Los efectos económico-sociales de la intervención uribista a las captadoras ilegales de dinero

Casi cualquier tipo de negocio financiero, sin necesidad de que sea fraudulento, está basado en una estructura piramidal. La historia de Colombia abunda en episodios de abuso de los ahorradores, desde el caso de Judas Tadeo Landínez, quien después de especular con bonos y bienes inmuebles, construyó en abril de 1841 la compañía de Giro y Descuento.”¹En medio de una terrible crisis fiscal derivada de la guerra de los mil días (1899 a 1902) y una hiperinflación que llegó a superar el 100% anual, la economía colombiana tuvo en 1904 su septiembre negro: quebraron 10 de sus 12 bancos, varias fábricas e importantes comerciantes.

La competencia feroz por captar dineros, abrió las puertas a la especulación y a la usura y arruinó a centenares de ahorradores, que vieron esfumar sus capitales atormentados por el pánico del desprestigio y la quiebra. Este escenario se convirtió en una bola de nieve. A la quiebra de los bancos de Medellín se sumaron otros de Antioquia y, en cadena, se reventaron industriales, el Erario y hasta las sociedades de beneficencia. Nadie terminó en la cárcel y en cambio muchas familias lo perdieron todo. El periódico El Antioqueño, en octubre de 1904, escribió: “Antioquia, el país de la probidad, quedó reputado como un presidio suelto”.

En la cúspide de la exportación de café, siempre por maniobras especulativas, no tardó en regresar la crisis. En noviembre de 1920, el potentado antioqueño Alejandro Ángel vio la quiebra de varias comercializadoras de café en EE.UU. y el cierre de sus bancos, lo cual desató el pánico en Manizales. Con café se terminó supliendo el pago de dineros a los ahorradores.

Entre otras bancarrotas que se recuerdan está aquella que aconteció en el Banco Central de Barranquilla en 1967 o la del Banco Bananero del Magdalena; ambos entraron en proceso de cierre por iliquidez y muchas familias de la Costa Atlántica vivieron en carne propia lo que significa una quiebra financiera

Al lado de estos fracasos no ha faltado la picaresca financiera. El caso más recordado alude a Carlos Alberto Sánchez Rojas, más conocido como el Conejo Millonario, un curioso personaje que a nombre del Instituto Interamericano captó enormes sumas antes de caer preso.

Ya en tiempos recientes, en 1982, se produjo un hito en la cronología de las defraudaciones económicas, justo cuando después de varios meses de omisiones de las autoridades de control y de debates políticos, estalló la crisis financiera de los años 80, que obligó al Estado a intervenir las instituciones crediticias que, a través de autopréstamos, captación ilegal de ahorros o maniobras bursátiles para apoderarse de empresas, terminaron estafando a más de 80 mil ahorradores que perdieron más de 10 mil millones de pesos.

Los escándalos de corrupción por fuera del sector financiero también han despertado un gran interés por la audacia de sus protagonistas. Tres casos merecen mención especial. A comienzos de la década de los 70, Alberto Duque, hijo de un importante empresario cafetero, fue condenado en E.E. U.U. por una supuesta estafa a sus socios. Fabio Vasco Puyo, durante su gestión en la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, manejó irregularmente el proyecto del Guavio y luego fue condenado por enriquecimiento ilícito. Roberto Soto Prieto defraudó al Estado en 13,5 millones de dólares en una sofisticada operación y luego fue condenado en Europa por tráfico de drogas.

Simbólico es el caso del cura Abraham Gaitán Mahecha y sus líos en la Caja Vocacional, creada en 1957 con la idea de financiar las vocaciones sacerdotales. A comienzos de los setentas, este clérigo creó un fondo pastoral para captar y prestar dineros a las distintas entidades eclesiásticas, luego a las familias de los religiosos y a uno que otro laico. Nunca se supo cuánto dinero se fue en el subsecuente desfalco. Monseñor Gaitán fue condenado finalmente a dos años y medio de prisión por captación ilegal de dinero.

Pero no solo en Colombia se producen millonarios desfalcos con pirámides; el señor Bernard Madoff, una de las figuras más reconocidas de Wall Street, fue acusado de estafa por US $50 mil millones. Madoff fue presidente de Nasdaq, el mercado de valores tecnológicos de Wall Street, y en 1960 había fundado la firma de inversiones Bernard L. Madoff Investment Securities. “Padecemos una intoxicación que señala al señor Madoff como responsable de la mayor estafa de la historia. Éste montó con su familia y otros (…), una red de fraude fiscal, de asesoría a grandes fortunas para la desmesurada rentabilización de su dinero negro.”²Este financista fue condenado a 150 años de prisión. El juez citó una carta que había recibido de una de las víctimas en la que se contaba que en el funeral de uno de los clientes de Madoff, éste se acercó a la viuda, la abrazó y le dijo: “tu dinero está a salvo”, por lo cual ella le confió aún más fondos y, ahora, lo ha perdido todo.

En fin, las estafas y la corrupción llevadas a cabo tanto por los particulares como por los gobiernos, ya sea por acción o por omisión, son inherentes al desarrollo del capitalismo y se dispararon con el modelo neoliberal, en el que el poder Ejecutivo, con su chequera, corrompe y compromete a los otros poderes del Estado. Las multinacionales, los monopolios colombianos y algunos otros sectores sobornan a los altos funcionarios del Estado. La historia está llena de estos episodios.

Las pirámides en las regiones y la intervención del gobierno.

El gobierno de Uribe que había hecho la vista gorda frente al auge de las pirámides, bajo la presión del sector financiero decidió intervenirlas, para lo cual echó mano de una campaña sensacionalista en los medios de comunicación. Lo hizo mediante los decretos 4333, de noviembre 17 de 2008, por el cual se declaró el Estado de Emergencia Social; el 4334, que promulgó la intervención oficial por conducto de la Superintendencia de Sociedades; el 4335, que le asignó funciones al respecto a los alcaldes y gobernadores; y el 4336, que endureció las penas a quienes fueran hallados responsables del delito de captación masiva y habitual de dineros del público.

Este fenómeno de las pirámides se fortaleció e irradió en las regiones en el segundo semestre de 2008. En Nariño aparecieron más de 20 que ofrecían intereses hasta del 150% mensual. Se calcula que un promedio de 4.600 personas participaron en las pequeñas pirámides en Nariño, si se suman las 20 mil que tenía DRFE en Pasto, más las que llegaron a las 24 oficinas que abrieron en 24 municipios de Nariño, en total podrían ser más de 200 mil personas que les habrían apostado.

Un estudio de la Cámara de Comercio de Pasto indicó que el promedio que se entregó por inversionista fue de 4.500.000 pesos, lo que significa que estas captadoras llegaron a recoger más de un billón de pesos. Sólo en la capital del departamento de Nariño se estima que manejaron cerca de 400 mil millones de pesos. Se calcula que en 2008, a partir del segundo semestre, por esta razón, el 80% de las familias en Pasto dejó de realizar transacciones con los bancos. Para el resto de municipios del departamento se estima en un 60% la cantidad de familias relacionadas con las captadoras de dinero.

Hubo pueblos en los que, no bien abiertas las oficinas, la gente vendió casi todo para depositarlo en las supuestas ahorradoras. Sólo en el municipio de La Cruz, al norte de Nariño, fueron recaudados 17 mil millones de pesos. DRFE fue la más grande, la que mayor impacto causó en Nariño, Cauca y Putumayo.

El Secretario de Agricultura de Nariño, Javier Cuaical, contó que muchos campesinos retiraron sus ahorros de los bancos para llevarlos a las captadoras; agricultores que accedieron a créditos blandos para confiárselos llegaron a empeñar y hasta a vender sus predios, sus vehículos y sus casas.

Según el alcalde del municipio de Guachucal, Nariño, Hugo Realpe Rosero, más de 10 mil personas, no solo de la ex provincia de Obando, sino también del Ecuador, fueron estafadas por DRFE y otras captadoras ilegales de recursos económicos que en el departamento de Nariño, en cuestión de días, ofrecieron a los inversionistas entregar jugosas sumas de dinero. Los directivos de las pirámides huyeron con los ahorros de los ganaderos, comerciantes, campesinos, indígenas, amas de casa y empleados de entidades públicas y privadas entre otros.

Para la ciudad de Popayán, la fe en Proyecciones DRFE, que hoy como en todas partes se lamenta, se esparció como las siete plagas. Fueron casi 9 meses en los que se multiplicó el dinero. Según datos de la Superintendencia Financiera, en visita de septiembre de 2008 a DRFE, en Popayán: “en junio había una sola captación, en julio 883, en agosto 6.997, en septiembre las proyecciones hablaban de 13.000 captaciones.”

En Santander de Quilichao, en junio, no había captaciones; en julio, 199; en agosto, 5.116, en septiembre entre 10 mil y 11 mil. En Cali, en junio hubo 3 captaciones; en julio, 1.917; en agosto, 7.067; y en septiembre, 15.000. Se observa el crecimiento asombroso de los últimos 3 meses, es decir, en vísperas de la intervención uribista.

Según la alcaldesa de Florencia (Caquetá), Gloria Patricia Farfán, 6.000 familias quedaron afectadas en esa ciudad donde el monto de DRFE se aproxima a 18.000 millones de pesos. Allí operaron también Servitrus y Global Vital.

Las otras pirámides no tan sonadas

Existen otras más. La Superintendencia de Sociedades dice que tiene 19 equipos de interventores trabajando en los casos de unas 240 que habrían funcionado en Colombia en el año 2008, la mayoría, en zonas campesinas. Entre ellas están Servipunto, Superservi, Servitrust, detrás de las cuales están las mismas personas y tienen como raíz a Net Work. Solo cambiaron de nombre, son una misma firma que mutó y que funcionó durante 2 años.

Con el sellamiento o cierre de las sedes de las pirámides en todo el país, el gobierno nacional comenzó a aplicar las medidas extraordinarias de carácter administrativo, adoptadas en desarrollo de la emergencia social declarada el lunes 17 de noviembre de 2008 a las 3 de la madrugada.

Reconocidos analistas consideran que no había necesidad de la emergencia social porque buena parte de las medidas no requerían de modificaciones legales, pues con las preexistentes las pirámides podían ser controladas. Mientras que el desempleo y el subempleo, el desplazamiento, la pobreza y la mendicidad son problemas que superan con creces el de aquellas, no se toma ninguna medida que siquiera los alivie. Además, los decretos del gobierno no resuelven el problema de fondo y van a devolver algo insignificante.

Las omisiones del gobierno

Con la caída de DRFE, en la que miles de personas vieron evaporarse los ahorros de toda la vida, el presidente Uribe, durante un consejo comunal, el sábado 15 de noviembre, dijo: “Culpa mía, me arrepiento de no haber presionado a tiempo. Este es un fenómeno grande que exige atrevimiento. Hoy todo el mundo sale a lavarse las manos”.³El primero en lavárselas fue él, en tanto miles de personas han visto evaporarse los ahorros de toda la vida.

El Gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, formuló denuncia en contra del Ejecutivo asegurando que éste conocía sobre el crecimiento inusitado del fenómeno en el sur del país y las posibles consecuencias económicas y sociales. Los primeros en alertar sobre DRFE fueron los funcionarios de la Alcaldía de Ipiales a través de un derecho de petición remitido a la Superfinanciera

Cientos de miles de familias colombianas perdieron varios millones de pesos de su patrimonio porque el Presidente de la República no cumplía su función constitucional de vigilar y cuidar el sistema de captación de dineros del público, de suyo exclusiva. Relatos de la gente dejan ver que Uribe se refirió al tema en varios Consejos Comunales en el sur del país. Cuentan que en Puerto Caicedo, en Putumayo, ante una pregunta de uno de los asistentes sobre la captadora, el Presidente contestó que “mientras siguieran pagando, no pasa nada”.

Movilización y disturbios

Una vez intervenidas las pirámides, lejos de responder a los inversionistas, los fundadores y socios se dieron a la fuga. Saqueos en sectores comerciales de Pasto y la amenaza de disturbios obligaron a las autoridades a decretar el toque de queda en la capital de Nariño, de igual manera en Túquerres e Ipiales. El episodio más grave se produjo el miércoles 12 de noviembre, cuando el Personero de Buesaco, Nariño, fue asesinado a tiros. Después de esa noche de desbordada furia y violencia contra las instalaciones de DRFE en las ciudades de Mocoa, Puerto Asís y La Hormiga, en Putumayo, la relativa calma llegó nuevamente a los pocos días.

En el Cauca, el desplome había empezado el 16 de julio de 2008, pero con la caída de DRFE se hicieron bloqueos a la vía Panamericana y, en Popayán se decretó el toque de queda. La gente arremetió contra las instalaciones donde funcionaba DRFE, la protesta generó parálisis del transporte y el cierre de los locales comerciales. La policía intervino con el escuadrón antidisturbios para despejar la vía y controlar a la gente.

Las consecuencias sociales y económicas

Los excedentes de las gentes que acuden a estas empresas de especulación son mínimos y por eso escuchamos historias de familias que venden sus casas, fincas y electrodomésticos para invertir en ellas. La mayoría son gentes pobres, y donde más prosperan fue en pequeños y medianos poblados, muchos de ellos en zonas deprimidas.

Falta ver las graves consecuencias directas e indirectas de esta crisis en Putumayo, Nariño, Cauca y otras regiones del país. Estos departamentos se empobrecieron aún más; ¿a quiénes les van a vender la industria y el comercio? Se trata de un problema de gravedad inmensa. Las consecuencias a mediano y largo plazo van a ser terribles; la quiebra del comercio es inminente y ya cerraron almacenes por causa de la disminución de las ventas de la navidad del año pasado. La situación angustia para muchas personas que empezaron a vivir de la bonanza temporal y ahora no tienen como sobrevivir. ¿Qué se va a hacer dentro de 3 o 6 meses? La violencia se va a disparar, la reacción natural del pueblo resultará explosiva.

En el caso particular del Putumayo, la crisis social y económica se siente y afecta a toda la población de más de 380.000 habitantes, porque con los 60 mil tarjetahabientes de DMG y los miles de las otras captadoras que azotaron a la región, de manera indirecta se afectó toda la sociedad putumayense.

El promedio de pérdida por persona está entre 10 y 12 millones de pesos. En los 4 municipios del Valle de Sibundoy, en Putumayo -Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco-, se invirtieron aproximadamente 120 mil millones de pesos que podrían llegar a cerca de un billón de pesos cuando se incluyan los otros 9 municipios de la región, caracterizados por tener mayor potencial económico y liquidez por su actividad petrolera, comercial, institucional y como consecuencia de la actividad cocalera.

En general, las gentes del Putumayo, Nariño y Cauca consideran responsable de esta crisis al presidente Uribe. Estos territorios, antes uribistas, se han vuelto antiuribistas como lo ejemplifica un testimonio de una señora del Putumayo cuando contestaba una pregunta: “Yo antes quería a Uribe, era el mejor presidente, incluso lo iba a saludar en los consejos comunitarios que hacía en los municipios del Putumayo, inclusive estuve en Pasto. Ahora quiero que vuelva al municipio de Mocoa para que le responda al pueblo por los desastres que le ha causado”.

*Franco Armando Guerrero Albán – Economista e-mail: faga1702@yahoo.es, fagaarmando@hotmail.com