Llamado a la organización del paro estudiantil oportuno, democrático y consecuente

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La educación pública del país viene atravesando una situación de desfinanciamiento. Las universidades han sido llevadas a depender de los créditos y la venta de servicios; la causa principal de este problema es que el gobierno ha mantenido prácticamente congelado el presupuesto que debe girarles anualmente.

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Esta es una contribución de un grupo de colectivos independientes a la lucha del Movimiento Estudiantil contra la reforma santista a la educación superior1

La educación pública del país viene atravesando una situación de desfinanciamiento. Las universidades han sido llevadas a depender de los créditos y la venta de servicios; la causa principal de este problema es que el gobierno ha mantenido prácticamente congelado el presupuesto que debe girarles anualmente.

Para colmo, Santos ha propuesto una reforma a la ley 30, que bajo pretexto de aumentar la cobertura y conseguir recursos adicionales, pretende entregarle al sector privado, en particular a los monopolios extranjeros, toda la enseñanza superior. Es decir, que en vez de arreglar la situación generada por los distintos gobiernos corruptos, se lava las manos cediendo el futuro de la educación a los financistas e industriales, quienes buscan obtener jugosos dividendos a costa de la penuria de los estudiantes y de sus familias.

La reforma también lesiona la autonomía y la calidad de la enseñanza superior estableciendo un sistema jerarquizado en el cual sólo quien tenga los recursos suficientes podrá acceder a una entidad de mediana calidad, mientras que los demás deberán conformarse con la aprehensión de competencias prácticas para servirle sumisamente al capital. Los propios contenidos educativos estarán determinados por los inversionistas, pues tanto las modificaciones a la Ley 30 como el Plan de Desarrollo 2010-2014 insisten en que la enseñanza se debe limitar a impartir las competencias que demanden los capitalistas, lo que en la jerga oficial se denomina pertinencia. Así se anula la libertad de cátedra, de pensamiento y el debate libre, elementos esenciales de la vida académica y de la investigación científica. Como complemento indispensable de esas políticas, el régimen busca adoctrinar a las nuevas generaciones con una ética de sumisión ante los potentados del mundo, con dogmas como el de que hay que tener sentido de pertenencia con el patrón. En conclusión, el sistema educativo todo, —pues a la secundaria y al Sena se les aplican planes similares— será invadido por una cantidad de oligopolios internacionales o por instituciones pequeñas con ánimo de lucro, que ponen el contenido de las cátedras en manos de los gerentes quienes recargarán de trabajo a los profesores y dejarán de lado el verdadero conocimiento.

Las modificaciones introducidas a la enseñanza superior hacen parte esencial de las políticas de entregar el país a la explotación de las multinacionales de la minería y de las finanzas, designios consignados en el plan de desarrollo, y de reforzar la represión a los trabajadores, campesinos, juventud y pueblo en general, que se hace patente en la ley de seguridad ciudadana.

Ante esta situación, los estudiantes, docentes y trabajadores de la comunidad educativa, y particularmente universitaria, deberán defender resueltamente la educación pública más allá de una consigna, foro o conferencia.

Teniendo en cuenta que la Ministra ya presentó el proyecto el 20 de julio y que se obstina en imponer las universidades con ánimo de lucro y asfixiar las públicas, el movimiento estudiantil debe empezar un paro en el mes de agosto para derrotar las pretensiones del régimen. Es importante que la movilización sea masiva, que unifique a los distintos sectores interesados sinceramente en la defensa de la enseñanza pública y en su carácter científico y en el derecho del pueblo a educarse.

Para lograr tan importantes objetivos, el estudiantado y profesorado deben oponerse a que se pretenda convertir esta lucha en la plaza pública de las campañas electorales.

Todas las organizaciones, colectivos e individuos deben recordar que por encima de los intereses políticos de octubre se encuentra la lucha por los derechos fundamentales de los colombianos. Como dice la conocida consigna popular, los derechos se arrancan al calor de la lucha organizada y no a través de mendigarlos a los parlamentarios de turno.

Por esa razón, los abajo firmantes nos comprometemos a continuar trabajando por el paro oportuno, consecuente y democrático que no responde al interés electoral de ningún sector y pretende recoger la mayor parte de la comunidad educativa y del pueblo colombiano, en la importante lucha que hoy nos presenta la historia.

Finalmente, convocamos a todos los colectivos independientes y a todos aquellos que día a día luchan por romper las cadenas a unirse en un frente que defienda la educación superior colombiana, una educación científica, humanista y popular.

Notas

  1. Tomado de porlaedu.com

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