Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas y el desplume de Reficar

En el reportaje de Yamid con el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, publicado en el diario El Tiempo, el pasado domingo 28 de febrero, el alto funcionario responde, entre otras cosas, sobre los desafueros cometidos contra el erario en la ampliación de la refinería de Cartagena. Veamos.

Desde 2011, ya en mi condición de Ministro de Minas y Energía y posteriormente como ministro de Hacienda, empezaron a ser evidentes los problemas de CB&I. En innumerables intervenciones, plenamente documentadas, llamé la atención sobre esta situación y las acciones necesarias para enderezar el rumbo. Por ejemplo, además de los cambios administrativos en Reficar para ejercer un mejor control del proyecto, propusimos cambios al alcance del contrato con CB&I, así como mayores penalidades por incumplimiento. También solicitamos que se explorara la posibilidad de cambiar al contratista. Por los riesgos legales y económicos que implicaba, la administración de Ecopetrol indicó que esto no era conveniente. Desde 2013 se optó por seguir adelante con el contratista y conformar un equipo legal para preparar la reclamación. La alternativa, suspender el proyecto, habría resultado más costosa, pues hoy además de un pleito tendríamos una obra inconclusa.

De tal manera que, según nuestro fresco ministro, el país está en deuda con el “profesionalismo y diligencia” con las que “desde el primer momento” él enfrentó el problema, evitando ¡mayores sobrecostos!

Ya en un artículo anterior nos referimos a la irresponsibilidad con la que el gobierno de Uribe manejó este importante proyecto. Dado que los funcionarios del actual han alegado ser totalmente inocentes aduciendo que tanto Glencore como CB&I ya habían sido contratados antes de agosto de 2010 y Santos afirmó que “El origen del pecado o el pecado original en Reficar sucedió en el gobierno anterior”, es necesario referirse a los pecados mortales de esta administración.

En la reunión de la Junta Directiva de Reficar realizada el 24 de agosto de 2010, 17 días después de que Santos ocupara la Casa de Nariño, se estimó el costo del proyecto en USD 4.199 millones (Contraloría, pág. 44). Terminó costando más de ocho mil millones de dólares; es decir, que el grueso de los sobrecostos ocurrieron con el actual mandatario en ejercicio.

Dice la verdad Mauricio Cárdenas cuando asevera que con prontitud se detectaron los incumplimientos y sobrecostos. No podía ser de otra manera. El 27 de septiembre de 2011, la Junta de Reficar habló de “requerir a Foster Wheeler para que realice auditoría y entregue informes que permitan determinar el punto en que está el desarrollo del proyecto”, “el estado de avance”, “las causas de los atrasos”. Además “crea estructura jurídica para documentar y soportar los incumplimientos contractuales de CB&I (…) para generar presión…” (Contraloría, pág. 46). En diferentes ocasiones, pues, se registran los incumplimientos y los gastos excesivos.

Ante la reiterada violación de los términos contractuales por parte de CB&I, el gobierno adoptó dos disposiciones. La primera fue, según lo consigna el acta de la reunión de la Junta Directiva de Reficar del 15 de agosto de 2012 (Contraloría, pág. 55): “La Junta expone los lineamientos sobre las estrategias a desarrollar ante el atraso en el avance del proyecto que se centran en acciones persuasivas y diplomáticas…” (Subrayado nuestro). Es decir, suplicarle a CB&I que no siguiera quebrantando lo pactado. Así se comporta un gobierno servil ante una compañía gringa que abusa del país.

La otra determinación consistió en desembolsarle con prontitud y sin chistar los millones de dólares que, excediendo los costos presupuestados, exigiera dicha firma. En mayo de 2012, la Junta de Reficar solicitó una adición presupuestal por USD 1.153 millones para solventar costos adicionales de ingeniería y construcción, una parte para CB&I y otra para Foster Wheeler. El aumento del precio con respecto a la línea base (el presupuesto inicial desde que Ecopetrol asumió la ampliación de la Refinería) fue del 29 % (Pág. 51-52). El 8 de mayo de 2013, la Junta Directiva de Ecopetrol autorizó ajustar el valor estimado del Capex, es decir, del gasto de capital, a USD 6.901 millones. De tal manera que se incrementó en otros USD 1.754 millones, de nuevo, alegando mayores costos de ingeniería, compras, etc. Y también se destinaron otros millones para Foster Wheeler. El aumento del presupuesto a partir de la línea base llegó al 73 %. Mientras se colmaban todos los apetitos financieros de la firma extranjera, se le alcahuetearon nuevos aplazamientos en la entrega de las obras. El 16 de enero de 2015, se aprobó otro incremento del presupuesto a USD 7.653 millones, que luego subió a más ocho mil millones. Todos estos desembolsos fueron suscritos por la Junta Directiva de Ecopetrol, puesto que esta empresa fue la que pagó y sigue pagando por la ampliación de la Refinería de Cartagena y por todos los sobrecostos y moras. Es de anotar que en la Junta de Ecopetrol tienen asiento los ministros de Hacienda, Minas y Energía y el director nacional de Planeación, lo que hace a estos funcionarios cómplices directos del desfalco.

La obsecuencia de los altos burócratas llega al punto de complacer a CB&I y pagarle las facturas sobre las que había serios reparos: “Dentro de las condiciones pactadas en el Memorando de Entendimiento-MOU se incluye que Reficar pagaría la facturación rechazada en periodos anteriores por un valor total de US$ 92 millones…”. El monto de las facturas rechazadas ascendía a USD 129 millones, en noviembre de 2013, las que había que cancelar “por cuanto al afectarse el flujo de caja de CB&I se afecta su capacidad de ejecución y control del Proyecto.” Esto fue planteado en la reunión de Junta Directiva de Reficar el 11 de diciembre de 2013 (Contraloría, pág. 62). Lo que significa que tocaba costear hasta los cobros más injustificados para no perturbar la armonía con CB&I.

Con este tipo de concesiones, Cárdenas, el ministro de la austeridad, y sus subordinados, evitaron que CB&I se enojara y abandonara el proyecto. Ese ha sido el resultado del “profesionalismo y diligencia” y de “las acciones” adoptadas desde 2011 “para enderezar el rumbo” con que Mauricio Cárdenas enfrentó los problemas: entregarle a CB&I cuatro mil millones de dólares de exceso de costos y tolerarle 3 años de retraso en la entrega de la Refinería. En pocas palabras, el jefe de la cartera de Hacienda les ayudó a los ladrones a desocupar la casa para contratar un bufete de abogados y denunciarlos después. Dicho bufete ya fue contratado, es la firma King & Spalding y la “estrategia jurídica” ya ha causado un desangre de más de USD 25 millones. ¡Un verdadero genio y enérgico defensor del interés público es nuestro ministro de Hacienda!

La actitud de Santos es aún de mayor descaro. Quizás alguien más reflexivo que él le hizo caer en cuenta de que no podía echarle la culpa a Uribe de los últimos miles de millones de sobrecostos, ya que estos se aprobaron después del 7 de agosto de 2010. Decidió, pues, el presidente decir que: “Estoy seguro que (sic) no se robaron la plata que están diciendo”. Y agregó que  “Costó mucho más de lo que estaba previsto pero por falta de planeación porque iniciaron la obra con solamente con el 20 por ciento (sic) los estudios de ingeniería y cuando comenzaron a profundizar se dieron cuenta (sic) que costaba más y tocó ir pagando más” (Ibidem). Conclusión del jefe del régimen de la turbia Urna de Cristal: ¡tapen, tapen! Aquí no ha pasado nada. No hay nada ilegal, no hay mérito para investigar, todos exonerados de culpa.