Animemos la indignación de las bases frente a las traiciones de las cúpulas sindicales

Los resultados de las elecciones a los comités ejecutivos de la Cut y Fecode dejan ver la existencia de una gran inconformidad contra esas jefaturas, principalmente entre el magisterio, sector que representa más de la mitad de la Central. Un síntoma de ello es el elevado porcentaje de los votos en blanco y nulos, que en Fecode fue de 15,82% y en la CUT nacional¹  de 12%, cuando la lista más votada obtuvo sólo 5,69%.  Para elegir la seccional de Bogotá y Cundinamarca de esa Central, los datos de los votos en blanco y nulos son aplastantes: 33% —una tercera parte—, lo que refleja que el malestar allí es de grandes proporciones. El fenómeno reviste la mayor importancia pues se presenta a poco de cometidas nuevas felonías por esos dirigentes: las vergonzosas negociaciones de dos pliegos petitorios, uno del conjunto de los trabajadores del Estado, y otro, por el que los docentes estaban dispuestos a lanzarse a un paro nacional indefinido.

Las mesas se adelantaron de manera simultánea. La primera se hizo en el marco del Decreto 1092 de 2012 que reglamentó la concertación laboral en el sector público. La CUT, la CGT, la CTC y los sindicatos nacionales FENALTRASE, FENASER, FECOTRASERVIPÚBLICOS, UTRADEC, ÚNETE y FECODE pactaron un pírrico aumento de 3,44% para los empleados estatales, por debajo del también irrisorio decretado unilateralmente por el gobierno para el salario mínimo, que fue de 4,02%. Según José Noé Ríos, viceministro de Relaciones Laborales, hubo total acuerdo sobre los 28 temas presentados en el pliego. Además del referente a los salarios, se firmaron nueve puntos económicos más en los que el gobierno, con la aceptación de la dirigencia sindical, evadió cualquier compromiso concreto con el argumento, aceptado por las dos partes, de que ¡previamente se deben estudiar sus efectos a la luz de la sostenibilidad fiscal! Ahí está el texto del acuerdo para quien quiera verificarlo. Buena parte de los puntos se refieren al cumplimiento de la ley de carrera administrativa, ley que contó con el aval de las centrales obreras y sobre la cual dijo Uribe que era “para hacer más difícil entrar y más fácil salir de los empleos públicos”. Al final el gobierno paga la claudicación, pero no de su bolsillo: se compromete a incentivar a los funcionarios no sindicalizados a que “voluntariamente, por una sola vez en este año, autoricen el descuento del 1% de su asignación básica mensual” para que compensen “el trabajo y el esfuerzo económico desarrollado por las organizaciones sindicales”.

Era obvio que semejante docilidad de la jefatura obrera provocara regocijo en las filas oficiales, hasta el punto que el 16 de mayo Santos convocó a un evento en Palacio para la rúbrica de lo concertado. Allí el mandatario dijo exultante: “siempre he creído que el diálogo y la concertación son caminos mucho más fructíferos, a veces más difíciles, hay que tener mucha paciencia pero son más fructíferos que la confrontación, las divisiones y los enfrentamientos. A través del diálogo y la concertación se obtienen mejores resultados para todo el mundo”. El Ministro Rafael Pardo agregó: “Este acuerdo es muy importante y muestra un espíritu de concertación del Gobierno del Presidente Santos y una fórmula muy constructiva con las organizaciones sindicales, en donde las condiciones para los funcionarios no son impuestas sino negociadas“.

El segundo pacto, el de Fecode, se firmó menos de una semana después, el 21 de mayo, y la traición cobró mayor gravedad pues el magisterio estaba resuelto a dar la pelea por un conjunto de reivindicaciones muy sentidas. En primer lugar está la unificación del profesorado bajo un solo Estatuto Docente que no puede ser otro que el Decreto 2277 de 1979. La ominosa división existente fue creada por la Ley 715 de 2001, de la cual fueron ponentes los senadores Jaime Dussán y Luis Carlos Avellaneda, voceros de Fecode en el parlamento. Fruto de la reglamentación de esa ley fue el Decreto 1278 que despojó a los nuevos maestros, entre otros derechos, de las ventajas para los ascensos y los sometió a la inestabilidad generada por las periódicas evaluaciones de competencias. Cuando lo correcto es exigir la derogatoria del mencionado decreto, este punto ni siquiera fue contemplado en el pliego pues la dirigencia de la Federación cocina en una comisión tripartita² con el Congreso y el Ministerio un proyecto de ley al respecto, que esperan presentar en septiembre y que será bandera de agitación en la próxima campaña para Senado y Cámara de Representantes. Así pretenden repetir una táctica que no parte del estado de ánimo de las masas sino de las fechas del calendario electoral, somete las reivindicaciones del pueblo a mezquinos cálculos electoreros y cifra su conquista en las gestiones parlamentarias; es una desviación que le ha costado cara al obrerismo y a las luchas populares en el país. Ahí está de botón de muestra, para mencionar solo un caso, el levantamiento del paro contra el recorte de las transferencias en 2007.

Fecode presentó como el logro más importante lo pactado sobre la prima de servicios, pero es lo que más indignación ha levantado. Este asunto ha puesto al desnudo otro mal que se ha incubado en el sindicalismo colombiano en los últimos años, a saber: el reemplazo de la lucha de las masas por las demandas jurídicas de las cuales se derivan enormes ganancias para los abogados. Los maestros saben que desde 1989 tienen derecho a la prima de servicios y que la Federación no ha hecho lo que le corresponde para su reconocimiento. Saben que esto lo confirma el que los jueces fallen a favor las demandas por este motivo, pero se preguntan por qué tienen que pagar abogado para que se les reconozca algo que les pertenece cuando este tipo de reclamos es precisamente papel de la lucha sindical. Esto no niega que en determinadas circunstancias sea dable acudir a las vías jurídicas. Pero no es el caso. Cuando los tribunales conceden la prima y la retroactividad de los últimos tres años ¿Por qué la dirección sindical pactó su reconocimiento a partir de 2015 y en 2014 sólo 7 días y ninguna retroactividad? ¿Por qué los dirigentes sindicales llegan a los colegios a dar los informes sobre la negociación acompañados de abogados que se presentan como salvadores y reparten propaganda para conseguir lo que se habría podido conquistar con la lucha? Aquí estamos ante una aberración pues los abogados no son ya un recurso de la actividad sindical, sino que la actividad sindical se ha volcado al servicio de un fabuloso negocio entre la cúpula sindical y sus bufetes de  abogados.

El grave deterioro de los servicios de salud es otro de los problemas más sentidos por los educadores. Pese a que de los 16 puntos del acuerdo con el gobierno siete se refieren a la salud, ninguno va a la raíz del asunto, pues se limitan a crear una comisión —que deberá rendir un informe en cuatro meses—, para evaluar los procedimientos de alto costo y revisar el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Magisterio, UPCM, sin que de ello se deriven  soluciones; además se habla de participación sindical en las auditorías y de endurecer sanciones contra los prestadores del servicio. Nada de esto va al fondo de la cuestión y es porque Fecode ha defendido siempre el modelo de salud producto de la concertación de la Ley 91 de 1989, que se anticipó a la Ley 100 al entregar el vital servicio a IPS privadas, con el agravante de que la injerencia sindical en la asignación de los contratos facilita la corrupción de los directivos por los negociantes de la salud e impide que se adelante con consecuencia la lucha por un buen servicio.

Sobre la jornada laboral y los parámetros de estudiantes por maestro, se esperaba que con el paro se derogara la directiva ministerial 02 de 2012 y se pusiera freno a la sobrecarga laboral y al hacinamiento en los planteles, pero ninguno de los dos puntos se resolvió claramente con la nueva directiva acordada.

En síntesis, el resultado de estas negociaciones es deplorable. Ambas se firmaron a pocos días de las elecciones a los comités ejecutivos de la CUT y Fecode con la pretensión de convertirlas en campaña, pero les salió el tiro por la culata porque las bases identificaron la perfidia. El paro para el que se alistaban los maestros muy seriamente, fue desmontado y entre la gente quedó la sensación de que se había jugado con ellos y que lo único que movía a los directivos era usarlos con fines electoreros y eminentemente personalistas. Cuando estalló la inconformidad una parte de los jefes —los del Partido Comunista, Progresistas y el sector de Domingo Tovar, presidente de la CUT— trataron de lavarse las manos siendo que todos estuvieron comprometidos hasta los tuétanos. Otros, como Álvaro Morales del grupo del senador Robledo y negociador de Fecode, salieron a criticar por oportunistas a los del lavamanos y a defender el vergonzoso acuerdo en forma no menos oportunista. Sus argumentos son un buen ejemplo del refinamiento al que han llegado nuestros izquierdistas criollos, como el Polo Democrático que tienen, por un lado, su discurso radicalmente antineoliberal, y por otro, le firman a la contraparte el argumento de la sostenibilidad fiscal para aceptar un irrisorio aumento de 0,44% por encima de lo presupuestado por el régimen.

Notas Obreras nació en franca batalla contra las nuevas modalidades de la traición en el Movimiento Obrero. Nuestras posiciones están expresadas en la carta que hace ya una década le dirigimos a la dirección del Moir y se han vertido a lo largo de los últimos años en estas páginas³. Saludamos con alborozo la rebeldía  que comienza a aflorar en las filas de los trabajadores frente al amarillismo de las camarillas sindicales⁴ con el convencimiento de que sin su derrota no habrá avances económicos y políticos para los oprimidos.

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