La orientación económica del mandato de Uribe. Concentración de la riqueza, empobrecimiento nacional. Primera parte

Los 20 principales bancos se embolsaron casi $5 billones y, en total, todo el sector financiero 10,8 billones. Éste, a su vez, durante todo el mandato de Uribe ha reportado utilidades por $69,3 billones. Dentro de los 20 principales bancos se cuentan cinco del Grupo Aval, del magnate Luis Carlos Sarmiento Ángulo, que ganaron $1,4 billones, el 29,5%; tres del GEA, capitaneados por Bancolombia, la entidad de mayores ganancias, con $1.3 billones; y un grupo de bancos extranjeros, entre norteamericanos y españoles, con $921.463 millones. Estos tres grupos se alzaron con $3,6 billones, es decir, con más del 75% de las utilidades de las 20 principales entidades financieras o el 30% de las de todo el sector. La Superintendencia Financiera^[2] informó recientemente que para el primer trimestre de este año las utilidades de la maraña de firmas del ramo (bancos, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías, comisionistas de bolsa, administradores de fondos de inversión, proveedores de infraestructura…) ascienden a 9 billones 200 mil millones, “resultados que se explican en parte por el aumento del valor de sus portafolios, consecuencia del incremento en el precio de los títulos de deuda pública interna” y a los rendimientos de los fondos de pensiones cuyas rentabilidades sobre activos y patrimonio alcanzaron 22,1% y 22,2% respectivamente, según aclaró el comunicado de prensa de la Superfinanciera. Esto es, la especulación con el presupuesto público y los dineros de las pensiones. Los fondos administrados (pensiones, cesantías, mutuos, de inversión, de valores) ya completaron en el primer trimestre ganancias superiores en más del 50 % a las obtenidas en todo el año anterior. A su vez la cartera de crédito viene disminuyendo mientras aumenta la de inversiones, la especulación monda y lironda.

Según la Superintendencia de Sociedades^[3], las utilidades netas de 21.748 empresas del sector real, sin incluir Ecopetrol, sumaron $23,1 billones. Si tomamos las primeras 100 de la clasificación de Semana, también sin la petrolera estatal, suman $14,7 billones de utilidades netas, y las primeras 200, $17,3 billones. Se concluye que el 0,45% de las empresas obtuvo el 63,8% de las utilidades y, el 0,9%, el 75%.

La desnacionalización

El año pasado ingresaron al país US$10.564 millones de inversión extranjera directa, IED, la mayor de la historia nacional, con lo que entre 2003 y 2008, por este concepto, han entrado US$41.257 millones. Ya para abril de este año, la IED sumaba US$1.800 millones, el 76% dirigida a petróleo y minería. Tal flujo de fondos ha sido destinado principalmente a apropiarse de las empresas privatizadas y de los activos desnacionalizados, y a los filones mineros y de hidrocarburos. En el gobierno de Uribe han pasado a manos extranjeras, entre otras compañías, Telecom, Acerías Paz del Río, la Refinería de Cartagena, Granahorrar, Bavaria, Leona, Coltabaco, Éxito, Carulla. A comienzos de este año el gobierno subastó las electrificadoras de Cundinamarca, Santander y Norte de Santander, cuyos ingresos ya no aportan a las finanzas del gobierno central ni de las regiones. Uribe anunció, en contravía de su promesa electoral de 2002, que este año venderá Isagen (ubicada entre las primeras 25 de la lista de Semana), la principal generadora de energía que le queda al país, la cual el año pasado produjo utilidades por más de 260 mil millones de pesos. Aunque la mayor parte de las utilidades de Ecopetrol ingresan al tesoro nacional, no sobra recordar que el camino a la privatización ya se allanó y que el año pasado el 10% de las utilidades, es decir 1,2 billones (más de 500 millones de dólares) quedaron en manos particulares.

Estos guarismos que le permitieron al gobierno exhibir cifras de crecimiento superiores al 6% y al 7%, en 2006 y 2007, las más altas de las últimas tres décadas, junto con el sosiego que les trajo a los negocios el reemplazo del terror extremo izquierdista por el espanto de los falsos positivos del terror oficial, son las razones últimas por las que la montonera de aduladores le exigen al país que se postre de hinojos y para siempre ante El Único, El Benefactor, El Supremo. De este coro, en el que ya desentonan algunas voces, ahora hace parte también la plana mayor del empresariado español, que aprovechando la entrega al mandatario colombiano, léase bien, del Premio a la Libertad de las Cortes de Cádiz, se lanzó a proponer, sin el menor recato, tratándose de asuntos internos de otra nación, refrendarle el mando a nuestro generalísimo.

Las mayorías, desde luego, no cuentan con los medios que les permitan denunciar las amargas verdades que conforman la otra cara de la luna y que ocultan los corifeos pendientes de la concesión del espacio electromagnético y de la pauta publicitaria oficial. Durante todo el año pasado, cuatro millones de asalariados que devengan el mínimo obtuvieron $36 billones -y eso si a todos les pagaran las exiguas prestaciones existentes sobre la nómina básica, por las que tanto se rasgan las vestiduras los burgueses y sus plumíferos, ya que Colombia ostenta el dudoso honor de ser, después de la Nicaragua del comandante Ortega, la segunda evasora del mínimo legal en América Latina-. Lo mismo ganaron conjuntamente el sector financiero y las 25 empresas de mayores utilidades; utilidades que casi doblan lo que cuesta entre los años 2007 y 2010 el programa Familias en Acción o de “superación de la pobreza extrema” o, más estrictamente, “Fondo presupuestal para la reelección”, dirigido a 3 millones de familias. Y aunque parezca inconcebible, ocho millones de colombianos que se debaten en la miseria con menos de dos dólares diarios recibieron en todo el 2008 una cifra igual a las utilidades de las primeras 18 multinacionales.

La deuda externa, que tanto le ha costado a Colombia en imposiciones, en exacción de las clases laboriosas, en saqueo de los recursos naturales y subasta de los bienes públicos no ha hecho sino agudizarse durante los dos períodos del caballista paisa: pasó de US$38.066 millones en 2003 a US$42.000 millones en 2008 y su peso dentro del producto crece con la devaluación y con los efectos de la crisis mundial. Su agobiante servicio se hará cada vez más doloroso: éste año deberán abonarse más de US$6.100 millones, de los que más de la tercera parte comprende solamente intereses.

La tierra para el que no la trabaja

En cuanto a la concentración de la propiedad de la tierra, esa ardiente pasión de los Uribe Vélez y los Uribe Moreno, causa determinante, junto con la dominación extranjera, de la vergonzosa miseria de millones de estrujados campesinos, no ha dejado de crecer ayudada del atávico método del despojo, no solamente llevado a cabo por toda clase de nuevos amos del campo ligados al tráfico de drogas ilegales, como muchos analistas se empeñan en pregonar, sino por los tradicionales latifundistas de abolengo que han tenido ése como uno de sus métodos predilectos para enseñorearse del campo colombiano. Así, hoy más que nunca se sienten a sus anchas los 1.800 grandes terratenientes dueños de heredades de más de 2.000 hectáreas, que entre todos reúnen 17.790.000 hectáreas, la misma cantidad que poseen 3.350.000 propietarios de fincas de entre 1 y 100 hectáreas. Todavía más grave, 1.200.000 familias campesinas apenas poseen 308.600 hectáreas, es decir, ¼ de hectárea por propietario.

Por esa deformidad de la propiedad rural, junto con la sujeción del país a la importación de excedentes agrícolas, a los vaivenes de la moneda, a los altos intereses del crédito, a los elevados costos de los agroquímicos y el transporte, a la caída en la utilización de semillas mejoradas, y a la improvidencia oficial, a pesar de los alardes de apoyo, el tradicional desempeño mediocre del agro si acaso ha cambiado para empeorar durante el mandato del señor del Ubérrimo, tan es así que su crecimiento ha sido inferior al del conjunto de la economía.

Entre 2002 y 2008 las importaciones de maíz crecieron en 58,5%, las de sorgo en 5.000%, las de cebada en 56% y las de trigo en 5%. En total, las compras al exterior de estos cuatro productos ascendieron en 2008 a 5.057.386 toneladas, un incremento de 42,6% respecto a 2002; de esta manera, mantenemos una dependencia de los excedentes externos de casi el 100% en trigo y cebada, de 67% en maíz y de 50% en sorgo. En cuanto a leguminosas, en 2008 importamos 1.084.000 toneladas entre fríjol soya y torta de soya y un total de 134.000 toneladas entre fríjol (35% del consumo), arveja seca, avena, lenteja y garbanzo, de los tres últimos la totalidad se trae del exterior. El arroz era abastecido hasta hace poco por la producción nacional pero ya estamos importando 135.257 toneladas, más del 10% del consumo. En total, las compras externas de alimentos claves se acercan a 9 millones de toneladas al año.

Pan por las nubes

A pesar de lo contundentes, estas cifras distan de reflejar el drama humano que deriva de esa estructura agraria contrahecha; de los aconteceres internacionales con los productos básicos, pasto de especulaciones bursátiles y del fabuloso negocio de los biocombustibles; y de las medidas oficiales. Por ejemplo, en Colombia el consumo per cápita de arroz, uno de los alimentos básicos de la dieta del pueblo, pasó de 41,5 kilogramos a 39 por año; la leche es más cara que en Estados Unidos, Brasil o Argentina; y, junto con el cerdo y el pollo sube a tono con el alza mundial de los precios de los alimentos concentrados que importamos masivamente; los precios de las harinas, el pan, las pastas no sólo trepan de manera inclemente por el incremento global sino también por la política impositiva del gobierno; el azúcar se encarece porque sus productores gozan, entre otras, de la prerrogativa de venderla más cara en el mercado interno que en el extranjero; las frutas, las verduras y la papa se encarecen por la mala planificación de las siembras, la carestía del transporte, la pésima infraestructura de vías y de riegos.

¿Cuáles son las razones que explican un tan desmesurado crecimiento de las utilidades de las grandes compañías y ese profundo abismo de pobreza y sufrimiento de las mayorías del país? Cabe decir de paso que Uribe trató de convencer a todo el mundo de que los buenos guarismos de crecimiento se debían a su patriótica gestión. Lo cierto es que aquellos coincidían con el auge económico vivido desde comienzos de la década, debido principalmente a la ola especulativa apoyada en el dinero barato de la Reserva Federal estadounidense, con el que la gran burguesía financiera se desplazaba por el mundo otorgando créditos, comprando factorías, endeudando gobiernos, traficando con papeles, con petróleo y carbón, con maíz y con pan, y solazándose en la extracción redoblada de plusvalía de los asalariados de todo el planeta. Auge cíclico que comenzó a frenarse en 2007 con el estallido de la burbuja de las hipotecas subprime y que, en 2008, se reflejó en la profunda crisis del capitalismo, que se manifestó de inmediato en la recesión de las grandes economías y en la caída en picada de los índices de las naciones satélites. La estulticia uribista se demostró tanto en el auge como en la caída. Cuando las cifras ascendían y lo achacaba a las genialidades de su gobierno, pretendía ocultar que el fenómeno era generalizado en el globo y que por estos lares, incluso argentinos y peruanos podían mostrar mayores logros, y ni qué decir de las atronadoras cifras de las lejanas China e India. Y cuando se inició la destorcida, los ministros, ese grupo de subalternos, muy parecidos al gabinete del dictador en la novela de García Márquez, que cuando el tirano preguntaba la hora le contestaban: “la que ordene mi general”, les dio por decir que la economía colombiana estaba blindada frente a la crisis global y, a los pocos días, reprendidos por el FMI debieron empezar a revisar sucesivamente hacia abajo las cifras. Hoy, hasta los propios sabios del Banco de la República, a los que tradicionalmente los hechos les resultan peores que sus predicciones, están anunciando que la economía crecerá 0% en 2009.

Raquitismo salarial y desempleo

Como es tradicional en esta República del Sagrado Corazón, Uribe empezó su mandato con varias reformas a las leyes del trabajo y al sistema de tributos. A los auges de las diferentes ramas, en primerísimo lugar, contribuyeron los dictados laborales aprobados con presteza por el Congreso, refrendados con desdén por la Honorable Corte Constitucional y enfrentados con tan poca convicción y consecuencia por los líderes obreros. Los capitalistas han atiborrado sus bolsillos con billones y billones arrebatados mediante las modificaciones a la jornada, a los recargos nocturnos, a los dominicales y festivos, a las tablas indemnizatorias, a la paga de los aprendices, consignadas en la ley 789 de diciembre de 2002. El Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, en un estudio dado a conocer en 2007^[4], calculó que, entre los años 2003 y 2006, a causa de la ley 789, unos 120.000 vigilantes habían dejado de percibir cerca de $515 mil millones, cifra que hoy rondaría el billón de pesos. Las centrales sindicales calculan que en conjunto a los asalariados se les apañan anualmente, por ese concepto, alrededor de 4 billones de pesos.

Como era de esperarse, la abrogación de derechos laborales no condujo a la creación de puestos de trabajo; por el contrario, las cifras muestran la desgarradora situación de que más del 14% de la población económicamente activa se encuentra desempleada, sin contar con que la laxa estadística oficial no considera desempleados a los que dejaron de buscar un puesto, a los que trabajan así sea sin salario haciendo mandados familiares, a los que estuvieron unas pocas horas dedicados al rebusque, y descontando la manía típicamente uribista de amedrentar a los directores del Dane para que las cifras se acomoden a la verdad oficial, la suya. Cierto que en los primeros años del mandato las cifras de ocupación mostraron alguna mejoría, que el gobierno quiso presentar como fruto de su enmienda laboral, lo que prontamente quedó desvirtuado con evidencias como la caída de la Tasa General de Participación, es decir, que mucha menos gente estaba buscando empleo, debido en gran parte a la enorme emigración de trabajadores, como lo probaba el vertiginoso aumento de las remesas, que pasaron a convertirse en la segunda fuente de divisas del país, después del petróleo. En cuanto al empleo formal, el verdadero efecto de las reformas fue su disminución mientras que se incrementaron la temporalidad y la subcontratación y proliferaron, a ojos vistas del régimen, aberraciones laborales como las llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado, CTA.

Aún más, a la postre resultó clarísimo que la reforma acarreaba de hecho un desestímulo a la creación de nuevas plazas ya que los empresarios, duchos en aprovechar las oportunidades, prefirieron ampliar la jornada laboral con la misma nómina,  en lugar de enganchar más obreros lo que les implicaría, aparte del salario ordinario, el pago de las distintas prestaciones. Además, se ahorran costos de entrenamiento e imponen una mayor flexibilidad en la asignación de labores. Si esto estruja y acorta la vida de la mano de obra y agudiza las enfermedades profesionales, para eso está el ejército laboral de reserva presto a cumplir su destino de ofrendarse en el altar de la ganancia privada.

Uribe también reformó el sector estatal a fin de cumplir con los condicionamientos del FMI, que persiguen la garantía del pago de las deudas de la nación: atomizó Ecopetrol y el Seguro Social, que posteriormente ferió; liquidó Telecom y sus 12 tele asociadas, Carbocol, Inravisión, Adpostal e Inurbe; suprimió Ferrovías y el Fondo de Caminos Vecinales para crear el INCO; eliminó el Incora, el Inpa, el Inat, el DRI y creó Incoder; reestructuró hospitales, para volverlos centros de producción de utilidades. Con todo ello ha eliminado del sector público más de 100 mil empleos. Aparte, construyó una gigantesca nómina paralela a su servicio y el de sus lugartenientes y grandes electores, que al parecer ya ronda los 700 mil funcionarios, con lo que se acerca a la cifra de empleados regulares del Estado.

A las tamañas utilidades mencionadas, particularmente las del sector financiero, también contribuyen las distintas reformas al sistema de pensiones, empezando por la ley 797 de enero de 2003, que aumentó las semanas y el monto de las cuotas, la edad de jubilación, redujo la mesada, limitó la pensión para los sobrevivientes. Medicina que volvió a formular mediante una reforma constitucional, el acto legislativo 01 de 2005, que introdujo en el Capítulo 2 del Título 2 de la Carta Política, pomposamente denominado De los Derecho Económicos Sociales y Culturales, la estrambótica figura de toda una reforma pensional en la cual eliminó la mesada 14, el régimen de transición de la ley 100, los derechos especiales de jubilación para los nuevos maestros y los restringió para los antiguos. Esto constituye un paso adelante en el constitucionalismo burgués, ya no solo consistente en declarar en un artículo un derecho, que suprime o limita en el siguiente, sino que en el mismo establece la conculcación de derechos adquiridos antaño por los asalariados: los logros extralegales obtenidos a través de convenciones, acuerdos, pactos colectivos o laudos arbitrales, de paso derogando la utilidad práctica de otra “norma superior”, la del derecho de asociación, carente totalmente de sentido si no es para obtener garantías más allá de las mínimas legales.

Enriqueciendo a los ricos

Pero Uribe no únicamente ha batido todas las marcas en el despojo a los asalariados, también se ha convertido de lejos en el campeón de las gabelas y las exoneraciones fiscales de sus mentores del gran capital nacional y extranjero; en realidad es a esto a lo que se reduce toda la estrategia económica del prohombre de la ley 100, y a un hatajo de programas asistencialistas destinados más a la propaganda oficial y a cabalgar con protervos objetivos políticos sobre las ingentes necesidades de las masas que no a incidir realmente en la prosperidad material y espiritual de los “beneficiarios” de la Acción Social del gobierno. Y como alguien tiene que pagar la prodigalidad con los de arriba y el empadronamiento electoral de una parte de los de abajo a costa del presupuesto, entonces sobre los obreros y en general las masas empobrecidas y los sectores medios recae la furia impositiva del régimen. En realidad lo que ha guiado a Uribe en estos menesteres ya aparecía claramente expresado en su Manifiesto Democrático o programa de los 100 puntos con el que hiciera su primera campaña electoral. En él consignó paladinamente: “La progresividad del tributo no se debe medir tanto en el origen como en el destino”.

Desde su augural ley 788 de 2002, pasando por la 863, la 1111 de 2006, las atinentes a las zonas francas, la que establece los llamados contratos de estabilidad jurídica, para citar unas pocas, se ha expedido durante su mandato un rosario de normas para favorecer a los monopolistas. El impuesto de renta, al que inicialmente se le puso una sobretasa, se ha venido reduciendo en términos absolutos y se le ha adornado con tantas excepciones que los tributaristas más laxos sostienen que a la hora de la verdad éste llega máximo a 13%. Las exenciones y deducciones, descuentos, privilegios, ampliaciones de plazos menudean: por traer bienes de capital al país, 40%, beneficio anexo a la baratía de la importación de maquinaria a causa de la revaluación que predominó durante gran parte de este mandato, que se suma a la posibilidad de descontar el IVA causado por el mismo concepto; por pagar los impuesto locales de industria y comercio; por enajenar cierta clase de activos; por montar hoteles y restaurantes a tono con la ecología y hasta en las reservas naturales, y por los servicios que presten los hoteles nuevos o remodelados; por aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales; por sembrar cultivos de tardío rendimiento, por ejemplo palma africana (no está del todo claro si existe alguna prórroga de la exención por el número de campesinos desplazados para “viabilizar” la respectiva plantación); por construir vivienda urbana de interés social para arrendarla, por el tráfico con bienes inmuebles por parte de los fondos de inversión; por los gastos correspondientes al pago de la nómina a través de tarjetas de crédito o débito; por ahorrar para comprar viviendas de lujo; por la traída de fondos del exterior (cada mandatario llega con su propia ventanilla siniestra); por la prestación de servicios de sísmica en la producción de hidrocarburos; por las inversiones de las empresas de acueducto y alcantarillado; por la producción de alcohol carburante destinado a la mezcla con gasolina automotriz; amén de la eliminación de la renta presuntiva, de los gravámenes a las remesas de los capitalistas al exterior…

Se ha calculado que las anteriores y otras dadivosidades le sustraen anualmente al fisco algo así como 6 billones de pesos. Pero ahí no paran las gangas. La sujeción de Uribe a los monopolios es tal que puso en marcha, desde 2005, los contratos de estabilidad jurídica, estatuidos en la llamada Ley del Inversionista, que les permiten a los conglomerados asegurarse del mantenimiento invariable por 20 años de las condiciones legales actuales en todos los aspectos, incluidos los impositivos, fiscales y aduaneros, con la única condición de hacer inversiones nuevas o ampliar las existentes en más o menos 1 millón de dólares y pagar una prima irrisoria. A tan ventajosa norma ya se han acogido unas 50 compañías, entre ellas Zenú, Sodimac, Leasing Bancolombia, Ciudadela Salud, EPM, Nacional de Chocolates, Noel, Meals, Alpina, Sofasa, Almacenes Éxito. Con Bavaria el gobierno suscribió un acuerdo de esta naturaleza en el que “las normas que se amparan con el contrato tienen que ver con el régimen tributario y aduanero”; así, la multinacional cervecera librará de cualquier nuevo gravamen la ampliación de sus plantas en Barranquilla, Antioquia, Bucaramanga y Bogotá, sus proyectos de cogeneración de energía y vapor, la mejora y construcción de nuevos centros de producción y hasta la renovación del parque automotor. Por demás, tal prerrogativa constituye de hecho una notificación a trabajadores, artesanos, pequeños y medianos agricultores, industriales y comerciantes, de que los próximos arbitrios únicamente podrán provenir de sus bolsillos. Si en los albores del capitalismo, para abolir las sisas feudales, se erigió en norma de la naciente sociedad que no habría impuesto sin representación, hoy bien podríamos decir que para qué representación si no se les puede imponer a los mayores poseedores.

Es de anotar que los grandes conglomerados se lucran simultáneamente de todas las disposiciones. Para poner un solo ejemplo, Bavaria, o más exactamente Sab Miller, a más del contrato de estabilidad jurídica, de la exención por la importación de maquinaria por la constitución como zona franca uniempresarial, en la que se reduce el impuesto sólo al 15% de las utilidades, se lucra de la eliminación del impuesto a las remesas -norma expedida precisamente en el momento en que creció como espuma la inversión extranjera, y tanto a compradores como a vendedores les resultaba bastante enojoso tener que pagar tasas por el movimiento de capitales y utilidades a las casas matrices. Ante semejantes bicocas le sale bastante barato a la cervecera otorgarles a los vástagos Uribe Moreno contratos de reciclaje de sus residuos industriales y venderles a precio de huevo un par de lotes con “vocación” de zona franca en la sabana de Bogotá.

Y ni hablar de la oligarquía azucarera a la que además se le exoneró del pago de los impuestos a los combustibles, de las sobretasas que ayudan a sobreaguar a los agobiados fiscos municipales, se les aprobó que el llamado costo de oportunidad de fabricar etanol se relacionara con el del azúcar refinada y no la cruda, se les permitió subestimar el volumen de producción por quintal de azúcar y sobrevalorar los costos de producción, con todo lo cual se les regalan cientos de miles de millones de pesos del fisco para que monten su negocio y se conviertan en un ejemplo vivo de lo sacrificado que resulta enfrentarse a las leyes del mercado y de la libre competencia.

Que paguen los pobres

Mientras tanto para las inmensas mayorías cualquier franquicia es vitanda. A los deudores se les condena a ser relacionados en los ominosos bancos de datos de las centrales de riesgos cuando tengan una mora de seis meses en el pago, en especial si la deuda es de la hipoteca de la vivienda; y como eje de su política el gobierno decidió ponerles el IVA a prácticamente todos los productos que componen la menguada canasta familiar de subsistencia: desde 2006 se aplicó la hambreadora tarifa de 10% al café y las harinas; al maíz, el arroz y el trigo para uso industrial; a los embutidos y en general a las carnes enlatadas; al azúcar, el cacao y el chocolate, las pastas alimenticias, a todos los productos de panadería excepto el pan, a las fibras de algodón. A la telefonía celular se le cargó con el 20%, y, además, se revivió el impuesto del 11% a la cerveza. Igualmente las rentas del trabajo sufren la constante elevación de los impuestos y la disminución de los montos desde los cuales se aplican las tasas.

Estas políticas definidas en los planes de ajuste o acuerdos stand by con el FMI, que se vienen aplicando desde 1999, han tenido como connotados voceros precisamente a los magnates que más se han lucrado por lustros de ellas. Es notable que fuera luego de una conferencia dictada por el señor Luis Carlos Sarmiento Ángulo, en un foro convocado por la transnacional española Unión Fenosa y la Casa Editorial El Tiempo, hoy también en manos ibéricas, que se empezaran a aplicar los mentados contratos de estabilidad jurídica y el gobierno volviera a presentar la reforma tributaria que hubo de retirar del Congreso en 2004, la cual descargaría los nuevos ingresos del fisco en los bienes básicos de la canasta familiar.

Lea en la siguiente entrega:

• Las nuevas demandas del capital financiero
• El Tratado de Libre Comercio
• Los problemas de la balanza comercial
• Nuevo acuerdo con el FMI
• Los magos del Banco de La República
• Las recetas de la oposición obsecuente

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Citas

[1] Las 100 empresas más grandes de Colombia. Semana, edición 1409, sábado 2 de mayo de 2009. http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=123450

[2] Resultados del sistema financiero colombiano al mes de marzo de 2009. http://www.superfinanciera.gov.co/

[3] Ingresos por $368,2 billones y utilidades netas por $23,1 billones en 2008 http://www.supersociedades.gov.co/web/documentos/resultados%20de%20las%2021%20748%20que%20reportaron%20en%202008.pdf

[4] Evaluación de la reforma laboral (Ley 789 de 2002) (Informe final). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID.