Ponencia actualizada sobre reforma laboral para el Encuentro Nacional Sindical, Social y Popular Virtual del 11 y 12 de julio, 2020

Antecedentes

Las reformas laborales impuestas en Colombia desde los años noventa buscaron adecuar las normas a la globalización económica a través de políticas de flexibilización laboral que resultaron funcionales para el mercado del trabajo. Es así como se impusieron nuevas formas de explotación con exigencias de mayor productividad y se desmontaron conquistas ganadas con la sangre y la lucha de varias generaciones de obreros. 

La flexibilidad laboral expresada a través de las distintas reformas que se han hecho a esta legislación, no son otra cosa que la adecuación del funcionamiento del mercado de trabajo al servicio de las multinacionales. Los grandes empresarios han sostenido que es necesario eliminar las rigideces presentes en la legislación laboral que permitan reducir los costos que la globalización impone.

Las Leyes 50 de 1990 y 789 de 2002, lo que hicieron fue cercenar una serie de garantías que a juicio de los reformadores se tornaban anacrónicas para poner a tono el país con la nueva realidad económica mundial, estas medidas las justificaron por estar orientadas a generar empleo. Los mismos economistas del régimen hubieron de reconocer que estas reformas no habían logrado amainar el desempleo ni contribuido al desarrollo económico.

Ahora bien, estas reformas que lograron de manera significativa reducir costos salariales, no les fueron suficientes y ahora cual aves de rapiña se alistan para arrasar con prácticamente todos los derechos laborales e introducir cambios encaminados a envilecer aún más los salarios, incluido el mínimo, y para ello proponen una Reforma Laboral en donde se destaca el documento denominado Propuesta de Reforma Estructural Laboral, producido por el Centro de Estudios Económicos de la Asociación de Instituciones Financieras ANIF, al servicio de los que defiende los intereses de los banqueros.

El Plan Nacional de Desarrollo: Ley 1955 de mayo 25 de 2019 — Piso Mínimo de Protección Social

De otro lado, se destaca la implementación del piso mínimo de protección social impuesto por las Naciones Unidas a través de la OIT que pregonan con una retórica social funcional a la globalización: su lucha por el alivio de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a través del acceso a una atención de salud esencial y una seguridad en el ingreso. Con estos embelecos obligarán a los trabajadores que ganen menos de un salario mínimo legal vigente a que laboren por lapsos inferiores a un mes, por días o por horas. La ministra Alicia Arango, quien aprendió de su mentor el cinismo, manifiesta que debe “proteger” a los trabajadores que ganan menos de 1 SM, los más vulnerables “quienes tienen el derecho de cotizar a salud y pensión”. ¡Mentira! pretende arrojarlos a los leones del régimen subsidiado de salud y de los BEPS, atreviéndose a llamar pensión a los míseros $40.000 pesos mensuales que recibirán con la demagógica promesa de que gozarán de “protección” en la vejez. Realmente los BEPS son un sistema de ahorro individual por debajo del salario mínimo. ¡Qué desfachatez! Luego de dejar especialmente a los jóvenes sin salario mínimo, sin prestaciones sociales y sin pensión, implementarán subsidios a personas de menores ingresos, focalizando a la tercera edad con unos míseros subsidios del Programa Colombia Mayor.

El Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, 2018-2022, prácticamente aprobó una reforma laboral a través de los Artículos 193 y 198 de la Ley 1955 de mayo 25 de 2019.

Es así como el Artículo 193 del PND, determina un Piso mínimo de Protección Social para las personas que tengan una relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente- SMLMV deberán vincularse al Piso de Protección Social integrado por: El Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud y el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS como mecanismo de protección en la vejez.

En estos eventos el aporte al programa de los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS deberá ser asumido enteramente por el empleador o el contratante y corresponderá al 15% del ingreso mensual del trabajador o contratista.

El cambio es pavoroso, pues antes de la Ley del Plan, todo el sistema salarial estaba estructurado sobre la base del salario mínimo legal y con afiliación al régimen contributivo de salud y cotizando a Colpensiones o a un fondo de pensiones; ahora quedará afiliado al régimen subsidiado y al sistema de ahorro individual como son los BEPS, con una “pensión” de $ 40.000 pesos para que “pase una vejez tranquila”.

Con ello lo que se pretende es remunerar por debajo de un salario mínimo, desmejorar aún más el contrato laboral, desnaturalizar las relaciones laborales, imponer el trabajo por horas, sin prestaciones, sin estabilidad laboral, sin indemnización por despido y mucho menos una pensión. El gobierno de Duque lo que hace es obedecer a las recomendaciones hechas por la OIT que hace parte del Sistema de las Naciones Unidas y que por tanto su naturaleza es estar al servicio de las burguesías de estos países.

Con el contrato por horas atado a los BEPS se  acrecentará aún más la precarización laboral y llevará a que pululen toda clase de contratos basura por horas, a destajo, por obra o labor, etc., y a que los empresarios “formales” reduzcan mediante toda clase de triquiñuelas la paga mínima, con la consecuente eliminación de los llamados costos extrasalariales (primas, cesantías, vacaciones, etc.), que, en el PND, a tono con las letanías empresariales, se aduce que son los “más altos de la región”. Por ello no pasa de ser una burla inaudita la hipócrita disposición de que “los empleadores o contratantes” que aprovechen esta norma para desmejorar las condiciones actuales de sus empleados serán objeto de “fiscalización preferente” por parte de la inocua Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP. Obviamente, el espíritu de tal “piso de protección” es permitirles a los patrones birlar la normatividad laboral mínima supérstite.

Propuesta de Reforma laboral de la OCDE para nuestro país — Informe Colombia 2019

En el Informe Colombia 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se presentan sus exigencias en materia laboral para nuestro país que sin lugar a dudas constituye la mayor arremetida contra los asalariados en décadas y que elimina múltiples conquistas de los trabajadores durante más de un siglo, so pretexto de la baja productividad, los altos niveles de informalidad y desempleo y la brecha entre la educación y el mercado laboral.

El análisis establece que Colombia no solo alcanza apenas un tercio del nivel promedio en producción por trabajador comparado con el resto de los países pertenecientes a la OCDE, sino que, además mantiene una tendencia a la baja, y que por tanto el objetivo debe ser alcanzar por lo menos dicho valor. El rampante objetivo redunda entonces en una mayor explotación de la mano de obra y un salario todavía más insuficiente.

En vez de requerir un verdadero compromiso del gobierno en el desarrollo de la industria nacional, del fortalecimiento de la industria agropecuaria, del incentivo al conocimiento, en especial a la ciencia y a la tecnología, entre otras medidas similares, lo que se plantea como la gran “solución” a los altísimos niveles de informalidad de nuestro país es la reducción de los costos no salariales como los recargos por horas extras, nocturnas, dominicales y festivas, de la seguridad social, de la contribución del patrón a las cajas de compensación familiar, de las indemnizaciones por despido; la eliminación de la ya menoscabada estabilidad dentro del contrato laboral, y facilitar el despido de los trabajadores con restricciones médicas, actualmente protegidos por estabilidad reforzada.

Para reducir el desempleo, que es particularmente elevado en jóvenes y mujeres, se demanda que la paga sea diferenciada por edad, género y regiones, de tal suerte que a las empresas que contraten jóvenes recién egresados de la educación superior o sin experiencia laboral, mujeres o establezcan puestos de trabajo en las zonas más pobres y subdesarrolladas del país, se las recompensará por esta “responsabilidad social” permitiéndoles pagar salarios por debajo del mínimo a estas tres poblaciones, reducir el salario mínimo y limitar su incremento apenas al IPC, es decir, que quede prácticamente congelado. Esta es una copia a menor escala del desplazamiento mundial de fábricas hacia países con mano de obra más barata, en donde se vivió la amarga experiencia de la baja generalizada de los salarios salarial sufrida por millones de trabajadores de varias naciones. 

El negocio tiene que ser redondo para los magnates, por lo que en todo caso hay que conducir la educación exclusivamente hacia lo que les permita aumentar sus utilidades. Según este organismo al servicio de la banca y el capital financiero internacionales la inequidad salarial y el balance negativo entre lo que los colombianos invierten en educación y lo que recuperan durante su vida laboral son causados en parte por la desconexión entre los conocimientos impartidos y lo que precisan empresas a corto plazo. Cabe esperar entonces que las ciencias, algunas humanidades o las artes desaparezcan sirven a la inmediatez de los rendimientos requerida por estos avaros comerciantes, y el conocimiento por la mera curiosidad que ha permitido desarrollar nuestro mundo actual se reduzca apenas a las carreras afines a los negocios y a algunas que otras habilidades técnicas.

En último lugar, las otras dos de las principales medidas solicitadas por la OCDE para nuestro país que deben resaltarse son, por un lado, que las cesantías solo sean retiradas por los asalariados cuando pierdan el empleo, pues aquellos capitalistas que acumulan estos ahorros requieren mantener suficiente dinero en sus arcas para especular en las bolsas financieras del mundo y conseguir cuantiosas utilidades a costa del sudor de los laboriosos; y por el otro, que se incentive la integración de los migrantes —refiriéndose intrínseca y principalmente a los venezolanos— a la masa laboral del país que, como describen en el informe, son en general personas jóvenes y que, pese a una mayor calificación, su sueldo es menor que el pagado a un colombiano por ejercer el mismo oficio. Es fundamental entender que son estos gremios lo que quieren aprovechar la situación de pobreza y miseria de nuestros hermanos no solo para explotarlos sino además para presionar a la baja los salarios de toda nuestra población, así que nos queda unirnos como pueblos vecinos e impedir semejante oprobio.

Propuestas de reforma laboral de otros gremios: ANIF, Consejo Gremial, Fenalco, Fedesarrollo, y otros.

Señala la ANIF que el desempleo y la informalidad se deben principalmente a la inflexibilidad laboral derivada de los elevados costos no salariales y que pese a la reducción de estos sobrecostos por el desmonte de 13.5pp de cargas no salariales de la Ley 1607 de 2012, éstos continúan muy elevados.

En el caso de los costos no salariales directos compuestos por los pagos obligatorios a seguridad social (salud y pensión), la prima legal, las vacaciones, las cesantías (con sus intereses correspondientes), los pagos a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a las cajas de compensación llegan a niveles del 50% sobre el valor de la nómina, para los salarios que se ubican en la franja de 1SML a 2SML. Entonces, eso de pagar primas y demás prestaciones sociales son cosa del pasado, ahora hay que adaptarse a los cambios acaecidos en el mundo del trabajo, flexibilizando los contratos, los horarios y disminuyendo costos de despido. Piensan que los salarios y las pensiones deben tender a desaparecer para insertarnos de mejor manera en la globalización.

Adicionalmente, el mercado laboral colombiano enfrenta costos no salariales “indirectos”, los cuales podrían estar bordeando niveles del 5 % sobre el valor de la nómina, entre estos se destacan: i) el período de prueba; ii) las incapacidades médicas; iii) la cuota de aprendices del Sena; iv) el trabajo en dominicales y festivos; y v) el trabajo nocturno y suplementario. Asimismo, entre los costos no salariales se encuentran los costos de despido, los cuales también resultan ser elevados. Para el capital, todo es elevado, menos las ganancias que acrecientan más sus bolsillos, obteniendo su riqueza a costa del sudor y el hambre de las clases explotadas.

Plantea la ANIF que la rigidez del mercado laboral colombiano genera barreras a la formalización laboral, reduce la duración del empleo en el sector formal y tiene un efecto negativo sobre la tasa de desempleo. Esto evidencia la importancia de flexibilizar el mercado laboral, disminuyendo los costos no salariales. Es lo mismo que vienen planteando desde hace más de tres décadas sin que hayan podido avanzar en la formalización laboral ni hacer ceder las cifras de desempleo por las políticas de libre comercio y por la incapacidad del aparato productivo del país para crecer de manera sostenida.

Este Centro de Estudios recomienda trabajar en las incapacidades médicas, adoptando mecanismos prácticos de escrutinio de dichas incapacidades para, según dicen, hacerle frente a la problemática actual de redes de fraude y trabajar también en la disminución de los costos de despido para generar enganches más rápidos y favorecer la creación de empleo. Es la misma fórmula de culpabilizar al trabajador por enfermarse luego de afrontar extenuantes jornadas laborales- ¡hágame el favor!, si sus médicos lo incapacitan, eso es fraudulento.

Subraya la ANIF que los costos salariales son altos principalmente por el elevado salario mínimo legal, el cual tiene una fuerte incidencia en la estructura salarial. Señalan que esto obedece, en gran medida, a los elevados incrementos reales del SML que se hacen anualmente, los cuales han venido desbordando lo ganado en Productividad Laboral. Esto significa que el reajuste del SML ha sido superior a lo sugerido por la “Regla Universal” (var. % SML = inflación +/- var. % PL) Por ello proponen implementar un SML diferenciado por regiones. El Ministro Carrasquilla, quien estafó a 117 municipios endeudándolos para la construcción de acueductos a través de los bonos de agua, se embolsilló más de 14 mil millones de pesos y buena parte de esos acueductos no se construyeron, como en macondo, viviendo la sequía, sostiene este siniestro personaje que el salario mínimo en Colombia es un chiste, es ridículamente alto. Lo que se busca es bajar el salario mínimo para provocar una baja general de salarios, afectando de este modo a todos los trabajadores quienes deben asumir la escalada de los precios de los productos de la canasta familiar, los impuestos y pagar por la corrupción de las EPS, los contratos de Odebrecht y la abultada deuda externa. Esto sucede en el país del Pacto por la Equidad.

La ANIF sostiene en el documento que la columna vertebral de su propuesta de Reforma Estructural Laboral REL, está centrada en la flexibilización del mercado laboral a través de la reducción de los costos no salariales, profundizando en lo logrado bajo la reforma tributaria de la Ley 1607 de 2012.

Entretanto, el Consejo Gremial —al que pertenecen unos de los grupos más poderosos de la industria, del sector de servicios, del agro, de la finanzas y el comercio— insiste en la necesidad de una jornada laboral de 40 horas a la semana para que se puedan contratar nuevos trabajadores y no pagar horas extras a los actuales; apremia por la implantación de un sistema con flexibilidad laboral para que el trabajo sea por horas o desde la casa, que se incrementen el teletrabajo y la vinculación laboral mediante plataformas como Rappi y Uber. Todo ello advirtiendo que la reforma laboral deberá ser presentada en la mesa de concertación, en la que tradicionalmente sabemos que empresarios, centrales obreras y el Ministerio de Trabajo se ponen de acuerdo para arrebatarle los derechos a los trabajadores.

La Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, encabezada por Jaime Alberto Cabal, sostiene por su parte que el país debe entrar en la era de la contratación laboral por horas, flexible, dizque con “respeto” por las prestaciones, pero proporcionalmente a las horas trabajadas. Lo que no significará otra cosa que una paga todavía más baja que la presente y la consecuente inclusión del asalariado al Piso Mínimo de Protección Social, cuyas nocivas consecuencias ya fueron explicadas.

Fedesarrollo también se pone de acuerdo con los gremios en que se debe permitir cotizar por debajo del salario mínimo y con salarios diferenciales por regiones y por edad, puesto que argumentan que el salario mínimo es extremadamente oneroso para departamentos y ciudades con bajo nivel de desarrollo como Norte de Santander, La Guajira, Chocó, Sucre, Nariño, donde además la informalidad es más alta y la productividad laboral más baja; y que el régimen laboral de hoy en día es anacrónico y deja a una gran parte de la población por fuera del sistema de protección social.

Y tampoco se quedan atrás Álvaro Uribe y el Centro Democrático que desde el segundo semestre del año pasado redactaron el Proyecto de Ley 212 “Por medio del cual se reduce la jornada laboral semanal, se establece el trabajo a tiempo parcial para jóvenes y adultos mayores y se dictan otras disposiciones” aduciendo que el país tiene un régimen laboral sumamente reglamentado y que, ojalá, Colombia debe tener menos normas de estabilidad laboral reforzada, así como facilitar más la desvinculación laboral, el autotrabajo y las cotizaciones de seguridad social por horas y días y reducir la jornada.

Arremetida al contrato laboral durante la pandemia del COVID-19

Los tradicionalmente vapuleados no tienen alivio en medio de la crisis sanitaria que vive nuestro planeta por causa del coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19. Por el contrario, el gobierno de Iván Duque ha estado haciendo de la desgracia una oportunidad para aumentarle las utilidades a las grandes empresas y al capital financiero nacional e internacional. En casi cuatro meses ha emitido más de 100 decretos y circulares de emergencia que se traducen en mayores exenciones para los potentados, mientras cerca de siete millones pierden su empleo y cuelgan trapos rojos clamando por pan, techo, salud, trabajo, pero reciben bolillo, gases, disparos, desalojos por parte del Esmad y las alcaldías y los rematan con el alza exorbitante y tramposa de las tarifas de los servicios públicos.

Arrecian contra los asalariados los vargas lleras quienes llenan las páginas de los medios de comunicación al servicio del régimen anunciándoles “la necesidad de adelantar la muy aplazada y urgente reforma laboral […] la reducción de los salarios y la revisión de los contratos de trabajo y las convenciones colectivas, las cuales pueden suspenderse. […] eliminar transitoriamente las primas de junio y diciembre […] y también de forma transitoria suspender las cesantías y los intereses de cesantías” y que por ende deberán conformarse apenas con una miserable parte de la quincena.

Entre las más lesivas reglamentaciones impuestas durante esta cuarentena están: la circular 0021 expedida el 17 de marzo que en general reitera la legislación sobre trabajo en casa y teletrabajo, pero al que no le aplican las disposiciones sobre jornada —que puede ser flexible, en cualquier horario sin que se generen recargos—, horas extras y trabajo nocturno y vacaciones anticipadas o colectivas; la circular 0803 del día 19 del mismo mes que reconoce prioritariamente solicitudes de la patronal para autorizar la suspensión temporal de actividades hasta por 120 días —sin pago de salarios, apenas con el mantenimiento de la seguridad social— y de despidos colectivos por clausura total o parcial de labores en forma definitiva o temporal; el decreto 488 emitido el 27 de marzo que permite el retiro de las cesantías —para que sea el trabajador el que una vez más deba cubrir la emergencia y el empleador quede relevado de sus responsabilidades— y facilita “acuerdos”, que en la práctica se vuelven presiones y chantajes del patrón hacia el trabajador, para aceptar —reforzando lo consignado en la circular 0021— vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas, e incluso despidos; el decreto 444 del 21 de marzo que crea el Fondo de Mitigación y Emergencia, FOME, para arrebatarle ingentes recursos pertenecientes a las regiones y que son acumulados en el Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema Nacional de Regalías, FAE, y en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, para transferírselas a bancos y grandes empresas; el decreto 457, también de marzo, que permite la reactivación de sectores de la producción que no son esenciales como el caso de la floricultura, situación que fue denunciada valerosamente por la presidenta del sindicato Untraflores, Lydia López; la circular 0027 de marzo que crea una entidad para dizque inspeccionar, vigilar y controlar los acuerdos sobre licencias no remuneradas, que como era de esperarse hemos visto que ha servido únicamente de cómplice para que los grandes empresarios cometan las peores arbitrariedades en contra de sus empleados; la circular 033 que posibilita el pacto en el cambio de jornada, salario, funciones y carga laboral, la modificación o suspensión de beneficios extralegales ganados por los trabajadores en pactos colectivos y “concertar” medidas extraconvencionales que perjudiquen a los asalariados y que los empleadores propenderán por que sean irreversibles; y más recientemente el decreto 811 expedido el 4 de junio que se trata de subastar, para cumplirles a los tiburones financieros, alrededor de la mitad de Ecopetrol, y que para cumplir con el funesto propósito de abaratar al máximo la empresa, sus altos directivos han venido acosando sistemáticamente a los casi 500 obreros agrupados en la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), que aún tienen contrato directo con la petrolera estatal, para que renuncien a la convención colectiva, aunque estos exigen con firmeza el respeto del contrato, de los demás derechos convencionales y del patrimonio nacional.

La experiencia del pueblo estadounidense sobre las gravísimas consecuencias del trabajo por horas

Resulta crucial advertir a nuestras gentes la profunda destrucción que implica el trabajo por horas y su remuneración mediante la modalidad de salario integral sin importar la cuantía de su paga. El grupo de investigación, The Shift Project, de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos ha estado estudiando en detalle los efectos de la inestabilidad del horario en los trabajadores del sector de servicios —que constituye la mayor parte de la población laboralmente activa de ese país y en general la de más bajos ingresos— y en sus familias. 

Las fluctuaciones en las jornadas son aprovechadas por los patrones para sobrecargar al trabajador en las pocas horas o días que lo ponen a laborar, teniendo que soportar hambre o quedarse sin vivienda durante algunos periodos, más todo otro tipo de penurias por la desesperante volatilidad en sus ingresos semanales. Esta incertidumbre lo obliga a buscar más de un trabajo para sostener a su familia o para poder estudiar y capacitarse laboralmente, pero a la vez le dificulta conseguir otro puesto por sus horarios intermitentes. Por tanto, es de esperarse que esta arritmia laboral desencadene trágicas secuelas de salud para este y para aquellos que están a su cargo, como lo exponemos a continuación.

Entre los más afectados figuran las mujeres, las del más alto porcentaje de dichos asalariados condenados a un precario sueldo por horas, y los migrantes y no blancos, los de horarios más fluctuantes e impredecibles, ahondando todavía más en las disparidades entre la población dentro del sistema de salud pues, además de no poder pagar un buen servicio médico, por ejemplo, las incapacidades médicas deben ser cubiertas exclusivamente por el empleado, así como se pretende imponer dentro de la reforma laboral para Colombia. Asimismo, sus menguados ingresos les impiden acceder a subsidios para el cuidado de sus hijos que se entregan con base en ciertos mínimos laborales como el número de horas trabajadas y la capacidad económica.

Del mismo modo que trabajadores del transporte masivo de Transmilenio liderados por el sindicato de Ugetrans Colombia lo han venido denunciando en los últimos meses con múltiples platones y marchas en la ciudad de Bogotá, en ese país norteamericano abundan entre los contratados por horas los que padecen tabaquismo y obesidad; son el sector con la peor salud mental que el que prevalecen en enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, el estrés y que sufren las mayores afectaciones del sueño como el insomnio, dificultad para dormirse y mantenerse dormido, especialmente entre el 20 % y 30 % de los empleados que dependen de una llamada para ir a trabajar.

Las rutinas personales se vuelven cosa del pasado, se vuelve insostenible tener hábitos y rutinas saludables, el tiempo para la familia y para las amistades se acaba. Y Entre ellos los que resultan más perjudicados son sus hijos, quienes pierden la posibilidad de tener acceso a servicios de cuidado y educación de alta calidad porque sus padres tienen conflictos de horario para llevarlos o recogerlos, y terminan sometidos a acuerdos informales más costosos para la atención de los más pequeños. Situación especialmente funesta en el caso de las madres cabeza de hogar que tienen mayor riesgo de sufrir desórdenes de conducta como introversión y extroversión a causa de la espera de una llamada por un turno de trabajo, o la cancelación o cambio a última hora de este, y que inconscientemente le trasmiten esa preocupación a sus hijos desde muy jóvenes que también desarrollan problemas de comportamiento y habilidades sociales.

Conclusiones

Las reformas laborales, presentadas como indispensables para crear empleo, durante décadas han suprimido viejas conquistas, acabado la estabilidad en los puestos de trabajo, prolongado la jornada y reducido la paga, con el pretexto de que es demasiado alta, causa desempleo y ahuyenta la inversión. No obstante, tantas enmiendas, el número de desocupados se eleva.

La forma tradicional de trabajo, basada en un empleo de tiempo completo, tareas ocupacionales bien definidas y un modelo de carrera profesional a lo largo del ciclo vital se está erosionando de manera considerable.

La flexibilización se traduce en una reducción de costos. La situación para el trabajador será la incertidumbre, la inestabilidad, la profundización de la pobreza y vivir una vejez en condiciones no dignas.

Compañeros, estamos ante un momento histórico crucial para los asalariados y sectores medios de nuestro país. Toda dilación para empezar a organizar la batalla contra semejantes atentados es imperdonable.

Proponemos luchar por:

• Exigir aumento de salarios, rechazar las políticas que buscan reducir el salario mínimo, el cual debe cubrir, al menos, el valor de la canasta familiar. Igualdad de salarios de hombres y mujeres. 
• Rechazar la reforma laboral regresiva y la supresión de los derechos que prevalecen en la legislación del trabajo; restablecer el contrato directo y a término indefinido, los derechos de organización, movilización y huelga y todos los derechos políticos de los trabajadores de la ciudad y el campo.
• Abolir toda forma de subcontratación.

Reivindicaciones inmediatas:

• Reintegrar a los puestos de trabajo a todos los despedidos y suspendidos respetándoles los derechos salariales y laborales.
• Rechazar las licencias no remuneradas.
• Rechazar la anunciada reforma laboral.
• Empleo para todos o mínimo vital pagado por el gobierno a todos los desempleados,
• Oponerse al “contrato agropecuario” y al “jornal rural integral”, que lesionan los derechos de los obreros de la agroindustria y los jornaleros del campo.