El presupuesto nacional: botín de prestamistas, grandes empresarios y politiqueros e instrumento para perpetuar el atraso y la pobreza
En la madrugada del 20 de octubre el Congreso aprobó el presupuesto nacional para 2022. El ritual parlamentario, en esencia, se reduce a ello, pues la Constitución no faculta a las cámaras para modificar el gasto propuesto por el gobierno; lo máximo que pueden hacer es sugerir cambios que el Ejecutivo es libre de acoger o no; además, si dentro de las fechas establecidas no se expide, el proyecto gubernamental entra a regir. Las apropiaciones deben atenerse al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y al Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP), que establecen los límites de erogaciones para las entidades que integran el Presupuesto General de la Nación (PGN), y a la Ley de la Regla Fiscal, que subordina los ingresos y los gastos al servicio cumplido de la deuda pública, al cual le dan prioridad las disposiciones presupuestales de la Constitución.
En general, el Presupuesto lo elaboran dos entidades que fungen como reconocidas agencias de los agiotistas: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), que define los desembolsos para funcionamiento y deuda, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que prepara lo atinente a la inversión. Para completar, los arbitrios y partidas se diseñan por grandes rubros, sin desglosar peso a peso cada uno de los programas, por lo que la tecnocracia adecúa su manejo a los fines del gobierno y enreda el seguimiento de la ejecución.
El monto se fijó en $350,4 billones, un 5,3 % más que en 2021, lo que significa que se mantendrá constante o caerá en términos reales, pues todo indica que la inflación de este año superará el 5 %. Poco más de $170 billones saldrán, si no fallan los cálculos, de los ingresos corrientes de la nación, principalmente tributarios, y el grueso del faltante de adquirir más deuda. En el MFMP el gobierno calculó en más de $102 billones los empréstitos ($39,31 billones con la banca internacional y $62,88 billones con la banca nacional) para cubrir parcialmente las necesidades de financiamiento, estimadas en más de $127 billones. A su vez, se abonarán a capital e intereses, más a estos últimos, $71,7 billones, un 43 % de la totalidad de los ingresos tributarios y cerca a tres cuartas partes de los nuevos empréstitos. El de la deuda es, de lejos, el rubro más alto del presupuesto. Prestar para pagar, la fatídica servidumbre de la deuda, que en 2020 se hizo más gravosa, por cuanto los tiburones financieros vieron en la pandemia una oportunidad de oro para acrecer sus caudales. La deuda del mundo subió en 35 % del PIB global, llegando a 355 % de este, incremento que no se vio ni siquiera en la crisis financiera de 2008 y 2009. En Colombia, según la Contraloría, el endeudamiento público creció en 21,3 %, a $736,41 billones, un salto del 57,2 % al 73,4 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Otra parte de la financiación provendrá de las privatizaciones u “optimización de activos” como las llaman en la jerga oficial; entre las que se incluiría la de Ecopetrol. En la agenda oficial quedó pendiente la feria de, al menos, un 8,5 % adicional de las acciones de la petrolera, operación que ya está autorizada por la ley 1118 de 2006. Parte de esta venta se destinará a “reponer” los 4.000 mil millones de dólares que la empresa tomó prestados a la banca internacional para girárselos al Ministerio de Hacienda por la compra de ISA, un negociado que aumentó en 32 % la deuda de Ecopetrol y que el gobierno malbarató en gastos de bolsillo.
El Presupuesto de 2022 ha sido presentado por el gobierno como herramienta para reactivar la economía mediante tres orientaciones: una “mayor inclusión social”, la construcción de infraestructura y más dádivas a las empresas, en concordancia con la Ley de Inversión Social, la tercera reforma tributaria de Duque, aprobada en septiembre pasado. Esto se traduce en que se destinarán más recursos ($11,6 billones) a los distintos y paupérrimos auxilios de los programas Ingreso Solidario, creado el año pasado, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, que se usan para atemperar la inconformidad de los oprimidos —vano propósito, como lo demostraron las barricadas iniciadas en abril— y para traficar en los comicios con la miseria generalizada.
Mientras tanto, con el artilugio de la focalización, se alista suprimirles los apoyos para el pago de las tarifas de energía y gas a millones de personas de los estratos populares; y hasta los citados programas de “inclusión” también serán focalizados. Tales políticas menesterosas ni palian el hambre, ni reducen la pobreza, ni apuntalan la industria o el agro. El progreso de las naciones y el bienestar de los pueblos jamás podrá cifrarse en tan humillantes limosnas. Las masas, como lo proclamaban en los bloqueos, exigen fuentes de trabajo productivo, salarios justos, derechos laborales, educación, salud, techo, pensiones.
Del rubro “social” hacen parte también los consabidos apoyos a las empresas, igualmente aprobados en la reforma tributaria, dizque para estimular la creación de empleo, esta vez mediante la asunción por el estado del pago de parte de las nóminas, lo que de paso se utiliza para profundizar la turbia campaña ideológica orientada a reducir la paga y las prestaciones de los trabajadores, con la falacia de que la desocupación y la informalidad se deben a los supuestos altos costos salariales y extrasalariales. En cuanto a los conceptos para infraestructura, una indiscutible necesidad del país, antes que medio para superar el estancamiento se prohíjan para enriquecer contratistas venales, encabezados por los pulpos financieros Aval y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), por lo que las obras o nunca se construyen o se deterioran en un dos por tres.
El cacareado aumento del capítulo de inversión descansa en los mencionados programas que, en su mayoría, finalizarán junto con el gobierno de Duque; hecho que, de por sí, demuestra que no están concebidos como parte de un plan estratégico que procure la prosperidad nacional. Además, no habrá fondos para seguirlos manteniendo. De ahí que los “analistas” al servicio del capital ya estén advirtiendo que el próximo mandatario deberá iniciar el cuatrienio resucitando la derrotada reforma impositiva de Carrasquilla. Más, cuando se prevé que, a pesar de los paños de agua tibia de la Ley de Inversión Social, el recaudo vuelva a disminuir en 2022. La propia Contraloría calculó una caída del pago de impuestos de casi $60 billones entre 2020 y 2022, en buena parte a causa de la reforma tributaria de 2019. Como sea, en el campo de los impuestos se expresarán agudamente las contradicciones entre los monopolistas y el pueblo: los primeros están impelidos, para mantener sus privilegios, a agudizar la extorsión; y las inmensas masas de sectores populares y medios, a desarrollar aún más la resistencia.
La desaforada intención del oficialismo de intervenir sin miramientos en los comicios de 2022 por medio de la ley de presupuesto también se manifestó en la derogatoria “únicamente en la parte pertinente” del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías, medida que se impuso en contra de la opinión general de los entendidos sobre su talante anticonstitucional. Así, el gobierno quedó habilitado para suscribir, con alcaldes y gobernadores adeptos, hasta el día previo a las elecciones de Congreso y presidente, los muy torcidos convenios interadministrativos, es decir, miles de contratos y contraticos encaminados a arriar a la clientela a votar por los candidatos del régimen. A semejante chanchullo es lo que el santón ministro de Hacienda, impulsor de la maniobra, llama “reactivar la economía”.
Contrasta con lo anterior el voto negativo a un artículo de origen parlamentario que se conoció como “ventana pensional”, con el que se buscaba que un pequeñísimo número de afiliados a los fondos privados de pensiones pudiera trasladarse a Colpensiones. A pesar del menguado alcance de la propuesta, los magnates de Porvenir y Protección ordenaron negarla, como ha sucedido siempre que se han presentado estas iniciativas, destinadas a crear ilusiones para captar votantes entre los millones de estafados por las AFP. El movimiento Con las Pensiones No y la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular han insistido con justeza en que al robo del ahorro pensional, con el que Sarmiento Angulo y el GEA financian sus empresas, endeudan al estado y condenan a pírricas mesadas a los pensionados, solo puede ponérsele fin con una lucha intransigente por abolir las AFP y exigir el establecimiento de un fondo único público que garantice la jubilación, como mínimo en las mismas condiciones del régimen de prima media que administra Colpensiones.
En fin, el presupuesto de 2022 expone varias de las llagas que carcomen a Colombia. Antes que nada, el dogal de la deuda con los especuladores internacionales y locales, que convirtieron los empréstitos en una veta de incalculable riqueza y en fuente de expolio del país y el pueblo. Por otro lado: la nimiedad de las previsiones para salud, educación, industria o agricultura que, o crecen de manera irrisoria o decrecen en términos absolutos o relativos. Partidas como la destinada a la ciencia, que incluso fue reducida en 20 % frente al año anterior, de ridículos $330 mil millones de pesos (0,027 % del PIB o el 0,094 % del presupuesto), retratan, como ninguna otra, la indolencia de la oligarquía dominante y su nula vocación de desarrollar el país. Desde luego, los recursos para el fortalecimiento del aparato represivo crecen en la misma medida en que los mandamases sienten el ascenso incontenible de la ira popular frente a sus desafueros.
En fin, el Presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones expresa la sujeción del país al saqueo de los usureros, el derroche clientelista de los dineros públicos, la indolencia de las castas dominantes y sus politicastros. También pone en primer plano la necesidad inaplazable de contribuir a educar a las masas sobre la naturaleza voraz de sus enemigos irreconciliables y sobre que no habrá prosperidad dentro del régimen prevaleciente, pues solo con esa conciencia sus heroicas luchas se harán más consistentes y dejarán de ser pasto de logreros de todos los pelambres.
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