Llamamos a luchar contra la reforma tributaria y a rechazar a los embaucadores que distraen en minucias la energía popular

El Encuentro Nacional de Emergencia del 27 de marzo convocado por la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular, CNSSP, llama al pueblo colombiano a combatir hasta derrotar el proyecto de ley de reforma tributaria y fiscal y las demás medidas antipopulares del gobierno de Duque.

Con la nefasta reforma tributaria, bautizada cínicamente “ley de solidaridad sostenible”, se apunta a recaudar unos $25 billones, de los cuales se destinarán, al menos, $15 billones (el 60 %) a abonar al pago de la acrecida deuda pública, que bordea el 65 % del Producto Interno Bruto y cuyos pagos de intereses y principal absorberán este año cerca de la cuarta parte del presupuesto nacional; del sobrante, sin duda, buena parte se gastará en la anunciada compra de aviones de combate, cuyo costo se ha tasado en $15 billones, para satisfacer la creciente militarización del régimen. Los rasgos generales del proyecto, hasta ahora solo presentado ante los gremios económicos y las bancadas políticas y filtrado a cuentagotas a la prensa, serán los siguientes:

Estas normas esparcirán la miseria y el hambre entre los sectores populares y medios, cuya pobreza creciente se agudizó durante la pandemia hasta el punto de que millones de familias apenas comen una o dos veces al día. Y sin contar con que esta es apenas la cuota inicial de venideros y sucesivos cambios a los impuestos centrados en ampliar el impuesto de renta a los asalariados, independientes y pensionados de más bajos ingresos y en generalizar la tarifa plena del IVA a toda la canasta básica, como lo exigen la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, conformada por Duque, la Anif, Fedesarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Ocde.

Esta escalada impositiva se maquilla con la “política social” aconsejada por el Banco Mundial, que consiste en la entrega condicionada y clientelista de irrisorias sumas a través de antiguos programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, y otros recientes como Ingreso Solidario y la devolución o compensación del IVA, un ínfimo giro que, el año pasado, fue de $37.500 mensuales a un millón de familias, para un total de $375 mil millones, la veintiochoava parte de los $10,5 billones que se les sacarán a estos mismos “beneficiarios” y al resto del pueblo con las modificaciones al IVA. Estas migajas asistencialistas junto a la represión y la brutalidad policial es lo único que ha recibido el pueblo durante la pandemia. La suma de estos programas es mucho menor a la de las concesiones a un reducido número de capitalistas en las dos primeras reformas tributarias del actual cuatrienio, y apenas sobrepasan los giros del PAEF.

Pero la reforma tributaria no es la única tropelía que preparan los círculos dominantes. Fedesarrollo presentó un llamado “nuevo contrato social”, recibido con alborozo por la alta burocracia estatal, que busca abolir el sistema pensional de prima media; estatuir una pensión universal de menos de medio salario mínimo para los mayores de 65 años con lo que, de hecho, se aumenta la edad de retiro en ocho años para mujeres y en tres para hombres; “pensión” que se complementaría con la pírrica renta que puedan producir los reducidos ahorros pensionales de los asalariados en los fondos privados u otras entidades de agio, ya que los patrones no tendrían la obligación de aportar el 12 % del salario (el 75 % del total de la cotización) sino máximo el mismo porcentaje que puedan cotizar los trabajadores; así, el aporte bajará y el grueso de las pensiones no alcanzaría ni al salario mínimo. Para dar otros ejemplos, el “nuevo contrato social” también propone aumentar los aportes para salud a cargo del trabajador, reducir el de los patrones a las Cajas de Compensación y “focalizar” los subsidios a los estratos uno, dos y tres, aduciendo que el 90 % de ellos se les asignan a “no pobres”. Propuestas muy similares viene planteando la Anif.

A lo anterior hay que agregarle los estragos que ya está causando entre los asalariados de más bajos ingresos el decreto 1174 y, para solo citar un caso más, la exacción que les espera a los pequeños y medianos negocios con la generalización a rajatabla del régimen de tributación Simple, que urgen la comisión de “expertos” tributarios y toda la tecnocracia.

La casta gobernante, sumisa a las órdenes de los imperialistas y los magnates criollos, aunque vacila, principalmente por el terror que le inspira la insubordinación de los de abajo, se ve impelida a aprobar el nuevo paquetazo, pues los acreedores y sus emisarios no se transan por menos. No obstante, varios factores están creando un clima propicio para el levantamiento popular contra las tiránicas reformas. Entre ellos destaca, primero, en el plano internacional, la crisis de la potencia yanqui, expresada en su descomposición política, económica y social interna, y su sistemática perdida de influencia global, debida, entre otras causas, al ascenso de nuevas potencias imperiales, como China, que la desafía en todos los terrenos, crisis de la que no lograrán sacarla ni el plan de elevación de impuestos y de renovación de la infraestructura por dos billones de dólares anunciado con bombo y platillos por el nuevo inquilino de la Casa Blanca, ni sus afanosas diligencias para recomponer las deterioradas relaciones con los antiguos aliados en los cinco continentes. En segundo lugar, el ejemplo, que cunde y estimula, de las masas que se levantan hoy en una nación, mañana en otra contra saqueos similares. Y en Colombia, el desempleo, el hambre, la corrupción, el desangre por la violencia que se ceba en las gentes sencillas y de la cual, en buena parte, son cómplices o artífices organismos oficiales o paraoficiales; la conciencia de los jóvenes sobre el abominable futuro que les depara el sistema social prevaleciente; la quiebra generalizada de pequeños y medianos productores; el desprestigio creciente de las caducas instituciones oligárquicas y de la inepta camarilla política dominante, trenzada cada vez más en disputas irreconciliables por ver cuál facción se queda con el control del estado. El debilitamiento del gobierno de la marioneta de Álvaro Uribe que, con su irresponsabilidad, ha permitido que Colombia esté entre los países con mayor número de contagiados y muertos por covid-19, y de los más retrasados en el proceso de vacunación, ya que está más interesado en los negocios de los capitalistas que en la salud de la clase trabajadora y los pobres. El declive del uribismo cercado cada vez más por los problemas penales de su jefe y con el alma en vilo por el temor a que Washington lo suelte de su mano, a pesar de su demostrado servilismo. En fin, los amos temen y los humildes bregan por un resurgir decuplicado del 21 de noviembre de 2019, la más importante movilización de los explotados de nuestro país en el presente siglo.

El factor más negativo de la situación es la contumacia en mantener la táctica de concertación y apaciguamiento y los métodos antidemocráticos por parte de los llamados movimientos alternativos a través de las cúpulas de las centrales obreras y los grandes sindicatos como Fecode o la USO, agrupados en el Comando Nacional Unitario y el Comité Nacional de Paro, misma táctica con la que ayudaron a ahogar el paro del 21 de noviembre cuando este empezaba a perfilarse como una protesta nacional de carácter indefinido. Hoy, evitan desafiar el paquetazo de Duque y han optado por distraer a las masas emulando a este en la promoción de los míseros auxilios con los que la burguesía y el imperialismo buscan apaciguar la inconformidad. Es el caso del proyecto de ley para cambiarle el nombre al programa Ingreso Solidario por el de “renta básica de emergencia”; entelequia consistente en otorgarles, durante tres meses, a las familias pobres y “vulnerables” un auxilio de un salario mínimo legal, al cual se le debe descontar la suma de lo que perciban por los otros programas asistencialistas. Tan fútil resultó la propuesta, que hasta Duque se la mejoró con su propuesta de ajustar y volver permanente Ingreso Solidario, con lo que, a la vuelta de unos pocos meses, superaría con creces la cicatera renta básica de la atolondrada oposición.

Peor aún que la desmirriada “renta” resulta el origen de los recursos con los que sugieren financiarla: 1) dineros del Fondo de Mitigación de Emergencias, Fome, aparato creado por Duque asaltando los ahorros de los trabajadores en el Fondo de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, y las regalías de las regiones consignadas en el Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE; 2) con emisión del Banco Central; 3) mediante la “inaplazable” reducción de gastos de funcionamiento y reasignaciones presupuestales, dos de los ultimátum de las agencias multilaterales; 4) con una reforma tributaria de su iniciativa, en la que coinciden bastante con la anunciada por el gobierno, y, 5) como cereza del pastel, “con créditos internacionales”, es decir, aumentando la deuda, el más grande lastre para el desarrollo de la nación y el bienestar del pueblo. Desvergonzados, los autores de la iniciativa aducen que el objetivo de esta no es otro que el de garantizar

 “el derecho de los colombianos a la vida en condiciones dignas de existencia. Por tanto, es evidente que guarda estrecha relación con las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para afrontar y superar la crisis desencadenada por la pandemia de COVID-19”.

 Ni la nueva revista Semana hubiera podido encomiar mejor al vano mandatario ni tergiversar tanto el verdadero sentido de sus disposiciones. (Ver exposición de motivos del proyecto de ley por medio del cual se crea la renta básica de emergencia). La alta burocracia sindical y sus mentores juran y perjuran que las masas serán redimidas si hacen cola en el Capitolio para seguir atentamente los grandilocuentes debates y las audiencias públicas alrededor de su apocado programita electoral.

De ahí la necesidad de mantener una lucha ideológica y política sin cuartel contra estos claudicantes, que adoptan los enfoques de las clases dominantes con el calculo obtuso de que, si renuncian a exaltar los ánimos de los oprimidos, los amos les permitirán llegar a “ser gobierno”. Apremia desenmascarar la consabida triquiñuela de fijar fechas de paro, pero limitarse a promocionar unos cada vez más carnavalescos desfiles teñidos de propaganda electoral. Las bases y dirigentes medios de las centrales sindicales y de los partidos de oposición deben emplazar a sus jefes, incluidos los del “Pacto Histórico” y de la “Esperanza”, para que abandonen el trillado camino de abrevar en las fuentes de la reacción y prometer que todo cambiará solo con que sus humanidades se apoltronen en las limusinas oficiales. El futuro de la lucha popular depende, como de ninguna otra cosa, de que los oportunistas sean derrotados en este debate.

Los participantes en el Encuentro de Emergencia llamamos a los líderes y lideresas sociales y populares a los cientos de miles de desencantados de los partidos de la coalición gobernante y del llamado centro, a los jóvenes y a las mujeres, a los indígenas y afros, a los obreros y campesinos a lanzarnos a las calles, a las barriadas, a las veredas, a las terminales del transporte masivo a llevar a cabo la más intensa campaña contra la ominosa reforma tributaria, el eslabón clave que puede desencadenar el resurgir de la resistencia callejera; a la vez, mantener la lucha contra el decreto 1174; las reformas laboral y pensional; la supresión de los subsidios mediante el Sisbén IV; impulsar la solidaridad con los trabajadores estatales en proceso de negociación y los demás conflictos colectivos; apoyar a los relegados trabajadores de la salud, vanguardia de la pelea contra el revivido proyecto de ley 010, que ahonda los males del sector: la intermediación y el robo de las EPS y la subcontratación de su fuerza laboral; demandar un plan masivo, gratuito y sin patentes de vacunación y oponerse a la entrega de esta a los negociantes del sector privado, lo cual hará desaparecer aceleradamente la vacunación gratuita, y exigir el cese inmediato de los asesinatos y masacres de jóvenes, campesinos, indígenas, excombatientes y luchadores populares. Convocamos a agitar al lado de estas reivindicaciones democráticas unos puntos mínimos que chocan directamente con los intereses de los explotadores y que le confieren al movimiento una necesaria perspectiva de transformación radical de la sociedad; entre ellos, no pagar la deuda, nacionalizar la banca y los sectores económicos que inciden determinantemente en la vida del pueblo, incluidos los recursos naturales y las empresas que los controlan; desprivatizar la seguridad social y los servicios públicos; abolir las EPS, las AFP y las ARL.

Que nuestras armas de combate contra la infame reforma sean centenares de miles de hojas volantes, carteles y megáfonos, que la agitación y la propaganda conduzcan a ayudar a organizar desde abajo y a preparar para la lucha y no para las votaciones a millones de trabajadores y personas del común, lo mismo que a lograr la simpatía y el apoyo de los vastos sectores medios, cada vez más afectados por la política alcabalera y por el propio sistema social y económico que los arruina. Las condiciones son propicias para el alzamiento unitario del pueblo contra la regresiva reforma tributaria y demás atropellos del régimen. No dejemos que se pierda el momento.

Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular

5 de abril, 2020