El desdén oficial y la codicia de constructores y agiotistas son las causas principales de la tragedia de Bello

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Por: Vladimir Castañeda

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En la madrugada del 24 de junio, una vez más, las empinadas laderas que circundan el Valle de Aburrá fueron escenario de una catástrofe. Las fuertes lluvias, sumadas al desdén de las entidades gubernamentales, provocaron el desprendimiento de una enorme masa de tierra que arrasó cerca de cincuenta viviendas humildes en el barrio El Pinar, en la vereda Granizal, entre los municipios de Bello y Medellín.

De inmediato, la solidaridad afloró en las barriadas afectadas. A pesar de que la montaña seguía crujiendo y sin medir el peligro para sus propias vidas, muchas personas se lanzaron a rescatar a los sobrevivientes y a las víctimas fatales, además de repartir víveres, frazadas, ofrecer hospedaje y brindar ayudas económicas que salían de sus magros recursos.

Según funcionarios oficiales, unas 25 personas han perdido la vida, aunque es casi seguro que el número siga creciendo, pues lamentablemente algunas familias permanecen aún sepultadas en sus viviendas. También hay decenas de heridos. Mientras tanto, en dos albergues improvisados por la alcaldía de Bello, cerca de 900 damnificados sufren sin saber qué será de ellos, tras perder sus escasos enseres y sin un lugar donde guarecerse una vez pase la emergencia.

Los alcaldes de Bello y Medellín, así como el gobernador Rendón, se limitaron, como es habitual, a presentar condolencias y a comenzar la búsqueda de los desaparecidos varias horas después. Más allá de eso, sobresale la incapacidad y el desinterés en emprender acciones concretas para evitar estas tragedias.

De hecho, recientes medidas van en dirección opuesta: redujeron a menos de la mitad el presupuesto del Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá (SIATA) y despidieron a 31 de sus investigadores. Ingeniosamente, a esta drástica merma le dieron el nombre de “optimización” de recursos. Ese organismo —que destaca a nivel nacional en monitoreo en tiempo real de las lluvias, la calidad del aire, los caudales y posibles deslizamientos— ha sido gravemente debilitado, entre otras cosas, en su capacidad de alertar oportunamente.

Las denuncias de los habitantes de El Pinar y Granizal, expresadas por líderes comunales, son otra prueba. Una dirigente con lágrimas en los ojos mientras removía una capa de barro amarillo en una calle, declaró a los medios de comunicación que la tragedia pudo haberse evitado. Insistió en que las autoridades estaban al tanto, mediante derechos de petición y reuniones, de que la cañada representaba una amenaza inminente y que la montaña podía deslizarse en cualquier momento, además de alertar sobre posibles nuevos desprendimientos de tierra en las zonas bajas. Pero las advertencias oportunas y las solicitudes no fueron acatadas.

En lugar de formular una política para mitigar los peligros y de ofrecer soluciones a corto, mediano y largo plazo para que los desposeídos tengan un techo decente, prevalecen la persecución, el promeserismo y la politiquería, como lo evidencian los recientes operativos policivos para desalojar y la destruir viviendas y cambuches en distintas áreas de Medellín, ordenadas por el alcalde Federico Gutiérrez. Miles de familias viven en la incertidumbre, expuestas al riesgo de ser sepultadas por una avalancha, atrapadas en habitaciones sombrías de inquilinatos en barrios marginales, o sufriendo las inclemencias del clima sin protección alguna.

En diferentes zonas del Valle de Aburrá, los asentamientos informales crecen sin cesar, en lugares que representan amenazas latentes. Según el secretario de Seguridad y Convivencia de Bello, la zona afectada por el deslizamiento es considerada la segunda más grande del país, con alrededor de 30 mil personas. Lo mismo sucede en Medellín, donde cerca del 7% del área urbana ha tenido un crecimiento informal, especialmente en los límites del perímetro urbano, en sitios de alto riesgo no mitigable. Datos del Departamento Administrativo de Planeación indican que, en 2020, cerca de 43.649 viviendas estaban en condición vulnerables, cifra que, dada la expansión, hoy debe ser mucho mayor.

El alcalde Gutiérrez, haciendo cálculos electorales, afirma, con razón, que las laderas están colmadas de campesinos que han sido despojados de sus tierras por la violencia. A lo que hay que agregar, para ser justos, que durante los gobiernos de Pastrana y Uribe varios millones de hectáreas fueron robadas, expulsando a miles de pequeños y medianos labriegos. Además, las importaciones masivas de alimentos, impulsadas por la llamada apertura económica de los años noventa, agravaron los problemas y provocaron la ruina de muchos. Dicha política imperialista continúa intacta bajo el actual “gobierno del cambio”.

Los altos precios de la vivienda y los arriendos, la informalidad, el desempleo y los bajos salarios son algunas de las causas principales que alimentan los asentamientos en suelo peligroso y los cordones de pobreza.

Para la muestra, el costo del metro cuadrado de vivienda en Medellín durante el último año ha aumentado, en promedio, 10.3%, bastante más que la inflación y el ajuste del salario mínimo y casi el doble de la tasa en Bogotá, la ciudad con el precio más alto del país. La gentrificación y la oferta habitacional dirigida a los acogotados sectores medios y a compradores “no residentes”, a fin de “aprovechar el potencial del país para generar negocios a través de la internacionalización”, están ayudando a inflar aún más los precios de la vivienda y los alquileres. Por otro lado, quienes se benefician de estas drásticas alzas son las constructoras, los especuladores y las inmobiliarias, que obtienen ganancias sustanciales. En la cúspide del negocio brilla la banca.

Entretanto, cerca de 700 mil habitantes, el 27% de los medellinenses, no come tres veces al día, otro claro indicativo de que, sin una política que anteponga el bienestar de la población a la codicia, no será posible calmar el hambre y ofrecer un techo digno.

Las soluciones no van a provenir de un orden económico y político que se erige sobre la base de las abismales desigualdades imperantes. Batallemos por forjar uno nuevo al servicio del pueblo.