Salvemos la enseñanza pública derrotando la política de Santos y dando al traste con el complot de la dirección del  Polo contra el movimiento estudiantil

Hay ocasiones en las cuales los partidos, tanto como las personas, revelan con plena claridad su verdadera naturaleza, haciendo a un lado toda clase de fingimientos. Una de tales oportunidades se presentó el pasado 8 de septiembre, al día siguiente de las gigantescas movilizaciones estudiantiles contra la política oficial de mercantilizar la enseñanza, cuando la Alcaldesa encargada de Bogotá y una de las máximas dirigentes del Polo Democrático Alternativo —dejó la presidencia de ese partido solo para encargarse de la Alcaldía—, declaró a los medios su rendida admiración por el tristemente célebre Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD; alabó la táctica, la paciencia y otras virtudes de los encargados de apalear a quienes protestan en Colombia. A juicio de la dirigente polista, son los estudiantes, los campesinos, los indígenas, los camioneros, los destechados de Urabá o del Tolima, los desplazados, los trabajadores de Puerto Gaitán o de Barranca de Upía, los moto taxistas quienes provocan a los abnegados agentes del orden. Según su argumentación, los más diversos sectores populares se han hecho merecedores de los bastonazos, de los tiros, de los ataques con gases lacrimógenos y las acometidas de las tanquetas, por agredir a los pacíficos protectores de las instituciones. ¡Cuán ofensivas suenan esas palabras a los oídos de quienes han sido víctimas de la brutalidad del más odiado de los destacamentos represivos! ¡Qué ultraje a la memoria de los mártires del pueblo, como Nicolás David Neira, Oscar Salas y tantos otros!

Pero en las palabras de la Alcaldesa no hubo sólo alabanzas para el ESMAD; también expresiones críticas, ya que la vocera del partido de la oposición le recriminó a la fuerza policial que “no hubo un solo capturado por las alteraciones del orden público, y la impunidad garantiza que volverá a pasar”. Sostuvo que hay que arrestar jóvenes para judicializarlos y que se propone “innovar” para que se logre “una mejora en la estrategia de la Policía para enfrentar este tipo de marchas”. En materia de represión, pues, la dirigencia del izquierdista Polo Democrático compite con el uribismo y el santismo y tiene ansias de dejar una herencia propia de medidas policivas en el ya vasto arsenal del régimen.

Al hablar de la emulación en materia de tropelías entre esos dos sectores no exageramos. El martes 26 de enero de 2010 el señor Álvaro Uribe anunció que para “desterrar el homicidio” vincularía a mil estudiantes universitarios a la red de informantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas en la ciudad de Medellín. Para no quedarse atrás, el Polo, por boca de Clara López, reclamó que: “Los estudiantes tienen responsabilidad colectiva de ayudar a identificar a quienes dañan la marcha, había grupos pequeños de encapuchados que fueron a sabotear, a destruir y a cometer actos vandálicos’, e instó a “la misma comunidad a denunciar a quienes de manera incivilizada lanzaron ‘papas’ explosivas, pintaron edificios públicos, lugares emblemáticos del Distrito y locales comerciales, entre otros.” Aunque ambos quieren hacerle creer a la gente que respetan los derechos, Uribe los negó con el pretexto de combatir el terrorismo, y ambos con diatribas contra los “encapuchados” —entre los cuales hay numerosos jóvenes que simplemente temen sufrir represalias a causa de su participación en actos de indocilidad, en un país en el que el asesinato y el atentado contra los luchadores populares ha sido cosa común—. Uribe quería, para empezar, mil cooperantes en Medellín; López reclama que toda la comunidad universitaria se dedique a la delación.

Otras identidades se han dado con la ley de Seguridad Ciudadana. En sus entrevistas del 8 de septiembre, Clara López clamó porque se les aplique a los marchistas rebeldes. Vale recordar que esa disposición, recientemente promulgada por el gobierno de la Prosperidad Democrática, tiene como objetivo acallar cualquier expresión de inconformidad mediante las más draconianas medidas. Establece condenas a prolongados periodos de cárcel por obstruir vías públicas, ocupar terrenos o edificios, perturbar actos oficiales, lanzar sustancias peligrosas, etc., etc. El Polo ha dicho que se opone a ella, pero se afana por aplicarla de manera inflexible. Ya en anteriores ocasiones sus líderes han hecho palpable una incontenible inclinación a reprimir. El suspendido alcalde Samuel Moreno se había anticipado a la Ley santista cuando sostuvo que: “Yo creo que el Congreso de la República debe legislar, en unas penas mucho más severas para quienes perturban el transporte público y masivo”. Jorge Enrique Robledo había hecho lo propio cuando las gentes rechazaron la visita de George Bush a Colombia, y la actual alcaldesa, cuando se desempeñó como secretaria de Gobierno había ordenado emprenderla a garrote contra los habitantes de un barrio del occidente de Bogotá que reclamaban vías públicas. Es tan destacado el desempeño del Polo en la política de opresión, y tan cercana su postura a la de Juan Manuel Santos, que el nuevo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, felicitó a Clara López “por recuperar la confianza de los bogotanos”, encomio que la página de Internet de los amarillos destaca con orgullo.

Pocas horas después de salir al aire las entrevistas concedidas por la Alcaldesa, y para que no quedara duda sobre la actitud de la alta dirección del Polo, Aurelio Suárez publicó una “Carta a las mujeres bogotanas” en la que destaca que “La entrega de mujeres como Clara López Obregón me dicen que hombro a hombro, hombres y mujeres, tenemos la obligación de cambiar un estado de cosas que no tiene origen divino, sino que nace en la sociedad y por eso la sociedad tiene que darle solución.” Presenta a quien incita a tomar medidas punitivas contra las gentes sencillas como heroína de la libertad.

Al hacer estas críticas no significamos que el objetivo de la contienda consista en la refriega. Sin lugar a dudas, las jornadas por la educación pública requieren ser masivas, conmover el país y ganar la opinión nacional, tomándose las calles y las plazas y evitando, de ser posible, los choques, pues su objetivo no es la escaramuza con la Policía. Pero los llamados de algunos a que las marchas sean pacíficas con frecuencia tienen la infame connotación de tergiversar los hechos, endilgando la agresión a los defensores de las causas justas y exonerando de responsabilidad a la violencia de la gendarmería.

Surge una pregunta: ¿por qué el Polo, que pretende los votos del estudiantado universitario, resulta con semejantes provocaciones a la muchachada? ¿Se trata de un error confesar tan aviesos propósitos? No hay tal. El afán de esa organización política consiste en convertirse en “alternativa de poder”, en ganarse la confianza del establecimiento para que la deje gobernar; y la verdad sea dicha, lo está logrando. Cada día es mayor el número de articulistas y voceros de la más rancia oligarquía que aclama al Polo como un partido fundamental, insustituible para la democracia colonialista y burguesa colombiana y les prodigan alabanzas a personajes como Suárez, Robledo y López. Tal condescendencia de los potentados —y con ella el avivamiento de las expectativas de los arribistas— la han conseguido estos adalides del cambio sobre la base de asegurarles a los dueños del país que un eventual gobierno de “izquierda” será garante de los privilegios, aun a costa de emprenderla a balazos contra los inconformes. Los jefes polistas son alumnos aventajados de los socialistas griegos y españoles y no se les rezagarán en lo atinente a la obsequiosidad con el gran capital ni a las infamias con las gentes laboriosas y con la juventud batalladora. No es Gustavo Petro el único que se está acomodando.

La doblez de la dirección del Polo, su actitud cínica de apoderarse de la tribuna del desfile mientras que promueve la delación y el encarcelamiento, ha provocado la más justa indignación en amplios sectores estudiantiles. El asunto reviste mayor gravedad dado que la gente se pregunta qué actitud adoptarán los polistas en el movimiento universitario y de secundaria: ¿acatarán la instrucción de convertirse en señaladores, cooperarán con el ESMAD o, por el contrario, darán el honroso paso de condenar sin tapujos a la confesa partidaria de la más desembozada represión y a sus socios, Jorge Enrique Robledo y Aurelio Suárez?

Los estrategas del retorcimiento y el malabarismo, que se postran ante los opresores al tiempo que alardean de adalides de las batallas democráticas, si bien cosechan algunas recompensas de la plutocracia, no tardan en enfrentar dificultades crecientes e insuperables. Ya los más diversos colectivos estudiantiles, a lo largo y ancho del país, han descubierto que las huestes del Polo les hablan a las bases de salir a luchar, y hasta en ocasiones mencionan el vocablo paro sólo para ganar los votos de los incautos. La dirección amarillista en las instituciones educativas le apunta apenas a unas cuantas manifestaciones, eso sí las prefieren bien pacíficas, civilizadas, respetuosas, obedientes, una de apertura y la otra de cierre de campaña, entre otras razones porque por estas fechas esa militancia no tiene tiempo de más, ya que para ellos los comicios son de mayor importancia que salvar la educación.

Las reivindicaciones de la universidad son banderas que enarbolan sólo para atraerle un auditorio a los promeseros de la chaqueta amarilla. En cuanto a entablar una verdadera batalla para arrancarle al régimen estas valiosas conquistas, el discurso de la izquierda claudicante clama y repite monótonamente que las condiciones no están dadas, que las bases no entienden, que los estudiantes no saben el porqué y el para qué, que no son capaces de resistir más de unos días. Toda esa charlatanería muestra un profundo desprecio por las bases estudiantiles, que han demostrado ser corajudas e inteligentes. Aducen también los partidarios del movimiento parapléjico que un paro no es un fin en sí mismo, que la definición de una fecha debe postergarse una y otra vez, y que ese no es un tema importante de discusión, que si los educandos de varias instituciones se han visto precisados a entrar en huelga, no es urgente acompañarlos, pues, según estos teóricos de la táctica de la inoportunidad, no hay que extrapolar lo local a lo nacional; que al gobierno no le importaría el cese, pues los estudiantes no son un sector productivo (y lo afirman a pesar de que todos hemos sido testigos de los apuros de Piñera ante la combatividad de la juventud chilena, que no se dejó embaucar por discursos adormecedores ni por las dudas y vacilaciones, sino que salió resueltamente al combate.) Tampoco les interesa que esté a punto de aprobarse el Presupuesto General de la Nación y que sea indispensable luchar para que en él se incluyan recursos frescos y suficientes para las universidades estatales, bandera que se debe enarbolar con el rechazo al proyecto de Santos y con la exigencia de que la reforma de la educación superior parta de la comunidad universitaria y no de los mandaderos del capital financiero internacional. Para colmo, cuando alguien se atreve a criticar los abusos de los peritos de la dilación, estos responden con gritos de unidad, unidad, como si esta se consiguiera avalando el oportunismo y ahora hasta la delación. Son precisamente las maniobras del Polo las que han venido debilitando la necesaria unidad del estudiantado. Pero superando los obstáculos levantados por la reacción y el oportunismo, ya los valerosos estudiantes de Pereira se ganaron el honor de ser los pioneros del paro nacional universitario y la Universidad de Antioquia también entró en la liza, sin esperar el permiso de los pretendidos dueños de la lucha social. Tolima, Ocaña, la UPN y varias de la Costa también se aprestan al combate. El empuje que va tomando el combate obligará a los vacilantes a sumarse o los hará a un lado.

Los elementos del complot de la dirección del Polo contra el movimiento estudiantil están completos y no es difícil armar el rompecabezas: Clara López azuza la represión y el señalamiento; Robledo y Suárez se presentan como nobles defensores de la causa democrática, y sus pupilos en las aulas, a la vez que ayudan a captar los votos obstaculizan el desarrollo del movimiento para que no llegue a causarle serios problemas al Estado, pues las oligarquías perderían la confianza que tan cautelosamente han venido depositando en el polismo. Infortunadamente, los cabecillas de la contemporización y la entrega han contado con la colaboración de otro par de agrupaciones estudiantiles de las cuales era dable esperar una posición algo más digna y menos sujeta a las directrices que aquí criticamos.

Corresponde, entonces a los sectores independientes, a todos a quienes les importe de veras la suerte de la enseñanza, ponerse al frente de la lucha por salvar la educación pública, hacer abortar la reforma privatizadora de Santos, pelear porque el presupuesto de 2012 incluya partidas suficientes para que las instituciones estatales superen el déficit y tengan los recursos necesarios para adelantar programas de educación verdaderamente avanzados y al servicio de la Nación y del pueblo y por conseguir autonomía, en cabeza de consejos universitarios con participación mayoritaria de profesores y estudiantes.