Una reforma tributaria para complacer a los monopolios y abrumar a los asalariados

A finales de abril, en un discurso en el municipio petrolero de Tibú, el presidente Juan Manuel Santos dijo que presentaría ante el Congreso una reforma tributaria que hará “chillar a los ricos”. Pocos días después, el diario La República dio a conocer un borrador de la enmienda que revela todo lo contrario, pues lo que pretende el gobierno de la “Prosperidad Democrática” son cambios regresivos en el impuesto a la renta, el IVA y la retención en la fuente que beneficiarán a los acaudalados y afectarán a las masas laboriosas.

El proyecto que se conoció consiste en un extenso articulado que reforma completamente el Estatuto Tributario. Cuando se armó el debate y quedaron al descubierto las intenciones oficiales, el ministro Echeverry expresó su molestia por la filtración y sostuvo que el dado a conocer no era un proyecto oficial, ni estaba completo. Como el aspecto que más polvareda levantó fue el de gravar con un 5% productos exentos de la canasta familiar, Santos, desde Shanghai, mostró que se encuentra en plena carrera hacia la reelección, al replicar que se trataba de una propuesta bien intencionada de un grupo de técnicos, pero que como rompía una promesa suya de campaña electoral no se incluiría. Como sea, el conjunto de modificaciones en curso es de hondo calado y exige que se examine a qué intereses sirve.

El gobierno ya inició una ofensiva para tratar de convencer sobre las bondades de la reforma a la que bautizó con el sugestivo nombre de ELISSA: equidad, limpieza, simplicidad, seducción y adaptación a estándares internacionales. Por las declaraciones de Echeverry y la información que se encuentra en las páginas web del Ministerio de Hacienda y de la DIAN, es evidente que en su afán de meter gato por liebre el gobierno terminó enredándose en sus propias espuelas, pues en su sigla con nombre de mujer, la equidad, esgrimida como su principal argumento propagandístico, queda convertida en un sofisma y en mera demagogia en la medida en que se contrasta con la realidad y se conoce el contenido de las propuestas oficiales. Veamos.

La presentación colgada en la página del Minhacienda en la que se exponen las bases de la reforma comienza con un ejemplo para crear la idea de que se está agarrando el toro de la inequidad por los cuernos: María gana 24 millones al mes y Pedro 1,5 millones y los dos pagan la misma tasa de impuesto a la renta de 5,4% al año. Para darle más fuerza a su burda manipulación se acude al hecho vergonzoso de que Colombia es el séptimo país en donde el abismo entre los opulentos y los desposeídos es más grande, sin parar mientes en que el primer mandatario es un exponente, como ninguno, del círculo oligárquico responsable de semejante calamidad nacional.

Si bien el ejemplo de María y Pedro revela una protuberante inequidad en el impuesto sobre la renta para asalariados, con él se está ocultando el aspecto más regresivo del sistema tributario colombiano, consistente en que, como se observa en la tabla, el mayor porcentaje de los recaudos del fisco se obtiene de gravar el consumo, es decir, que Pedro, María y José, el obrero de salario mínimo de Ciudad Bolívar, lo mismo que Juan, el vendedor ambulante y que Rosa la desempleada, pagan un 10% de IVA cuando compran pastas alimenticias, café, azúcar y chocolate, o una tasa de 16% cuando adquieren ropa y calzado, la misma tarifa que paga por esos productos don Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico del país.

Mirados en conjunto los distintos aspectos de la reforma, lo que se destaca es el interés del gobierno en ponerse a la moda que dictan en el mundo los amos del capital. Por ello, junto a las peroratas sobre la equidad, se habla de adaptar la legislación tributaria del país a los estándares internacionales y de crear “un sistema que hará a Colombia atractiva para que las multinacionales establezcan aquí sus centros de operación e inversión”, para lo cual a las empresas se les rebaja el impuesto a la renta del 33% al 27% y para cultivos y cría de animales la tarifa será del 15% durante los 10 años siguientes a la aprobación de la Ley. Esto representa, según el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, una reducción del 20% en lo que recibe el erario por este concepto. Sin embargo, el titular de Hacienda ha afirmado que con los cambios no se aumentará la carga tributaria —el total de los impuestos como porcentaje del PIB—; la pregunta es inevitable ¿de dónde saldrán los recursos para llenar el hueco fiscal que dejará tanta largueza con los potentados?

Antes de responder es necesario aclarar que las modificaciones en los cánones de los tributos se plantean después de que el año pasado el recaudo de impuestos creció en un 23,3% y cuando el gobierno alardea por el buen desempeño de la economía, debido ante todo al incremento de la inversión extranjera orientada principalmente hacia la minería, es decir, al saqueo de nuestros recursos por las multinacionales del petróleo, el gas, el carbón y el oro, entre otros.

La rebaja del impuesto a la renta es un obsequio de Santos a los inversionistas de todos los pelambres que se establecerán en nuestro suelo con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y obedece también a la recolonización completa del mercado nacional, mediante la cual cerca de 8.000 productos provenientes del país del Norte ingresarán al mercado colombiano libres de aranceles. Además, el gobierno aspira a culminar la firma de 11 tratados similares en 2012, dentro de los cuales están en proceso los de la Unión Europea, Corea, Turquía, Israel y Panamá. El cuadro que presentamos más arriba muestra que entre el año 2000 y 2011 lo percibido por aranceles disminuyó en cuatro puntos porcentuales y la tendencia es a una merma mayor.

Aquí es donde entran en escena María, Pedro, José y Rosa, pues la intención de Santos es subsanar las pérdidas en los aranceles y en la renta a las empresas extrayendo mayores tributos de los asalariados y los trabajadores independientes. Se trata del más agresivo zarpazo que gobierno alguno haya intentado en materia impositiva contra las masas laboriosas. En la actualidad el impuesto a la renta para personas naturales lo pagan los asalariados que devengan 4,36 salarios mínimos, y la retención en la fuente es el mecanismo mediante el cual se les cobra a los trabajadores independientes. Lo que pretende la reforma es ampliar ese universo reduciendo lo que se llama en el lenguaje tributario el tramo exento. En lo que tiene que ver con la retención, las tarifas existentes se unifican por lo alto en una del 11%. La idea es poner a pagar el gravamen prácticamente a todo el mundo, para lo cual el gobierno asegura que empleará las artes de la seducción, es decir, se hará propaganda para que los empleados y, por ejemplo, el tendero, al albañil, el electricista por cuenta propia o el que arrienda una pieza, acepten pagar con la gaseosa promesa de que les devolverán una parte de lo tributado.

A pesar de que el presidente reculó por lo pronto en lo del IVA, en un foro organizado por el Banco Mundial y por Fedesarrollo, el oráculo de la tecnocracia criolla, se llamó a no echar el tema en saco roto. La DIAN elaboró un estudio detallado en el que se presentan cinco posibles escenarios para la simplificación y revisión del gravamen y todos ellos conducen a la ampliación de la base gravable y, por tanto, a mayores cargas sobre la población. A sabiendas de las reacciones en contra que este asunto despierta, los asesores del gobierno peroran sobre devolver el impuesto en subsidios a los más pobres. Por más que se trate de adornarlos, los impuestos al consumo han sido, son y serán siempre regresivos. La Revolución Francesa estableció la fórmula que aún hoy resolvería la cuestión tributaria mediante la siguiente regla simple: impuesto universal, progresivo y único. Los 1.500 artículos del Estatuto actual y los 900 de la reforma santista son el resultado de las maniobras de una burguesía decrépita por acomodarlo todo a sus exclusivas conveniencias.