Acompañemos al presidente Petro en su digna posición antiimperialista

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Declaración de Notas Obreras

Acompañemos al presidente Petro en su digna posición antiimperialista

Colombia está viviendo una situación sin antecedentes. Por primera vez en su historia un presidente de la República en ejercicio, Gustavo Petro, ha alzado la voz para repudiar los designios contra Colombia y las felonías planetarias de Estados Unidos, la más grande potencia de la tierra, a cuyo dominio hemos estado sometidos desde cuando Teodoro Roosvelt asaltó Panamá, y que ha sido la causa principal de las deformidades de nuestro desarrollo y las penurias de las mayorías nacionales.

Este desenlace, en mucho inesperado, se larvó desde la campaña electoral de la potencia, en la que sectores del Partido Republicano, del entorno de Trump y muy influyentes en los círculos uribistas, principalmente en el estado de Florida, hicieron constantes ataques a Petro recabando en las sistemáticas difamaciones políticas y personales contra él.

Apenas pasada una semana de la posesión de Trump, en el amanecer del 26 de enero, se presentó el primer choque, cuando el jefe de estado colombiano no permitió aterrizar aviones cargados de migrantes deportados atados de pies y manos y pidió un tratamiento digno para recibirlos. El presidente afirmó: “primero es la dignidad de Colombia y América Latina. Los migrantes son seres humanos y sujetos de derechos y como tales deben ser tratados.” Trump respondió ordenando imponer aranceles de 50 % a las mercancías colombianas, prohibiendo los viajes a Estados Unidos y revocando las visas a los funcionarios del gobierno colombiano, los miembros del partido del presidente y sus familiares, y reforzando las inspecciones aduaneras, y con el anuncio de aplicar sanciones de la banca y la Tesorería, al amparo de la Ley de Poderes Internacionales de Emergencia Económica (IEEPA, por sus siglas en inglés).

El amago de crisis se superó, según versiones de los medios de comunicación, con la intermediación de los voceros de los gremios económicos y algunos dirigentes políticos de las elites tradicionales, y de la canciller, Laura Saravia, y el excanciller Gilberto Murillo. En la noche del mismo 26 de enero, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca emitió una declaración provocadora en la que aducía que: “El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluida la irrestricta aceptación sin dilaciones ni demoras de todos los extranjeros colombianos ilegales deportados de Estados Unidos, incluyendo los enviados en aeronaves militares estadounidenses.” Aunque de parte del gobierno colombiano no hubo una declaración oficial sobre el arreglo del incidente, distintos representantes suyos reivindicaron que Estados Unidos dejaría de vulnerar los derechos humanos de los deportados.

Este primer encontrón dejó ver una de las características centrales de la escalada de enfrentamiento entre Petro y Trump: la vergonzosa abyección de las elites tradicionales colombianas que no vacilaron en culpar a Petro de la crisis y en mostrarse solícitos ante el amo yanqui, rasgándose las vestiduras por el “atrevimiento” presidencial de defender a sus connacionales desarraigados, lo cual, según ellas, arriesgaba las relaciones tradicionales con el “principal aliado del país” y, desde luego, sus negocios; denostaron la “irresponsabilidad presidencial” de “desafiar las decisiones soberanas de Estados Unidos.” Adujeron que era “inconstitucional” que Petro no aceptara los deportados, etc. Este, no obstante, declaró:

“Nosotros nunca nos hemos negado a recibir migrantes y hemos procurado detener la migración. El estúpido bloqueo a Venezuela fue el que desencadenó millones de personas migrantes en los EE.UU. Pero no me exijan recibir los deportados de EE.UU. esposados y en avión militar. Nosotros no somos colonia de nadie.”

El ambiente, además, lo ayudaban a caldear las envalentonadas declaraciones que por esos días hacía Trump sobre el canal de Panamá, el golfo de México, así como la anexión de Canadá y Groenlandia, entre otras bravuconadas intervencionistas, que causaban rechazo no solo de Panamá sino de los mandatarios latinoamericanos menos sumisos.

Luego, las aguas se calmaron transitoriamente. El gobierno incluso trató de recomponer las relaciones con Washington. El embajador, Daniel García-Peña, convocó un acto para homenajear a los senadores de origen colombiano Ruben Gallego, demócrata, y Bernie Moreno, republicano, quienes, como más adelante quedaría claro, hacen parte de la punta de lanza gringa para intrigar en la política colombiana. Moreno durante el trance de los desterrados afirmó: “La gente en Colombia ama a los Estados Unidos y odia a Gustavo Petro (…) En las próximas elecciones vamos a salir de él.” No obstante, por esos días, se filtró que los intercambios entre funcionarios de los dos países se estaban tornando tensos alrededor del asunto de las drogas narcóticas, en particular por las exigencias del gobierno norteamericano de resultados “inmediatos” y “tangibles” en cuanto a la erradicación de la mata de coca.

Para completar, a mediados de marzo, el presidente Petro emprendió una gira por la República Popular China, lo que fue recibido con cajas destempladas por la Casa Blanca. Si bien la confrontación fue menos álgida que la del 26 de enero, su importancia fue aun mayor, pues más allá de los farisaicos ucases gringos sobre los narcóticos o los migrantes, su mayor preocupación es volver a atenazar el hemisferio y en especial el “patio trasero”, dada la creciente disputa por el predominio global con la emergente potencia de Oriente, que le ha propinado paulatinos tarascones, hasta el punto de haber relegado a Estados Unidos al segundo lugar como socio comercial de la mayoría de los países al sur del Río Bravo.

Durante la gira, planeada para participar en la Cuarta Reunión Ministerial del Foro China-Celac, espacio que Colombia presidía por primera vez, el presidente Petro acordó un plan de cooperación con el propósito final de  adherir oficialmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, o Nueva Ruta de la Seda, el gigantesco programa de inversión y de construcción de infraestructura chino iniciado en 2013.

Estados Unidos encajó el golpe de su tradicional aliado y vociferó que se opondría “enérgicamente” a los desembolsos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y otras entidades multilaterales para empresas controladas por China en Colombia y otros países de la región. La Oficina de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado tronó: “Los dólares de los contribuyentes norteamericanos NO DEBEN (sic) utilizarse de ninguna manera por organizaciones internacionales para subsidiar empresas chinas en nuestro hemisferio”, y  agregó: “Estos proyectos ponen en peligro la seguridad de la región”.

Nuevamente, los sectores proyanquis, hallaron ocasión para su escandola rastrera. El periódico El Tiempo, vocero del magnate Luis Carlos Angulo editorializó:

“Lo primero que hay que decir es que fortalecer las relaciones con la segunda economía del mundo tiene sentido y hace parte del viejo propósito de diversificar los mercados para los productos colombianos. Pero también hay que admitir que el momento escogido para dar este paso genera incertidumbre, tanto por el contenido de esta adhesión como por la eventual lectura negativa de esta por parte de Estados Unidos. Si bien Colombia y el director de sus relaciones exteriores –el presidente Petro– tienen la plena autonomía de avanzar en acuerdos con economías tan robustas como la del gigante asiático, la coyuntura global –en medio de una guerra comercial entre Washington y Pekín– no parecía ser la más adecuada.”

Para la burguesía intermediaria lo “adecuado” y la “lectura positiva” solo consisten en aceptar lo que sirva a los intereses económicos y geopolíticos estadounidenses.

El editorialista del grupo Aval llamó también a “involucrar a los empresarios tanto en la identificación de las oportunidades como en el manejo de los riesgos y las desventajas de la producción nacional.” Invocación desvergonzada en boca de quienes promovieron la apertura gavirista que no solo abarató la mano de obra sino que condujo a la quiebra generalizada de sectores de la pequeña y mediana producción industrial y agrícola del país y de la cual el único beneficiario, aparte de las corporaciones estadounidenses, resultó ser el puñado de grandes grupos económicos del país. Agregó: “Pertenecer a la Franja y la Ruta demanda un delicado manejo diplomático con Estados Unidos, el principal socio comercial colombiano. Los siguientes pasos del gobierno Petro frente a Washington deben incorporar la máxima sensibilidad para proteger los intereses nacionales en medio de una incierta confrontación entre Washington y China.” En otras palabras, el gobierno colombiano debía tener la “máxima sensibilidad” de alinearse en la geopolítica global con la Casa Blanca, tal como lo había hecho el pusilánime predecesor de Petro, Iván Duque, quien había incluido en el Plan de Desarrollo que por estos lares, consagrados al Sagrado Corazón y a Washington, no se aceptaría la presencia de potencias extrahemisféricas.

El señor Díaz de Analdex, el gremio de los exportadores, cometió la felonía de citar en defensa de su posición el chantaje de mister Claver-Carone, enviado de Trump y expresidente del BID,  quien señalo que: “La intención de Colombia de ingresar a la iniciativa puede ser una buena oportunidad para las rosas ecuatorianas y el café centroamericano”. Y agregó un punto esencial, como finalmente vendría a verse: “Esa es la preocupación. Que perdamos competitividad en ese relacionamiento con los Estados Unidos por un mal manejo comercial, por unos mensajes equivocados y terminemos castigados. Y fuera de eso viene la amenaza de la descertificación en septiembre, lo que agregaría aún más problemas en esa dirección.”

El palurdo señor Cabal, de Fenalco, advirtió que Colombia no podía “patear la lonchera”. Como si el resto de Colombia fuera como él que vive de los fiambres que le arrojan sus amos del Norte.

El infaltable señor Mac Master, le declaró a Semana, el medio del Grupo Gilinski: “Es una propuesta bastante inoportuna y provocadora hacia los ciudadanos. En medio de la nueva política arancelaria de Estados Unidos, este país le pidió, por ejemplo, a Panamá retirarse de la Ruta de la Seda, la cual no es un acuerdo comercial, sino un mecanismo logístico para favorecer a China en su comercio internacional”, y agregó: “Colombia tiene que tomar una decisión muy seria alrededor de cuál va a ser su estrategia internacional y aclarar quién realmente es nuestro aliado y quién solo está buscando acceder a nuestro mercado.” El representante de los industriales, altanero en su oposición a cualquier reforma, por tímida que sea, para mejorar los ingresos laborales y las condiciones de vida de los trabajadores, se muestra más que dócil para defender como destino para Colombia el de ser coto de caza de los monopolios yanquis.

Y para poner solo un ejemplo más, entre tantos, doña María Claudia Lacouture, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham, es decir, la representante directa de las empresas estadounidenses en Colombia, escribió en La República, el diario del Grupo Ardila Lulle: 

“En el contexto actual de alta sensibilidad geopolítica, donde Estados Unidos -principal socio comercial y aliado estratégico de Colombia- ha expresado su preocupación por la expansión de China en la región, un eventual acercamiento público a iniciativas como la Ruta de la Seda amerita un análisis responsable, integral y prudente (…) Los esfuerzos por diversificar exportaciones y destinos deben mantenerse, pero sin hipotecar la soberanía ni poner en riesgo alianzas estratégicas consolidadas. Estados Unidos sigue siendo un socio con el cual se tiene un comercio de mutuo beneficio (es el principal destino de nuestras exportaciones no minero-energéticas), y desde donde provienen la mayor inversión extranjera, las remesas y la cooperación para la seguridad y el fortalecimiento institucional.” 

Y terminó por exigir que se convocara la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para sentar en el banquillo de los acusados al gobierno. En fin, según la vocera de los negocios gringos en el país, si Colombia expande sus vínculos comerciales se hipoteca la soberanía nacional, en cambio no se mancilla firmando TLC que arruinan, esos sí, la producción nacional y sujetan al país a toda clase de imposiciones, no solo económicas, por parte de la gran potencia occidental.

Sería ingenuo, entonces, pensar que los sucesos vertiginosos de las últimas dos semanas no tengan como telón de fondo este acercamiento a China que, por demás, hasta ahora no ha tenido grandes avances. Es el mismo fenómeno que subyace en la virulencia gringa contra Brasil, Venezuela o Cuba y hasta con Panamá a la que le espetó que no le había dado el Canal para que se lo entregara a los chinos.

Luego vino la escalada de contradicciones alrededor de la “certificación” de Colombia en la persecución del narcotráfico. Aunque ya desde principios del año el establecimiento venía anunciando que la decisión sería adversa a Colombia. El Tiempo, por ejemplo, en un largo reportaje del 12 de abril, ya señalaba que la descertificación parecía casi ineludible, pues la disparada de los cultivos y la producción potencial del alcaloide habían llegado a niveles nunca vistos. El informe del diario capitalino también mencionó que las hectáreas cultivadas habían ascendido a 253.000, en 2023, y que podrían haber llegado, en 2024, a 300.000, mientras que en los dos últimos años apenas se habían destruido unas 30.000 hectáreas. Y que, por tanto, la producción potencial de 2.600 toneladas eclipsaba las incautaciones históricas de 830 toneladas en 2024.

Estas cifras vienen siendo disputadas razonablemente por Petro, señalando que se originan en un informe de Naciones Unidas que hace un estimativo basado en los cultivos nuevos, de mayor productividad, que son alrededor de la mitad del área total sembrada, y generaliza tal productividad a la totalidad de los cultivos; cuando la otra mitad de plantíos están en decadencia y tienen rendimientos mucho más bajos. Aduce que los mencionados cálculos sobredimensionan la producción potencial a fin de minimizar el peso de las incautaciones y desconocer la tendencia decreciente de la expansión de los cultivos durante su mandato. Con esas tergiversaciones, agrega, es que se argumenta la descertificación del país; en cambio, el gobierno de Duque recibió el aval gringo, cuando en su gobierno el crecimiento del área cultivada había sido superior al 43 %.

Antes del anuncio de la descertificación —licencia colonialista que se permiten los gringos de expedir diplomas de buena conducta a los países para chantajearlos—, tuvo lugar, a comienzos de julio, otro acontecimiento que agrió aún más las relaciones. El gobierno gringo llamó a consultas al encargado de negocios, que hace las veces de embajador, John McNamara, al tiempo que de manera recíproca el gobierno colombiano llamó a consultas al embajador García-Peña. El primero, había sido citado por Marco Rubio para “consultas urgentes tras declaraciones infundadas y reprensibles de los más altos niveles del Gobierno de Colombia”. Las afirmaciones “infundadas y reprensibles” consistían en que el presidente Petro comunicó que un homólogo latinoamericano le había informado que se estaba fraguando un golpe en su contra, por lo que Petro le había pedido a Estados Unidos que indagara los contactos de su excanciller Álvaro Leyva con políticos republicanos como Mario Díaz Balart y  Carlos Gimenez para presionarlo. Petro, además, sugirió que detrás de la trama se encontraba el secretario de Estado, Marco Rubio, y mencionó que el llamado a su embajador en Washington se hacía para que este informara sobre el desarrollo de la agenda bilateral de siete puntos con la que se había comprometido desde el comienzo de su gobierno, entre ellos, varios que aumentaban los recelos de Trump: la descarbonización y la transición energética, la inmigración, las salidas políticas y dialogadas a los conflictos de Venezuela, Cuba y Haití poniéndoles fin a los bloqueos.

A los pocos días de sus regreso de consultas, McNamara expresó, en una larga entrevista en El Tiempo, la “incomodidad” de su país frente a la decisión de no extraditar algunos capos ligados a los procesos de paz total del gobierno. Esgrimió el garrote de la disminución de la “asistencia” a Colombia, dizque por la retórica y las declaraciones del alto gobierno sobre el consumo de drogas en su país. A la burocracia estadounidense la contraría que se le señale el hecho de perogrullo de que Estados Unidos es, cuando menos, corresponsable del problema de las drogas, pues es el mayor consumidor del mundo.

También mencionó, llamativamente, que “ese asunto de la certificación tiene mucho que ver con la colaboración bilateral, y hay que destacar que el gobierno Petro y las gloriosas Fuerzas Armadas de Colombia y sus primos de la Policía están metidos en la lucha.” A la vez, blandiendo el garrote de la descertificación, presionó para que Colombia tomara medidas comerciales favorables a algunas industrias norteamericanas, especialmente la automotriz, e hizo groseras alusiones al comercio con China, y concluyó: “Cuando Colombia estaba sufriendo esa oleada de violencia, bandidos por todas partes, ¿quién estuvo con ustedes? Nosotros, con el Plan Colombia, con más de 10.000 millones de dólares que fueron invertidos en las Fuerzas Armadas y en la institucionalidad del país”. Petro lo refutó de plano en una de sus últimas alocuciones: en primer lugar, los dineros que tanto alardean los gringos haber dispensado a manos llenas no son tantos y, en segundo lugar, esos dólares pasan directamente a ONG controladas por ellos o terminan en su complejo militar industrial al que se le compran las armas y otros elementos para las labores de persecución de los narcos. Como lo dijo gráficamente, la tal ayuda hace parte de sus business.

Por esos mismos días, Washington perpetró otra zafia intromisión en nuestros asuntos internos. Marco Rubio, el 28 de julio, apenas concluida la lectura del fallo condenatorio contra Álvaro Uribe, por unas de sus más leves fechorías, escribió en X: “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de los jueces radicales ha sentado un precedente preocupante.”, y el subsecretario de estado, Cristopher Landau, agregó el siguiente día: “Lamentablemente, eso no ha ocurrido en la gran nación de Colombia [el respeto a la independencia de los jueces]. Ese país tiene una orgullosa tradición de independencia judicial, por la cual muchos jueces han pagado con sus vidas, pero esa tradición ahora ha sido manchada por el fallo de ayer contra el expresidente Álvaro Uribe”. Y eso dicho por dos altos funcionarios del gobierno de Trump, quien ha pretendido arrodillar a mandobles, y lo ha logrado las más de las veces, a la Corte Suprema de Justicia y hasta al último juez en las docenas de causas por su afición a los comportamientos delictuosos, incluida una intentona de golpe de estado. Petro y la canciller, Rosa Villavicencio, rechazaron categóricamente estas declaraciones, defendieron la independencia de la jurisdicción, y el presidente manifestó que: “Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no permitimos.” 

Y así llegamos al 15 de septiembre, cuando Trump expidió la Resolución Presidencial sobre los Principales Países de Tránsito o los Principales Países Productores de Drogas Ilícitas para el Año Fiscal de 2026. En este documento se acusa a Colombia, junto con Afganistán, Birmania, Bolivia, y Venezuela “de haber fallado de manera comprobada durante los últimos doce meses en observar sus obligaciones impuestas bajo los acuerdos antinarcóticos internacionales y en tomar las medidas obligadas por la Ley de Asistencia al Exterior.” Esta regula el informe anual que el presidente debe rendir al Congreso sobre cómo se desarrolla la lucha antinarcóticos en los países que reciben “ayuda” de EE.UU.

El documento es de una intolerable agresividad contra el presidente colombiano:

“En Colombia el cultivo de la coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis. Bajo el liderazgo del presidente Petro el cultivo de la coca y la producción de cocaína han alcanzado altos récords mientras el gobierno fracasa incluso en lograr sus objetivos ampliamente reducidos de erradicación de cultivos, socavando los años de colaboración mutuamente beneficiosa contra los narco-terroristas. Por estas razones  he determinado que Colombia ha fallado en cumplir con sus obligaciones para el control de las drogas. Las instituciones de seguridad y las autoridades municipales han mostrado capacidad y coraje para enfrentar a los grupos terroristas y criminales, y los Estados Unidos valoran el servicio y sacrificio de sus dedicados servidores públicos a lo largo de todos los niveles del gobierno. 

Del fracaso colombiano para cumplir sus obligaciones de control de drogas el año anterior es responsable únicamente su liderazgo político. Yo consideraré cambiar esta decisión si el gobierno de Colombia toma acciones más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico tanto como judicializar a aquellos que se benefician de estos, incluyendo una mejorada cooperación judicial con los Estados Unidos para llevar a los líderes y a las organizaciones criminales ante la justicia.”

La tiránica resolución, que confirma las denuncias del presidente sobre la descarada infiltración por parte de agentes gringos de buena parte de las instituciones, entre ellas, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, también revela el papel de las “autoridades municipales”, o sea la labor de turiferarios de los alcaldes Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Carlos Fernando Galán y Alejandro Eder.

También está plagada de invectivas, no solo contra las naciones y dirigentes reprobados, sino para los que fueron agraciados con el aval del Tío Sam, pero que al igual conforman la lista de principales países productores o de tránsito de las drogas ilícitas, entre otros, la República Popular China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, India, México, Pakistán, Panamá, Perú. Afirma, además, que de acuerdo con disposiciones legales de Estados Unidos la asistencia a Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela es vital para los intereses nacionales estadounidenses.

El ignominioso documento mereció la condigna respuesta del gobierno colombiano la cual se escenificó, vehementemente, en el marco del Octogésimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, reunida en Nueva York, entre el 23 y el 29 de septiembre. Debate que el presidente colombiano también trasladó a dos eventos públicos en sitios cerrados: el foro ‘Nuestra humanidad, nuestra responsabilidad’ y en el ‘Diálogo de Civilizaciones’, en el marco de la reunión de alto nivel del Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones de la ONU; pero también la hizo sentir en las propias calles de Nueva York, en las que llevo la voz en un mitin contra el genocidio en Gaza.

En su intervención ante la plenaria de Naciones Unidas el presidente fustigó valerosamente la política internacional estadounidense. Como lo ha hecho sin ambages desde cuando inició el holocausto del pueblo palestino, no dudó en calificar de genocidio lo que allí esta sucediendo. Algunos pasajes de su discurso reflejan su solidaria y digna posición frente a los sucesos del Medio Oriente. Así lo expresó:

“Trump permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza, se hace cómplice del genocidio, porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez (…)

Este recinto es testigo mudo, y cómplice, de un genocidio en el mundo de hoy. Cuando creíamos que era sólo propiedad de Hitler. Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida sólo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles (…)

Una ONU diferente, humana debe, antes que nada, detener el genocidio de Gaza. La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio ni a los genocidas de Netanyahu ni a sus aliados en Estados Unidos y Europa dejarlos libres. Las Naciones Unidas deben hacer respetar los tribunales internacionales de justicia (…)

La diplomacia ya acabó su papel, señores, en el caso de Gaza. No pudo solucionarlo. No es cierto y me disculpa, Macron, que podamos insistir e insistir en hablar y en hablar cuando cada segundo cae un misil y destroza los cuerpos de bebés inocentes, bebés niños y bebés niñas en el país árabe de Palestina.”

Y llamó a que las decisiones sobre Palestina no pasen por el Consejo de Seguridad, donde se impone el poder de veto —que Estados Unidos utiliza para impedir cualquier decisión que se oponga a los fines sionistas—, sino que sean tomadas por la Asamblea General, incluida la de conformar un ejército internacional para defender al pueblo palestino.

El jefe de estado colombiano estableció, también con acierto, la íntima vinculación de los hechos de Gaza con la despótica política trumpista hacia América Latina. Y sin temer a la segura estigmatización por parte del poderoso aparato propagandístico gringo, incluidos los medios de comunicación de las burguesías cipayas, se solidarizó con el gobierno venezolano, al cual Trump pretende derrocar, extendiéndole la aplicación de la declaración del Departamento de Estado, del pasado 20 de febrero, titulada Designación de Carteles Internacionales, mediante la cual calificó como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales a reconocidos carteles del narcotráfico; “legislación” que le permite utilizar contra ellos la fuerza militar. Bajo norma tan peregrina desplegó al sur del Mar Caribe una poderosa flotilla de destructores dotados de misiles Tomahawk, submarinos nucleares, bombarderos, helicópteros y miles de marines y ya ha asesinado, bombardeando sin fórmula de juicio, a cerca de veinte navegantes, declarando por sí y ante sí que se trataba de narcotraficantes.

Petro, dijo al respecto:

Lo dantesco de la situación de Palestina me llevó a pensar que lo mismo, o casi lo mismo, podría ocurrir en el Caribe colombiano, cuando tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar (…)

Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira. Dicho aquí, en este mismo sitio, en el año 2023 y 2024, fueron los años donde más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa. Los extradité yo y la cocaína la incautó mi Gobierno. Y no tiramos un solo misil ni asesinamos ningún joven.

Pero necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina. Necesitan destruir el diálogo e imponer y lanzar misiles asesinos sobre jóvenes pobres en el Caribe. La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general. No mira la droga, mira el poder y la dominación. Por eso hablo ante ustedes como un presidente descertificado por el mismo presidente Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano, ni divino y sin razón mental (…)

Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del tren de Aragua que nadie, quizás, conozca aquí su nombre ni de Hamas, eran caribeños, posiblemente colombianos. Y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos así se incluya al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza. Jóvenes en una lancha así tuvieran un cargamento ilícito no eran narcotraficantes eran simples jóvenes pobres de la América Latina que no tienen otra opción (…)

Trump lanza misiles sobre lanchas desarmadas de emigrantes y los acusa de narcotraficantes y terroristas sin ellos tener una sola arma para defenderse, Cuando los narcotraficantes viven en Nueva York, aquí mismo, a unas cuantas cuadras, y en Miami.

Y en una entrevista concedida en Nueva York, le dijo a la BBC de Londres:

Existe a nivel universal un principio del derecho internacional, que es el de la proporcionalidad de la fuerza. Se tiene en cuenta cuáles son los grados de fuerza de cada uno de los rivales y si esta se ha usado de manera sobredimensionada. Si usas una bomba nuclear contra un ejército de fusiles, romperías el derecho internacional.

Colombia, con Estados Unidos, con Europa, con otros países latinoamericanos, ha hecho operaciones inmensas, de por lo menos 100 o 200 toneladas de cocaína incautadas en lanchas rápidas. Tenemos una experiencia larga, en colaboración con las mismas agencias de Estados Unidos y otras, en incautación marina de cocaína. Nunca ha muerto nadie. No hay necesidad de matar. Y no es necesario, porque simplemente bloqueas, como en una calle, la lancha con otras más rápidas. Durante años y años, hemos logrado hacer operaciones sin muertos.

¿Para qué lanzar un misil si se hubiera podido simplemente frenar y capturar a sus miembros?

Eso es lo que yo llamo un asesinato porque 1. Rompe el principio de proporcionalidad de la fuerza: un misil es mucho más que una pistola 2. La operación se puede hacer con mucha limpieza sin que nadie muera, y eso es primero en cualquier acción del Estado y 3. [Deteniendo la lancha] capturas a las personas, sabes qué lleva dentro el paquete que llevan y si se trata de migrantes o si se trata de jóvenes asalariados del narcotráfico. 

La realidad es en el fondo que el imperialismo no acepta que el estado venezolano, el cual ya completa cerca de dos décadas sometido a un bloqueo inmisericorde, busque acuerdos con los rivales de Estados Unidos para sobrellevar las penurias irrogadas por tamaña arbitrariedad. Y, además, porque pretende adueñarse de las reservas de hidrocarburos venezolanas, de alrededor de 300 mil millones de barriles, las más ricas del mundo.

Petro también le increpó a Trump su política xenófoba y racista, que se manifiesta principalmente en la despiadada persecución desatada desde el 20 de enero contra los inmigrantes:

La humanidad esclava no es humanidad, es bestia, es bestia el que esclaviza, pone cadenas a migrantes, lanza misiles sobre jóvenes, acribilla con misiles niños y niñas en un poblado muy cerca donde nació Jesús (…)

Hoy hacen lo mismo que Hitler, construyen campos de concentración para migrantes y aplauden las mayorías electorales y dicen que los migrantes son de una raza inferior y colectivizan culpas en ellos como hicieron con los judíos y los llaman terroristas e inferiores y ladrones, narcotraficantes todos, dicen (…)

Los migrantes no son delincuentes, no tienen que llevarlos a campos de concentración y expulsarlos encadenados. La migración no es sino el producto del bloqueo a los países más pobres como Irak o Irán o Cuba o Venezuela. El bloqueo económico no es más que un genocidio (…)

La migración no es sino el producto del empobrecimiento de los países más pobres por una deuda impagable y codiciosa. La migración no es más sino la consecuencia de las guerras y las invasiones por el petróleo desatadas por Estados Unidos y la Europa de la Otán (…)

La solución a las migraciones es otra muy diferente a las cadenas, a las cárceles, a los misiles. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios.

No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así.

Petro también fustigó a Trump sobre la crisis climática, señaló que las potencias no han cumplido, desde la COP de París, ni siquiera con las limosnas que se comprometieron a aportar para detener el deterioro del clima planetario. Añadió que el cambio climático requiere priorizar en los presupuestos públicos la inversión en descarbonización y adaptación, que implica también una política financiera diferente en el tratamiento de la deuda, incluida la condonación a los países más pobres y la abolición de la llamada prima de riesgo. Observó que no son los países pobres los riesgosos pues, por el contrario, son los que absorben en sus selvas los gases de efecto invernadero, emitidos en el Norte. Y parafraseó la posición de Trump sobre su obsesión irracional con los hidrocarburos: “Taladrar, taladrar, taladrar dicen sin piedad.”

En fin, los asuntos aireados, en buena hora, por el mandatario colombiano: el genocidio del pueblo palestino, la hipócrita descertificación en la lucha contra el narcotráfico, el asesinato impune de supuestos contrabandistas de drogas, la persecución a los migrantes, la agresión a Venezuela y en general a América Latina, incluso sus posiciones sobre la deuda y la crisis climática lo han puesto en una contradicción aguda, insalvable, con la política imperialista. 

Como queda claro con la descertificación y con las declaraciones de otros altos funcionarios, Estados Unidos enfilará sus baterías en las elecciones que se avecinan para arrinconar a Petro. No dudará en recurrir a las peores vilezas, incluso hasta en ponerle precio a su cabeza, como lo ha hecho con el presidente venezolano. Su derrotero será impedir que el Pacto Histórico mantenga la conducción de las riendas del estado. El comando de campaña de la derecha y del centro estará en la Embajada de la carrera 50 y en los antros de Miami.

Notas Obreras, que ha sido un crítico leal de Gustavo Petro, no puede menos que expresarle su solidaridad y exaltar la dignidad del presidente de la República en estos acontecimientos que podrían conducir, y brindamos por ello, al desarrollo de una poderosa corriente antiimperialista organizada en Colombia. Ponemos nuestro pequeño destacamento al servicio de esta batalla decisiva para el destino de nuestra patria y de América Latina.

¡Fuera gringos de Colombia!

Notas Obreras

Comité Permanente

Bogotá, 3 de octubre de 2025

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