Garzón y Uribe se unen para arruinar a los pequeños transportadores

Editorial

Carlos Gaviria, el candidato del Polo Democrático y Patricia Lara, su fórmula a la vicepresidencia, respaldaron al alcalde

El paro total que durante dos días realizaron los transportadores de Bogotá con el apoyo de los pobladores de algunas zonas de la ciudad, puso al descubierto un hecho que merece resaltarse: que la derecha y la llamada “izquierda” no tienen deferencias a la hora de defender los intereses de los monopolios.

El paro se produjo porque el gremio de transportadores no acepta la salida de más de 60 rutas por la entrada en operación de las troncales de Transmilenio, Suba y Norte Quito Sur, NQS. También se opone al llamado “pico y placa ambiental”, que consiste en restringir la circulación de buses y vehículos pesados de más de 10 años y que utilizan diesel como combustible. Por último, rechaza las ofertas para la compra de buses que deben salir con el plan de chatarrización del gobierno. Esas medidas, que lesionan principalmente a los pequeños y medianos transportadores, hacen parte del Plan Maestro de Movilidad del alcalde Luis Eduardo Garzón, cuyo eje es el fortalecimiento de Transmilenio.

El alcalde del Polo Democrático, sin diferencia con Peñalosa y Mockus, ordenó reprimir violentamente a los inconformes, lo cual dejó varias decenas de heridos y detenidos; amenazó con multas millonarias y la suspensión de las licencias a los propietarios de los buses que se negaran a prestar el servicio, y para los detenidos anunció cárcel bajo los cargos de daño en bien ajeno y terrorismo. Estas fueron las medidas que le valieron el aplauso del más amplio espectro de la política nacional, desde las fuerzas del uribismo, pasando por el Partido Liberal, hasta la plana mayor del Polo Democrático Alternativo, representada por su candidato presidencial, Carlos Gaviria, Antonio Navarro, Samuel Moreno y Jaime Dussán. El Moir, tildado de “radical” dentro de esa colectividad, adoptó la más oportunista de las conductas al pasar de agache y guardar silencio frente a las protestas y ante las medidas de la administración. Pese a todo ello, Garzón expresó descontento con su partido al que le exigió un pronunciamiento de respaldo incondicional a su gestión.

El alcalde justifica el manejo de la crisis con el manido argumento de la “defensa del interés general” que, en realidad, son los intereses de un grupúsculo de empresarios. A los pequeños y medianos transportadores Garzón les ofreció en su campaña la “democratización de Transmilenio”, pero su política los deja sin salida y los lanza a la ruina, lo cual afecta directa e indirectamente los ingresos de miles de personas. En los barrios populares, los ciudadanos se percatan de que mientras las localidades permanecen en el total abandono, la plata de sus impuestos se la devora Transmilenio, un negocio privado sostenido con dineros públicos. Además, a la gente le indigna que cuando se sacan de circulación los buses, busetas y colectivos, las rutas alimentadoras que los reemplazan, asignadas con fríos cálculos de rentabilidad, no cubren todas las necesidades y obligan a muchos a caminar grandes distancias o a pagar pasajes adicionales para poder desplazarse a su trabajo, lo cual explica el respaldo que le brindaron al paro.

Contra las reglas elementales de la economía, el Alcalde y los medios han llegado al extremo de afirmar que la sobreoferta de transporte en la ciudad provoca el alza de tarifas, lo cual sucederá realmente si se elimina parte de esa oferta que es lo que se busca con la chatarrización de 6.400 vehículos. Los propietarios de esos automotores no se niegan a entregarlos, exigen un pago justo por ellos. Los trancones, el medio ambiente, y la guerra del centavo también son utilizados en la argumentación oficial con el único propósito de defender la concentración del negocio del transporte. Si los mencionados problemas existen se deben a una política gubernamental que favoreció sin limitaciones a los importadores de carros, política que en el país liquidó la navegación por el Río Magdalena y el ferrocarril y que en Bogotá dio al traste con la construcción de un sistema de transporte masivo como el metro, movido con electricidad. Fue cuando ese modelo colapsó que se inventaron Transmilenio con sus articulados movidos con diesel, altamente contaminantes.

En el segundo día del paro Garzón consiguió que Uribe, a través del Ministro del Transporte, convenciera a algunos empresarios para que lo levantaran con el señuelo de crear una “mesa de diálogo” para discutir con ellos la participación en la tercera etapa de transmilenio. Al día siguiente El Tiempo tituló: “Alcalde Garzón agradece apoyo y mediación del gobierno nacional”. Apetrans, la organización de los propietarios medianos y pequeños quienes enfrentaron la pelea en las calles, no fueron consultados y se opusieron a suspender el cese.

Los monopolios siempre presentarán como “interés general” sus mezquinos intereses. Y el papel de los gobiernos que ellos toleran es el de salvaguardar ese estado de cosas. Si alguien guardaba alguna duda de a quién le sirven el alcalde Garzón y el Polo Democrático, el paro que se adelantó en la Capital se encargó de dejar las cosas en claro.

Los trabajadores y las capas medias de la población, entre ellas los pequeños y medianos transportadores comienzan a desechar las ilusiones en los falsos amigos como el Polo Democrático y terminarán convenciéndose de la necesidad de construir una fuerza política que vele por sus intereses consecuentemente.

Mayo 10 de 2006