Transmilenio, monopolio privado que controlará transporte de la capital
Por Francisco Cabrera[*]
Hay algunos planteamientos que a fuerza de ser repetidos terminan siendo aceptados como verdades por el común de la gente, así los hechos presenten abrumadoras evidencias en su contra. Es el avasallamiento ideológico de los opresores sobre los oprimidos, para lo cual los primeros tienen en los medios masivos de comunicación una herramienta inmensamente poderosa. Uno de esos planteamientos al que recurren los tecnócratas neoliberales es que el Estado no debe intervenir en la economía, así en la práctica suceda todo lo contrario. Otro, tan viejo como la explotación misma, es presentar los intereses de los monopolios como si fuesen los de toda la sociedad. El caso de Transmilenio nos muestra la mano visible del Estado en la economía para poner al servicio del gran capital los recursos de toda la sociedad.
Transmilenio se creó mediante Acuerdo 04 de 1999, que dio autorización a la administración para constituir una sociedad anónima de carácter comercial con aportes de entidades públicas distritales. El papel de esa empresa era planear, organizar y gestionar un sistema de transporte masivo; establecer las condiciones para la selección de los operadores, concesionarios y contratistas; asignar a las empresas operadoras los servicios, frecuencias y horarios; controlar los recorridos mediante monitoreo satelital y suministrar al pagador la información para liquidar los recursos y repartirlos entre las diferentes empresas del sistema. El Distrito le asignó al IDU la administración de la malla vial, es decir, su construcción por etapas hasta cubrir todas las vías arterias de la ciudad, los 388 km de troncales y su mantenimiento a largo plazo.
A los consorcios Sistema Integrado de Transporte, SI-99 S.A., Consorcio Internacional de Transporte Masivo, Metrobus y Express del Futuro se les entregaron en concesión las troncales; a Sidauto S.A., Codatermil y Consorcio Uribe Uribe, se les dieron las rutas alimentadoras; y el sistema de recaudo fue asignado a Angelcom S.A. El gobierno impuso condiciones de entrada al negocio, exigiendo grandes capitales, condiciones que los inversionistas nacionales sólo podían cumplir asociándose con capital extranjero, como en efecto sucedió. La administración y el reparto de las utilidades del negocio se contrató mediante fiducia con la firma Lloyds Trust.
Se calcula que el costo total de la infraestructura (troncales, estaciones, patios y garajes), sumando las diferentes etapas que culminan en el año 2016, será de 1.970 millones de dólares, de los cuales 1.296 millones serán aportados por la nación y los restantes 674 millones por el Distrito; estos últimos recursos saldrán principalmente de la sobretasa a la gasolina.
La inversión de los concesionarios privados se calcula en 974 millones de dólares, de los cuales 900 millones corresponden a la compra de los 4.475 buses articulados que deben entrar en operación, y los otros 74 millones al costo de los equipos de recaudo. Según las proyecciones de Planeación Nacional, será tal la rentabilidad del negocio que “la relación beneficio-costo muestra cómo para un periodo de evaluación de 15 años los beneficios generados por TransMilenio serán prácticamente el doble de sus costos”
La conclusión es clara: el papel del Estado es canalizar una enorme cantidad de recursos de los presupuestos nacional y distrital para ponerlos al servicio de un fabuloso negocio para beneficio de unos cuantos inversionistas privados que controlarán monopólicamente el transporte en la capital del país.
Mientras tanto, miles de pequeños y medianos transportadores están siendo aplastados por un alud de disposiciones coercitivas, y sin contemplación alguna el alcalde Mockus les niega la posibilidad de trabajo y no les brinda alternativa, razón por la cual se preparan para otra gran lucha en defensa de sus derechos.
[*] Publicado en Tribuna Roja Nº 85, octubre 11 de 2001.
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