El país ve con asombro cómo la peor ratería y criminalidad ha invadido a las capas dominantes, que medran orondas en la más absoluta impunidad, regla que excepcionalmente se rompe en medio de las batallas políticas por el control del aparato estatal o cuando estallan los conflictos por el reparto del botín.
Si se toma al azar cualquiera de los documentos que aparecen en la página del Ministerio de Educación Nacional como la bibliografía en la que se basa la reforma universitaria presentada por Santos y la Ministra María Fernanda Campo, se verá que en esta materia, como en todas, el gobierno se ha limitado a seguir al pie de la letra las orientaciones de los amos de las finanzas.
Entre las muchas falsedades a las que ha acudido la ministra para defender su articulado de reforma a la Ley 30 destaca aquella en la que afirma que los cambios propuestos por el gobierno no menoscaban la autonomía universitaria.
Miles y miles de estudiantes universitarios desfilaron en casi todas las capitales del país, constituyendo el más nutrido y entusiasta destacamento de la movilización del 7 de abril, en la que también participaron masivamente los educadores, los operarios de la ETB y otras organizaciones que enfrentan la agresiva política de despojar a la gente de los derechos y de rematar los bienes de la Nación.
Pocos días después de que Juan Manuel Santos divulgara su proyectada reforma a la educación superior, los estudiantes protagonizaron, la semana pasada, indignadas protestas.
El pasado jueves 10 de marzo, el presidente de la República presentó ante unos quinientos invitados a la Casa de Nariño, entre los cuales figuraban rectores y otras autoridades académicas, el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992; un paquete de 13 títulos y 164 artículos, que comprende los más diversos temas.
Se hace necesario un profundo sacudimiento ideológico y político dentro de ese otro patrimonio nacional que es la Unión Sindical Obrera; de lo contrario, la batalla por la defensa de la compañía y la riqueza petrolera y gasífera de la nación seguirá seriamente comprometida.
La particular concepción de la “equidad” y de la “prevalencia del interés general sobre el particular” se ha vuelto habitual entre los tecnócratas del régimen, sobre todo cuando de despojar a los trabajadores se trata. Ellas sirven de argumento para mantener bajos los salarios, ya que, si éstos suben, los empresarios no crearán nuevos puestos de trabajo, se dice con cinismo.
Artículos y documentos publicados a raíz de la Emergencia Social en el sistema de salud.