El enorme desfalco de Reficar

Con el título de “Refinería de Cartagena: lecciones aprendidas y no aprendidas de un mega proyecto”, la Contraloría General de la República puso en evidencia que la modernización de esa planta costó más de ocho mil millones de dólares, pues se incurrió en sobrecostos superiores a cuatro mil millones de dólares, por encima de trece y medio billones de pesos a la tasa de cambio actual. Además, la obra debía entrar en pleno funcionamiento en el año 2013 y aún no lo ha hecho, por lo cual el beneficio económico no generado sobrepasa los 3,6 billones de pesos.

El que en Colombia las obras se retrasen o queden inconclusas y terminen rebasando con creces las erogaciones presupuestadas es pan de cada día; no obstante, el caso de Reficar logró la deshonrosa hazaña de batir todas las marcas del detrimento de los intereses públicos, tanto que sus reformas terminaron costando 1,5 veces el valor de la reciente ampliación del canal de Panamá. Los solos sobrecostos equivalen a más del doble de lo que recibió el gobierno por la venta de Isagen o lo que se recaudará con el aumento de tres puntos del IVA que proyectan Santos y su comisión de “sabios” alcabaleros. El descalabro, igualmente, decuplicó las pérdidas ocasionadas por el Carrusel de la Contratación, cuadruplicó las que produjeron los tejemanejes de Saludcoop y sextuplicó las de Foncolpuertos.

Ante una opinión indignada, tanto Uribe como Santos y sus respectivos funcionarios no han hecho nada distinto que echarse el agua sucia y gritar “yo no fui”, cuando bien claro está que en esto, como en los falsos positivos, los dos bandos son culpables.

Un mal comienzo

En el año 2006, el gobierno de Uribe, con el propósito de adelantar el Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena, estructuró como sociedad anónima la Refinería de Cartagena SA- Reficar (planta que había sido adquirida por Ecopetrol en 1974) y le vendió,  el 25 de agosto de ese mismo año, en una subasta harto amañada, a la multinacional suiza Glencore International AG el 51% de la participación de Ecopetrol en el proyecto. Se argumentaba que la firma privada evitaría que se produjera una gran presión fiscal a causa de los desembolsos requeridos y que, además, los riesgos de la inversión correrían por cuenta de ella. El resultado fue el opuesto: la presión fiscal se disparó y todas las consecuencias las tiene que asumir el Estado.

Glencore estimó que el proyecto tendría un costo de USD 2.784 millones, entraría en operación en 2010 y la rentabilidad sería del 24%. Pero esta no tenía noción ni experiencia alguna en construir refinerías. En enero de 2009, la compañía suiza alegó dificultades insuperables para obtener la financiación requerida y propuso posponer indefinidamente el desarrollo del proyecto de ampliación y modernización exceptuando el avance de la ingeniería básica. La junta directiva de Ecopetrol aceptó el retiro de Glencore, que no se comprometía a continuar con las labores antes del 31 de mayo de 2010. En mayo de 2009, Glencore le revendió a Ecopetrol la parte que le había comprado en 2007. (Contraloría, op.cit.)

De manera inexplicable (¿o quizás muy explicable?) ni el Ministerio de Hacienda, ni el de Minas, ni los directivos de Ecopetrol quisieron ejecutar la garantía por un valor de USD 75 millones que cubría el incumplimiento de las obligaciones consistentes en “determinar la configuración de la refinería ampliada y modernizada, el diseño del mecanismo de financiación del proyecto y la contratación de EPC”, es decir de ingeniería, compras y construcción, establecidas en el capítulo V del Acuerdo Marco de Inversión suscrito entre las partes. Tampoco se aplicaron las penalidades diarias de USD166 mil por inobservancia de los compromisos atinentes al capítulo mencionado ni las multas pactadas por USD 40 mil por violaciones del acuerdo referidas a otros acápites del mismo. (Contraloría, Pág. 40)

Las avivatadas de la firma ejecutora

En el año 2007, Reficar, es decir, Glencore, que la administraba, había contratado por un valor de USD 80 millones a Chicago Bridge and Iron, CB&I, empresa con sede en Texas, para definir la expansión de la refinería de Cartagena. Posteriormente, en 2009, se le encomendaron también las labores de ingeniería, abastecimiento y construcción, por un valor de 1,4 billones de pesos, el segundo negocio mundial más importante para  CB&I; a su vez esta subcontrataría a numerosas firmas para el desarrollo de las diversas actividades. A los dos años, como ya se dijo, Glencore abandonó el proyecto pero dejó a la Chicago como beneficiaria de un jugoso contrato. (Ibidem)

Llama la atención el hecho de que la compañía texana tampoco acreditaba experiencia en ese tipo de trabajos; sin embargo, el negocio de Reficar le permitió subir el precio de las acciones de USD 27 a USD 60. Inicialmente, el convenio se subscribió bajo la modalidad de precio “suma global y llave en mano”, que significa, entre otras cosas, que el costo es invariable y que el contratista se obliga a entregar a tiempo y en funcionamiento cabal la planta. Pero el 13 de junio de 2010, Reficar decidió, por razones desconocidas, modificar la forma de contratación de ingeniería, abastecimiento y construcción y, en vez de la modalidad de llave en mano, se adoptó la de “libro abierto” o de “costos reembolsables”, con lo cual CB&I quedó facultada para decidir los gastos y con la mera presentación de una factura cobrar a Reficar. (Ibidem)

Ahí la fiesta entró en pleno furor. Se ha informado que a Robert Matis, director del proyecto para Colombia por parte de CB&I, se le pagaban USD 400 la hora, más de USD 100 mil al mes, y que cobraba como horas trabajadas incluso cuando la refinería estaba cerrada, como el 25 de diciembre de 2013. El alquiler de grúas con la multinacional Mammoet Mamut para que pusiera a disposición 70 máquinas, por $ 95.000 millones, terminó costando $ 400.000 millones, por 186 grúas, muchas de las cuales ni siquiera se pudieron utilizar, pues el área de trabajo se congestionó al punto de que se entorpecían los faenas y frenaban las labores de la refinería. Otro tanto ocurrió con los andamios. http://www.semana.com/nacion/articulo/sobrecostos-en-reficar-historia-de-incompetencia-e-improvisacion/460462Así, “el libro abierto” degeneró en una vena rota. Dada la miopía o la complicidad de los directivos de Reficar, Ecopetrol y los ministerios de Hacienda y Minas, el nuevo convenio dio lugar a aplazamientos sucesivos y a cada vez mayores sobrecostos. En total se han contratado $ 6,5 billones y USD 953 millones con CB&I, de los cuales se le han pagado el 99%, según afirma la Contraloría. (Contraloría, Pág. 29)

Una auditora que se beneficia de las violaciones del contrato

Como parte de la feria, Reficar contrató al Joint Venture Foster Wheeler USA Corporation and Process Consultants, Inc. Forthe PMDC (FPJVC) en calidad de consultora, el 19 de noviembre de 2009, por un valor de USD 95 millones. Sus responsabilidades consistían en adelantar la supervisión y control de la ingeniería detallada del proyecto; el seguimiento y control de la planeación, ejecución y demás actividades de CB&I; la supervisión y control de las compras de materiales y de los equipos. A juzgar por los resultados, Foster Wheeler no ejerció tales funciones, sino que alcahueteó incumplimientos y cobros abusivos. Pero si no fue exitosa en el desempeño de la labor contratada sí lo fue en materia financiera, pues en vez de los USD 95 millones, terminó percibiendo más de USD 231 millones. (Ibidem)

La avidez de la banca extranjera

El proyecto de la refinería de Cartagena, aparte del saqueo de los contratistas, fue objeto de la más oprobiosa usura de la banca extranjera. Por créditos pactados por USD 2.368 millones, Reficar queda obligada a pagar un costo de USD 1.128 millones, para un total de USD 3.496 millones. Veamos el caso más aberrante, el de US Exim Direct Loan Agreement. El contrato de capital (crédito) fue por USD 1.618 millones, por dicho monto hay que pagar USD 571 millones de “costos locales”, USD 197 millones por “intereses de construcción” y USD 264 por “comisiones.” Es decir, por un empréstito de USD 1.600 millones toca amortizar USD 2.650 millones. (Contraloría, pág. 94, 95) Cerca del 65 % en interés y otros: tan oneroso como el sistema gota a gota.

El desgreño ha sido total, en octubre de 2008, la Junta Directiva de Reficar discutió la posibilidad de comprar una planta de hidrógeno en Puerto Rico, poco después la adquirió  y, en marzo de 2011, sin haber hecho ningún uso de ella, decidió ponerla en venta, pagándole comisión a Lousina Chemical por adelantar esa operación.

Zancadilla a Ecopetrol

Hoy Ecopetrol, en una situación de precios internacionales muy bajos del crudo, tiene que asumir unos costos de deuda de USD 5.743 millones, ya ha pagado USD 744 millones, de los cuales más de USD 300 millones corresponden a intereses. Los compromisos derivados de los malos manejos de Reficar equivalen a 36% del valor del paquete accionario de la petrolera estatal y, según se afirma, tendrá que responder demandas por un monto de unos 400.000 millones de pesos. La rentabilidad inicialmente esperada era de 24,5 % y hoy, a causa de los despilfarros mencionados,  no alcanza al 4,3 %, menor que el costo del capital, que es de 5,5 %. No obstante esa situación, Juan Carlos Echeverry, presidente de la compañía, ha decidido privatizar la sociedad Polipropileno del Caribe S.A., una empresa petroquímica muy rentable y estratégica, cien por ciento propiedad del grupo Ecopetrol, con el pretexto de que los recursos se necesitan para exploración y producción. De manera que las fechorías cometidas en Reficar le han servido a la casta vendepatria también para debilitar a Ecopetrol. Muy pronto los mismos culpables del desangre actual saldrán a vociferar que la compañía no es rentable, que hay que enajenarla.

Gobierno y oposición como olivos y aceitunos

No hay duda de que el régimen de Uribe es responsable en gran medida de semejante expolio: durante su mandato se escogió a Glencore, a la cual no se le cobró por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales y se le permitió enganchar a CB&I, otra firma sin experiencia en la construcción de refinerías. También bajo el mandato del de corazón grande se cambió el tipo de contrato con CB&I. El partidario de la micro gerencia, el gobierno cuyo presidente se preciaba de dirigir con eficiencia y pulcritud las obras de cada camino vecinal, y sus “buenos muchachos”, chambonearon a todo dar con el proyecto más importante del país, a tal punto que la ingeniería de detalle, tan rezagada, fue un factor que facilitó los constantes incrementos de las erogaciones.
Pero constituye el colmo del cinismo que Santos y su gabinete quieran desconocer sus yerros, que son innegables aunque la Fiscalía se haya apresurado a declarar que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, “actuaron de manera transparente.” http://www.semana.com/nacion/articulo/caso-reficar-fiscalia-exonera-al-ministro-cardenas-y-al-presidente-de-ecopetrol/460821 Nada de extraño tiene esa exculpación: ya se ha anunciado que Eduardo Montealegre será el nuevo embajador del régimen santista en Alemania.

Ministros que no oyen ni ven ni entienden

Cómo no le ha de caber responsabilidad al señor Juan Carlos Echeverry, quien fue miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol desde el 7 de agosto de 2010 hasta el 3 de septiembre de 2012, en su calidad de ministro de Hacienda, y desde marzo de 2015 ha sido presidente de la compañía estatal. Alega Echeverry que él enfrentó el problema de los retrasos de los trabajos y exigió eficiencia, entre otras medidas. Ante el interrogante obvio de si en esos años no detectó ninguna irregularidad, respondió que “Si [el problema] viene de una irregularidad o mala gerencia, no soy el llamado a responder la pregunta…Si eso viene de una irregularidad o de una gerencia ineficaz, no es mi responsabilidad. A mí no me interesa, a la Contraloría, sí.” Ahí están de cuerpo entero estos burócratas indolentes y cómplices. De manera que al ministro de Hacienda y presidente de Ecopetrol no le interesa poner al descubierto las causas de los abultados sobrecostos y de los sucesivos aplazamientos de una obra de tal magnitud. De acuerdo con eso, no es deber de todo alto funcionario velar por el más escrupuloso manejo de los dineros públicos y encontrar la causa del desangre. Desde luego, eso de ser paladín del interés público no va con estos personajes para quienes tales ideas les deben parecer fósiles ideológicos del comunismo.

Nos consuela Echeverry, el hombre que hizo tristemente célebre la expresión de la mermelada, con la promesa de que está solicitando la devolución de algunos dineros y que, si CB&I no accede, llevará el caso a un tribunal internacional de arbitramento. La nación será esquilmada de nuevo: ahora tendrá que pagar millones de dólares a un bufete internacional y a algunos jurisconsultos afines al santismo para que litiguen cómoda y descuidadamente en París o en Houston y no recuperen ni un centavo de lo birlado.

Por otra parte, ¿Qué hizo el señor Tomás González, ministro de Minas, para evitar o denunciar a tiempo los hechos dolosos en Reficar? ¿Qué gestionó al respecto el muy acucioso y docto Mauricio Cárdenas, el hombre que vigila cómo se invierte cada peso para darle riguroso cumplimiento a la regla fiscal, el que impide que se gaste mucho en acueductos y otros rubros esenciales? Este personaje ya en 2008 era miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol en calidad de vocero de los accionistas minoritarios, a partir de septiembre de 2011 tomó asiento en ese comité por ser ministro de Minas y  desde agosto de 2012 como ministro de Hacienda. Es decir, Mauricio Cárdenas estuvo en esa directiva prácticamente en todo el periodo de este proceso tortuoso y torticero. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿No se percató de que había algo anormal? ¿Calló por complicidad, por ineptitud o por incuria? Ya había hecho lo propio en el caso Dragacol. De Simón Gaviria, el director del Departamento Nacional de Planeación, no podemos exigir nada, pues ya sabemos desde la malhadada reforma a la justicia que firma sin leer o lee sin entender.

Santos y su manada de elefantes

Estos episodios nos recuerdan aquel cuando Ernesto Samper fue objeto de burlas porque dijo que si el Cartel de Cali había financiado su campaña electoral con seis millones de dólares lo había hecho a sus espaldas. El cardenal de la época se mofó diciendo que eso equivalía a que un elefante entrara a la casa y uno no se diera cuenta. A este gobierno se le salieron en tropel cerca de 400 elefantes y no los advirtió. Cuesta creer que individuos con grados, maestrías y doctorados en economía en los Andes, en Berkeley, California, en Nueva York y en Londres sean tan obtusos. En todo caso, los presidentes y altos funcionarios que permiten o acolitan semejantes despojos merecen el desprecio del país.

Pero el jefe es el jefe y ha de descollar sobre sus subordinados. Juan Manuel Santos, en la sima de la desvergüenza, y en vez de responder por este descomunal desfalco y por otros fraudes, ha salido a pedirles mayores sacrificios a los colombianos, a recortar el presupuesto y a preparar otra reforma tributaria para que las compañías extranjeras, los grandes bancos internacionales y su alta burocracia puedan continuar la fiesta a costa del hambre y las penurias de millones de connacionales.