Estado alcabalero y policivo

Por Alfonso Hernández
El gobierno ha anunciado un conjunto de reformas de orden económico, de la rama judicial, y la reglamentación del estatuto antiterrorista. En el primero de los aspectos mencionados, el régimen continúa sin contemplaciones con la pauperización de las mayorías; en el segundo ata las manos a la rama judicial para que no se interponga de ninguna forma en el arrasamiento de derechos y garantías mínimas y, finalmente, pretende convertir al país en un conjunto de celdas y patios en los cuales habrá que pedir permiso a los carceleros para entrar o salir.

En los primeros días de marzo, el país conoció las declaraciones del funcionario del Banco Mundial Guillermo Perry y del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre la situación fiscal, la deuda pública y la recetas que prescriben, desde luego idénticas, los mencionados señores. No revelaron nada nuevo, solo repitieron que el hueco fiscal se ha agigantado a la suma de 16 billones de pesos y que la deuda pública, que en 1997 representaba cerca del 27% del producto interno bruto, PIB, ahora alcanza el 50%. Es decir, que la decena de reformas tributarias adelantadas desde los años noventa, que han desmirriado el ingreso de los colombianos, y que los miles de despidos del sector público no han logrado ni siquiera frenar la deuda, sino que ésta se desboca y en su barril sin fondo devora los inmensos sacrificios impuestos a obreros, empleados y sectores medios.

Como aves de mal agüero, Perry y Carrasquilla anunciaron que se seguirá inmolando a sus conciudadanos con el objetivo de arrojar la riqueza nacional a las fauces insaciables de los financistas internacionales. Se gravarán los aportes y mesadas pensionales, se aumentará la edad de jubilación, perjudicando especialmente a las mujeres, a quienes se les igualará la edad de retiro con la de los hombres, y se eliminarán los regímenes especiales del magisterio y ECOPETROL.

En materia tributaria sí hay palabras nuevas para enmascarar políticas viejas. Ahora al incremento de las cargas se le presenta como homogenizar, eliminar privilegios y exenciones y simplificar y redistribuir. Se trata de extender el IVA y castigar aún más las rentas del trabajo y de los capitales nacionales. Desde luego, el gobierno uribista busca meterle, otra vez, la mano a los ingresos territoriales para aumentar impuestos y reducir transferencias, permitiendo, además, que las administraciones departamentales y municipales mermen los porcentajes que se destinan a educación y salud. A ese rosario de sacrificios se añadirán despidos de empleados oficiales, cierre de entidades públicas y congelación de los salarios. Y a propósito de la llamada “eliminación de privilegios”, Carrasquilla informó que se prepara un reglamento del mercado de capitales, lleno, ese sí, de privilegios y más privilegios para los especuladores.

Con respecto a las reformas a la justicia, el régimen se propone zafarse de cualquier control judicial sobre sus arbitrariedades. La Corte Constitucional no podrá pronunciarse sobre los decretos que establezcan los estados de excepción, deberá limitarse a contar las firmas de los ministros. El juez que, resolviendo una tutela, pretenda que una entidad de salud atienda a un enfermo de cáncer o de sida, tendrá que decir de dónde saldrán los recursos que implique su fallo. Mediante la emergencia judicial, el Presidente quedará facultado para modificar los códigos penales, laborales, y civiles e, incluso, los procedimientos constitucionales. Podrá suspender términos, trasladar expedientes y alterar los procedimientos penales en asuntos de tanta monta como las detenciones preventivas y las medidas de aseguramiento. El propósito oficial no es otro que tapar toda rendija a través de la cual las gentes quieran defender algunos servicios y derechos elementales. No se trata de que la tutela o la Constitución de 1991 sean un dechado de democracia y bienestar. Por el contrario, la carta gavirista fue el marco para imponer las privatizaciones y las distintas políticas neoliberales. Hay que defender las garantías supérstites, sin envilecer la mente de los trabajadores haciéndoles pensar que el llamado Estado de derecho y la Constitución neoliberal son su tabla de salvación. Esa es labor que se ajusta al proceder de los apuntaladores de la República neocolonial, no a quienes se esfuerzan para que la nación se independice y prospere y el pueblo alcance la libertad y la satisfacción de sus necesidades.

Con el pretexto de combatir el terrorismo, se prepara un conjunto de disposiciones que impedirán que los ciudadanos se desplacen libremente por el territorio nacional. Toda persona estará obligada a informar al mandatario local y, por intermedio de él, a detectives y policías, su lugar de residencia, los sitios que frecuenta, la composición de la familia, la actividad laboral y sus desplazamientos. Las fuerzas militares y la policía judicial quedarán facultadas para allanar residencias, interceptar comunicaciones y detener sin orden judicial previa.

Enfrentemos el Estado alcabalero y policivo que atormenta a la nación con la altivez de Manuela Beltrán y de los demás patriotas que nos dieron la independencia frente al colonialismo español.

Marzo 6 de 2004.