Autonomía frente a la nación, sometimiento a los monopolios

Va quedando claro el verdadero significado de la autonomía que se puso de moda en Colombia desde cuando se aprobó la Constitución de 1991. Autonomía se le entregó al Banco de la República y a los entes territoriales, a las empresas del Estado y a las poblaciones negras e indígenas, y se la encuentra dondequiera por entre la maraña de normas reglamentarias y organismos creados por la nueva Carta. ¿Cuál es el significado de tal autonomía? ¿A quién le sirve? Algunos hechos relacionados con grandes contratos en ciudades como Bogotá, y ciertos rasgos de las privatizaciones, nos ayudarán a aclarar estos interrogantes.

Bogotá ¿coqueta, o…?

En su campaña para repetir como alcalde, Jaime Castro está presentando el Estatuto Orgánico, y en especial el federalismo fiscal allí contenido, y lo que él llama “la eliminación de la coadministración del Concejo”, como las más importantes realizaciones de su gobierno. Estos elementos han sido en realidad las principales herramientas para alcanzar la autonomía que exige la descentralización: una dictadura fiscal con abrumadoras cargas tributarias y la supresión de las facultades administrativas del Concejo, con lo cual se establece la dictadura del alcalde.

Castro inició la política alcabalera con el autoavalúo y el aumento en los impuestos de rodamiento e industria y comercio; y Mockus la continuó con la sobretasa a la gasolina, la valorización local y una reforma que incrementó la tasa de varios tributos. Tanto el uno como el otro se jactan de haber llevado la ciudad a la autosuficiencia financiera. Los dos comenzaron a utilizar la solidez económica que resulta de exprimir al pueblo para contratar empréstitos con los linces de la banca mundial, y vender la ciudad a las trasnacionales.

Haciendo uso de la autonomía, la administración anterior obtuvo un crédito de US$200 millones para el programa Santa Fe I y firmó con la principal multinacional europea en tratamiento de aguas una concesión a treinta años para descontaminar el río Bogotá, negocio que puede llegar a US$2.000 millones. Especialistas como Eugenio Giraldo, de la Universidad de los Andes, opinan que por la tecnología escogida y por los costos, se les está causando un grave perjuicio a los habitantes de la capital.

Mockus continuó el desenfrenado endeudamiento por la vía de las emisiones internacionales de bonos, lo que le valió una condecoración que le impusieran en Londres los magnates de la usura. Y a nuestra capital le dieron la autonomía para contratar deuda fuera del país sin el aval de la nación, lo que llaman “calificación de riesgo soberano”.

El profesor Antanas insistió siempre en que los recursos del Distrito debían gastarse donde se elevaran su “utilidad social” y “la productividad para atraer capital extranjero”. Por eso cambió los filosóficos juegos especulativos por las especulaciones financieras con la plata de los contribuyentes, y concentró los proyectos estratégicos de infraestructura en el occidente de Bogotá, donde se ha puesto en funcionamiento un puerto seco, centros de negocios, la zona franca de la familia de Enrique Peñalosa y parques industriales para las maquilas que terminarán de arruinar la industria nacional.

Por las mismas razones, y pasando por encima del Concejo, concentró en el IDU las funciones de varias secretarías, convirtiéndola en una entidad autónoma que el 1o. de septiembre adjudicó al Consorcio ICA de México el más grande contrato para obras viales que se haya realizado en el Distrito, por un monto de $111 mil millones, olvidando que este monopolio estuvo involucrado en los oscuros manejos del Guavio y Chingaza. El IDU ejecutará también el Plan Maestro de Transporte auspiciado por el Banco Mundial y que, según JICA, la corporación técnica japonesa, puede llegar a costar US$10.000 millones.

Pero la autonomía no la quieren sólo para las entidades encargadas de los grandes contratos o para las empresas de servicios, la exigen principalmente para el Distrito. El año pasado, en el número 65 de Tribuna Roja, denunciamos el separatismo que comienzan a alentar los altos funcionarios. De la independencia financiera frente a la nación, se quiere pasar a la independencia política. El año pasado, por ejemplo, Mockus reclamaba a Samper el haber incluido en la agenda de su viaje a París el tema del río Bogotá, pues, según él, es un asunto de incumbencia exclusiva de la ciudad.

El aludido informe de Monitor Company recibió en el Concejo un aplauso unánime, con la única excepción de Mario Upegui, sin que esto hubiese sido óbice para que su organización política respaldara la candidatura a la alcaldía de Gustavo Petro, una de cuyas banderas es hacer de la capital un Estado federal.

Red tejida para la entrega

Ahora pasemos a algunos ejemplos en materia de servicios públicos. Desde el gobierno de Barco, con la expedición de la Ley 072 de 1989, se comenzó a abrir el mercado de las telecomunicaciones. El cúmulo de normas dictado desde entonces se ha encaminado a abandonar la planificación estatal centralizada, para que sean los grandes consorcios los que decidan el rumbo. Lo anterior presupone la descentralización y autonomía de las empresas, cuyo fin es malvender sus activos y bombardear la unidad nacional.

En 1992, el plan de Gaviria era subastar a Telecom garantizándole al comprador el monopolio de la larga distancia nacional e internacional, y regionalizar los servicios de telecomunicaciones como se hizo posteriormente con la telefonía celular. La huelga de los trabajadores dio al traste con aquellos antipatrióticos propósitos.

Después, la Ley 142 impuso abrir todos los servicios públicos a la “plena competencia en el nuevo escenario de la autonomía regional y municipal”, según rezaba su exposición de motivos. Lo cual implica el desmonte de los monopolios estatales, y la transformación de las empresas en sociedades por acciones, o en su defecto, en industriales y comerciales del Estado, opción que los consorcios y sus agentes en el gobierno se niegan a aceptar. Las tarifas deben ser “purificadas”, eliminando los subsidios, o sea, subiéndolas al arbitrio de los potentados extranjeros que se apoderen de las empresas en subasta.

Las comisiones de regulación, a punta de resoluciones, serían las encargadas de abrirle camino a la “libre competencia”, para ellas imposible sin la entrada de las trasnacionales al mercado colombiano. Lo que ha sucedido en las telecomunicaciones y el sector eléctrico, nos enseña el verdadero carácter de las normas y el papel de las instituciones surgidas para la recolonización.

Telecom vs. telefónicas locales

Con la mira puesta en transformar a Telecom en sociedad por acciones, el gobierno le quitó el control sobre la política de telecomunicaciones trasladándolo al Ministerio del ramo, pero especialmente a la Comisión de Regulación, la CRT. Telecom comenzó a actuar autónomamente para establecer sociedades a riesgo compartido, o Joint Venture, apoyado en resoluciones de la CRT, como la 028. Así conformó Capitel, para entrar al mercado de telefonía local en Bogotá con quinientas mil líneas, y anunció el ingreso a los mercados de Cali y Medellín. Telecom pone la fachada mientras las multinacionales Ericsson, Siemens, Nortel y Nec, con un perfil bajo, asumen el control.

La convención colectiva firmada entre el gobierno y Sittelecom, en la que se acordó someter a la discusión del país la apertura de la larga distancia, hizo que las telefónicas locales pusieran el grito en el cielo y comenzaran a reclamar su propia autonomía para hacer alianzas con los grandes consorcios y poder montarle competencia a Telecom. Con sus resoluciones, la CRT atizó el conflicto. En febrero de este año siete de ellas, encabezadas por la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB, y las Empresas Públicas de Medellín, anunciaron que interconectarían sus redes para establecer tráfico directo entre sí, y que iniciarían acciones judiciales y políticas para garantizar la “libre competencia”.

Los pleitos rindieron sus frutos, y en los meses de junio y julio varios fallos de tutela ordenaron “hacer efectivo el derecho a la igualdad” y poner en marcha el proceso de concesión de licencias a nuevos operadores de larga distancia, para júbilo de los cuatro macroconsorcios que controlan las telecomunicaciones a nivel mundial, y que ya tienen vía libre para desmantelar a Telecom y engullirse el mercado colombiano. En estos días se vino a saber que mientras Samper y el ministro Saulo Arboleda hacían declaraciones públicas de respeto a lo pactado con los trabajadores, su viceministro, Fernando Bautista, hoy titular de la cartera de Comunicaciones, les garantizaba a las multinacionales yanquis que la apertura de la larga distancia era irreversible, e incluso les hacía la confidencia de que había sido él quien aconsejara a las telefónicas locales interponer las tutelas.

Con su característico cinismo Samper salió a decir que estaba obligado a cumplir con los fallos de la justicia, y la CRT se apresuró a dictar la resolución 086 en la que fija las condiciones para el ingreso de los nuevos operadores del servicio de larga distancia, y obliga a que las telefónicas locales entren en sociedad con un “operador estratégico” que acredite haber “cursado, durante el año anterior a la solicitud de concesión de la licencia, más de cuatrocientos millones (400’000.000) de minutos de larga distancia internacional.” El requisito no puede ser cumplido por ninguna empresa nacional, pues solo Telecom ha prestado servicio de larga distancia. El “socio” no pueden ser sino las multinacionales más poderosas del sector que, con los buenos oficios de organismos como la CRT, vienen en una ofensiva para minar la existencia de cualquier vestigio de políticas nacionalmente centralizadas e imponiendo el ambiente natural en el que medran: la fragmentación.

Por el contrario, en el campo de las trasnacionales, se vive un proceso de concentración sin precedentes. Portafolio del 25 de agosto informaba sobre la tendencia a que todo el mercado mundial de telecomunicaciones quede en manos de cuatro macroconsorcios. El primero, Concert, conformado por la inglesa British Telecom y MCI, segundo operador de Estados Unidos. Según los expertos es el que tiene las mejores posibilidades en América Latina, pues recientemente absorbió a la Telefónica de España y a Portugal Telecom, que le servirán de mascarón de proa para tomarse el mercado regional.

Global One es el otro gigante, conformado por la francesa France Telecom, la alemana Deutsche Telekom y Sprint de Norteamérica. AT&T y Unsourse de los Estados Unidos, junto con KDD del Japón y Singapur Telecom conforman World Partners, el tercero, y una alianza en ciernes entre la inglesa Cable & Wireless y la primera operadora mundial, la NTT del Japón, conformarían el cuarto.

Los varios asaltos sobre la ETB

En el caso de la ETB, encontramos que a los mandaderos de los monopolios no les basta la autonomía que brinda la transformación de la empresa en industrial y comercial del Estado: el Concejo la aprobó el año anterior y el profesor Antanas la objetó. El gerente, Sergio Regueros, que pasaba de los cocteles con las multinacionales a las sesiones del Cabildo, fue siempre claro en que no los satisfaría sino la conversión en sociedad por acciones, pues esta figura permite “mayor autonomía”.

Como no habían podido cumplir su objetivo, entró en escena la Superintendencia de los Servicios Públicos, la cual pretextando diversos problemas en la empresa, anunció un proceso que llevaría a la intervención de la ETB para privatizarla por esa vía. La tapa fueron dos “acciones de cumplimiento”, una interpuesta en medio de su fugaz campaña a la Alcaldía por Nestor Humberto Martínez, para que Paul Bromberg obligara al Concejo a cumplir con la Ley 142, y la otra interpuesta por Bromberg contra el Cabildo con el mismo fin.

A lo largo de las discusiones sobre la venta del patrimonio público, fue quedando claro que para los monopolios imperialistas y criollos la posibilidad contemplada en la ley 142 de que las empresas pueden transformarse en industriales y comerciales del Estado, terminó siendo una incomodidad. Poco a poco fue urdiéndose la manera de torcer la ley sin pasar por el Congreso. Primero fueron sendos conceptos de la CRT y de la Superintendencia de los Servicios Públicos. En ellos se miente con la mayor frescura, asegurando que otra ley, la 286, que amplió los plazos para la transformación de las empresas y el desmonte de los subsidios, había también modificado la 142 dejando únicamente la posibilidad de conversión en sociedades por acciones.

Por último, el 17 de septiembre se conoció un concepto del Consejo de Estado en el que se ratifica lo planteado por la CRT y la Superintendencia. El alto tribunal quedó desnudo mostrando sus vergüenzas. Así funciona la democracia burguesa en los tiempos de la recolonización. Los monopolios imperialistas utilizan a su amaño los tres poderes según las circunstancias. Para darles a las empresas la autonomía que les permita ponerse en venta por encima de los órganos legislativos, no tienen problema en pisotear la misma ley que invocan para aumentar las tarifas y eliminarle los subsidios a la gente del común.

En resumen, podemos decir que la autonomía en boga es un instrumento de la recolonización. El rescate de la independencia, de la unidad y dignidad nacionales, será el resultado de la hazaña libertaria que emprendan los oprimidos y patriotas encabezados por la clase obrera.

^[*] Publicado en Tribuna Roja Nº 74, octubre 4 de 1997.