El dislate del pago del transporte público en la tarifa de energía

El presidente Petro soltó recientemente otra de sus propuestas con las que le daría solución, casi mágica, a alguno de los tantos y graves problemas que afectan a la población. Esta vez se trató, textualmente, de: “Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagáramos —se preguntó—a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?” Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le (sic) da a los estratos en las facturas… Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes.” Quizás un lapsus, pero en el mundo del adalid del cambio, nuestra sociedad, una de las más desiguales del mundo, se compone de pudientes, unos menos que otros, pero, al fin, pudientes.

La propuesta confirma una cierta tendencia del mandatario de los colombianos a imponerles diversas cargas a sectores populares y medios, o al presupuesto nacional, mientras deja indemnes a quienes se lucran de una u otra actividad económica y se cumple con la regla fiscal. Que se requiere subsidiar al departamento de la Guajira: decrétese una sobretasa a las tarifas de la energía a los estratos 4, 5 y 6 y a los sectores comercial e industrial. Que hay que darles $223.000 mensuales a los “viejos y viejas”, pues redúzcasele la mesada pensional a los asalariados que ganan más de tres salarios mínimos; que urge crear o modificar una transferencia monetaria para quienes languidecen por debajo de la línea de pobreza extrema, pues elimínense y focalícense los subsidios de agua, gas y energía para los estratos 1, 2 y 3, de aquí a 2027, como quedó en el Plan de Desarrollo; que hay que sanear el fondo de estabilización de los precios de los combustibles, que se igualen los precios de la gasolina a los internacionales. Mientras tanto, los monopolios privados de los servicios públicos o de las finanzas, las trasnacionales petroleras no dejan de recibir, y acrecidas, sus ganancias.  

Tal cual sucede con la propuesta de repartir la elevada tarifa del transporte urbano masivo en el recibo mensual de la energía eléctrica, ya de por sí uno de los más caros de América Latina. Esto, por ejemplo, en el caso de Bogotá, significaría un alza de un promedio de $200.000 mensuales, cuota no tan pequeña, para los casi 3 millones de usuarios de la energía.

Pero sucede que, en la capital, cientos de miles de obreros, empleados y en general personas del pueblo y de las capas medias han dejado de usar el Transmilenio o en otras ciudades el Mío, Transcaribe, Metrolínea, etc., debido a sus onerosas tarifas y lo han reemplazado por la bicicleta o la moto. Ahora, de concretarse la idea presidencial, deberán pagar por un servicio que no usan, apretarse aún más los cinturones junto con el resto de los ciudadanos, y sentir más lacerantes las necesidades.

Paradójicamente, en su trino, el presidente no reflexiona sobre los verdaderos beneficiarios de su ocurrencia. Volviendo al caso de Bogotá, el transporte masivo, funciona como una concesión que la empresa pública Transmilenio les entregó hace 23 años a un puñado de monopolios que han mangoneado la movilidad durante décadas y le han irrogado no pocos sufrimientos a los capitalinos. Este grupo de magnates se lucra de los más de 6 billones que gastan los bogotanos en transporte; de los subsidios a las tarifas; de las sobretasas al costo real del servicio, por mantenimiento, por amortización del riesgo y de los servicios anejos como los alimentadores; son a la vez los mayores accionistas de una flota de más de 6.000 buses y busetas que circulan por las vías distintas a las troncales de Transmilenio. Estos potentados, dueños cada uno de centenares y hasta miles de buses rojos, tienen intereses, además, en negocios como la recolección de basuras, ensamblaje de motocicletas, construcción de carrocerías, flotas de carrotanques, empresas de carga y de envíos, compañías aéreas, firmas inmobiliarias, constructoras de infraestructura vial, enormes compañías de taxis, transporte masivo en otras ciudades del subcontinente, entre otros negocios.

Tienen también otra característica estos oligarcas, cual es la de que cada uno emplea en el transporte a miles de trabajadores a los que someten a la más cruda explotación, jornadas de hasta más de 18 horas, accidentes por reducción de costos de mantenimiento, despidos, persecución sindical, violación de toda norma laboral.  

Señor presidente, son estos monopolistas, los que seguirán llenando sus arcas, ahora con redoblada seguridad, y las de la banca de la que son grandes deudores, por cuenta de su propuesta y a costa del sufrimiento generalizado. Hágase el favor de recapacitar, lo cual lo llevaría a darse cuenta de que la nacionalización de las actividades que inciden de manera determinante en la vida de la población, como el transporte masivo, es la única forma seria de empezar a solucionar esos problemas. Pero como usted juró que nunca nacionalizaría nada, entonces, por caridad, no haga propuestas que agravan aún más la dura situación de las masas populares.