El burdo ilusionismo de Santos y su Ministra con las cifras sobre la reforma de la educación superior

Las enormes movilizaciones del 12 de octubre, las más grandes de los últimos tiempos, muestran que el estudiantado colombiano entendió a cabalidad que llegó el momento de librar la batalla histórica por salvar la enseñanza pública superior y derrotar la política de privatizarla y envilecerla, manejo que Santos pretende agudizar.

El río humano que colmó las principales plazas y avenidas de más de treinta ciudades demostró el fracaso de la costosa y agresiva campaña publicitaria que desde el tres de octubre —cuando la ministra radicó ante el Congreso el proyecto de ley 112—, adelanta el gobierno para tratar de impresionar al público mediante la manipulación de grandes cifras, propalando la mentira de que la enseñanza pública superior recibirá “un torrente de recursos”. También ha ordenado grabar videos en los cuales se difama a estudiantes, profesores y rectores, se fomenta la división y se concita el odio contra quienes protestan.

La reforma santista convierte las instituciones estatales de enseñanza superior en una especie de inquilinatos que, con recursos presupuestales ínfimos, apiñarán a miles de estudiantes; obliga a las familias a costear el estudio de sus hijos mediante el crédito, abriéndoles el camino a los financistas a un enorme mercado; niega el derecho y, a cambio, pone en venta un “servicio”, cuyos contenidos y métodos en merma se venderán a precios crecientes. Con la figura legal de las instituciones mixtas allana el terreno a la privatización completa de entidades estatales, que también se podrán liquidar de acuerdo con la legislación empresarial (art. 26); en fin, la autonomía, la libertad de cátedra, de investigación y análisis cederán el lugar a la “pertinencia” de los mandatos de los gerentes de las multinacionales y a las órdenes de la burocracia del Ministerio, que se inmiscuirá en los asuntos de la academia a nombre de la transparencia, el control, el buen gobierno y la rendición de cuentas.

La propaganda oficial y documentos como la exposición de motivos del proyecto de ley 112 sostienen que en lo que resta del presente cuatrienio se van a crear 640 mil cupos en educación superior, lo cual requeriría, si se pretendiera al menos mantener la ya deficiente calidad actual, abrir, en tres años, 13 universidades del tamaño de la Nacional. Pero no es eso lo que hará el gobierno.

Veamos. Si asumimos que la mitad de los supuestos cupos nuevos estarían a cargo de las IES públicas, éstas tendrían que recibir a 320 mil estudiantes adicionales entre 2012 y 2014, unos 106 mil cada año, algo realmente magnífico si el proyecto de ley otorgara los recursos suficientes.

La realidad es muy distinta. Los artículos 146 y 147 estipulan que, entre 2012 y 2022, “la Nación asignará recursos adicionales al Ministerio de Educación Nacional equivalentes a tres puntos reales respecto a los aportes de la Nación asignados a las Instituciones de Educación Superior estatales en el año inmediatamente anterior.” El Ministerio repartirá esos tres puntos entre las instituciones estatales de acuerdo con:

Como lo demuestran estos guarismos, en las condiciones del proyecto de ley 112, cada nuevo alumno incrementará el déficit de las instituciones estatales, hueco presupuestario que éstas tendrán que tapar con incrementos drásticos del valor de las matrículas, venta de servicios y contratos con compañías privadas o mediante su conversión en empresas mixtas (art. 20). No obstante, varias irán a la quiebra, como sucede con los hospitales.

La propia señora Campo ha reconocido implícitamente esa merma en los aportes nacionales. En Pregunta Yamid, sostuvo que:

“Vamos a velar para que nuestras instituciones de educación superior mejoren sus niveles de eficiencia, incorporen modelos pedagógicos mucho más modernos, mucho más eficientes, que permitan también que el costo por formar a un joven, pues se reduzca, gracias a la mayor eficiencia en la administración de los recursos, gracias a nuevos modelos pedagógicos que se incorporen, gracias al uso de nuevas tecnologías, gracias a que muchos de los nuevos programas tengan un alto contenido de virtualización…”

El Ministerio, entonces, se arroga la facultad de imponer métodos, modelos pedagógicos y demás, con lo que la autonomía universitaria se convierte en rey de burlas y, además, se pauperizan las instituciones mediante la llamada eficiencia: menos profesores, aulas, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas y otros recursos para muchos más estudiantes. En esas condiciones, hablar de investigación y calidad es pura cháchara.

Más grave aún. En 2009 las universidades estatales ya tenían un rezago presupuestal de más de 700 mil millones de pesos, que ha venido creciendo, según lo demostraron los vicerrectores financieros. Con el tan mentado 3% anual, sin ningún incremento de plazas ni inversiones en calidad u otras, en 2021, las IES públicas estarán recibiendo dos billones 900 mil millones, esto es, 700 mil millones más de lo que reciben en la actualidad, apenas para cubrir el atraso presupuestal mencionado.

El artículo 145 del proyecto de ley 112 de 2011, parcialmente similar al 87 de la Ley 30, ofrece incrementos de los aportes estatales a la educación superior con base en un porcentaje del crecimiento del PIB. Así,

“si el crecimiento real del PIB es mayor al 0% y menor del 5%, el incremento será del 30% de dicho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual o mayor al 5% y menor que el 7.5%, el incremento será del 40% de dicho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual o mayor al 7.5%, el incremento será del 50% de dicho crecimiento.”

De acuerdo con el comportamiento del PIB en la década pasada, los aumentos de los aportes de la Nación por ese concepto no pasarían de un promedio de 1,5% anual, en el mejor de los casos. En la propia exposición de motivos, el Ministerio incluye un cuadro que muestra que entre los años 2003 y 2010 —incluidos—, el promedio anual de contribución nacional por el crecimiento del PIB fue de apenas 16.806 millones, guarismo que no cambiaría en mayor medida, puesto que es excepcional que la economía crezca el 5% o más. Sin embargo, si asumimos que la economía alcanza 5%, los aportes nacionales a las IES públicas aumentarían 2%. En el 2012 esto sumaría 44 mil millones. Si se les agregan los 66 mil millones del artículo 146, las IES públicas recibirían en total en el 2012 la suma de 110 mil millones adicionales para atender a 106 mil nuevos educandos, un millón 37 mil pesos por cada uno, menos de un tercio del promedio actual, según los datos del propio gobierno.

La situación se presenta mucho peor, pues el articulado es claro en que estos montos se destinarán no a las 32 universidades, sino a las 87 instituciones de educación pública superior. Las supuestas cifras astronómicas no son más que centavos para cada alumno.

Esto se agravará año tras año, hasta 2022, puesto que con los fondos así proyectados, el gobierno asegura que alcanzará una cobertura de 64%; si se toma el egreso anual de 600 mil bachilleres, sin tener en cuenta crecimiento alguno, para ese año habrá 8 millones trescientos mil jóvenes, y con los escasos dineros ofrecidos, las instituciones públicas tendrían que atender a cerca de tres millones de estudiantes.

Los voceros oficiales hablan también de abultados ingresos por concepto de las regalías, de las cuales el 10% se destinará a un Fondo de Ciencia y Tecnología. El artículo 361 de la Constitución dice que:

Los programas y/o proyectos en ciencia, tecnología e innovación de los departamentos, municipios y distritos que se financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, se definirán por un órgano colegiado de administración y decisión, en el cual tendrán asiento el Gobierno Nacional, representado por tres (3) Ministros o sus delegados, un (1) representante del Organismo Nacional de Planeación y un (1) representante del Organismo Nacional encargado del manejo de la política pública de ciencia y tecnología e innovación, quien además ejercerá la Secretaría Técnica, un (1) Gobernador por cada una de las instancias de planeación regional a que se refiere el inciso siguiente del presente artículo; cuatro (4) representantes de las universidades públicas y dos (2) representantes de universidades privadas.

De tal manera que el tan mencionado billón de pesos no es para educación superior, menos aún para las instituciones públicas, sino que el organismo señalado escogerá qué proyectos financiar entre los que presenten el gobierno, la empresa privada, los entes territoriales, las universidades públicas y privadas.

Lo que se pregona como una bonanza constituye, en realidad, una política de desfinanciar, de estrangular a las universidades y demás instituciones de educación superior.

El énfasis de la reforma estriba en el crédito, ya que a este rubro se dedicarán casi 8 billones de pesos de aquí a 2022. Se trata de seguir el modelo chileno, porque, como dijo la Ministra, el país no está preparado para aceptar las universidades con ánimo de lucro; con la reforma se trata de vencer esa resistencia y abriendo el grifo del crédito someter todo el sistema al agio. La consigna gubernamental es mezquinar la financiación pública y expandir el crédito para que los estudiantes se vean obligados a pagar y los negociantes de la enseñanza, es decir, tanto las lucrativas universidades sin ánimo de lucro como aquellas que lo confiesen, logren hacerse a un mercado enorme, en el cual los recursos estatales terminarán en sus bolsillos. El instrumento para apuntalar la usura es el ICETEX y el señuelo, las promesas pasajeras de subsidios, tasas de interés bajas y cien mil pesitos mensuales para “manutención” para unos cuantos.

Mientras el santismo ha puesto en marcha toda su maquinaria para imponer la reforma, el estudiantado, con entusiasmo, creatividad y arrojo ha desenmascarado la falsedad de la verba oficial y se está ganando el respaldo de la población. Se trata ahora de mantener el paro nacional hasta derrotar los designios del gobierno, obligarlo a pagar el rezago presupuestal, a establecer programas de bienestar, ampliar las instalaciones y a respetar la autonomía universitaria, de tal manera que los estudiantes y profesores sean mayoritarios y decisorios en los consejos superiores de las universidades estatales. El comienzo de la lucha ha sido promisorio, pero los desafíos son poderosos. Hay que ampliar el paro nacional, tomar las plazas públicas, como lo han hecho los indignados en La Puerta del Sol, en la Tahrir, en Wall Street, y conmover la Nación entera con la exigencia de una educación gratuita y democrática al servicio de Colombia y no de unos cuantos magnates. Además, no conviene bajar la vigilancia frente a quienes quisieran que el batallar estudiantil se restringiera a los estrechos límites de sus intereses electorales y a quienes le juegan a que esta explosión de rebeldía juvenil se desgaste en vez de fortalecerse.