Los arroceros merecen el apoyo de todos los colombianos

Declaración de Notas Obreras sobre el paro de los arroceros (Descárgala en .pdf aquí)

El pasado lunes, 3 de marzo, los productores de arroz del Tolima, Huila, Meta, Casanare, se lanzaron a un paro indefinido. En el transcurso de la semana se sumaron los de Sucre, Córdoba, el bajo Cauca, Vichada, Santander y otras regiones, quienes mantienen bloqueadas de manera intermitente varias de las vías troncales más importantes del país. La decisión de lanzarse masivamente a las carreteras fue tomada luego de cinco meses de diálogos infructuosos con el gobierno y con los industriales que manejan la compra, trilla y comercio del producto.

En Colombia, según el censo arrocero de 2023, realizado por el Dane, hay alrededor de 13.000 cultivadores, esparcidos en más de 200 municipios. El año pasado sembraron unas 600.000 hectáreas en 25.000 unidades de producción y cosechan más o menos tres millones de toneladas al año. El cultivo, además, genera 70.000 empleos directos, pero unas 500.000 familias de una u otra forma tienen una alta dependencia económica de las actividades de esta cadena agroindustrial. Para los colombianos el arroz es básico en la dieta, tanto que consumimos entre 40 y 45 kilogramos per cápita anualmente.

La principal petición de los agricultores consiste en que el gobierno intervenga para que se fije el precio de la carga de 125 kilos de arroz en cáscara en $220.000. Los compradores, antes que aumentarlo redujeron en 19 % el precio que pagaron el año pasado, lo que hace incurrir a los productores en pérdidas de hasta dos millones de pesos por hectárea cultivada. Los molineros son los amos y señores  del  sector y dentro de ellos, solo dos poderosos grupos, Roa-Flor Huila y Diana, adquieren casi el 60% de la cosecha, buena parte de la misma por adelantado mediante avances en dinero y en insumos, lo cual sujeta a los agricultores casi que a la servidumbre; además, manipulan las cifras de consumo para bajar el pago a los sembradores y, como si fuera poco, ejercen control sobre las importaciones del producto, entre otras prerrogativas que les confiere su calidad de duopolio, aparte del tradicional favorecimiento oficial del que han gozado. El pliego de los arroceros también exige protección frente a las masivas y crecientes importaciones amparadas por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; control de  los precios de las semillas certificadas y otros bienes; alivio de las deudas con la banca y el agro comercio; investigación y sanción a los molineros por sus prácticas ventajistas, entre otras solicitudes.

Se quejan los cosechadores de que el gobierno en la mesa de negociación no ha presentado propuestas —o las que ha hecho no se orientan a resolver las afugias actuales— para resolver el agudo problema del precio, cuya baja sesgadamente ha justificado achacándoles a los productores excesos de siembras, mismo argumento peregrino esgrimido por los molineros para esquilmarlos, mientras se lucran con las masivas importaciones y cuando millones de colombianos padecen hambre. 

Las peticiones de los agricultores del arroz son más que justas y deben ser atendidas por el gobierno. Los colombianos debemos solidarizarnos con su erguida protesta. LLamamos a las organizaciones sindicales, sociales y populares a hacerse presentes con su voz de aliento en los bloqueos.

Notas Obreras

Comité Permanente

Bogotá 6 de marzo de 2025

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