Ponencia presentada ante el primer encuentro Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, realizado en Bogotá, D.C. los días 20 y 21 de agosto Juventudes Marxistas – Notas Obreras

Introducción

El gobierno de Juan Manuel Santos ha anunciado que presentará al Congreso en los próximos días el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992. El texto mantiene intocadas las características lesivas del que dio a conocer el diez de marzo, que provocó un amplio rechazo nacional. Los retoques introducidos sólo tienen el propósito de neutralizar a los dueños de universidades privadas y a los rectores que han puesto reparos a la posición gubernamental. Santos pretende culminar el despreciable encargo de privatizar toda la enseñanza superior y entregársela a las multinacionales de ese negocio. El propio presidente declaró que se trataba de convertirla en fuente de lucro para los inversionistas.

El designio oficial consiste en asfixiar las instituciones públicas, manteniéndoles tan bajos los aportes de la Nación, que se vean impelidas a entrar en sociedad con entidades particulares. Quiere obligarlas a ser rentables o a liquidarse, como ocurre con los hospitales; empujarlas a entrar en “sociedades” lucrativas comerciales, financieras o de fabricación. Forzarlas a continuar incrementando las matrículas, a vender servicios, suprimir lo poco que queda de bienestar estudiantil, hacinar a los estudiantes; que estos y sus familias sean presa del crédito usurario; que la autonomía, la libertad, el libre análisis y la controversia desaparezcan de los claustros, pues serán los capataces quienes transmitirán las órdenes de los gerentes de las multinacionales sobre qué es lo “pertinente” y cuáles son las competencias en las que se debe adiestrar la mano de obra, para que no sea crítica sino sumisa y productiva, con sentido de pertenencia al patrón.

Para imponer sus nefastas intenciones, el gobierno se vale de mecanismos coercitivos como la acreditación obligatoria, el sistema de aseguramiento de la calidad y fortalece entes como el Icetex y el Icfes, en detrimento de las propias universidades. Los escasos recursos que les ofrece del presupuesto se condicionan a aceptar lo que diga el Ministerio; los recursos estatales se destinan a arrasar la formación pública y a implantar a la brava la privatización; mientras que los negociantes de la enseñanza recibirán exenciones tributarias y toda clase de subsidios.

El proyecto de reforma hace parte de las políticas del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para todos, que profundizará la entrega de los recursos naturales a los monopolios extranjeros, en particular de las minas, impulsará una mayor concentración de la tierra en manos de unos cuantos grandes terratenientes y compañías agroindustriales, mientras que a los campesinos los constriñe a “asociarse” con dichos monopolios agroexportadores. Busca también el mencionado Plan incrementar los precios de los servicios públicos y garantizar las utilidades de los consorcios que se enriquecen con el suministro de energía, agua potable y telecomunicaciones, entre otros. La médula del Plan consiste en entregar toda la economía nacional como un filón de negocios a los monopolios imperialistas, a los cuales llena de concesiones, mientras que a los colombianos los abruma con mayores tarifas y privaciones, y les niega los recursos públicos a las necesidades esenciales con normas como las de sostenibilidad fiscal. El endurecimiento de la represión con la llamada Ley de Seguridad Ciudadana es el complemento indispensable de estas políticas neoliberales.

I. Asfixia de la universidad pública

Las universidades con ánimo de lucro solo tendrán éxito si se mustian las del Estado hasta desaparecer o degenerar en firmas comerciales. Ya desde la expedición de la Ley 30 de 1992 se les ha obligado a incurrir en una creciente desfinanciación, como lo muestran las siguientes cifras tomadas del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES¹:

Relación entre el aumento de la población estudiantil y los aportes de la Nación
periodo 2003-2009

	Aumento población estudiantil	Aportes Nación	Aportes per cápita
U. del Valle	33,10 %	2,27 %	– 21,77 %
U. Pedagógica	76,77 %	2,4 %	– 41,2 %
SUE	58,68 %	18,3 %	– 12 %

Cuadro elaborado con base en la información del SNIES.

Como se puede ver, los aportes per cápita de la Nación han menguado dramáticamente, mientras la población estudiantil ha crecido de manera considerable, llevando a una encerrona a estas entidades. Téngase en cuenta que se trata de tan solo unos ejemplos, pero las cifras del Sistema Universitario Estatal, SUE, nos dan una visión del conjunto.

Para entretener a la opinión nacional, Santos, como lo hizo Uribe en el proyecto de Ley 237 de 2010, promete un aumento de los recursos estatales a las universidades públicas a partir de lo girado el año inmediatamente anterior, dependiendo del incremento real del Producto Interno Bruto, PIB, de esta manera (art. 149):

Si el PIB crece:	porcentaje de aumento para las IES
Más de 0 % y menos del 5 %	30 % del crecimiento del PIB
Igual o mayor que el 5 % y menor que el 7.5 %	40 % del crecimiento del PIB
Igual o mayor que el 7.5 %	50 % del crecimiento del PIB

Si se tiene en cuenta lo que ha sucedido con el PIB de los últimos diez años, se observa que lo ofrecido es bastante exiguo:

Resaltemos que los aportes que establece el artículo 149, que dependen del incremento del PIB, además de ser exiguos son inestables y, por lo tanto, no garantizan un desarrollo continuado del sistema de educación ni mucho menos del trabajo investigativo —que requiere inversiones considerables y garantizadas por varios años—.

La ministra María Fernanda Campo pretende engañar al país cuando afirma que a las universidades públicas les llegarán más recursos que nunca antes. Veamos: de acuerdo con la Asociación Colombiana de Universidades y los vicerrectores del Sistema Universitario Estatal, SUE, el desfinanciamiento actual de las 32 universidades públicas supera los 660 mil millones de pesos. En otras palabras, ese es el monto que les adeuda la Nación.

El artículo 150 del proyecto de ley estipula que “a partir de 2012 y hasta 2014 la Nación asignará recursos adicionales al Ministerio de Educación Nacional equivalentes a tres puntos reales respecto a los aportes de la Nación a las Instituciones de Educación Superior estatales en el año inmediatamente anterior.” El artículo 151 mantiene el mismo incremento desde 2015 hasta 2022, con una variación ligera en los criterios de distribución.

Si tomamos los 2,2 billones de pesos que son el actual aporte de la Nación, tenemos que en 9 años, es decir, en el 2020, el monto acumulado de ese 3% anual llegará a los 670 mil millones de pesos: apenas se cubriría el desfinanciamiento actual si las universidades no aumentaran sus gastos ni invirtieran un solo peso en casi una década. Y de aquí al año 2022 les habrá aportado 845 mil millones adicionales a los 2,2 billones actuales, escasos 185 mil millones sobre la deuda actual².

El asunto estriba en que:

“Estos recursos estarán destinados a financiar:
a. La generación de nuevos cupos teniendo en cuenta… programas de regionalización, la presencia en zonas de frontera, y la atención a población vulnerable.
b. El reconocimiento de la productividad académica de los docentes, teniendo en cuenta las distintas formas de protección de la propiedad intelectual.
c. La formación del recurso docente.
d. La promoción de la investigación y la innovación.”

Queda muy claro que el déficit en vez de reducirse se agigantará y que las universidades se verán precisadas a acudir cada vez más a las alzas de matrículas, a vender servicios y a los contratos con empresas privadas o a convertirse en instituciones mixtas, es decir, a privatizarse abierta o soterradamente.

II. Vulneración de la autonomía

Otro punto sumamente grave consiste en que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y el proyecto que analizamos, toda la educación se sujetará a los criterios de pertinencia y de competencias, es decir a los requerimientos del gran capital. Veamos cómo lo plantea el Plan:

“Fomento de la pertinencia de la formación de capital humano bajo el enfoque de competencias teniendo en cuenta las necesidades del sector productivo. El MEN implementará una estrategia de incentivos en el sector de formación para realizar transformaciones en su oferta, ajustándola adecuadamente a los requerimientos de todos los agentes demandantes; mediante estímulos a través de los créditos del ICETEX, los recursos proporcionados a las universidades públicas e institutos de formación técnica y/o tecnológica públicos, los recursos otorgados en los programas de fomento a la formación de educación técnica y tecnológica, y la formación para el trabajo y el desarrollo humano, los mecanismos de aseguramiento de la calidad y los convenios de ampliación de cobertura del SENA.”³

En otro aparte se declara el objetivo de que “el sector privado participe activamente en la determinación de las necesidades de formación y oferta de la misma.”⁴

No se trata simplemente de que los educandos participen en faenas productivas, con lo cual estaríamos de acuerdo, ya que combinar la teoría con la práctica constituye el camino más seguro para el aprendizaje. Lo que merece condena del estudiantado y de Colombia toda es que se pretenda ajustar, es decir, limitar la enseñanza a las competencias que reclaman los patrones, en particular los monopolios imperialistas. Los estudios que se salen de esos estrechos marcos se consideran no pertinentes. Así, la investigación básica, la que supera la mera innovación, se considera fuera de contexto. Lo máximo a lo que se aspira con la chata visión colonial y mercantilista es al tipo de innovaciones que se definen en el texto del Plan:

“Innovar no sólo significa desarrollar nuevos productos y transformar los productos existentes. Consiste en crear nuevas formas de producir, entregar, comercializar y vender, logrando, en última instancia, generar valor agregado a través de toda la cadena productiva. Ahora bien, la innovación no sólo aplica a las actividades productivas. Es, por lo contrario, una pieza central en todas las esferas del desarrollo, incluyendo el desarrollo social o el Buen Gobierno. [Es la] introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones exteriores (OECD, 2005)”⁵.

La innovación que corresponderá a nuestro país será, entonces, aquella requerida por nuestro papel en la división internacional del trabajo que nos asigna el dominio gringo y que se concreta en las locomotoras de santismo.

Aparte de las competencias exigidas en los talleres, en los almacenes y oficinas están aquellas determinadas por el necesario adoctrinamiento ideológico, las que aherrojan las conciencias, las diseñadas para domar los espíritus rebeldes, para mantener la sumisión de los pueblos:

“Una educación de calidad requiere entonces formar ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen sus deberes sociales y conviven en paz, e implica ofrecer una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva, que contribuya a cerrar las brechas de inequidad, centrada en la institución educativa, que permita y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural. En síntesis, nos compromete una educación de calidad como el camino a la prosperidad.”

No se puede negar que el alto gobierno cumple a cabalidad los mandatos del Banco Mundial, como lo comprobará quien ojee textos como el de Michael Gibbons, Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI, o cualquiera de los otros de la bibliografía del Ministerio de Educación⁶.

También los sistemas de acreditación, evaluación, aseguramiento de la calidad y otros tienen como propósito imponer a las directivas de las universidades marchar al son de los dictados gubernamentales. Con los sistemas de vigilancia y las disposiciones de buen gobierno, rendición de cuentas, transparencia y las demás de la sarta de palabrejas de politólogos, politicastros y administradores se pretende embaucar a los más incautos para que piensen que el público tendrá conocimiento e injerencia en la marcha de los establecimientos educativos a pesar de que se transfieran a manos de los pulpos, principalmente foráneos.

III. Universidades con ánimo de lucro

El propósito primordial del proyecto de Ley consiste en convertir la enseñanza superior en filón de negocios para los financistas. El modelo de universidades con ánimo de lucro que se pretende imponer fue tomado del que existe en Estados Unidos, país en el que el año pasado se desató un escándalo por las estafas cometidas por los negociantes de la enseñanza, como lo publicó la pagina WEB www.razonpublica.com⁷.

Estas entidades han tenido un crecimiento vertiginoso en pocos años hasta el punto de que hoy más del 10% de los estudiantes están matriculados en ellas y, por ejemplo, la universidad de Phoenix ha llegado a tener 500 mil estudiantes. El negocio consiste en comprar a precio de ganga instituciones en problemas financieros y convertirlas en empresas altamente rentables que mercadean acciones en la bolsa de valores. Por eso el proyecto de Santos-Campo prevé que se establezcan universidades que comprarán y venderán acciones (artículos 38, 39 y 40), adquirirán otras instituciones de las cuales obtendrán las licencias del Ministerio de Educación, las instalaciones, los alumnos matriculados, etc.

También introduce las universidades mixtas, a las cuales se les aplica la legislación de las privadas, y constituye una de las vías para privatizar las públicas. (art. 20).

El análisis muestra que a comienzos de la década, la ayuda del estado federal a las universidades con ánimo de lucro alcanzó los US $4.500 millones, mientras que en el 2009 superó los US $26.500 millones, un incremento de 600% en 9 años. Es tan importante el crédito estatal que las con ánimo de lucro en Estados Unidos tienen el 10% de la matrícula pero reciben el 23% de los créditos y subsidios públicos. La Universidad de Phoenix hace 10 años dependía en 48% de los recursos del gobierno; hoy, en 86%. No es cierto que con tales entidades habrá un gran aumento de los recursos para la educación superior, pues se trata, más bien, de desviar los fondos públicos que reciben las universidades estatales hacia las con ánimo de lucro, para lo cual es imperativo fortalecer un sistema de crédito y subsidios, en desmedro de los aportes nacionales al presupuesto universitario. Ese papel lo cumplirá el ICETEX, que estará a cargo del gran sistema de crédito educativo. (art. 125).

Los mercaderes de la enseñanza en Estados Unidos recortan costos al eliminar los contratos de tiempo completo a educadores y empleados, al arrasar la carrera docente y disolver los sindicatos así como prescindir de las asociaciones estudiantiles. Todos los derechos democráticos de los estamentos universitarios se barren en beneficio de los inversionistas.
Vale destacar que el 20% de los gastos de esas instituciones son para el pago del personal docente en tanto que el 25% se destina a la publicidad (marketing). Esto y los dividendos que captan los inversionistas hacen que este tipo de enseñanza resulte bastante costosa.

Dichas empresas educativas excluyen la investigación pura, cierran carreras no rentables y sacan del currículo las asignaturas que no están directamente orientadas a la formación profesional. No ofrecen conocimiento teórico, abstracto y lógico; sino meramente práctico, concreto e intuitivo. Es lo que en el lenguaje oficial se conoce como una educación pertinente ceñida a las competencias. Uno de los directivos afirma que el estudiante no puede darse el lujo de aprender más de lo que se necesita aprender.

Este negocio se impulsa a través de fuertes campañas publicitarias que cuentan con supuestos consejeros profesionales, call centers y promesas de que al terminar los estudios los jóvenes obtendrán empleos remunerados con considerables ingresos cuando, en realidad, quedan indefensos en el mercado laboral a causa de una formación tan precaria.

Mediante la propaganda engañosa se atrae a cientos de miles de inmigrantes, latinos negros y otros grupos sociales pobres. La carga del crédito hace que la deserción haya llegado al 43% y que un millón novecientos mil estudiantes hayan abandonado esas aulas entre 2008 y 2010, quienes en vez de un título se han llevado una enorme deuda, pues las universidades reciben el valor de la matrícula directamente del Estado y el estudiante y su familia quedan con el compromiso crediticio.

En su afán mercantilista, la señora Campo en el artículo 156 determina que el Fondo de Desarrollo para la Educación Pública, FODESEP, como sociedad anónima mixta estará a cargo de “vincular capital privado a la prestación del servicio público de Educación Superior” y servirá como “fondo de garantías para los créditos otorgados a Instituciones de Educación Superior estatales y privadas”.

IV. Táctica para enfrentar la ofensiva oficial: paro nacional masivo, oportuno, unificado y consecuente

La comunidad universitaria está impelida a salir al paro nacional a derrotar la reforma Santos-Campo. No tenemos alternativa: o libramos la batalla, en las circunstancias actuales, actuando con celeridad y energía para acrecer las fuerzas, o facilitamos que el régimen imponga sus designios. El hecho de que aún haya importantes sectores universitarios que no son conscientes de la necesidad de la huelga y que, por el contrario, alimentan ilusiones sobre salidas facilistas, como que Congreso apruebe un proyecto alternativo o haga reformas sustanciales al del gobierno, no debe descorazonarnos. Es responsabilidad de todas las organizaciones y colectivos esforzarse por superar esas dificultades planteando y difundiendo la necesidad de llevar a cabo el paro nacional indefinido como única posibilidad de enfrentar el articulado santista y derrotarlo. Son importantes las movilizaciones, las conferencias, los foros y la actividad cultural, pero todas estas tareas deben divulgar y contribuir a organizar el paro nacional universitario, no a reemplazarlo.

Esta batalla debe iniciarse a tiempo, para que no se convierta en una mera jornada de protesta en la víspera de la aprobación de la ley más lesiva de la historia de la educación pública superior, y ha de tenerse en cuenta también que en el mes de octubre se aprueba el presupuesto general de la Nación, al cual hay que arrancarle mayores recursos para el financiamiento de la educación superior. Hay algo peor que luchar en una situación adversa: aplazar la pelea hasta cuando ya todo esté perdido arguyendo que se van a preparar las condiciones; no faltan quienes, pasándose de astutos, y quizá obedeciendo a otros intereses, ni siquiera mencionan la imperiosa necesidad del paro nacional, para, luego, salir a proclamar que no hay condiciones, como si estas surgieran por generación espontánea y no fueran, en parte considerable, el fruto de un esfuerzo sostenido para movilizar a las bases.

Ésta la grave responsabilidad que debe asumir este encuentro nacional: o aprueba lanzar el paro nacional indefinido, con el compromiso de todas las organizaciones, colectivos y movimientos de dedicar sus mejores esfuerzos a tan exigente tarea o deja pasar el tiempo y permite que el gobierno de la Unidad Nacional gane terreno, con lo que el Encuentro cargaría con la vergüenza de no haber hecho todo lo posible para evitarle al país este desastre para la educación. Quienes acuden a tácticas dilatorias y a un lenguaje ambiguo no contribuyen a que el estudiantado comprenda esta necesidad y, así, le facilitan las cosas al gobierno.

Finalmente, es importante oponerse a que la gran movilización sea utilizada con fines electorales, pues ello menoscaba la unidad y desvirtúa los objetivos de la lucha. Estamos seguros de que los estudiantes colombianos no seremos inferiores a nuestros compañeros chilenos.

Levantemos con firmeza las banderas de obtener financiación estatal suficiente para la educación pública y respeto a la autonomía, ejercida por consejos universitarios con representación mayoritaria y decisoria de estudiantes y profesores. Conquistemos una educación al servicio del país y no del Imperialismo; del pueblo y no de la oligarquía y en la cual se imparta el conocimiento científico.