Constancia sobre la situación nacional ante la 73 Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT 

La 73 Junta Nacional de la CUT se desarrolla en medio de la profunda crisis política en que está sumido el gobierno de Gustavo Petro, apenas pasado un año de su ascenso al poder con el apoyo de amplios sectores populares, y en buena parte por haber recogido en las urnas el descontento con el régimen expresado en el estallido social iniciado en 2019.

La debacle oficial tiene como uno de sus componentes esenciales los implacables y sistemáticos ataques a los que lo ha sometido la derecha, buena parte de los grandes medios de comunicación, que lo atacan por las innegables falencias y escándalos, pero que lo calumnian sin pudor, le achacan designios dictatoriales, lo someten a los montajes fraguados en los organismos de control, principalmente la Fiscalía y la Procuraduría, que se han convertido en oficinas dedicadas a la más descarada persecución política. El caso más oprobioso es el de la Fiscalía, presidida por un personaje sin mayores méritos, pero envalentonado y con ínfulas de presidenciable, que ha llevado con inocultable sesgo, espectacularidad e irrespeto las acusaciones contra el presidente y su círculo familiar y político, mientras se muestra complaciente con los opositores al gobierno encartados en causas más graves. Su última hazaña fue la de lanzar en los medios que se le prestan como caja de resonancia, la poco creíble noticiade que la guerrilla del ELN está planeando en Venezuela un atentado para asesinarlo. Con lo que ataca simultáneamente el restablecimiento de relaciones con el país vecino y los diálogos de paz de La Habana.

Por otra parte, el presidente Petro padece las obvias consecuencias de sus propias concepciones ideológicas y políticas, que lo llevaron a prometer en campaña grandes cambios estructurales, sin antecedentes en la historia nacional, y, a la vez, hacerlos manteniendo incólumes las bases del régimen: la propiedad privada, el estado de derecho con su Constitución sus Cortes y Parlamento, sus “pesos y contrapesos”, sus partidos tradicionales, sus fuerzas represivas, su regla fiscal. Pero los hechos se han encargado de demostrar, una vez más, que todo ese andamiaje está armado, con precisión de relojero, para que solo puedan hacerse —sin romper la sacrosanta “institucionalidad”— cambios cosméticos como convertir el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, Udmo. Lo prueba también el que el presidente haya decidido romper la coalición de gobierno con el Partido Liberal de César Gaviria, con el Conservador y el de la U y prescindir de los “adultos mayores del gabinete, ante la rotunda negativa de estos a aprobarle unos proyectos de ley, que pretenden revertir parcialmente, aunque ni siquiera en todos los casos, algunos de los despojos a los derechos de los asalariados y los sectores populares consumados en las últimas décadas, mediante normas como la Ley 100 de 1993 o la 789 de 2002, entre muchas otras, creadas al amparo de la Constitución neoliberal, cuyo principal artífice, César Gaviria, aparecía como el aliado por excelencia del gobierno del Cambio. Así, Petro ha quedado en una sin salida, pues ya se demostró que rota la coalición no tiene con quien aprobar las reformas, y, si la reconstruye,como trata de hacerlo con su reiterados llamados al “gran acuerdo nacional”, los aliados le impondrán la condición insoslayable de suprimir de ellas cualquier vestigio de afectación seriade los intereses de los grandes monopolistas.

Por lo anterior, Petro, a diferencia de buena parte de sus antecesores, que en los primeros seis meses de sus mandatos se juegan a fondo para hacer aprobar el grueso de los cambios que se proponen, solo puede exhibir en su haber la aprobación de la reforma tributaria, casi que impuesta por la necesidad de recomponer las finanzas, evitar el ahondamiento del déficit, mantener andando la máquina estatal y, ante todo, cumplir con los abonos crecientes a la deuda pública, que ascienden a $100 billones, una quinta parte del presupuesto general presentado para el próximo año y superiores al rubro total de inversión. Los $17 billones que producirá la reforma anualmente, un tercio de lo anunciado inicialmente por Petro, provendrán básicamente de los acrecidos gravámenes a los hidrocarburos y a la minería, del impuesto de renta de 35 % a las personas jurídicas, de las sobretasas a este para algunos sectores, del impuesto a los dividendos y al patrimonio. Lo cual, paradójicamente, en buena parte, sobre todo en lo relacionado con el impuesto a la renta se lo heredó Duque, quien pretendió imponer los cambios a los gravámenes “recomendados” por los organismos multilaterales y acariciados por los oligarcas criollos, consistentes en ampliar la base del IVA a toda la canasta familiar y la del impuesto de renta a las personas naturales de hasta muy bajos ingresos; pero que fue derrotado por la insubordinación juvenil y popular de 2021. La otra Ley importante aprobada es la del Plan Nacional de Desarrollo, a lo que nunca se niegan los padres de la patria, pues lo que en verdad los mueve a aprobar la Ley del Plan es que a esta se le anexa, debidamente detallado, el Plan Plurianual de Inversiones, del que pelechan durante el cuatrienio y les ayuda a mantener la clientela cautiva hasta los siguientes comicios.

Como ya se mencionó, el paquete de reformas sociales está más que embolatado. La de la salud, florero de Llorente para la ruptura de la coalición, pero también de la defenestración de la ministra que había sido su principal artífice, solo aceptarán que pase si se mantiene la preminencia de las EPS para intermediar los ingentes recursos públicos que rondan los 100 billones de pesos, provenientes básicamente de la unidad de pago por capitación, UPC, y de los llamados presupuestos máximos, que han manejado a su antojo y venalmente durante tres décadas y que las han enriquecido sin tasa ni medida a costa de los padecimientos de las mayorías víctimas de lo que los interesados llaman con descaro “uno de los mejores sistemas de salud del mundo”. Hasta donde se sabe, previo a la discusión en la plenaria de la Cámara, el gobierno ya ha hecho concesiones de fondo, entre otras, la contemplada en el artículo 150 del PND, que estatuye que las EPS que “en su desempeño financiero cumplan con el patrimonio adecuado” podrán seguir administrando los recursos.

Por el lado de la reforma laboral, el Parlamento no vaciló en cumplirle a la Andi y a los demás gremios patronales que dieron la orden perentoria de ni siquiera tramitarla. Un ejemplo palmario de la nefasta política de concertación, la cual operó por treinta años para arrebatarles caras conquistas a los trabajadores, pero es arrumada cuando se propone retornarles a estos, así sea muy parcialmente, algunas de las conquistas esquilmadas. Ni la prioridad del contrato a término indefinido, ni la eliminación de los pactos colectivos, ni el aumento sustancial de la tabla indemnizatoria para los despidos sin justa causa, ni algunas otras prerrogativas serán aceptadas por una patronal mezquina y rapaz. Y las mayorías congresionales no se atreverán a desairar a los amos si el gobierno las pone nuevamente a su consideración. 

Al contrario de los proyectos anteriores, sin duda la reforma que goza del “mayor consenso”,como repiten los tecnócratas a sueldo del capital financiero, es la de las pensiones. No podía ser de otra forma, pues esta, mediante el sistema de pilares, y con la certeza de que el Parlamento reducirá a entre uno y dos salarios mínimos el umbral obligatorio para pertenecer a Colpensiones, les cumplirá a los tiburones financieros su exigencia de reducir los “subsidios” a las pensiones del régimen de prima media, con lo cual se entra a saco en las mesadas de millones de asalariados actuales y futuros, decenas de miles de los cuales hacen parte de las filas de la Central Unitaria. Además, a los banqueros del GEA y el Grupo Aval no solo les seguirá llegando, como hasta ahora, el grueso de los aportes reales, sino que mantendrán el manejo de los cerca de $400 billones del ahorro pensional, que solo desembolsarán gota a gota por cada trabajador que obtenga el derecho, además de que, en adelante, la parte que aportarán de la mesada de jubilación será ínfima debido a sus pírricas tasas de reemplazo y a que será Colpensiones la que responderá por la garantía de la pensión mínima.

Esa actitud recalcitrante de los poderes tradicionales frente a algunas de sus propuestas ha llevado al presidente, por una parte, a llamar a sus seguidores a tomarse las calles, estrategia desgastada rápidamente, pues animó a los rivales, que cuentan con los recursos suficientes, a superar los desfiles oficiales, menguados, además, por la notoria caída del apoyo al gobierno. De otro lado, lo ha conducido a aducir que sus enemigos están preparando su derrocamiento a través de un llamado golpe blando. No cabe duda de que a algunos extremistas de ultraderecha, a las palomas y los zapateiros, los entusiasma esa alternativa o incluso una más radical. Pero, en honor a la verdad, en los varios momentos agudos de la crisis, como el actual, los verdaderos representantes de las clases dominantes, la gran prensa, los gremios, incluso los más ultramontanos como la SAC y Fedegán; los voceros de los conglomerados económicos más poderosos, los dirigentes políticos de mayor influencia no han vacilado en desechar una salida abrupta del presidente que, seguramente, trastocaría el discurrir normal de los negocios que, a pesar de las tan anunciadas catástrofes, no se ha visto afectado por las ejecutorias del Pacto Histórico, como lo prueban los abultados balances de las principales empresas, dados a conocer por la Superintendencia de Sociedades, y los reportes de los banqueros. Más bien, los poderosos piden que el país siga su marcha mientras sosegadamente las instituciones, empezando por la presidencial, cumplen el papel que les corresponde. Todo lo cual no quita que la oposición mantenga en vilo al presidente, haciéndole una oposición cerril que le permita sacar ventajas, y, como es connatural a la democracia burguesa, buscar quedarse con las mayorías electorales en octubre en las regiones, y volver a poner en la casa de Nariño, en 2026, a un más auténtico representante de los suyos, que disponga del botín estatal y administre mejor los negocios de los magnates.

A este propósito de los viejos poderes contribuyen en gran parte otras medidas tomadas por elgobierno, las cuales, aunque quisieron, no fueron capaces de imponer sus antecesores; razón adicional para descartar aventuras golpistas. Tal es el caso del alza de la gasolina, que ronda el 50 % en lo que va corrido del gobierno, y que no afecta tanto “a los de las toyotas” como dice el presidente, con ánimo de confundir, sino a vastos núcleos de las masas, como acaba de demostrarlo el paro de taxistas, a los millones de asalariados e informales usuarios de motocicletas, a pequeños y medianos negociantes para quienes el vehículo es un instrumento para generar ingresos, a amplios sectores de las capas medias usuarios del carro particular por la ausencia de un transporte público medianamente aceptable. Claro que la medida ha merecido el reconocimiento de la tecnocracia neoliberal, de las instituciones multilaterales y de los grandes cacaos, que ponderan la “sensatez y responsabilidad” con las finanzas públicas y la deuda externa del mandatario de izquierdas. Naturalmente, los anuncios del ministro Bonilla de extender el alza al diésel, con el que se mueve la mayoría del transporte público y el de carga, contribuyen a pronunciar el desencanto. No sobra decir que este mismo ministro y el director de Planeación, para acabar de completar, también se regodean alardeando de su responsabilidad con la regla fiscal anunciando la necesidad de suprimir, en algún momento, los regímenes especiales de pensiones y defendiendo otras medidas como la reforma tributaria territorial contenida en el catastro multipropósito, que conducirá a la elevación masiva del impuesto predial en ciudades intermedias y municipios; o la supresión de los subsidios de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y gas, para los sectores populares de aquí a 2027, contemplada en el Plan de Desarrollo. El efecto devastador de semejantes políticas sobre la popularidad del gobierno no puede amortiguarse con el aumento de unos pesitos a las consabidas limosnas conocidas como transferencias monetarias, recomendadas por el Banco Mundial, para medio paliar el hambre y el descontento de las legiones de necesitados.

Tampoco las masas campesinas han recibido el beneficio de la reforma agraria prometida. Solo hace unos pocos días se lanzó el Sistema Nacional de Reforma Agraria, una reedición de la ley 160 de 1994, basada en la política del Banco Mundial que tiene como eje la “compra asistida de tierras”. En todo caso, quienes no se cambian por nadie son los bedoyas y lafauries de las SAC y Fedegán, que aspiran a venderle al gobierno parte de sus tierras para lo que vienen clamando que “ejecute” porque los recursos ya están disponibles, unos 15 billones de aquí a 2026. Otra razón de peso para no aventurarse a golpes blandos o duros que malograrían tamaño negocio. Ya se verá si esto redunda en la compra y el reparto de tierras fértiles o pasará lo que ha sucedido inveteradamente, que los latifundistas se embolsillan los fondos a cambio de tierras malas y pocas. De todas maneras, y de acuerdo con los precios por hectárea que oscilan bastante, según quien hable, lo máximo que se podría comprar en lo que queda del cuatrienio serían 1 millón de hectáreas, la tercera parte de las prometidas, que si mucho alcanzarían para, si mucho, 200.000 familias, lo que dejaría en su misma situación a más de 1,3 millones de hogares campesinos empobrecidos que tienen en promedio alrededor de 1,5 hectáreas cada uno, y mantendría casi intocada la gran propiedad terrateniente, e incluso haría más ricos a algunos hacendados, como lo ha dicho el propio presidente. De paso, esta política, frágil por donde se le mire, hace resaltar que la verdadera vía de solución al “problema campesino” sigue siendo la de la expropiación sin indemnización de los latifundios y su entrega a los campesinos que ansían trabajarlo.

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No obstante, todo lo anterior, la razón principal por la que las afirmaciones sobre el derrocamiento del gobierno aparecen, por lo menos hasta el momento actual, como carentes de todo fundamento, es la actitud de la potencia del Norte, el poder detrás de todos los poderes, de expresar, incluso durante los momentos más críticos para el gobierno del Cambio, un respaldo casi que incondicional al primer mandatario y, en general, a su gobierno. ¿A qué se debe tan inaudita posición de apuntalar a un gobierno de izquierda, que muchos, tanto en Colombia como en Estados Unidos, consideran representante del “castrochavismo”? Una respuesta aproximada, sin entrar en los detalles de su análisis la dio, la fervorosa petrista y exministra, Carolina Corcho, en un artículo publicado en la revista Sur: “Estados Unidos ha sido el aliado histórico de las bicentenarias élites colombianas; es toda una paradoja que hoy Gustavo Petro esté más cerca de Biden que aquellos quienes amparados en el tío Sam (sic) cosecharon privilegios sembrando desigualdades.” Aunque algo puede haber de pensar con el deseo, no deja de ser una confesión de un alcance indiscutible. Digamos de paso que, como en este ejemplo, hoy cunde un mal de reciente aparición consistente en que antiguos sectores radicales y hasta “marxistas”, presentan con orgullo y como signo de validación, que las políticas oficiales sean elogiadas por el FMI, o muestran como señal de progreso nacional que crezca la inversión extranjera, o que los imperialistas les den palmaditas en la espalda. Y el colmo de la audacia es enrostrarle a la derecha tan excelsos logros.

Así, un rasgo central del mandato de Petro ha sido que, aunque sus enfrentamientos con las elites criollas han sido asaz pugnaces, tanto él como sus contradictores mantienen un respeto reverencial frente a la dominación imperialista. Podría decirse, sin temor a equivocarse que, enfrentado al asedio de las castas dominantes tradicionales del país, el presidente decidió venderle el alma al diablo.

En octubre, solo dos meses después de haberse posesionado, recibió la visita de Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, quien subrayó “el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos en su alianza con Colombia”; manifestó que: “Nosotros respaldamos vivamente el enfoque holístico que está dando el presidente Petro al problema de las drogas, a través de justicia, desarrollo ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda”; encomió la “increíble generosidad” colombiana con los migrantes venezolana. Ante tanto cumplido el presidente inició su presentación en la rueda de prensa con una adulación, por decir lo menos, bastante incómoda: “Creo que Blinken va a ser presidente de los Estados Unidos.” Entre muchas otras cosas de esta visita, por ejemplo, las reuniones de Blinken con la vicepresidenta Francia Márquez alrededor del capítulo étnico del acuerdo de paz con las Farc, utilizado descaradamente por los gringos para meter baza entre las comunidades negras e indígenas del país, destaca que al siguiente día de marcharse el ilustre huésped el gobierno colombiano firmó una declaración conjunta con Estados Unidos y otros países, principalmente europeos, del Grupo de Amigos Responsables del Seguimiento a la Agresión contra Ucrania, en la que se le exige a Rusia el respeto por los derechos humanos, a la soberanía, se condena la anexión ilegal de partes del territorio ucraniano, se condenan las masacres y el cobro de víctimas civiles, etc, etc. Es decir, todas las prácticas que los imperialistas estadounidenses llevan cometiendo a lo largo y ancho del mundo con aún mayor sevicia por más de un siglo.

Aún más grave es que, durante el actual cuatrienio, se volvió huésped habitual de Colombia la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, y recibida habitualmente por el presidente Petro, quien en medio de estas ha declarado su intención de traer helicópteros y soldados gringos dizque para controlar a los que incendian las selvas amazónicas, y desentendiéndose como si nada de las bastante difundidas declaraciones de la general en diferentes escenarios, incluido el Congreso de los Estados Unidos, en los que sin ambages señala que el renovado interés del país del Norte frente a la América Latina deriva de sus inmensas riquezas, de que acopia más del 30 % de las aguas dulces de planeta; del papel de la Amazonía como pulmón del mundo, de la riqueza de sus yacimientos de las llamadas tierras raras y de ricos yacimientos de litio, cobre, plata, níquel, estaño, todos críticos para la fabricación de potentes chips necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial, equipos médicos, baterías para almacenar energía para los vehículos eléctricos, o para construir paneles solares y aspas para las turbinas eólicas, etcétera. En fin, para el desarrollo de las energías limpias, que sirven a los propósitos descontaminadores de los países del norte, pero cuya explotación contamina y ensucia el sur, e impone condiciones de esclavitud a los proletarios que laboran en esos yacimientos.

Aún más, la generala Richardson no ha ocultado que su afán consiste en que los Estados Unidos se han persuadido de que están perdiendo a Latinoamérica a manos de China, la potencia oriental en ascenso, hoy principal socio comercial de todos los países de América Latina, con excepción de México y Colombia. No se le escapa a la particular embajadora uniformada que, más temprano que tarde, la influencia económica termina convirtiéndose en ascendiente diplomático y político. En conclusión, las carantoñas gringas al mandatario colombiano se deben, ante todo, al redivivo propósito de afianzarse de nuevo en su patio trasero, el cual no pueden permitir que caiga definitivamente en poder del rival más poderoso que ha tenido el imperialismo norteamericano en toda su historia. Además de la comandante en jefe, también hizo presencia recientemente el comandante de la aviación del comando Sur, Even L. Pettus, quien entre otras misiones traía la de exponer las bondades de los cazas F-16, que de concretarse su compra aumentarán el gasto militar en miles de millones de dólares. Y también con el propósito de continuar la “expedición amazónica” estadounidense, estuvo recientemente por estos lares el administrador de la Nasa, Bill Nelson.

También, en abril pasado el presidente Petro visitó la Casa Blanca y conjuntamente con Joe Biden expidieron una declaración donde se enfatiza en el interés común por las energías limpias, acto de la mayor hipocresía por parte del mandatario estadounidense que ha aumentado la producción de gas y petróleo mediante fracking, para aprovechar la oportunidad que les brinda a sus petroleras la cancelación de las compras de combustibles rusos por parte de Europa, y que naturalmente ve en las energías verdes no la salvación de la humanidad sino un filón de negocios para las compañías trasnacionales norteamericanas. En el mismo documento se expresa que: “El presidente Biden aplaudió el compromiso del presidente Petro con la protección de la Amazonia”; igualmente declararon el compromiso de promover la cooperación económica, la integración regional, la interconexión eléctrica, el compromiso conjunto de combatir el tráfico ilegal de migrantes por el Darién, que pone a Colombia el papel de policía de contención de quienes buscan llegar al “sueño americano”; declararon su compromiso también con la democracia, la justicia, la libertad de expresión, de asociación, de prensa,  los derechos humanos, la inclusión de los grupos étnico; se incluyó a condena a Rusia por “la violación de la integridad territorial de Ucrania”… En verdad que hacen falta hígados para firmar en la misma página esto con el representante de la potencia más atroz de la historia.

Como si no fuera suficiente el presidente Petro se ha sumado al coro de los países que piden que se les conmute parte de la deuda externa por lo que llaman acción climática, lo cual se traduce en que el país “agraciado” con unas paupérrimas reducciones del monto de las deudas les entrega a los acreedores, las grandes potencias, y a su séquito de entes multilaterales, de empresas trasnacionales, de ONG mercenarias encargadas de hacer el trabajo sucio ideológico, el control de riquezas naturales por décadas, como acaba del hacerlo el gobierno del derechista de Lasso del Ecuador, que les entregó por 18 años a los agiotistas nada más ni nada menos que el control de las Islas Galápagos, esa maravilla natural e histórica de ingente riqueza biológica ubicada en el Pacífico, en la que Darwin basó tanto su luminosa teoría de la evolución.

Pero Petro pretende aún ir más lejos, el pasado 9 de agosto en la Cumbre Amazónica de Belém, en Brasil, en la que no salió tan bien librado según se ha filtrado, y puede colegirse de la extensa declaración emitida, fue más lejos aún de su propuesta inicial de helicópteros y soldados “altruistas”, pues lanzó la inaudita solicitud de crear una OTAN amazónica, o sea la concreción del sueño gringo de apoderarse de la Amazonía, o, al menos, de la parte colombiana de ella.

Aún más, el gobierno ha mantenido una posición ambigua en torno a la intención de construir una base de la Armada y un poderoso radar operado por tropas norteamericanas en nuestra formidable y rica isla de Gorgona; base que los gringos desde luego también calculan que les proporciona otra ubicación estratégica en el Pacífico, para su contienda geopolítica con China.

Como si algo faltara, en la cúpula del gobierno hay otros altos funcionarios que vienen prestándose a agenciar los interese norteamericanos en nuestro país. La vicepresidenta, Francia Márquez, aceptó el patrocinio para su viaje a África de Open Society, aparato de intervención extranjera del multimillonario George Soros y ha sido “facilitadora” de la intromisión gringa entre las comunidades indígenas y negras del Pacífico colombiano; la ministra de Educación, Aurora Vergara, proviene de una ONG, patrocinada por la fundación Rockefeller, del embajador en Washington, Gilberto Murillo, el propio presidente informó que es militante del Partido Demócrata.

La CUT debería poner en su agenda de trabajo la discusión prioritaria de estos elementos que comprometen la integridad y la soberanía de Colombia. Al igual que debe propiciar una posición crítica frente a las reformas presentadas por el gobierno y discutirlas ampliamente con las bases, no exclusivamente en las oficinas de los ministerios. Desde luego, también debe mantener su rechazo a los propósitos de “hacer invivible la república” que promueven sectores de la oposición derechista. Y en cuanto a los peligros que acechan la soberanía e integridad de la Nación, no hay hora extra o dominical triple, o rebaja de deuda del monto que sea, que se pueda anteponer a la urgencia de rechazar la entrega de nuestras selvas, ríos, mares, flora, fauna para beneficiar los objetivos estratégicos de nuestros centenarios opresores.

Le proponemos a la 73 junta nacional de la CUT, a sus sindicatos filiales y subdirectivas, y a todos los proletarios de Colombia que a más de otras justas reivindicaciones, entre ellas, el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca, la desprivatización de la seguridad social y los servicios públicos, la eliminación de las EPS y las AFP, levantemos las siguientes banderas:

• Rechazar la entrega de selvas y territorios a compañías, ONG, a fundaciones de cualquier naturaleza, al FMI y demás entidades multilaterales; ni en aras de “rebajar la deuda”, ni por cualquier otra artimaña.

• Rechazar la injerencia de los Estados Unidos en Colombia y la presencia de fuerzas gringas en el territorio nacional, especialmente en el Amazonas y Gorgona.

• Apoyar a los pueblos que luchan por soberanía y contra agresión imperialista.

• Propender a estrechar lazos con pueblos, organizaciones y gobiernos que busquen sacudirse el yugo del dominio yanqui y mantenerse independientes.

Winston Francisco Petro Barrios, secretario de negociación colectiva de la CUT

Ana María Arévalo, presidenta de Sintrabienestar

Edwin Oswaldo Reina Bonilla, Miembro del Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá-Cundinamarca

Bogotá, 11 de agosto de 2023

Descargue aquí el documento original presentado en la Junta Nacional de la CUT o revíselo aquí: