Mayor impudicia en pos de la nueva reelección

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Por Alfonso Hernández

Al parecer el apetito reeleccionista de Uribe vuelve a imponerse. Para ello le ha sido necesario franquear las arcas del Estado, quebrar la legislación atinente a muy diversas materias y traspasar los linderos mismos del código penal. Basta ver cómo, aún después de descubiertas las operaciones de espionaje cometidas por el DAS se repiten, en mayor escala y de manera más tecnificada, dando muestra de qué tanto desprecia el gobernante las investigaciones y hasta dónde está dispuesto a desafiar toda norma para satisfacer sus descontroladas ambiciones.

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Con razón, alguno de los opositores señaló que ese organismo se ha constituido en una asociación para delinquir a favor del primer mandatario, y es sabido que informa a Uribe sobre las conversaciones de los magistrados de las Cortes que adelantan procesos a sus socios y que desde las oficinas de ese servicio secreto se ordenan asesinatos de sindicalistas, se prepara la difamación de los jueces que osan procesar a los delincuentes del alto gobierno o de sus partidos políticos y se conspira contra los disidentes del régimen.

La compra pública del Parlamento con decenas de oficinas notariales- como lo demostró el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute-, y cargos en la diplomacia, se ha venido repitiendo: son los actos de corrupción más desembozados en mucho tiempo. Fabio Valencia y otros ministros se hacen presentes en el Congreso para vigilar la votación de lo senadores y representantes y arrebatar la cuota burocrática o los contratos a quienes no voten la reelección. El escándalo de Yidis y Teodolindo parece cosa menor frente a lo que se ha visto en esta ocasión. En las sesiones, incluso televisadas, los parlamentarios se habilitan unos a otros, a pupitrazo limpio, para dar curso a los ucases palaciegos.

Los manejos del inquilino de la Casa de Nariño enriquecen a sus familiares y colman de beneficios a sus validos; no sólo sus hijos se benefician de la francachela, también lo hacen los Socarrás y otros compinches de sus parientes. Los parapolíticos reciben la protección cómplice del mandatario, quien, directamente o por boca de ministros o dirigentes de los partidos afectos a la Seguridad Democrática, ha hostilizado a la Corte para que deponga sus funciones de procesar a quienes están incursos en los más horrendos crímenes o han sido socios y voceros políticos de los genocidas. Los verdaderos delincuentes de cuello blanco hacen su agosto.

Aparte de los ataques verbales y la difamación de varios magistrados, el caudillo ha buscado legalizar la inmunidad para los parlamentarios y privar a la Corte de sus funciones para que las asuma un tribunal de bolsillo, designado por los propios reos. Ahora se propone acosar en la Corte Constitucional a los pocos magistrados que aún no están al servicio de sus protervos planes, alterar el calendario y amañar el censo electoral, de tal manera que ya no necesite de más de siete millones sino de cerca de cuatro millones de votos para aprobar la reforma que le permita perpetuarse en el poder.

Hoy, todos los llamados organismos de control están en manos de la camarilla gobernante, y para nadie es un secreto que el procurador, por ejemplo, o el fiscal son otros más de los  agentes del dictador. No es extraño que los congresistas presidiarios renuncien a la curul para acogerse a las exculpaciones de la Fiscalía General de la Nación. Los mínimos “balances y contrapesos” establecidos en las constituciones burguesas se han demolido; ya no sólo los trabajadores y el pueblo están privados de garantías, sino que hasta los mismos uribistas de la víspera son víctimas del garrote oficial y de las amenazas anónimas.

Los contratos estatales, la legislación y las reformas de la Carta se adelantan no solamente en interés de los monopolios nacionales y foráneos, sino en provecho del mandatario de turno. Las minorías políticas de los propios partidos oligárquicos ven cómo se desconocen sus prerrogativas.

Distintos sectores se han pronunciado con preocupación ante las trapacerías de Uribe y han insistido en que es inconveniente un nuevo periodo presidencial. Incluso voceros del gobierno y de los monopolios gringos se habían manifestado en este sentido. No obstante, al parecer, el régimen de Obama ha decidido respaldar la reelección, lo que tiene que ver con la obsecuencia de Álvaro Uribe al abrir las puertas del territorio colombiano a las tropas norteamericanas, felonía que valora grandemente la superpotencia en momentos en los que arrecia la disputa mundial por las materias primas y los mercados de fuerza de trabajo, de productos y de capitales de América Latina. Además, Estados Unidos se preocupa por las tendencias crecientes de rechazo a sus políticas aperturistas, que han agudizado durante más de dos décadas la ruina estas naciones. Uribe jugó a fondo,  de nuevo, la carta de la traición nacional para obtener el permiso yanqui para un  nuevo periodo de su Seguridad Democrática. Éste será funesto para las mayorías nacionales como lo demuestran los siete años transcurridos.

Los guarismos no dejan lugar a ninguna duda. La propiedad agraria se concentra rápidamente en manos de grandes empresas ganaderas o de palma, que se ensanchan con base en el despojo de miles y miles de campesinos. Así lo confirma el informe titulado Las caras del despojo, de la entidad Hechos del Callejón, que informa que más de 5, 5 millones de hectáreas han sido arrebatadas a los labriegos en algo más de diez años. Los proletarios han sido privados de sus derechos y prestaciones, y las cifras de miseria crecen, en tanto que las ciudades se atiborran de indigentes. Únicamente la minúscula cúpula oligárquica y los consorcios foráneos presentan abultadas ganancias, pues hasta los exportadores, que siempre han abogado por las políticas apellidadas de libre comercio, enfrentan la quiebra, ya por las importaciones masivas, ya por la competencia internacional o por el ingreso descontrolado de capital especulativo -que revalúa el peso-, producto de la apertura del mercado de capitales, pieza fundamental de la globalización económica.

Notas Obreras, que aboga por la soberanía nacional y la democracia popular, no alaba la Constitución neoliberal de 1991, pues comprende que dicha Carta abrió las compuertas al avasallamiento de nuestra economía, y entiende que los trabajadores, los campesinos, los estudiantes y los sectores medios sólo alcanzarán la libertad y el bienestar mediante un Estado y una legalidad revolucionarias, pero se opone con vigor a los recortes de las pocas garantías legales, pues cuanto más antidemocrático sea el régimen mayores dificultades enfrentan las luchas y las reivindicaciones populares.

El presente artículo puede ser reproducido, total o parcialmente, con la condición de que se cite la fuente, www.notasobreras.net, y el autor, Alfonso Hernández.

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