en nuestros centros de formación (contratación a destajo de la mayoría de profesores, locaciones derruidas, limitación de recursos de todo tipo) que se esconde en un discurso de calidad, eficiencia y competitividad (¿competir con quién, en qué condiciones?), desde una racionalidad cínica del “mejor de los mundos posibles…pletórico de oportunidades” que no hace otra cosa que sostener las desigualdades, reproducirlas, acentuarlas. ¿Es este el Zeitgeist (el espíritu de la época) que reivindica este modelo de universidad?, que poca cosa es lo que la inspira, pero que peligrosa y dañina es al mismo tiempo. Se basa en el embeleco del discurso de la autorrealización, pero no es más que la precarización de la vida en común, desposeída de toda opción por la solidaridad y la justicia. Este modelo de universidad no merece la legitimación de los representantes de los profesores, ni mucho menos la de los profesores representados, por ello es impostergable luchar por la legitimidad de la universidad, de una universidad auténticamente pública: democrática, justa, incluyente.

3. Una obvia invitación.

El movimiento estudiantil en Colombia, consolidado a partir de las deliberaciones y movilizaciones que suscitó el debate de la reforma a la educación superior en el 2011, muestra un escenario inédito en nuestro país: es posible luchar por un proyecto de sociedad justa, defendiendo la universidad pública y es posible, al tiempo, neutralizar con inteligencia y sensibilidad el miedo, la violencia, la muerte.

Convoco a mis colegas de las demás universidades públicas del país a que renuncien a esta forma representación de los profesores, a este inocuo papel que el establecimiento pretende perpetuar, con miras a encaminar nuestros esfuerzos hacia la construcción de otros espacios y mecanismos de participación y resistencia política desde donde hacer frente a la des-institucionalización, a la des-legitimidad y el espíritu de retaliación que caracteriza el gobierno de nuestras universidades.

¿Porque no emprender de una vez por todas y de manera decidida la construcción de una Constituyente Universitaria?, ¿porqué no buscar alternativas a la actual estructura y funcionamiento de los consejos superiores universitarios?, la representación profesoral se merece un lugar digno y no la miseria de posición que actualmente tiene. Si eso se logra, y con seguridad será un camino que hay aprender a andar, quizás podamos salvar la universidad pública en Colombia, en vez de postergar su agonía, que es lo que por ahora hacemos activa o pasivamente.

Bogotá, D.C., febrero 9 de 2012.