Viejas argucias, nuevos atropellos* (I)

Como lo hemos venido denunciando en artículos anteriores, se prepara una nueva arremetida contra el salario mínimo —y, con ella, en general contra los sueldos— estableciendo montos inferiores para las regiones, el sector rural, para los jóvenes y para las mujeres, bajo pretexto de ofrecerles oportunidades de empleo. ¹

También se busca arrasar el derecho a la pensión de vejez mediante:

• el aumento de la edad y de las semanas de cotización,
• la rebaja a sumas irrisorias de la mesada,
• la entrega de las cotizaciones a los tiburones financieros,
• la aprobación de pensiones inferiores al salario mínimo legal,
• la igualación del requisito de edad para hombres y mujeres, en unos 70 años,
• la eliminación de los regímenes especiales, como el del magisterio.

Con estos propósitos, los financistas y sus cortesanos recurren, otra vez, a viejos argumentos y herramientas ideológicas que han venido usando en las últimas décadas: que los salarios, prestaciones y derechos obreros son la causa de la pobreza, el desempleo, las estrecheces del fisco y la situación calamitosa de la economía nacional. Que es necesario que los ocupados se sacrifiquen para que alivien a los desocupados; que quienes tienen apenas un pan deben entregarle más de medio al fisco dizque para que lo destine a los famélicos. Que, eso sí, de los opulentos nada ha de tomarse, pues de la bonanza de ellos, según se afirma con lógica harto retorcida, depende la ventura de todos los nacionales.

La repetición de las mismas patrañas pone al desnudo no solo el escaso ingenio de los despojadores, sino también la débil memoria de las víctimas. Del repaso de leyes y exposiciones de motivos brota la claridad de que los sacrificios impuestos a las gentes mediante halagüeños pronósticos no han hecho nada distinto que agudizar las penalidades de las mayorías y que, por tanto, es imperativo aprestarse a resistir a las próximas andanadas, en vez de hacerse ilusiones, tragar entero o desentenderse de asuntos tan fundamentales. Hay que ocuparse de hacer conocer a millones de personas el plato tóxico que les cocinan los poderosos, organizar comités en fábricas, barrios y oficinas que se pongan al frente de la lid; no confiar a cortes, parlamentarios, procuradores, defensores o dirigentes más que apoltronados lo que le corresponde asumir a cada uno. Enfrentar las medidas que lesionan a millones, demanda el esfuerzo de esos mismos millones.

La tarea no se limita a parar el golpe, sino que requiere que se someta a examen minucioso que desenmascare cada uno de los postulados con los que se justifican las larguezas con los plutócratas y se flagela a las gentes. Que este debate ayude a mejorar la comprensión acerca de las causas del atraso del país, del abatimiento de las industrias, de la pobreza de campos y ciudades; que el asalariado no sienta vergüenza de defender su ingreso y que rechace la infame afirmación de que sus entradas son el origen de la ruina general. Desatender la batalla en la arena de las ideas no es otra cosa que facilitar que en las cabezas de los oprimidos predominen los pensamientos de los opresores, pensamientos que llevan a que la servidumbre se acepte mansamente. Ya la ofensiva ideológica de los saqueadores está en marcha, hay que responderle sin tardanza. La pelea por la defensa del salario mínimo y de las pensiones debe entenderse como parte de la gran lucha por el progreso del país y el bienestar general, cuya guarda corresponde a las personas laboriosas, no a los parásitos de las finanzas, sean nacionales o extranjeros.

Ley 50 de 1990 ²

El año de 1990 concluyó con la aprobación de la Ley 50, componente esencial del conjunto de disposiciones encaminadas a adecuar el país a las políticas de apertura económica. No es extraño que en la primera tanda de reglamentaciones figurara la reforma al Código Laboral, pues el afán dominante de los mandamases del mundo ha consistido en quebrantar la resistencia de los asalariados para abrirle el campo al más despiadado espolio.

En consecuencia, dicha Ley horadó la estabilidad, facilitando echar a la calle a quienes llevaran más de diez años laborando para la misma firma —para lo cual antes se requería de autorización del Ministerio de Trabajo—, eliminando la “pensión-sanción”, que obligaba a la empresa a jubilar a quien hubiera sido despedido de manera ilegal, y autorizando los contratos a término fijo inferiores a un año, renovables hasta por tres veces; facilitó también los despidos colectivos. Se argumentó, con mal disimulada sorna, que lo importante no era la estabilidad en el empleo sino la del ingreso, y se anunció un miserable subsidio de muy corta duración para los desocupados, que se financiaría, no con recursos provenientes del fisco ni de las empresas, sino con los dineros destinados a las Cajas de Compensación Familiar. Campearon, entonces, la inestabilidad y la zozobra; se debilitó la sindicalización, se acentuó la arbitrariedad en la factoría y la oficina.

A manera de hoja de parra, la Ley de marras ofreció respetar el derecho colectivo, suscribir los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, etc. Pero, cuando queda a merced del patrón la permanencia en el puesto, ¿qué derechos sindicales se garantizan? Las cifras lo demuestran: en 1990 había en Colombia más de novecientos diez mil afiliados a sindicatos, en 2010, apenas ochocientos once mil (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/09150.pdf). Es lo típico de la legislación liberal burguesa, como la Constitución de 1991, en un artículo se consagran unas libertades, pero el conjunto las hace impracticables.

La Ley 50 también desmejoró la paga: introdujo el salario integral para quienes devengaran diez mínimos o más y obstaculizó la declaratoria de unidad de empresa, con el fin de que los empleados en nuevas plantas de producción de una misma compañía no pudieran disfrutar de las prestaciones obtenidas por los antiguos, y fomentó los horarios que permitían birlar el pago de extras y dominicales. De la misma manera, eliminó el carácter salarial de primas o bonificaciones extralegales, para evitar las “prestaciones en cascada”.

La Ley 50 dio una gran zancada para consolidar el acogotamiento de la sociedad por parte de los agiotistas, a quienes les entregó el manejo de las cesantías quitándoselo a las empresas; verdadera ganga para los especuladores, que en adelante dispusieron de billones de pesos para adelantar sus aventuras. Por ejemplo, en febrero de 2018, los fondos de pensiones y cesantías recibieron por este último concepto más de cinco billones de pesos, que fueron a parar principalmente a Porvenir, del Grupo Aval, y a Protección, del Grupo Empresarial Antioqueño. La mencionada Ley terminó con “la retroactividad de las cesantías”, es decir, con el deber de compensar la depreciación de estos ahorros a causa del incremento de los precios, lo cual contrasta con el trato que al mismo tiempo se les daba a los compradores de vivienda, a quienes se mantenía asfixiados mediante la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, hoy UVR, para garantizar que los prestamistas no resultaran afectados por la inflación. Son contrastes que revelan a qué intereses servía, y sirve, la política del Estado.

A objeto de abrirles paso a tales propósitos, los teóricos a sueldo del capital blandieron una ideología cuyos dogmas han presentado como leyes inquebrantables de la economía y único derrotero posible para la humanidad. Como prueba de que se afianzaría el evangelio capitalista, el artículo 107 reemplazó la palabra “patrono” por “empleador”, con lo que el patán burgués entró al santoral revestido como dispensador generoso del bien más preciado, y el obrero, de productor de riqueza, pasó a beneficiario de la dadivosidad de su explotador. Arguyeron el régimen de César Gaviria y el senador ponente, Álvaro Uribe, que la legislación que había estado vigente atentaba contra la generación de empleo y que era indispensable corregir las distorsiones que aquejaban al mercado laboral, puesto que elevaban los costos por exceso de protección a los trabajadores e introducían incertidumbre en lo atinente a las obligaciones empresariales. Se trataba, entonces, de flexibilizar las relaciones laborales desde el punto de vista patronal y hacerlas más férreas para el obrero, adecuándolas a la “modernización” de la economía y a su internacionalización. En su lógica, solo el oneroso régimen laboral y la concepción “proteccionista” obstaculizaban el que las factorías colombianas conquistaran los mercados de allende los océanos, con millones y millones de ansiosos compradores. La inversión entraría al país en tropel y, consecuentemente, se minimizarían el desempleo y la pobreza. También aseguraban que los beneficios de dichas modificaciones legales abarcarían a la microempresa, a la economía campesina, a la informal, que se trocaría en formal. Con el pretexto de que la voracidad de los obreros impedía la felicidad de la nación, se procedió a saciar la codicia de la banca y de la gran empresa.

Cuando, en 1990, se impuso la reforma al código de trabajo que aquí se ha resumido, la tasa de desempleo era del 10.5% , y en enero de 2018, casi 28 años después, las tasa nacional llegó a 11,8%; 2’878.203 colombianos que buscan afanosamente un puesto no lo consiguen. En el total de las trece mayores ciudades y áreas metropolitanas la desocupación es de 13,4% y el nivel de ocupados, en vez de incrementarse, cayó en 183.000 personas.

Las enormes privaciones impuestas a los trabajadores (no solo con la Ley 50 sino con toda la runfla de disposiciones antiobreras) so pretexto de poner fin al azote del desempleo solo han servido para que los grandes grupos económicos llenen sus arcas. Los argumentos que los economistas a sueldo de los potentados han presentado como la más sabia ciencia resultaron falsos, y ha quedado al desnudo que con ellos solo buscaban sembrar cizaña y embaucar a los humildes. No hay que engañarse, a los dueños del país les importa un bledo tanto la suerte de los cesantes como las angustias de los que laboran; su única preocupación consiste en desvalijar el país y expoliar la mano de obra.

Preparémonos, en consecuencia, a derrotar las nuevas agresiones con la fuerza que da la convicción de que la verdad, la justicia y la moral sustentan la causa de los trabajadores en su lucha contra una oligarquía de banqueros, gerentes de empresas multinacionales y políticos, que acaparan toda la riqueza, se roban legal e ilegalmente el presupuesto, se apoderan de los recursos naturales, y a los municipios y al país no les dejan sino contaminación y miseria. La causa del obrero es la misma del campesino y del indígena, del empleado y del profesional, de las mujeres y los jóvenes, de los pequeños y medianos productores de la ciudad y el campo.

¡¡¡Con las pensiones no!!!
¡¡¡Salario mínimo digno!!!

El próximo artículo abordará las alteraciones producidas por la Ley 100 de 1993 en lo relacionado con el sistema pensional, y los argumentos que los capitalistas acuñaron a ese propósito.