Alzas descomunales en el gas a favor de los monopolios

Cuando en 1986 se inició el proceso de masificación del gas natural para uso domiciliario el argumento más convincente era que se trataba de un producto barato. Hoy la cobertura pasa de los cinco millones de usuarios. Igual aconteció con su uso en sustitución de la gasolina en los vehículos, de los cuales se han convertido ya casi trescientos mil. Y justo ahora, la prensa advierte sobre un encarecimiento del gas que a partir de agosto de este año se reflejará en alzas en las tarifas del 35% para los estratos uno y dos y de más del 40% para los otros. ¿Qué está sucediendo? Para saberlo es necesario ver el papel que juegan cada uno de los protagonistas de este asunto.

En primer lugar están los productores, que son las multinacionales del ramo y Ecopetrol. Su interés es extraer al máximo el recurso y venderlo a los precios internacionales. Estas son también las exigencias que hacen las empresas vinculadas a la intensa actividad exploratoria y de explotación de nuevos campos que se realiza en el país.

Por su parte, el gobierno incentiva la exploración a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y dicta las normas a la medida de los apetitos de los productores. Ahí está, por ejemplo, la Resolución 095, de 2008, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en la que se establece el procedimiento de las subastas para la comercialización del gas. Ese mecanismo fue el empleado en diciembre en Cusiana por Ecopetrol, la British Petroleum y la Total. Y es el que ha utilizado la Pacific Stratus Energy en los nuevos pozos de La Creciente, en Sucre.

En Colombia hay dos tipos de reglamentación para el comercio del gas por los productores: uno, que rige en los yacimientos con los contratos más antiguos en la Guajira, llamados de precios máximos regulados, y otro, conocido como de precios libres, que se aplica en Cusiana y en los campos nuevos en donde la Resolución 095 permitió las subastas. Mientras para los primeros el precio del combustible era de 2,77 dólares el millón de BTU (unidad británica de medida de la energía térmica, por sus siglas en inglés, British Thermal Unite), en la subasta de fines de 2009, el gas se vendió a 6,14 dólares el millón de BTU. Mientras cualquier ciudadano ve aquí una clara especulación, la presidenta de Naturgas^[1], Claudia Milena Vaca, opinó: “Esto en Colombia es un escándalo, aunque internacionalmente no es costoso, pero aquí estamos acostumbrados a un gas que es francamente muy barato”.

Y sobre las exploraciones, la mencionada ejecutiva afirmó: “Si llega a darse un hallazgo del tamaño que están pensando las compañías que se encuentran explorando costa afuera, habría proyectos de exportación y qué bien que lo haya (sic) porque el mercado doméstico es grande, pero no es gigantesco (…) si llega a haber nuevos hallazgos de gas, seguramente tendrán vocación exportadora.” Hacia allá apunta la política del gobierno y ese es el interés de las multinacionales.

¿Qué piensan los distribuidores? Gas Natural, EPM y Petrobrás, son algunas de las empresas que distribuyen ya sea gas domiciliario o vehicular. Tras participar en la subasta, su voz fue de rechazo a ese mecanismo para adquirir el combustible. Magín Ortega, gerente de Gases de Occidente, se expresó contra el “precio de locos” alcanzado en la subasta por sus implicaciones para los clientes y no consideró justo que éstas se hagan con cuentagotas, pues para junio se espera otra y el temor es que el precio siga subiendo; “aquí uno ve que hay una posición estratégica de los productores para sacar un mejor precio (…) pero no nos parece que eso esté bien”^[2].

A pesar de que el gobierno y los productores basan sus expectativas en nuevos hallazgos, la realidad es que en conjunto el abastecimiento de gas presenta fragilidades como se reveló en los últimos meses, situación que puede agravarse en el futuro. Un estudio de la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía plantea que si en el 2014 no entran en operación nuevos pozos, se iniciará un período de desabastecimiento de la demanda interna, en cuyo caso se prevé la posibilidad de importar el combustible líquido y regasificarlo en una planta que se ubicaría en Riohacha^[3]. Para no ir muy lejos, el fuerte verano actual provocado por el fenómeno del niño disminuyó el caudal de los ríos y de los embalses con los que operan las hidroeléctricas lo cual llevó a poner en funcionamiento las plantas térmicas movidas con gas, y esto, a su vez, disparó la demanda. La estratagema de los productores de vender el hidrocarburo de a poquitos, busca aprovechar la situación para elevar el precio. En la subasta de diciembre, por ejemplo, cuando los distribuidores esperaban comprar 368 millones de BTU día, los productores sólo vendieron 32,8 millones. De ahí reacciones como la del gerente de Gases de Occidente.

Claro que la preocupación de los distribuidores por los clientes es realmente por su propio pellejo, pues saben que un alza como la planteada los deja sin ninguna capacidad de maniobra para obtener mayores beneficios con las tarifas, y, como es lógico, serán ellos quienes tendrán que enfrentar a los usuarios.

En la mencionada noticia del diario El Tiempo se hace referencia al pronunciamiento de Evamaría Uribe, Superintendente de Servicios Públicos, el cual provocó un rifirrafe entre altos funcionarios del Estado. Tras señalar que las alzas podrían ser del orden de 35% para los estratos 1 y 2 y de 40% para el 3, 4, 5 y 6, la mencionada funcionaria expresó: “Yo no estoy de acuerdo con la subasta en una situación de monopolio de pocos productores de gas como la que tenemos. El regulador tiene que dar unas señales de precio que estimulen la exploración y producción de gas, pero velando por el consumidor”, a lo cual replicó el Ministro de Minas y Energía Hernán Martínez: “Superservicios no tiene por qué hablar de temas que no le corresponden (…) es exagerado hablar de incrementos del 50 por ciento”. Por su parte, el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Hernán Molina, defendió el mecanismo de las subastas, anunció que incentivarían a los productores a no sacar gas de a poquitos y regaño a los distribuidores: “Uno no puede vender más de lo que tiene. Es que uno sabiendo que el gas es escaso no se puede acelerar a hacer conexiones porque lo que hace es exacerbar los precios”. Lo que revelan en realidad estas posiciones es el mismo pleito entre productores y distribuidores que, como buenos burgueses, esconden siempre su codicia tras hipócritas invocaciones al “bienestar general”.

En la disputa, ni la Nación ni los usuarios tienen un vocero. Debemos encarar las alzas especulativas con protestas decididas y decirle al uribismo que el pueblo no acepta más que se le presenten las ambiciones de un puñado de sanguijuelas como si fueran los intereses de la patria. En cuanto a las reservas del preciado combustible, si miramos lo que más les conviene a los colombianos, quienes ya hacen uso extendido del gas en la industria, en los hogares y en el transporte, es obligado concluir en la necesidad de una extracción racional del recurso, pues éste no es renovable. Se hace necesario entrar al debate para exigir que se frenen las políticas del gobierno de Uribe de incentivos para explotar el gas sin tasa ni medida. Le compete a la ciudadanía tomar cartas en el asunto viéndolo como un problema estratégico para el país, no vaya y sea que cuando nos percatemos el gas ya no exista.