Rosario de obsequios para el capital financiero

Sin entrar en discusiones sobre la estrechez de miras del señor Sarmiento, lo que importa es el cariz de sus recomendaciones al gobierno, que versan sobre cómo salir de la asfixiante situación en la cual los inversionistas son sometidos a las más altas tasas impositivas, que les impiden el generoso empeño de crear empresa, mientras que los impuestos al consumo y a las rentas del trabajo se alejan al máximo de la equidad. Para ello formula promover la inversión privada y reducir el gasto público; no solo frenar cualquier nuevo aumento de los gravámenes a las empresas -que, para él, son los más altos del mundo- sino reducirles los actuales, incluidos los que se aplican a las ganancias y al capital, ya que aquellas se radican donde las tratan mejor, lo que se traduce en aliviarles las tasas para que crezca el empleo y, que los sindicatos deben ceder sus “pretensiones salariales”, “sus cortas jornadas laborales” y sus “altas pensiones”, que impiden atraer nuevos inversionistas, planteamientos laborales que deslizó mediante una sesgada referencia al debate que al respecto se vivía en Alemania.

También instruyó sobre que en Colombia la productividad del IVA no es ni sombra de la de países como Chile y que debía seguirse el ejemplo de España cuyo descollante éxito se debía a la universalización del IVA de 16%. Ejemplificó sobre la disciplina fiscal con el caso de Irlanda. Volvió con Chile para encomiar sus reformas fiscales, comerciales y pensionales y su elevación del IVA a 18 y 19%, para sustituir los ingresos arancelarios dejados de percibir por cuenta de los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Señaló que son condiciones sine qua non para atraer la inversión: la estabilidad tributaria, bajarle los impuestos a la inversión productiva y seguir el camino de las social democracias modernas en las que el grueso de la tributación deriva del cobro generalizado del IVA. No dejó de subrayar la necesidad de darle un vuelco al sistema judicial, sobre todo para hacer más expeditos los juicios hipotecarios, es decir, la expropiación de los inmuebles de los entrampados deudores de sus corporaciones. Finalmente, insistió en mantener la “seguridad democrática” como “la más extraordinaria inversión tanto en términos sociales como en términos económicos”.

En relación con este último tema, en el foro “Construyendo Comunidad en Defensa de Colombia”, organizado por ANIF y el Ministerio de Defensa, el pasado 30 de abril, y en su calidad de miembro del Comité de Ética y Transparencia, organismo creado por Uribe “para vincular al sector privado a la importante tarea de fortificación y orientación de los recursos públicos aplicados al área de defensa y seguridad ciudadana” -más exactamente para que sean los mandamases quienes definan qué se hace y qué no con los más de 5 billones de pesos del impuesto al patrimonio-, planteó que para disfrutar de los dividendos  de la consolidación de la paz, entre 2010 y 2014, deberían abordarse al menos tres tareas urgentes: vincular la Orinoquia con su “potencial agro industrial maravilloso” al desarrollo, relamiéndose con lo que para sus propias arcas significaría la financiación de grandes plantaciones y la dotación de la infraestructura necesaria para ese propósito^[1]; la fortificación del aparato judicial, para lo cual recordó cómo Uribe había decretado el “estado de excepción” para reprimir a los empleados judiciales, luego de los pronunciamientos del magnate en octubre de 2008; y, por último, fortificar el aparato de defensa, el monopolio de la fuerza por parte del Estado, la verdadera garantía de la supervivencia del régimen.

En este último punto su perorata “académica” se circunscribió a lamentarse de que desde los años noventas al andamiaje represivo se le dé tratamiento de choque mediante el acopio de recursos ocasionales, “de travesía”, como los llamados bonos de seguridad, las sobretasas al impuesto de renta o el gravamen al patrimonio líquido de las empresas, actualmente tasado en 1,2% para los superiores a tres mil millones de pesos, el cual vence en 2010. Y dado que cada vez se trata más de proveer el servicio normal y habitual de seguridad,  los recursos para el loable fin de que todos (ricos y pobres, ahítos y hambrientos) estemos seguros, no deben provenir de fuente distinta del presupuesto ordinario de gastos, lo mismo que la educación, la salud, la justicia, etc. El columnista Antonio Caballero lo sintetizó con ingenio: “Y además expandirlo [el impuesto de guerra], tal como se lo pidió (¿o se lo ordenó?) al gobierno el poderoso banquero Luis Carlos Sarmiento, para que lo paguen todos los colombianos. Así la costosa “seguridad democrática”, que no lo es en sus resultados, lo será por lo menos en sus medios. Ponían la plata los ricos, y la sangre los pobres. Ahora los pobres tendrán la oportunidad patriótica de poner también la plata. Cohesión social, se llama eso. “

Dichos planteamientos, particularmente el de que el mentado impuesto al patrimonio se sustituya por uno que cubra a toda la población,  los reiteró Sarmiento en reciente ceremonia en la que fue condecorado junto con los presidentes de la ANDI y Fenalco, también integrantes del tal Comité de Ética y Transparencia. Al día siguiente Uribe, viendo de procurarse la renovación de los afectos del caballero de las finanzas, anunció que debían acometerse los ajustes exigidos. Luego de esto el gobierno y la burguesía se han dedicado a fraguar una escalada impositiva que abarque a toda la población, exceptuando, desde luego, a quienes la propusieron. Esto no deja de poner en aprietos al presidente, no porque tenga alguna duda sobre cumplir con tales exigencias, sino por la razón elemental de que estas medidas se imponen pero no son muy apropiadas para recaudar votos. Para no malquistarse con los posibles electores, que lo mantienen aún como favorito en las encuestas, Uribe les deja a otros la tarea de abrirle el camino a otra reforma tributaria, mientras él se desliza, como lo hizo el 23 de junio pasado ante la asamblea de afiliados de la Cámara de Comercio, en donde planteó que se excluya del “tributo de guerra” a los 7.500 grandes contribuyentes, y se le aplique a “aquellos patrimonios que consolidaron elevadas sumas al final de los años fiscales 2007, 2008 y 2009”, además de una “transitoriedad más prolongada en el tiempo, con tarifa baja para todos los patrimonios de cierto nivel hacia arriba”.

En verdad que no es fácil para el señor Sarmiento, como para los demás plutócratas, tomar una decisión sobre hacia donde inclinar sus preferencias en materia de candidaturas presidenciales. Tiene la convicción de que cuenta con la obsecuencia de Uribe, lo cual lo seduce a apoyar las ambiciones del Imprescindible, pero le taladra el seso la certeza de que para la preservación del sistema que le ha dado todo conviene atenerse a las formas del Estado Social y Democrático de Derecho, que prescriben entre sus más preciados preceptos, la alternación en el solio de Bolívar.

En últimas, lo que les interesa a los banqueros, los favoritos de la seguridad democrática,  es que quien sea el próximo inquilino de la Casa de Nariño les garantice, además, la “bancarización”  de toda la sociedad; el mantenimiento de los préstamos a tasas de interés confiscatorias^[2], mientras captan del público y del Emisor a costes irrisorios; la reducción de encajes; la liberación total de las posibilidades de inversión, incluidos los dineros de las pensiones.

En efecto, al filo del cierre de la legislatura la semana pasada, acuciado por el gobierno, el Congreso aprobó la reforma financiera (“Proyecto de Ley Por el cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”, que hacía curso desde comienzos de 2008), el cual contiene una parte gruesa de las exigencias de los usureros. El estatuto está ornado con una larguísima enumeración de protecciones, derechos  y obligaciones del consumidor financiero: debida diligencia para su atención; garantía de que los productos y servicios que se le ofrezcan mantengan los “estándares” de calidad y seguridad; que los funcionarios y los clientes reciban la adecuada educación por parte de los bancos; que la publicidad sea veraz, oportuna, transparente, verificable; libertad de elección de la entidad con la cual realizar operaciones; transparencia; información cierta, suficiente, oportuna; responsabilidad para atender quejas; manejo adecuado de conflictos de intereses, para que siempre prevalezca el interés de los consumidores, eso sí “sin perjuicio de otras disposiciones aplicables al respecto”. Hasta la posibilidad de hacer reclamos, consultas, peticiones, solicitudes y quejas, claro está de “manera respetuosa”.

Todo lo anterior garantizado por un pomposo Defensor del Consumidor Financiero, que conocerá de los conflictos, que no superen los 100 salarios mínimos legales mensuales, entre los usuarios y las entidades, los cuales deberá atender y resolver de manera oportuna y objetiva, y cuyas decisiones, que serán obligatorias cuando así lo acuerden previamente las partes, prestarán merito ejecutivo y tendrán efectos de cosa juzgada. Sobraría decir que tal adalid de los clientes  lo designa la asamblea de accionistas para un período de dos años con posibilidad de ser reelegido para otros dos. Se descarta, entonces, que un entrampado deudor, por ejemplo, de un crédito usurero en UVR, sea nombrado para la benefactora posición. Por supuesto los bancos utilizarán desde su capacidad de coacción hasta las mañas del Defensor (que deberá, además, ser un archititulado en temas financieros), para someter a los “defendidos” a la voluntad de los banqueros.

Pero la esencia del estatuto consiste en entregarle al capital financiero los recursos de las pensiones y las cesantías para que jueguen al casino. Con el pretexto de reglamentar las “Facultades de intervención del gobierno nacional”, se expide toda una normatividad para que las Administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, puedan desatar una ola especulativa con los dineros de las jubilaciones. Para ello se crea el esquema de “multifondos”, con el fin de que el afiliado escoja aquellos que le ofrezcan las administradoras y que más se ajusten a su “edad y perfiles de riesgos” para “buscar una mejor rentabilidad”. El sistema tendrá cuatro niveles: tres en la llamada etapa de acumulación: conservador, moderado y de mayor riesgo; y en la de “desacumulación”, uno especial para pensionados de retiro programado -para el caso de las cesantías, éstas podrán invertirse en dos clases de portafolios: de corto y largo plazo, o sea en toda clase de papeles-.

Dentro de la reglamentación del “esquema”, el gobierno podrá contemplar que los dineros también se inviertan en proyectos de infraestructura y en títulos provenientes de titularización de cartera de microcrédito; o títulos de deuda de empresas dedicadas al microcrédito. Así los afiliados a los fondos cargarán el merecimiento de perder las pensiones, y también las cesantías, por una justa causa: la política social del gobierno. Las Administradoras también podrán invertir los fondos en Títulos de Deuda Pública (máximo hasta un 50% de ellos), con lo que resalta otro de los aspectos nefastos de la privatización de la seguridad social: el Estado les paga una fortuna a los usureros cuya actividad se reduce a recibir por una ventanilla los ahorros destinados a la pensión que, por otra, se los presta al Estado. Como si fuera poco, las administradoras les cobrarán a sus afiliados comisiones de administración, que podrán ser revisadas periódicamente.

Pero como no hay medida que sacie a los agiotistas, además se aseguraron de que la nación corriera con todos los riesgos. Los legisladores dejaron establecido que ésta les garantiza a los ahorradores, a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, un rendimiento igual al IPC. Con ello, los caballeros de la banca podrán enriquecerse mediante las más estruendosas especulaciones, en tanto que el pensionado “ganará” una suma igual a cero por sus ahorros acumulados durante decenios; y el gobierno se encargará de pagar la diferencia que resulte entre la aplicación del IPC a dichos ahorros y el estado del fondo respectivo en el momento en que se haga la liquidación para hacer el reconocimiento de la pensión. A la hora de nona el Estado tampoco responderá como se comprobó con el caso del Seguro Social.

Empero, allí no paran las modificaciones al sistema de pensiones -de las que lo que menos importa es que no se atengan a la letra y al espíritu de la Carta, lo que tanto aflige al vocero del Polo Democrático en estos temas, el senador Avellaneda-, también se permite la entrada por la puerta de atrás a la mesada inferior al salario mínimo, uno de los acariciados sueños del prócer de la Ley 100.

También revisten importancia otra serie de modificaciones a cual más complacientes con el ansia especulativa. La creación de líneas de redescuento para los programas de microcrédito, es decir, el pago de las indulgencias de los agiotistas con las avemarías del Banco Central, o de cualquier otra entidad financiera del Estado. Se autoriza a los bancos el otorgamiento de créditos para operaciones dirigidas a obtener el control de otras sociedades o asociaciones, con lo cual los monopolios se podrán abalanzar sobre entidades pequeñas y medianas y absorber a los competidores en apuros. A las casas de cambio, aparte de rebautizarlas como “sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales”, se les permitirá, entre otras, hacer operaciones de pagos, recaudos, giros y transferencias nacionales en moneda nacional, y actuar como corresponsales no bancarios, con lo que muchas pasarán a convertirse en sucursales de los grandes bancos. A las compañías de seguros -que terminaron perdiendo la repugnante gresca de gallinazos con los empresarios fúnebres por el pago en efectivo y no en especie de las pólizas exequiales-, aunque se les garantiza que sus competidores extranjeros no podrán ofrecer internamente sino algunas pólizas relacionadas con el transporte, se les abre un boquete cuando se permite que las personas naturales o jurídicas nacionales puedan adquirir en el exterior cualquier tipo de seguro, con excepción de los obligatorios.

Y dado que a este país del sagrado corazón “¡Todo nos llega tarde, hasta la muerte!”, como en el poema de Julio Flórez, la nueva normatividad prescribe que las entidades financieras podrán emitir títulos representativos de cartera hipotecaria presente o futura y de contratos de leasing habitacional para financiar la construcción y adquisición de vivienda, también podrán transferir dicha cartera hipotecaria a sociedades titularizadoras, fiduciarias u otras que autorice el gobierno, para que éstas a su vez emitan títulos hipotecarios. Mientras el mundo se debate en una de las peores crisis económicas de la historia del capitalismo, con sus secuelas de más hambre, desempleo y quiebra generalizada, a causa de los juegos de casino de Wall Street, que se iniciaron con la burbuja de las hipotecas subprime[3], el uribismo nos prescribe la misma pócima en su afán insomne por enriquecer más a sus ricos amos del sistema crediticio.

La bonanza de que ya disfruta el capital financiero se acrecerá con las medidas descritas, lo mismo sucederá con las angustias de las clases populares y medias y de los sectores no monopolistas de la producción y con el exangüe fisco nacional. Salta a la vista que no hay sino una solución verdaderamente patriótica: la radical nacionalización sin indemnización de todo el sistema bancario.

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[1] A Sarmiento Angulo la perspectiva de “bancarizar” esta enorme porción de Colombia lo obsesiona. En la asamblea anual de ANIF, realizada en octubre de 2008, planteó: “Creo que resulta algo aventurada y hasta ingenua la idea de que en la etapa de post conflicto, en uno u otro caso, el grueso de dichos desplazados regresarán a sus tierras y encontrarán fuentes de trabajo en sus lugares de origen. Me atrevo a postular la hipótesis de que en la mayoría de los casos lo que se requiere es proveerle a esa mano de obra desplazada, por la falta de oportunidades, nuevos horizontes y nuevos trabajos. Si pensamos en nuevos proyectos rurales, no urbanos, intensivos en mano de obra, entonces la disponibilidad de dicha mano de obra desplazada, por falta de oportunidades, deja de ser un problema y, de hecho, se vuelve parte de la solución. ¿Dónde podrían estar dichos proyectos y las tierras para desarrollarlos? Queremos proponer al país que ellos se desarrollen en esa otra Colombia que se llama la “Orinoquía” (sic) (…) Así que en términos de una “función de producción”, como dicen los economistas, ya tenemos contemplados el uso de la mano de obra disponible y de las tierras ociosas, que aguardan la iniciativa de proyectos ambiciosos. Tenemos tierra y trabajo, pero nos falta el capital. Ahora bien, a esos recónditos lugares no irá el capital de forma fácil, pues allí se carece de infraestructura y de vías comunicación (…) Por otra parte, ante la expectativa de nuevos hallazgos petroleros en esta zona, es posible que se convierta en una necesidad inaplazable y finalmente creo que no habrá ninguna duda sobre la extraordinaria importancia estratégica de un proyecto como éste. El elemento básico para lograr éxito en una iniciativa de tan importante magnitud, sería una plataforma legislativa que verdaderamente atrajera el capital y especialmente el ímpetu desarrollador de los empresarios. Sabemos con certeza que existe el capital necesario y el interés de participar en tan ambicioso propósito, pero a condición de que se establezcan las leyes necesarias para garantizar la permanencia y estabilidad y sobre todo que correspondan a la asunción de riesgos inherente en tal forma que permitan grandes inversiones y esfuerzos, con la certeza de que los resultados serán duraderos y que no estarán expuestos a los cambios de reglas cuando se empiecen a cosechar los frutos del trabajo y la dedicación

[2] Hasta dónde ha llegado la especulación nos  lo describe hasta el propio señor Karl Lippert, Presidente de Bavaria, que en los diálogos del llamado Grupo Houston, en noviembre de 2007 expresó, según lo consignó en nota periodística el ex ministro Juan Camilo Restrepo: “Debemos reconocer que últimamente el costo de financiamiento para los individuos y para los pequeños negocios está simplemente prohibitivo. Para los dos (personas naturales y pequeños negocios) el costo de los créditos está por encima del 30 por ciento, cuando la inflación es cerca del 5 por ciento (sic). Yo he estado mirando las tasas de interés reales para los pequeños negocios alrededor del mundo y no he encontrado sino un solo país que tenga tasas de interés reales más altas que Colombia (…) Nosotros hemos visto una fuerte contracción en la tendencia en los gastos de consumo. Ahora mismo estamos observando una escalada en la cartera vencida de cerca del 72 por ciento durante los últimos doce meses”. Y el ex ministro complementó “El mensaje no pudo ser más claro: las alzas en las tasas de interés (que para las personas naturales y pequeños negocios están en niveles del 600 por ciento por encima de la inflación) pueden llegar a comprometer la recuperación de la economía”.

[3] Véase el artículo “¿Qué enseña la crisis actual?