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Si se toma al azar cualquiera de los documentos que aparecen en la página del Ministerio de Educación Nacional como la bibliografía en la que se basa la reforma universitaria presentada por Santos y la Ministra María Fernanda Campo, se verá que en esta materia, como en todas, el gobierno se ha limitado a seguir al pie de la letra las orientaciones de los amos de las finanzas.

Entre las muchas falsedades a las que ha acudido la ministra para defender su articulado de reforma a la Ley 30 destaca aquella en la que afirma que los cambios propuestos por el gobierno no menoscaban la autonomía universitaria.

Desde el pasado 15 de febrero se está librando en Wisconsin, al noroccidente de los Estados Unidos, una lucha de vastas proporciones entre los trabajadores al servicio de ese estado, y el gobierno regional, presidido por Sctott Walker, quien le propuso a la legislatura una norma de “arreglo presupuestal”, que contempla eliminar la negociación colectiva para los empleados públicos; someter los incrementos salariales que sobrepasen la inflación y cualquier otro acuerdo a refrendación por los votantes; impedir que las cuotas sindicales se descuenten por nómina y volverlas optativas; cargar a los empleados públicos y a los maestros con un 8% de descuento adicional sobre sus salarios para nutrir los fondos de pensiones y asegurar el servicio de salud.