Aprestémonos a combatir la renovada acometida oligárquica contra los derechos de los asalariados y a los oportunistas que le hacen el juego

Declaración política del Encuentro Obrero y Popular del 13 de noviembre.

El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo el Encuentro Obrero y Popular, convocado por la Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular, CNSSP, con el propósito de analizar mediante varias ponencias discutidas ampliamente la revivida campaña de los monopolistas de hacerles profundas reformas a los regímenes laboral, pensional, de salud y tributario y, a la vez, resumir las ricas enseñanzas de las valerosas luchas populares iniciadas el 21 de noviembre de 2019 para enfrentar con éxito esta nueva andanada contra las masas laboriosas. Entre muchos de estos pronunciamientos de los oligarcas se destacan los de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y el Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Fenalco, en su último Congreso Nacional de fines de septiembre y comienzos de octubre, a través de su presidente Jaime Alberto Cabal, volvió a exigir que se flexibilice y facilite, aún más, la contratación; se establezca el enganche por horas, se rebaje el salario mínimo y se impongan otras medidas dizque para disminuir la informalidad. También manifestó que “mientras Colombia no acuerde un gran pacto social económico por el empleo entre diferentes actores, va a ser muy difícil volver a las tasas de desempleo de un solo dígito. Un pacto social con participación del Gobierno, Congreso, partidos políticos, gremios, centrales obreras y academia que incluya a jóvenes y sectores vulnerables se hace indispensable.” No sobra decir, que los enmohecidos “pactos económicos y sociales” han sido siempre utilizados por la burguesía para hacer pasar sus propios intereses —con ayuda de los quintacolumnistas enquistados en el movimiento de masas— por los de toda la sociedad.

Anif, el tanque de pensamiento de los banqueros, mangoneado por Sarmiento Angulo, volvió a insistir en que el elevado desempleo y la informalidad obedecen a los altos costos de contratación, a las contribuciones a la seguridad social, a los parafiscales, y propuso que la seguridad social se desligue del contrato de trabajo para que la asuma plenamente el estado por medio del presupuesto, otra forma de exigir que con los pocos impuestos que pagan se cubra una pporción cada vez mayor de los salarios.

Por otra parte, en noviembre, se dio a conocer el Informe Nacional de Competitividad 2021-2022, del Consejo Privado de Competitividad —del que hacen parte la mayoría de los grupos financieros del país, universidades de elite y gremios sectoriales más importantes como la Andi y la SAC—, informe que condensa el cúmulo de reformas que vienen exigiendo los gremios, las agencias multilaterales y el gobierno en esas materias y otras como infraestructura, educación, ciencia y tecnología, ambiente, etc. En el campo laboral y para aumentar la productividad, con base en la sobreexplotación de la mano de obra, plantea que se actualice la legislación “para imprimir flexibilidad al mercado de trabajo”; reducir los “costos no salariales asociados a la contratación formal y regular la estabilidad laboral reforzada por motivos de salud”, chantajean con que esta última “puede incentivar la no contratación” de personas discapacitadas, y arremeten también contra lo que consideran un exagerado crecimiento de las incapacidades médicas; piden abolir el aporte empresarial a las Cajas de Compensación; impulsar el teletrabajo y el trabajo en casa; permitir las contribuciones a la seguridad social por horas para “facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda de trabajo”; establecer un salario mínimo integral para trabajadores rurales; que el estado subsidie la recontratación de trabajadores despedidos en la pandemia; reglamentar y aclarar aún más el decreto 1174; cambiar el esquema de fijación del salario mínimo, basándolo en la productividad, la perspectiva de inflación del Banco Central y las disparidades regionales y sectoriales; modificar el régimen de cesantías y eliminar el pago de intereses sobre estas, aduciendo que así se puede “transitar de esquemas normativos basados en la protección del empleo hacia uno de protección al trabajador” y permitirles a las empresas “ajustarse al ciclo económico”, es decir, la total inestabilidad del trabajador; que se les de acceso a los patrones a los datos anónimos de la Plantilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), con el objetivo de reasignar los puestos de trabajo sectorial y regionalmente; mantener los regalos presupuestales a los monopolios so pretexto de contratar jóvenes o mujeres; impulsar las evaluaciones de desempeño orientadas a golpear los empleados públicos. Y, para completar, toda una gama de propuestas para adecuar el sistema educativo a las necesidades de las empresas.

En materia pensional piden llevar a cabo una reforma estructural con base en el sistema de pilares como el propuesto por Fedesarrollo, u otra que conjugue esta con las presentadas por Asofondos o Anif, pero que, en todo caso, tienda a desaparecer Colpensiones como administradora pensional y dejarla solo a cargo de los programas miserables sustitutivos de una verdadera jubilación como los BEPS y Colombia Mayor, para consagrar, como en Chile, un sistema con solo los fondos privados; incorporar a la rama judicial en la discusión de la reforma a fin de amarrarla para evitar fallos a favor de los trabajadores estafados por las AFP.

En cuanto a la tributación, reducir los impuestos corporativos y el llamado gasto tributario, o sea aumentar el IVA a la canasta familiar y el impuesto de renta a los asalariados y pensionados; disminuir, aún más. las cargas sobre la nómina; aumentarles los gravámenes a las pequeñas y medianas empresas; acelerar el catastro multipropósito, concebido no para hacer, por ejemplo, que tributen los grandes terratenientes sino para elevar las cargas a la población de las regiones; volverles a reducir el impuesto de renta a los monopolios; suprimir mediante un “impuesto alternativo” el impuesto de industria y comercio.

En materia de salud, derogar los límites a la integración vertical para favorecer a los grandes intermediarios nacionales y extranjeros del sector; “controlar” y “focalizar” el gasto; extender los servicios de telesalud, con el criterio de reducir costos, lo que significa un mayor déficit de calidad; reemplazar los aportes a la nómina, aunque ya solo los tienen para una minoría de trabajadores que son los que devengan más de 10 salarios mínimos. No es extraño que los jefes de los sindicatos tradicionales del sector, Sindess y Anthoc, le estén dando su respaldo al proyecto de ley 073, que emperifolla los artículo 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, con la ilusión mezquina de que con ello se garantizaría que les paguen a tiempo los salarios a la minoría de empleados que tienen contratos directos con las llamadas Empresas Sociales del Estado (ESE), mientras se abandona a su suerte al grueso de estos enganchados en infames condiciones por cooperativas, contratos sindicales u órdenes de prestación de servicios.

Brutal deterioro de la salud y la seguridad en el trabajo

Aunque no es un fenómeno nuevo, sí llama la atención la cruzada contra la estabilidad laboral reforzada y las incapacidades médicas, pues los recrudecidos problemas de salud de los asalariados obedecen a la recrudecida explotación en aras del aumento de la productividad y no por la acción de unas mafias como pregonan cínica y criminalmente los patrones. Cientos de miles de operarios sufren al año enfermedades y accidentes originados en el trabajo, buena parte de los cuales ni siquiera son reportados, ya sea por la venalidad empresarial o por el temor del trabajador a ser despedido, que en el fondo es lo mismo. Esto, además de la creciente afectación por enfermedades comunes que, en muy buena parte, son fruto de la misma pobreza en la que se debaten los trabajadores. Para rematar, el sistema de salud y seguridad en el trabajo se ha convertido en una maraña de entidades y procedimientos cuyo único objetivo es negar las pocas garantías que perviven en la legislación como las indemnizaciones o la pensión.

Arrasamiento de derechos de los trabajadores estatales

De otro lado, entre los trabajadores del sector público cunde la indignación al comprobarse año tras año la farsa de la “negociación” con base en el Decreto 160 de 2014, en su momento avalado por la burocracia de las centrales sindicales, cuyas cortapisas tales como que no se puede afectar la estructura del estado y sus entidades, sus competencias administrativas, el mérito, la atribución disciplinaria, etcétera, se convierten en los argumentos de los burócratas de las entidades oficiales para negarse a negociar cualquier punto de importancia, incluido el salario, el cual debe consultar las posibilidades fiscales y presupuestales, es decir, sujetarse a la camisa de fuerza de la regla fiscal. En fin, la supuesta negociación de las condiciones laborales se convierte para más de un millón de empleados en un ejercicio inocuo en el que solo se discuten banalidades; y en el que las cúpulas de las centrales aprovechan para tramitar sus intereses mezquinos y clientelistas, mientras pactan ignominias como la de este año de una irrisoria alza salarial del 2,6 %, cuando la inflación ya se acerca al 5 %, aparte de cohonestar medidas oficiales como los Decretos 288 y 344 de este año que se inmiscuyen y limitan la actividad sindical hasta el punto de someter a calificación de los jefes de las entidades el desempeño de los directivos sindicales. 

despilfarro y corrupción privatizadores 

Por otra parte, la privatización o como la llama la burocracia oficial la “optimización de activos” ha tomado la forma descarada de feriar los pocos pero valiosos bienes públicos que aún quedan para captar ingresos a fin de utilizarlos en gasto de bolsillo y para una descarada intervención en las elecciones del próximo año. Así sucedió con la triquiñuela de la adquisición de Interconexión Electica SA, ISA, por parte de Ecopetrol, mediante la cual la petrolera debe adquirir créditos de alrededor de 4.000 millones de dólares aumentando su endeudamiento en 32 %, y ya se anunció que ISA también buscará nuevos recursos con los agiotistas internacionales. A esta feria de lo poco que queda del patrimonio público se suman los alcaldes “alternativos” como Claudia López, de Bogotá, y Jorge Iván Ospina, de Cali, quienes están sometiendo a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y a Empresas Municipales de Cali (Emcali) a un proceso acelerado de deterioro, a llenarlas de burocracia, al más grotesco contratismo en favor de grandes y medianos intereses, y están fraguando un disimulado plan de privatización, entregando a particulares todos los servicios clave y convirtiéndolas en meros cascarones. En Bogotá, el  valiosísimo recurso de la fibra óptica extendida por toda la ciudad a un costo de uno y medio billones de pesos y que, intencionalmente, las sucesivas administraciones han dejado sin explotar para favorecer los intereses de Claro y Telefónica, entre otros monopolios, ahora se le va a entregar fraudulentamente a una empresa de papel, detrás de la cual están corporaciones extranjeras. Así ETB terminará pagando peaje por usar la moderna infraestructura que construyó. Lo peor, es que todo esto se hace con la complicidad de los jefes de los sindicatos mayoritarios de las dos empresas convertidos en verdaderos alzafuelles de las administraciones “progresistas”.

Un despojo que lleva décadas con la complicidad de los apaciguadores

Todo lo anterior viene a sumarse la arremetida contra los intereses obreros que lleva décadas y que, para solo mencionar unos pocos aspectos, ya ha conducido a que el 75 % del enganche se haga mediante contratos chatarra, por obra o labor, a término fijo, Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), Cooperativas de Trabajo Asociado, o los nefandos contratos sindicales, en los que contribuyen, acuciosos, no solo los vendeobreros de la dirección de la CGT sino conocidos sindicatos de la CUT, como Sintraelecol, y que campean también en el sector oficial de la salud. A más de esto, la corrupción, la cooptación, la falta de independencia de clase, el abandono del clasismo tienen postrado al movimiento obrero ya no solo en su papel de luchador por los intereses económicos de los proletarios y el resto de desposeídos, sino marginados de la lucha política por la transformación de la sociedad.

La descomposición de las jefaturas sindicales ha llegado a los extremos de avalar planes de retiro montados por las empresas estatales o privadas, entregar los intereses de los afiliados por puestos, permisos, viajes, o por promesas de “concertación” sobre “trabajo decente”, “diálogo social” y otros venenos ideológicos. Esta descomposición de la cúpula gremial se profundiza con su vinculación a organismos “obreros” internacionales como la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de las Américas (CSA), financiadas y orientadas ideológicamente por los imperialistas gringos y europeos y múltiples Organizaciones No Gubernamentales (ONG), igualmente auspiciadas por estos, y con su permanente apología  y propaganda de la Organización Internacional del trabajo, OIT, aparato que, en general, obedece las directrices de gobiernos y patrones, pero que les brinda a los burócratas la oportunidad de algunas temporadas de solaz al año en Europa posando de sufridos voceros de los trabajadores.

Hoy por hoy las diferencias entre los bandos que se disputan las mayorías en el Comité Ejecutivo de la CUT, así el uno se denomine clasista, se centran en la arrebatiña por los apoyos de diversas fuentes en contante y sonante y las múltiples gabelas del régimen; pero actúan al unísono, con alguna honrosa excepción, cuando se trata de traicionar los caros intereses del pueblo y los asalariados. Así sucedió en el reciente paro nacional cuando, como en 2019, casi unánimemente pretendieron levantarlo, al segundo día de iniciado, para volverlo virtual, con concierto de rock incluido, lo cual finalmente hicieron después de sumarse al coro reaccionario que tildaba de vándalos a los luchadores de los cientos de bloqueos que, a en varios lugares del país erigieron los jóvenes de las Primeras Líneas, con el apoyo decidido de las masas empobrecidas de las barriadas, fruto de lo cual se obtuvieron significativos triunfos, que no se lograron en lustros de “concertación” y de desfiles coloridos y carnavalescos. Peor aún, esta verdadera traición la complementaron convirtiendo las banderas del paro en proyectos de ley, que nadie va a aprobar y ni siquiera a discutir, pero que sí les sirven a los apaciguadores para engatusar a algunos incautos en su desbocada cacería de votos con miras a 2022. 

Para que el movimiento sindical retome el papel histórico que le corresponde, el cual se ha visto apocado en las grandiosas batallas recientes, en un momento en el cual las reivindicaciones puramente obreras se convierten en una necesidad en el globo entero, deben derrotarse esas tendencias malsanas. En última instancia, la unidad de los proletarios y el pueblo tan necesaria para enfrentar a la burguesía y al imperialismo no pasa de ser una frase vacía si no se antepone como requisito ineludible el de combatir y aislar, con el concurso de las bases y las direcciones medias no descompuestas de las grandes confederaciones, de las centrales, federaciones, sindicatos y organizaciones independientes no comprometidas en esos tejemanejes, a las camarillas vendidas, empotradas en el Comando Nacional Unitario y en el Comité Nacional de Paro, y en los grandes sindicatos como Fecode y la USO. En ayuda de este propósito es necesario retomar con consecuencia los criterios clasistas como la independencia, la democracia, la solidaridad, el internacionalismo, lucha directa. No sobra llamar a que dentro de las organizaciones que se reclaman clasistas se impida que pelechen los estilos de trabajo sectarios y dogmáticos, la palabrería, la persecución a quienes no siguen los intereses de secta, métodos que espantan y enajenan el apoyo de las mayorías obreras y que finalmente conducen a componendas con las cúpulas patronalistas y gobiernistas.     

Todos los sectores populares víctimas del asalto reaccionario

Pero no son solo los proletarios quienes sufren el embate reaccionario. Los jóvenes de diferentes sectores, desde los más experimentados del movimiento estudiantil universitario hasta los desempleados de las barriadas vienen tomándose las calles a la vanguardia del resto de la población, para combatir decididamente las políticas de ajuste como las citadas que les niegan la posibilidad de una vida digna y les auguran un futuro lleno de penalidades por más que se esfuercen en obtener logros académicos. Protestan contra toda discriminación. Y entre ellos cada vez más destacan decenas de miles de mujeres que participan decisivamente en las luchas. Fue la juventud la primera en esclarecer que el Comité de Paro no representaba las aspiraciones de las masas rebeladas y la necesidad de hacerlo a un lado para enrutar la batalla con seguridad y firmeza. Por su preponderante papel está siendo objeto de una embestida para aconductarla, para contenerla o tratar de cooptar a sus líderes; para meterla en escarceos inútiles como las elecciones a los inocuos Consejos Locales de Juventud. En esta tarea vil les contribuyen a los empresarios y al alto gobierno los llamados “alcaldes alternativos”. Pero como no logran domeñar a la mayoría, sobre los jóvenes y particularmente sobre los valerosos integrantes de las Primeras Líneas se ha desatado la vindicta del régimen, que les ha sumado a los crímenes cometidos por las Fuerzas Militares y policiales y sus aliados de la “gente de bien” durante el paro, los procesos judiciales montados para condenar a decenas de activistas a largos años de prisión. En medio de tan fascistoide política, el gobierno hace mohínes hipócritas ante la lógica consecuencia de que en los cuarteles se le estén rindiendo homenajes a Hitler y a todos los símbolos del nazismo. No se pueden escatimar esfuerzos no solo para denunciar y rechazar esta brutal represión del régimen contra los jóvenes sino en desatar la más amplia y persistente campaña de solidaridad con los detenidos y perseguidos.

Aparte de los asalariados y los jóvenes, también la andanada del régimen se ceba en los campesinos e indígenas, las mujeres, los informales, los pequeños y medianos negociantes, los transportadores formales e informales, los profesionales. Las masacres siguen sucediéndose sin reposo; los antiguos combatientes que se acogieron a la paz son asesinados a diario; las poblaciones de las zonas de explotación de hidrocarburos ven aumentar su pobreza mientras el régimen persiste en instaurar el fracking con sus devastadoras consecuencias sobre las aguas y el ambiente en general, y la violación de hasta las ínfimas garantías legales que permitirían que aunque sea una mínima parte de las ganancias de la explotación de hidrocarburos se inviertan en mejorar la vida de los pobladores y auspiciar el progreso de las regiones productoras.

Para completar, Duque, en octubre pasado, alevoso con el pueblo pero sumiso ante el imperialismo, recibió para celebrar el Noveno Diálogo de Alto Nivel entre los dos países, al secretario de Estado yanqui, Anthony Blinken, quien trazó una agenda intervencionista de rancia estirpe neocolonial referida al desarrollo económico y social, al agro, al comercio, a la educación, la salud, la cultura y los deportes, el ambiente, la transición energética, la infraestructura; la democracia, el buen gobierno, los derechos humanos, las migraciones, la lucha antinarcóticos, la paz, la formación de jueces y fiscales, las comunicaciones, la seguridad y la inteligencia.

Luminoso futuro para la lucha popular

Ante todo este panorama, el encuentro Obrero y Popular convocado por la Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular resaltó que la gran burguesía, los terratenientes y el imperialismo para imponer sus nefastos planes tendrán que vérselas con un pueblo que en estos dos últimos años ha dado unas muestras de vigor, audacia y heroísmo sin parangón y que, de no haber mediado la traición de las cúpulas sindicales y sus mentores ideológicos y políticos y el todavía prevaleciente estado incipiente de organización y conciencia de las mayorías, le habría infligido aún mayores derrotas al régimen oligárquico.

Finalmente, el Encuentro llamó a los más amplios sectores de la población a continuar la batalla contra el desacreditado gobierno uribista de Duque; a proseguir incesantemente la construcción de un programa que, como el de la Coordinadora, sirva de base para encauzar las luchas del pueblo hacia una verdadera transformación centrada en el bienestar de los obreros, campesinas, indígenas, negros, mujeres y jóvenes, y en el propósito de construir un nuevo estado —obrero, campesino y popular— que reemplace el actual, no para hacerle meros maquillajes, como proponen quienes pugnan en las elecciones del próximo año, sino para  garantizar la soberanía y que su primer deber sea el de asegurar la vida, el trabajo, el pan, el techo, la salud, la pensión, la educación, los servicios públicos y los derechos políticos para todos.