Sin indiferencia: más de lo mismo

Por Francisco Cabrera

El alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón presentó el proyecto de Plan de Desarrollo, Sin indiferencia. Su costo es la bicoca de 21 billones de pesos que saldrán de más impuestos, más deuda y más descapitalización de las empresas de servicios. Su objetivo es mantener la ciudad por la misma senda transitada por sus antecesores, con sus consecuencias de desempleo y miseria para los pobres y de privilegios para los monopolios. Con el Plan, el lobo se quitó completamente la piel de oveja dejando al descubierto los dos más grandes embustes del Polo Democrático Independiente, PDI, durante la campaña: que no habría más impuestos y que se apartaría de las políticas neoliberales.

Más impuestos…

Ahora les sale a los bogotanos con el azote del cobro de 865 mil millones de valorización por beneficio local, 35 mil millones anuales por la sobretasa a la telefonía fija, 70 mil millones anuales por impuesto al alumbrado público, 163 mil millones de pago por plusvalía urbana, a lo que se agrega la ampliación de la base tributaria del impuesto a la publicidad exterior. Para colmo, en entrevista concedida a Yamid Amat, el alcalde afirmó que se necesitan 7,5 billones para la malla vial y que realizará plebiscitos en las localidades para que la comunidad se ponga la soga al cuello de financiarla por valorización*. Pero allí no para todo; al igual que Mockus y Peñalosa, el ex presidente de la CUT va a flescapitalizar nuevamente las empresas del sector eléctrico sacándoles 600 mil millones y endeudará la ciudad en 2 billones de pesos, todo lo cual se hace a costa de exprimir a la ciudadanía.

Los contribuyentes comenzaron a sentir ya un aumento extorsivo del predial por la vía de la actualización catastral: 16,82% en el estrato 1; 24,19% en el 2; en e!3,13,73%; en e!4,10,05%; 17,10% en el 5 y 7,12% en el estrato 6. Lo mismo sucedió con el impuesto de vehículos, que se incrementó en promedio 24%.

Los habitantes de la Capital ya no aguantan más. Sobre sus esquilmados ingresos recaen las reformas tributarias que año tras año imponen en el país los gobiernos de turno obedeciendo al Fondo Monetario Internacional (ver Notas Obreras, Estado alcabalero y policivo), los crecientes impuestos distritales y algunos del departamento. Lo que tienen que soportar es una verdadera sobrecarga tributaria, pues una cuarta parte del PIB de la ciudad se dedica al pago de toda suerte de gravámenes.

El endeudamiento y la descapitalización de las empresas también se sufragan con el sudor de los bogotanos. Al finalizar 2003, el Distrito debía un billón 730 mil millones de pesos y ese año pagó a los buitres del capital financiero 184 mil millones —más del 10%— en intereses. El plan Sin indiferencia contempla un endeudamiento de 2 billones de pesos entre 2004 y 2008, cifra superior a la acumulada hasta el momento. La principal fuente de crédito será la emisión de bonos, uno de los bocados predilectos de los especuladores internacionales.

Sobre la descapitalización de la EEB, Codensa y Emgesa, Garzón resultó un completo paquete chileno. En Colombia, hasta personas que no han sido nunca de izquierda, como Jaime Castro, criticaron esta práctica que consiste en devolverles a los inversionistas extranjeros parte del dinero con el que adquirieron la mitad de la Empresa de Energía de Bogotá sin disminuirles su participación accionaria; con la proyectada, las devoluciones ya suman cerca del 50% de lo invertido por el monopolio español Endesa. Los perjudicados terminan siendo los usuarios, pues al tiempo que se devuelven los “excedentes”, las nuevas inversiones se financian con créditos que se pagan con el aumento de las tarifas.

…Y más neoliberalismo

Si miramos en qué se va a gastar la plata, aparece el otro engaño. Garzón se ganó el voto de los inconformes diciendo que su gobierno se apartaría del neoliberalismo, pero su plan, incluido el tema social, nos recuerda los malos trabajos de los estudiantes que copian las tareas de otros haciendo leves cambios de forma. Sin indiferencia no es más que la continuación de los programas que se adelantan en Bogotá desde hace doce años, para vender la ciudad —incluyendo las almas, como en la edad media— al capital monopolista.

Las medidas económicas que se practican en el sur del continente con miras a su anexión a la metrópoli norteamericana, contemplan paliar sus consecuencias: desempleo, pauperización y hambre. El Banco Mundial recomienda tales medidas remediales en todos sus estudios, tras presentar las estadísticas sobre los millones de personas en la indigencia y por debajo de la línea de pobreza. Por ello, los planes de gobierno siempre incluyen la “focalización” de ciertos recursos en “los más pobres”, o en los sectores “más vulnerables”. Se trata, principalmente, de subsidios en salud, cupos escolares, reparto de raciones alimenticias y programas para la infancia, ancianos y madres cabeza de familia. En últimas, pañitos de agua tibia para aliviar los efectos del mal, manteniendo intactas las causas. He ahí el eje social del Plan de Desarrollo del “compañero Lucho”. Sobre la agenda respectiva, Garzón y Uribe, el centroizquierdista y el ultraderechista, se pusieron de acuerdo en adelantarla conjuntamente. En la mencionada entrevista con Yamid Amat, el burgomaestre, haciendo gala de un pragmatismo rayano en la vulgaridad dijo: “El estómago no diferencia si lo llena el Presidente o el Alcalde”.

La recolonización de la América rezagada no se hace sin generar un inmenso malestar social. Para aconductar a los inconformes se requiere de una tenaz labor ideológica que evite la “polarización de clases” y ponga énfasis en la “cultura cívica”, la “solidaridad”, la “concertación”, la “resolución pacífica de conflictos” y en fin, la obediencia a la ley. Por ello, los planes de desarrollo de las últimas administraciones contemplan ese ingrediente, llámese “Cultura ciudadana” (Mockus), “Seguridad y convivencia” (Peñalosa) o “Reconciliación” (Garzón).

En la medida en que el desastre económico sea mayor, mayor será la necesidad de estas políticas en cuya aplicación han resultado ser más efectivos los gobiernos de centro izquierda, como el de Lula en el Brasil. Para llevarlas a cabo, en todas partes se ha formado una copiosa red de ONG que ondean la bandera de alguna noble causa social, pero cuyo móvil real son los contratos con el Estado y mendigar recursos de otras ONG más grandes y adineradas: las “piadosas” fundaciones creadas por los monopolios en los países desarrollados. Cualquiera que revise el plan Sin indiferencia observará que la mayoría de los programas de los ejes social y de reconciliación son una fuente de contratos a porrillo con las ONG que se encargarán de engatusar a los habitantes de los tugurios, a quienes no les quedará nada, mientras aquellas se embolsillan una buena parte del presupuesto.

Veamos ahora brevemente el “eje urbano regional” del Plan de Desarrollo. Allí ocupa un lugar clave crear la “ciudad región” con Cundinamarca. La idea no es nueva, ni su autoría es del Polo. El invento es del imperialismo, cuyos teóricos pontifican acerca de que la competencia en los tiempos modernos no es entre naciones, sino entre ciudades y regiones. De esta forma buscan debilitar los Estados fragmentándolos en entidades “autónomas”, pequeñas, con suficiente mano de obra barata disponible, especializadas en determinados productos y servicios y fácilmente manipulables por los grandes consorcios. En Colombia este federalismo al servicio del capital imperialista quedó plasmado en la Constitución de 1991, de la cual Garzón es tan devoto, y que se hizo precisamente para allanarle el camino al neoliberalismo, con la colaboración del M-19, cuyo jefe de entonces, Antonio Navarro, es hoy aspirante presidencial por el PDI.

La pasada administración modificó el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, sólo para añadirle dos aspectos: el “social” y la “ciudad región”. Con esta última, el ámbito de los negocios en el renglón de los servicios se amplía, se dan pasos hacia la creación de las llamadas cadenas productivas, orientadas a las exportaciones y se desplaza hacia municipios de la Sabana la oferta de tierra urbanizable para regular el crecimiento de la ciudad. Sin indiferencia es el desarrollo normal, la continuación, de un plan mayor que completará, con ésta, los períodos de cinco alcaldías.

Desde Jaime Castro hasta Garzón, los planes de desarrollo del Distrito los dictan los intereses del capital financiero y de los grandes consorcios con el propósito específico de que la ciudad se ofrezca en el mercado mundial. Castro comenzó con una reforma institucional, el Estatuto Orgánico, que le quitó poder al Concejo y lo concentró en el Alcalde; estableció los mecanismos tributarios para recaudar mucha plata para destinarla a los proyectos considerados “estratégicos” y descentralizó la ciudad para que, con una chichigua del presupuesto, las localidades se las arreglen como puedan, pero que crean, eso sí, que han “tomado en sus manos su propio destino”. Desde entonces, todos los planes consignan la necesidad de preparar la ciudad para “insertarla en un mundo globalizado”, hacerla “competitiva en los mercados internacionales”, “elevar la productividad urbana”, “incrementar sus exportaciones”, “elevar la calidad de vida”, “mejorar el capital humano” y otro sartal de frases por el estilo.

Esta ha sido también la era de los grandes negociados. Mencionemos sólo los más jugosos. Se entregaron en concesión el servicio de aseo, la descontaminación del Río Bogotá y la planta de tratamiento de aguas de Tibitoc; se enajenó la mitad de la Empresa de Energía y se pusieron en venta las acciones de la Empresa de Teléfonos; las grandes inversiones en infraestructura vial y en acueducto y alcantarillado se les otorgaron a contratistas privados; los hospitales se convirtieron en Empresas Sociales del Estado, ESE, y pasaron a ser piezas del engranaje de la salud privatizada; con abundante subsidio del Estado, el transporte público se está transformando, a través de Transmilenio, en un monopolio y en el más fabuloso negocio de unos cuantos capitalistas. En cada uno de los casos enumerados las ganancias de los inversionistas se convierten en tarifas inaguantables y mayores cargas tributarias para la ciudadanía. Y a pesar de que descalabros como el de las troncales de Transmilenio en la Avenida Caracas y la autopista del norte y el peso oneroso de la planta de El Salitre demuestran el fracaso de la privatización, al “compañero Lucho” no se le ocurre variar el rumbo, sino tranquilizar a los magnates con la seguridad de que bajo su mandato tal cambio jamás se producirá. Pero sí se producirá, muy a pesar del burgomaestre izquierdista, cuando las masas desechen las ilusiones creadas en la campaña y se levanten a rechazar los impuestos abusivos y a exigir los derechos tantas veces conculcados.

Marzo 22 de 2004