¿Quién se beneficia con la crisis de la salud?

Reformas en salud y seguridad social

Por Francisco Cabrera
¡Vivir para ver! Al candidato presidente, Álvaro Uribe, el mismo que sirvió de ponente de la nefasta Ley 100 cuando era senador en tiempos de Gaviria, le acaba de estallar en sus propias manos la peor crisis de que se tenga noticia en el sistema de salud y seguridad social. La quiebra de la red hospitalaria pública no tiene antecedentes, las Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, y la corrupción que allí anida se devoran los dineros para la salud, mientras se priva de ella a 20 millones de personas, y las reservas para cancelar las mesadas pensionales del Seguro social se han agotado. Las reformas propuestas por el aspirante a la reelección mantienen intactas las verdaderas causas de la crisis, por lo que no representan una salida, y al contrario, los males seguirán agravándose.

Continúa la intermediación privada

La formula de “salvamento” de la red hospitalaria pública consiste en trasladar la responsabilidad de todo el régimen subsidiado a las cajas de compensación y a Caprecom, que se convertirían en las únicas ARS, las cuales estarían obligadas a contratar el 50% de los servicios con los hospitales públicos, siempre y cuando éstos hayan emprendido una nueva reestructuración basada en reducir la planta de personal y eliminar prestaciones, es decir, mas despidos y una nueva desmejora salarial para los trabajadores.

Para Uribe el problema es la corruptela en las ARS, cuando en realidad es su existencia misma. Por los escándalos que se destaparon en los últimos meses el país ya sabe que la corrupción le cuesta al sistema de salud dos billones de pesos; lo que no nos dice el candidato presidente es que en la intermediación privada —pues antes de que los dineros lleguen a los hospitales deben pasar por las ARS— se queda el 40% de los más de seis billones de pesos que el Estado destina a la salud. Pero eso no es todo; es que ni siquiera le pagan a los hospitales los servicios contratados. En un informe de la Contraloría dado a conocer por El Tiempo en abril, se menciona el caso de Santander en donde las ARS adeudan a los hospitales públicos 260 mil millones de pesos. El anuncio del cierre del hospital Universitario Ramón González Valencia, es apenas la punta de un iceberg. Nos argumenta el candidato, que las cajas de compensación han demostrado su pulcritud y su eficiencia; sin embargo, el 1° de julio la prensa informó que por detrimento patrimonial al Estado, la Contraloría embargó las cuentas de 26 ARS, dentro las que se encuentran, entre otras, Cafam, Compensar, Colsubsidio y Confenalco, es decir, lo más granado de las mencionadas cajas.

La manía de culpar a los trabajadores

Plantea la propuesta uribista que para que las cajas contraten con los hospitales, éstos deben reestructurarse y arguye la trillada monserga contra los excesos en la nómina y la “carga prestacional”. En Colombia si las tarifas del agua, la luz o el teléfono suben, o si quiebran las empresas, o si cunde el desempleo, o si disminuye la inversión, todo ello, y mucho más, se le achaca a los salarios de los trabajadores. Ya vimos las proporciones de la tajada con la que se quedan los recién surgidos negociantes de la salud, pero al presidente no se le ocurre sino arrebatarles parte de la paga a los asalariados. Las reestructuraciones en las empresas de los sectores público y privado, han dado fuerza en el país al régimen de contratistas bajo diversas modalidades, particularmente a las cooperativas de trabajo asociado, que hoy proliferan en la salud y cuyas condiciones laborales de salarios por debajo del mínimo, sin prestaciones y sin organización sindical, son el rasero para nivelar “las diferentes nóminas” de las que está hablando Uribe.

La ruina del ISS y la opulencia de los fondos privados

En cuanto al agotamiento de los recursos del Seguro Social para cumplir con las mesadas pensionales, Uribe propone una reforma consistente en establecer un impuesto del 4% a los bienes de la canasta familiar, acabar con los regímenes especiales, adelantar el aumento de la edad de jubilación que estaba previsto para el 2014, aumentar las semanas de cotización, gravar las pensiones superiores a cuatro salarios mínimos mensuales y eliminar la mesada 14 a los nuevos pensionados.

Es necesario tener en cuenta que la Ley 100 estableció dos regímenes de pensiones: el del Estado, llamado de prima media, a cargo del ISS, y el de ahorro individual, administrado por fondos privados. El 30 de mayo pasado, en la asamblea anual de los magnates de las finanzas agrupados en Anif, Uribe propuso que el Seguro Social maneje un fondo de ahorro individual para los nuevos afiliados. De inmediato recibió el respaldo del presidente de aquella agremiación, Fabio Villegas, del banquero Luis Carlos Sarmiento, y de Luis Fernando Alarcón, presidente de la Asociación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, Asofondos. Si unimos las dos propuestas, la de mayo y la actual, queda claro cuales son las intenciones del candidato presidente: desterrar de la seguridad social el criterio de la solidaridad, según el cual, las cotizaciones de las nuevas generaciones financian la pensión de las que culminan su ciclo laboral.

Ninguna de las dos situaciones es casual. Las dos son el resultado previsible del esquema impuesto por la Ley 100 y de las decisiones de los gobiernos a lo largo de los últimos 10 años. El primer paso fue descremar el Seguro Social sacándole en un corto lapso dos millones de cotizantes jóvenes y con buenos aportes para poner a andar el negocio de los tiburones financieros. De otra parte, al tiempo que el gobierno desangraba sin contemplaciones las reservas del ISS para atender sus propias necesidades y dejaba de pagarle la parte que le correspondía, se convirtió en el principal deudor de los fondos privados. Sobre el ISS recae la mayor parte de la carga pensional pues en diciembre de 2004 cancelaba mesadas a 530 mil pensionados con un costo de 330 mil millones al mes, cuando los fondos privados solo le pagaban 14 mil millones a sus 10 mil pensionados. De remate, el ISS ha sido el paganini de toda clase de campañas demagógicas de los últimos gobernantes, como las de atender a los desplazados por la violencia y a otros sectores considerados vulnerables.

En Colombia se volvió una pérfida costumbre de los gobernantes culpar del hambre a quienes se pueden comer un pan y del desempleo al que tiene un puesto; “privilegiados” los llaman los gobiernos que trabajan para asegurar las ganancias de los financistas, en tanto a los magnates que hacen de esta nación una de las más desiguales del mundo se les asegura que no se les aumentarán los impuestos. La reforma propuesta recae sobre los pobres. El IVA a la canasta familiar representa menos comida en las mesas de los humildes. Las otras medidas ponen a los trabajadores a tributar eternamente para el sector financiero y convierten la pensión en una quimera. Por ello, sólo ira produce escuchar al presidente y a su pomposo ministro de la Protección Social pedirle sacrificios al pueblo en aras de una supuesta preocupación para que quienes llegan a la vejez no caigan en la indigencia, cuando la cruda realidad es que por culpa de las decisiones oficiales las inmensas mayorías se hunden en ella.

Agosto 1° de 2004