La campaña del aspirante a continuador de la obra de Samuel Moreno: promeserismo y carantoñas al gran capital

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El radical candidato de la oposición sentaba cátedra sobre cómo se dirimen los conflictos entre privados en el Estado de derecho: de un lado la poderosa multinacional esgrime sus cientos de millones de dólares, su miríada de funcionarios fletados pertenecientes a las tres ramas del poder, empezando por la Alcaldesa polista, defendiéndole sus “justos” derechos; y, del otro, los privados de todo, las familias sencillas del Centro Nariño, amenazadas por la policía que las acosa para que cedan y se priven de lo que les pertenece, so pena de ser ultrajados y privados de la libertad.

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El pasado 19 de julio el Polo Democrático escogió su candidato para la Alcaldía de Bogotá. La designación recayó en Aurelio Suárez Montoya, del Moir, lo que muestra la preponderancia de este grupo en esa colectividad, ahora reducida a la alianza entre aquél, el descaecido Partido Comunista y lo que queda del anapo-samperismo, que la preside por medio del ex senador Dussán, mientras dura el encargo de la doctora López Obregón. Hay otro sector conformado, entre otros, por los senadores Avellaneda, Guevara y Romero, el cual se mantiene haciendo bulto a regañadientes, obligado por la normatividad que no le permite separarse, so pena de perder las curules que hoy ostenta.

Aunque no se ha dicho mayor cosa sobre ello, es evidente que el propio nombramiento de Suárez mostró la profunda crisis en que se halla sumido el PDA, crisis que pretende taparse con declaraciones altisonantes sobre que “hay Polo para rato” y otras frases de cajón. Para la escogencia apenas se logró el quórum requerido, pues este se conformó con apenas 168 delegados, sólo 10 más de los necesarios, y eso que por algún mecanismo debieron ajustar el número de participantes, ya que en la resolución 002, del 2 de marzo del presente año, mediante la cual se convocó a la Coordinadora Distrital, organismo estatutario responsable de seleccionar a los abanderados de la campaña, se había señalado que el número de integrantes de ella era de 371, lo cual quiere decir que más de la mitad de la dirigencia polista de la Capital se abstuvo de acudir a los comicios internos o, sencillamente, ya desertó.

El doctor Suárez no ha sido parco, en pocos días ha opinado sobre tantas y tan importantes materias, que ya podemos tener una visión cabal de sus propósitos, que son los de la llamada ala radical del PDA. Un día después de la escogencia, los grandes medios de comunicación, de los que tan a menudo se queja el senador Robledo porque, según él, discriminan en su contra, le abrieron micrófonos y cámaras a su valido. El itinerario se inició en Caracol; Suárez aprovechó, al contestar un interrogante sobre el futuro de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, para declarar su predilección por el agio como vía para la permanencia y progreso de las empresas públicas:

“Estamos en un mundo en el que hoy el dinero es supremamente barato… usted hoy puede conseguir dineros varados en los centros financieros y en los paraísos fiscales a un costo de menos del 3%, de menos del 4% y paga los intereses con la revaluación. A la ciudad no se le dice la verdad de todas las opciones de un mundo financiero y solamente se le repiten tres o cuatro cosas, muy en el campo de lo que he llamado la futurología”.

Hasta la gran burguesía es más recatada para referirse a los caimacanes de la usura internacional, de quienes muy pocos dudan, a todo lo largo y ancho del mundo, que en aras de sus descomunales ganancias han conducido a la bancarrota naciones enteras, grandes y pequeñas. Sin embargo, para el vocero del continuismo polista lo que sucede es que a los bogotanos no se les han explicado con verdad las bondades que rezuma el capital especulativo, incluido el que mora en los paraísos fiscales, centros en los que los especuladores se mueven a sus anchas evadiendo cualquier clase de control y de tributo, y en los que se legalizan las fortunas fruto, generalmente, de grandes estafas contra las finanzas públicas. A lo largo de los años setenta las castas dominantes colombianas y de toda América Latina se relamían también por la baratía del crédito, no sólo el proveniente de las entidades multilaterales, el FMI, el BM, El BID, sino el de la banca comercial de las grandes potencias que hacía su aparición en el financiamiento a los gobiernos y a las empresas de servicios públicos. La bacanal crediticia concluyó en la llamada crisis de la deuda, que no se pagó con la revaluación como dice el filisteo Suárez, sino con los tristemente célebres planes de ajuste que comportaban, entre otras medidas y consecuencias nefastas, el aumento de los impuestos indirectos; el alza brutal de los precios de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos, agravada por la devaluación; la reducción del salario real de los empleados oficiales mediante reajustes inferiores a la inflación; la caída del crecimiento económico; el desborde del desempleo. Del “ajuste”, Latinoamérica saltó a la era de la apertura y a las privatizaciones, ligada también, como uña y carne, al endeudamiento externo. Resulta elocuente la degradación ideológica del vocero capitalino del Moir, partido para el que la condena del endeudamiento, hasta hace unos años, antes de caer en manos del grupo de logreros que hoy lo dirigen, hacía parte del ABC de su agitación política revolucionaria.

Pero ahí no paran las carantoñas al capital imperialista. El 21 de julio, fue entrevistado por “el periodista de las elites”, Julio Sánchez Cristo; luego de las primeras frases éste y el señor Alberto Casas se mostraron seducidos. ¿Qué dijo el recién candidatizado que les causó tal emoción? Pues otra perorata ambigua, pero favorable a la multinacional Codensa, con relación a la arbitrariedad que esta viene cometiendo contra los habitantes de varias unidades residenciales, a las que quiere expropiar de las áreas en las que están ubicadas, desde los tiempos en que la Empresa de Energía era propiedad del Distrito, algunas subestaciones de transmisión de electricidad:

“Hay evidentemente un litigio, y quiero señalarlo, entre dos entidades privadas… No pueden trasladarse automáticamente de un privado a otro bienes que indudablemente van a afectar los intereses de terceros… Por supuesto que yo creo que las comunidades tienen que reclamar esa propiedad, ahora, que se llegue a situaciones de conciliación, de arreglo, como debe hacerse entre privados, yo creo que debe ser así, pero no puede esgrimirse la prepotencia o la posibilidad de una entidad poderosa sobre los intereses de comunidades y de unidades residenciales de ciudadanos, de clases medias y simplemente decir esto es mío; yo creo que es un litigio entre privados, pero debe ser un litigio que se resuelva de manera equitativa, debe resolverse de manera conciliatoria… teniendo en cuenta los derechos de cada cual.”

El radical candidato de la oposición sentaba cátedra sobre cómo se dirimen los conflictos entre privados en el Estado de derecho: de un lado la poderosa multinacional esgrime sus cientos de millones de dólares, su miríada de funcionarios fletados pertenecientes a las tres ramas del poder, empezando por la Alcaldesa polista, defendiéndole sus “justos” derechos; y, del otro, los privados de todo, las familias sencillas del Centro Nariño, amenazadas por la policía que las acosa para que cedan y se priven de lo que les pertenece, so pena de ser ultrajados y privados de la libertad. En esto no pueden existir aguas tibias, o se está con los atropellados o con los atropelladores. Cómo no se iban a derretir los periodistas de los monopolios. Sánchez Cristo se desbordó: “Tenemos candidato, muy buena expresión, respetables opiniones, me parece que el Polo acertó… La gente tiene que distinguir una cosa de otra cosa, para no mencionar la otra cosa, para no hacerle daño al doctor Suárez, me parece que hay un muy buen candidato en el Polo”.

Y para redondear sus deferencias con los magnates, Suárez decidió terciar a favor de las subsidiarias de las poderosas multinacionales fabricantes de automóviles, representadas en Colombia por tres grandes ensambladoras, GM Colmotores, filial de uno de los tres de Detroit, General Motors, el más grande fabricante mundial de vehículos; Sofasa-Renault, brazo de Toyota-Renault, otro pulpo mundial; y la CCA, ensambladora de Mazda, compañía controlada por otro de los gigantes de Detroit, Ford Company. Es poco menos que una felonía pretender que se busca contrarrestar las políticas santistas y los Tratados de Libre Comercio, volviéndose zascandil de las trasnacionales, amenazadas, según el candidato por el imperialismo… coreano. El adlátere de Robledo, en vez de adoptar con claridad el punto de vista de los autopartistas nacionales y la promoción de una industria automovilística nacional, se convierte en caja de resonancia de los tentáculos de las firmas imperiales. Además, confiesa que decidió acoger de oficio en su programa “los puntos de la Coalición por la Industria que está liderando la ex ministra [de Comercio Exterior y de Defensa] Martha Lucía Ramírez”, una reconocida cabildera de los monopolios. Como hoja de parra, aclara que también acogerá los “criterios de trabajo digno”, lo cual en los tiempos que corren significa que los proletarios a lo máximo que pueden aspirar es al mísero salario mínimo y a las recortadas prestaciones legales vigentes, y que quienes se abanderan de tales “criterios” le escurren el bulto a la lucha por los derechos democráticos de organización, movilización y huelga, para arrancarles a los capitalistas mejoras reales en las condiciones de vida y de trabajo.

En cuanto al tema candente de la corrupción, que le toca tan de cerca, ha adoptado la táctica defensiva de decir que no se la inventó el Polo, lo cual es cierto, aunque sí haya resultado aventajado aprendiz; y ya acuñó, junto con Robledo, un lema machacón, para blasonar de que son los más honrados entre los honrados. Empero, fue el ala moirista del Polo el sector que más alcahueteó a los Moreno Rojas, no solo callando sobre los evidentes chanchullos en los contratos, sino dejando pasar como si nada la designación de renombrados neoliberales en el gabinete y en las juntas directivas de las empresas distritales, como el secretario de Hacienda, Juan Ricardo Ortega, luego llevado por Santos a la Dirección de Impuestos Nacionales, o el presidente de la ETB, Jorge Humberto Botero; también fue cómplice frente al contubernio que mantuvo Moreno Rojas en el Concejo con el uribo-santismo. De tal forma, que no se puede alardear de pulcritud, cuando en pro del respaldo de la casa Moreno a las aspiraciones de Robledo, se mantuvieron impávidos ante la evidente descomposición y el sello neoliberal de la Alcaldía.

Para nadie es un secreto que el neoliberalismo tiene un “componente” clave, la llamada política social, que consiste en establecer algunos paliativos “focalizados” para tratar de prevenir la insumisión de las mayorías empobrecidas; incluso tales medidas le salen gratis al capital porque con ellas terminan cargando los proletarios y los sectores medios a quienes se les arrebatan derechos y se les imponen “solidaridades”, supuestamente para aliviar las penurias de los más pobres de entre los pobres y exhibir año tras año algunas cifras que hablan de la salida de algún porcentaje de personas del reino de la indigencia hacia el paraíso de la pobreza; mientras en las antípodas de la vida social, la riqueza se concentra como nunca antes en poquísimas manos. Son interminables los tratados de los organismos multilaterales de crédito al respecto. Pues bien, esta es la original política que también ofrece el candidato del Polo a la Alcaldía. Claro que en su caso se trata de la “fase superior de la política social”, que radica en agregar a los fementidos logros en gratuidad, útiles y “uniformes, modestos por supuesto, porque los niños deben tener algo para ponerse”. Entretanto, los lineamientos educativos del PDA en el Distrito se han mantenido dentro del rumbo trazado por los Mockus y los Peñalosas, el gobierno nacional y las entidades crediticias, en el que sobresalen los colegios por concesión o los llamados convenios, a través de los cuales se les trasladan ingentes recursos del erario a los negociantes de la educación. “Como en Brasil”, enfatiza Suárez. Santos también mencionó que cuando sea grande quiere ser como Lula. El propio ex presidente brasileño se encargó en estos días de aclarar, en el Primer Foro de Inversión Colombia-Brasil, evento efectuado en Bogotá y patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en qué ha consistido su milagro, tan admirado por el oficialismo y la oposición: abrirles nuevos filones a los inversionistas, para él, los verdaderos redentores de los pobres: “Hoy en día ya no es necesaria la espada de Bolívar, necesitamos bancos de inversión… crédito, crédito y más crédito… Moreno [dirigiéndose al presidente del BID] la cosa es el crédito… No debes tener miedo de prestarles a los pobres, los pobres pagan las deudas… Estamos ante un reto: si el mundo rico necesita resolver sus problemas de crecimiento, necesita invertir en el mundo pobre.” A tasas de menos del 3%, de menos del 4%, apuntala el candidato del Polo.

Como es archisabido, cuando el adormilamiento en que se sume a los desposeídos deja de funcionar por la sola fuerza de sus necesidades crecientes, por la oprobiosa desigualdad con los de arriba, por el desarrollo de la conciencia, aquellos se yerguen y se disponen a obtener al precio que sea sus reivindicaciones. Entonces entra a operar la quintaesencia del Estado Social de Derecho: la represión encarnada en el ejército y la policía permanentes. Pero el catedrático Suárez también a ello le tiene su emplasto: acercar de nuevo la policía al ciudadano; suprimir la perniciosa separación entre el policía y la sociedad. Ilusionar a las masas en el aparato creado básicamente para reprimirlas. Pero también, sin falta, erigir un “observatorio de Derechos Humanos” para elevar las quejas, no contra la Institución, tan cara, sino contra los individuos que la desdoran.

También en materia educativa y dentro del inane planteamiento que viene repitiendo de anular los efectos para la capital de las políticas neoliberales del gobierno nacional, Suárez dice que contrarrestará la educación superior con ánimo de lucro, ya que no le “parece justo” que universidades como la Distrital o la de Los Andes, vayan a ser arrasadas por la de Phoenix. Aparte de su sentimiento justiciero y equitativo que le alcanza para defender a la universidad privada más elitista y a una orientada a los sectores populares, el candidato no explica de qué forma impedirá que se aplique en Bogotá, de ser aprobada, la reforma santista. Su posición indica que el Polo subordinará el necesario alzamiento de la comunidad universitaria contra la reforma a las ilusiones que esparcirá en la campaña sobre sus futuras realizaciones en la Administración.

En lo atinente a la salud, la forma de contraponerse al neoliberalismo santista y a la ley 100 será mediante el fortalecimiento de la EPS distrital, volviéndola totalmente pública, que no produzca utilidades y vinculando a ella a un sector contributivo amplio, la nómina de maestros del Distrito. Pero como existe una legislación que la permite a cada quien escoger EPS, Suárez señala: “Vamos a pelear el mercado. Con este sistema vamos a ganar en el mercado porque podemos tener mucha mejor atención, sobre la base de un modelo integral, todo el modelo es un paquete.” No se necesita darle muchas vueltas para percatarse de que en el “libre juego del mercado” quienes tienen la sartén por el mango son los “privados” más fuertes, que prevalidos de su poderío económico, de su tamaño, que se acrecentará con las medidas tomadas por Santos, arrasarán con quien quiera atravesársele, como lo hicieron con el Seguro Social o con Caprecom. El mercado, doctor Suárez, opera en favor de los grandes monopolios, la manera de vencerlos no es competir con ellos sino suprimirlos. Usted lo ha dicho: todo su “modelo” es un paquete.

Ni corto ni perezoso, el aspirante amarillo también ya se comprometió con la seguridad alimentaria, capitalina inicialmente, a partir de “los programas estatales de alimentos”; se ha propuesto forjar desde el Palacio Liévano acuerdos con los gremios agrarios para producir arroz, maíz, trigo, cebada, y programas alimentarios, para incidir en “la variable de compras estatales para que se favorezca la producción nacional.” Así, como por arte de birlibirloque, apenas con el esmirriado presupuesto para comedores comunales y escolares, mercando algunas toneladas, este paladín de los agricultores arrumbará los subsidios gringos y europeos a la agricultura; pasará por sobre la carencia y la carestía del crédito para el sector y por encima de los precios escandalosos de la maquinaria agrícola y los fertilizantes y agroquímicos; desdeñará las altísimas productividades logradas por los países desarrollados; no se detendrá ante la simpleza de que los campesinos no tengan tierra para trabajar y que esta permanezca en manos de latifundistas ociosos, e iniciará así la marcha triunfal por la salvación agropecuaria. Pronto nos dirá que esta es la fase superior de la alimentación, cuyo estadio inferior lo viene desarrollando su partido con la “agricultura urbana” desde hace ya casi ocho años, y que versa sobre sembrar lechugas en las terrazas, en el patio de ropas y en las materas de las begonias.

Otro aspecto para el que también tiene lista la solución, ni más faltaba, es el del transporte y la movilidad. Su contribución coincide con la del resto de candidatos. Se declara partidario del metro, del que dice será público, subsidiado, subterráneo y por la Caracas. A la imaginación queda cómo y cuándo lo construiría. Aunque, por lo dicho, lo lógico sería que para ello también saliera a buscar empréstitos a los centros financieros y a los paraísos fiscales. En realidad el problema no estriba en la comprensión de la necesidad de tener un sistema masivo de transporte como este, cuya urgencia salta a la vista. El punto consiste en cómo llevar a cabo una obra de semejante magnitud, cuyos costos, se dice, rondan los 150 millones de dólares por kilómetro, que comprometería por varios años el presupuesto distrital, y lograr que no se convierta en un desangre para la nación, la ciudad o en una fuente de exacción para los usuarios, o todas estas cosas a la vez.

¿Hay alguna solución viable distinta para tener un metro público y subsidiado, es decir, de una tarifa baja, sin afectar el cumplimiento de las demás obligaciones estatales, si no es la de volver público todo el sistema de transporte empezando por Transmilenio, de tal manera que las exorbitantes ganancias que hoy nutren las arcas de los 12 grupos que monopolizan el transporte de la ciudad pasen al erario y sirvan de base segura para el sostén del nuevo sistema? Pero sobre esto Suárez también se desliza: parla de abaratar el Transmilenio, de que el protagonista del transporte sea el pasajero y no el empresario, de que los transportadores “tienen que devolverle a Bogotá”, de que “nos devuelvan la tasa de riesgo”, de aumentar la participación del Distrito. En fin, sobre el conjunto de los servicios cuando se le pregunta si piensa volverlos nuevamente públicos, responde: “Por lo menos poner la flecha en otra dirección. Empecemos a mover la aguja a favor de la gente”. Helo ahí de cuerpo entero. Ríos de leche y miel, pero a la hora de plantear la única salida posible para cambiar la tragedia de las altas tarifas de todos los servicios y el caos y la carestía del transporte, el aspirante a burgomaestre que se precia de tener un programa diferente al de todos los demás, responde con un eslogan vacuo, de la peor estirpe, de esos que desarrollan los publicistas para “vender” candidatos como se venden jabones, y que no dicen nada ni se comprometen a nada: ¡“mover la aguja a favor de la gente”!

Lo mismo podemos decir de los demás asuntos que aborda. ¿Habrá solución frente a la embestida contra la ETB, si en lugar de perorar que “compita” con base en las excelentes notas que le otorgan las calificadoras de riesgo, se liga su defensa como patrimonio público a la reivindicación de que un área tan estratégica de la economía como las telecomunicaciones, que hoy le rinde millones y millones en dividendos a unas pocas trasnacionales, se nacionalice nuevamente? ¿No debe procederse igual con la energía eléctrica, el gas domiciliario, el agua? ¿Puede cejar la especulación financiera, la carestía y el déficit de vivienda si no se les confiscan los bancos a los Sarmiento Angulo? ¿Habrá esperanza de alcanzar el autoabastecimiento de los alimentos básicos, sin quitarles la tierra a los latifundistas y entregársela a los campesinos que quieren trabajarla? ¿Puede haber esperanza de desarrollo si los hidrocarburos y demás minerales se mantienen en poder de los oligopolios, si las ganancias de Ecopetrol de manera creciente se derivan hacia los especuladores? ¿Cesará el agio con la canasta familiar si el comercio detallista lo acapara cada vez más un puñado de grupos multinacionales? ¿Pueden tomarse estas medidas mínimas para apalancar el progreso del país y el bienestar de las mayorías sin derribar el Estado burgués de derecho que nos rige, así se le adorne con el apelativo de social? Otrora la izquierda revolucionaria utilizaba los debates electorales para plantear estos principios medulares y llamar al pueblo a la organización y la lucha en procura de ellos. Hoy la “oposición democrática” los utiliza para confundir y apaciguar a las masas y sembrar ilusiones en el caduco régimen vigente.

La plétora de promesas vacías no va a poder evitar el descalabro electoral del Polo, pero sí está logrando desnudar su naturaleza deletérea.

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