El Encuentro Nacional de Emergencia del 27 de marzo convocado por la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular, CNSSP, llama al pueblo colombiano a combatir hasta derrotar el proyecto de ley de reforma tributaria y fiscal y las demás medidas antipopulares del gobierno de Duque. Con la nefasta reforma tributaria, bautizada cínicamente “ley de solidaridad […]
El gobierno de Duque no toma medidas de protección drásticas; se concentra en beneficiar únicamente a los grandes capitalistas. A la vez que estos crean pánico para aumentar sus utilidades, no le proporcionan a sus trabajadores medidas de protección suficientes. Los hospitales están en quiebra y sus salas de emergencia colapsadas antes de la pandemia del coronavirus COVID-19; el personal médico está desprotegido y carece de los equipos suficientes para enfrentar la emergencia. Es función de un Comité Nacional de Paro consecuente llamar ya al ¡PARO GENERAL INDEFINIDO!
El estallido social que comenzó el 21 de noviembre tiene su causa profunda en el rechazo a las privatizaciones, que el senador Robledo promete mantener; ahí estriba el antagonismo entre sus programa y la actual efervescencia popular. El robledismo impone que las marchas y “paros” se constituyan en desfiles ordenados, alegres y coloridos y morigera las reivindicaciones para que no pongan en riesgo la economía de mercado y los negocios, y los dueños de estos le retribuyen abriéndole páginas y micrófonos, cámaras y programas.
Recopilación de artículos, cartas, declaraciones, demás documentos y videos que hemos emitido durante la preparación y la realización de este Paro Nacional de 2019.
Compañeros, los invitamos fraternalmente a que desechen el camino de la conciliación, en el que los trabajadores han sido despojados de sus preciadas conquistas, y a que impulsen consecuentemente las luchas, no solo para impedir nuevos asaltos, sino para arrebatarles a los adversarios mejores condiciones de vida y de trabajo.
Llamamos al Comité de Paro y a los voceros a que no abandonen, desdibujen o diluyan los objetivos trazados en el Encuentro de Emergencia del 4 de octubre y refrendados en las reuniones y documentos anteriores a la carta a la que nos referimos aquí. Además, conminamos a los voceros, o grupos de ellos, a que no se tomen atribuciones que no se les han conferido y respeten el funcionamiento democrático indispensable para mantener la unidad.
Las vacilaciones amenazan el éxito de las tareas y llevan a los asalariados a una catástrofe. Ahora que se aprobó ripostar con el paro, se requieren audacia y coraje y no quejumbres dizque por falta de condiciones. El relativo reflujo de las luchas no es un inamovible. Las masas están dispuestas a combatir.
Si queremos que sea un paro efectivo y no una marcha, debe concentrar todos los esfuerzos de los dirigentes y activistas en sus regiones al frente de los sectores que influencian. De otra parte, lamentamos que no exista acuerdo sobre la no concurrencia de las centrales a la Comisión de Concertación con el fin de presentar allí su paquete de reformas que arrasan con los derechos que aún le quedan a los trabajadores.
No es concertando sino luchando como se consiguen las reivindicaciones; no es repitiendo la muletilla de que “no hay condiciones” como pueden movilizarse las masas al combate; debe crearse conciencia de que las circunstancias adversas también cambian por la incidencia de una política consecuente que abarque planes sistemáticos para combatir cada vez más radicalmente todos y cada uno de los embates de los enemigos del pueblo.
Por Alejandro Torres
El salario mínimo fue decretado de nuevo en medio de la farsa que anualmente montan el gobierno, los empresarios y la cúpula de las centrales obreras en la llamada Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales que, como gran novedad, el año pasado inició las “negociaciones” desde el 8 de septiembre, para sesionar a lo largo de más de un trimestre, y con el anuncio de los sindicalistas de que, antes que concentrarse en el tema baladí del aumento porcentual, las conversaciones girarían en torno a la “voluntad política” para mantener el poder adquisitivo, mediante la congelación de precios de los 32 artículos de la canasta familiar, el transporte y sus insumos, y el diseño de una política de empleo.