La guerra por el precio de los medicamentos y la crisis de la salud
Reproducimos la entrevista concedida a El Espectador por el presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza Villa, en la que insiste sobre el enorme peso que tiene el precio de los medicamentos en la crisis de la salud, agravado por la corrupción; además, muestra aspectos de la batalla que se libra entre las multinacionales farmacéuticas y los productores de genéricos en el mundo y cómo la política del gobierno favorece a las primeras.
La Federación Médica Colombiana (FMC) viene adelantando por su cuenta investigaciones para conocer el origen de la crisis de la salud y halló en la liberación de precios de medicamentos uno de los huecos que desangraron el sistema. Llevan ocho años haciendo seguimiento al recobro por medicina de alto costo, encontrando que entre 2008 y 2010 se generaron reclamos al Fosyga por casi $6 billones y que Colombia ha pagado más por medicamentos que otros países. Su labor no ha sido fácil, pues para acceder a la información han tenido que acudir a las tutelas para obligar al Fosyga y al Ministerio de Protección a entregar los datos.
Hoy, cuando el Gobierno intenta retomar las riendas del control de precios, se empieza a desnudar el conflicto de intereses detrás del negocio de los medicamentos. Ejemplo de esa guerra se vive en la discusión por la regulación de los biotecnológicos: mientras el Gobierno quiere abrir las puertas para buscar mejores precios, en el debate han terciado organizaciones de médicos y pacientes que han criticado la medida. La razón: sus posibles lazos con las farmacéuticas, que quieren mantener cerrado el mercado nacional, como lo ha denunciado El Espectador.
Sergio Isaza Villa, presidente de la FMC, habló sobre los líos que han llevado al sector salud a la crisis.
¿Cuál es la magnitud de la crisis de la salud en los últimos años?
Es un monstruo grande. Es la mayor defraudación al Estado y a los colombianos, que supera los $13 billones. Según datos oficiales, sólo por recobro de medicamentos, entre 2008 y 2010 la defraudación alcanza casi $6 billones. Si a esto se le suma la deuda con la red pública y privada de hospitales, que son casi $7 billones, vemos que la cifra va en aumento. Sin embargo, podría ser más grande, debido a que el Fosyga no ha entregado la información completa y depurada, y la ha dilatado.
¿Habla de un desastre informático en el Fosyga?
A través de tutelas logramos que la Corte le ordenara entregarnos la información de recobros, pero encontramos que nos enviaron pura basura. El Fosyga reconoció que su base de datos de recobros no coincide con los documentos físicos que entregaron las EPS. Hay una incertidumbre total, porque realmente no se tiene claro cuánto dinero se perdió del sistema de salud. Se calcula que son casi $14 billones, pero podría ser más. Se ha perdido el dinero y alguien lo tiene en el bolsillo. El Gobierno debe declarar la “emergencia informática”, porque no sabemos a qué atenernos frente al manejo de los dineros del Fosyga.
¿Qué más encontraron en medio del desorden del Fosyga?
Un desgreño y pagos que no tienen razón de ser. Casos como grandes diferencias en el cobro de dos EPS por un mismo medicamento. Además, que muchas recobraron procedimientos que estaban en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Por ejemplo, por factores antihemofílicos sólo en 2009 reclamaron casi $15 mil millones y si sumamos otros años, podría ser de casi $50 mil millones. Queremos que esa plata se recupere.
¿Dónde quedó la plata desviada?
Eso se lo tienen que preguntar a los intermediadores del sistema. La salud ha manejado casi $40 billones anualmente y pese a que un gran porcentaje es de destinación específica, durante 18 años las EPS han usado estos dineros como recursos privados para engordar su capital, pagar impuestos, hacer hoteles, canchas de golf, patrocinar equipos de fútbol, para exportar capital. Ahí está la plata. Ahora las EPS deben demostrar sus estados de cuentas y en lo que se ha visto, las cifras que han presentado son mínimas frente al desfalco que existe. Son 18 años de robo continuado.
¿La deben devolver?
Quién la va a devolver, si en la ley de seguridad social no está previsto qué se debe hacer cuando algo así ocurra. Hubo permisividad y falta de vigilancia. Dos profesores de Harvard, que fueron los asesores para la reforma a la salud, dijeron hace poco que en Colombia les dieron tal libertad a las EPS, que alcanzaron poder político y económico difícil de controlar.
¿Los medicamentos más caros de la región los paga Colombia?
Los precios nacionales son casi cinco veces más que el precio internacional. ¿Por qué no regulan esos precios? Ahora intentan presentar ese control y esperamos que sea eficaz, para poner freno al desangre por la vía de recobros. Consideramos que las medidas deben ser fuertes, pero un régimen de control de precios sería mejor.
El medicamento Rituximab fue uno de los más recobrados, pero ahora está en el POS. ¿cuál será el beneficio?
Ahora que las EPS lo tienen que pagar, ya no lo van a comprar a cualquier precio. Antes se lo recobraban al Fosyga y no les importaba. Se presentaron casos en que una entidad cobraba el medicamento a 700 mil pesos y otra a casi $3 millones. Ahora no se presentará eso.
¿Qué responsabilidad tendría el exministro Diego Palacio?
La Comisión de Precios de Medicamentos la integran un delegado del presidente de la República, el ministro de Protección y el ministro de Comercio. Ellos eran los encargados de los precios y sobre ellos debería recaer la responsabilidad del problema.
¿Por qué liberaron los precios de los medicamentos?
Ahí es donde uno cuestiona cuál es la política farmacéutica del Gobierno. Queremos saber si ya existe el documento Conpes de política farmacéutica. El país enfrenta un gran problema y ahora se agudiza con el debate de los medicamentos biotecnológicos, que en caso de no reglamentar una política que beneficie al paciente y decida ceder a las presiones de los productores, podría ser otro atentado contra la economía del sistema.
¿Qué buscan los productores de biotecnológicos?
Quieren que el Gobierno permita que el primero que llegue al país con el medicamento sea el único que lo pueda vender. Lo que pasa es que hay otros países que han diseñado compuestos muy competitivos por precio. Lo que se viene es una guerra comercial muy importante en el mundo.
¿Ustedes como FMC insisten en que el Estado retome el control de precios?
Cuando existían las EPS públicas, regulaban los precios. Al acabarlas, los precios de los medicamentos se dispararon. Las IPS privadas buscan rentabilidad y el paciente pasa a segundo plano. En el tema del recobro de medicamentos con libertad de precios encontraron una posibilidad de ser rentables. Es por esto que en el país se debe diseñar una política de contención de costos.
¿Cree que las reformas planteadas pueden servir?
Es muy difícil. Se sabe que van a cerrar muchas EPS, ¿y la plata que deben? ¿Quién va a resolver ese dinero? Dudamos que vaya a mejorar, porque ahora buscan que el manejo que las EPS le dan al dinero de la salud lo controle la Superintendencia Financiera y no la Supersalud. Esto confirma que la seguridad social la están viendo como negocios y llegará un momento en el que el dinero de la salud lo van a manejar los banqueros.
¿Cómo salvar el sistema?
Mientras el sistema esté estructurado sobre el lucro sin control suficiente, esto no sirve. Se debe estructurar uno donde el eje sea el paciente y con la garantía de hacer real el derecho a la salud. El sistema puede funcionar con una red mixta, pero el control debe ser completamente estatal y con vigilancia de la ciudadanía.
Caso Roche
Una de las medidas que tomó el Gobierno en la pasada emergencia social para la autorregulación de precios de medicamentos fue la de las llamadas listas de importaciones paralelas, en las que se autorizaba a cualquiera a importar ciertos medicamentos para buscar un mejor precio. Esto hizo que los laboratorios los bajaran hasta un 40%.
En 2010 se registró un caso puntual con ocho productos de la multinacional Roche, que entre 2008 y 2010 representaron recobros por casi $800 mil millones. Al conocer que esos productos eran más baratos en otros países, los incluyeron como importaciones paralelas. Curiosamente, tres semanas después el ministro Diego Palacio echó para atrás la decisión, argumentando que el laboratorio había rebajado sus precios y que la compra se debía hacer con el distribuidor. Este caso es investigado por la FMC, que le pidió al Minsalud el precio pactado con Roche, que se ha mantenido en reserva. Hace poco, la Corte Constitucional falló a favor de la FMC una tutela en la que obliga al ministerio a dar los datos.
“¿Cuál es el juego de poderes? Es mucha plata la que se maneja. Tenemos que hacer el llamado a los organismos de control y cuestionar el papel que cumple el Ministerio de Comercio en el control de precios internacionales y la correlación de precios que se manejan en Colombia y en otros países”, dijo Sergio Isaza, presidente de FMC.
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