Por Alfonso Hernández

En el Foro sobre el Impacto de la Inversión Privada en la Educación Superior, la ministra María Fernanda Campo anunció algunos remiendos al plan oficial de reforma que ni siquiera alcanzan a disimular el vergonzoso mercantilismo. Con la maniobra pretende neutralizar a algunos sectores, disminuir la resistencia y hacer creer que tiene en cuenta las opiniones de la comunidad universitaria. Anunció que espera que “la concertación” termine en julio, para presentar el proyecto de ley al Congreso en el próximo semestre y reconoció que todo lo esencial del primer articulado se mantiene tal como estaba, lo cual hace patente la contumacia del régimen de Santos en sus designios privatizadores.
Intenta la ex presidenta de la Cámara de Comercio ganar respaldo para las sociedades anónimas de educación superior ofreciéndoles un mendrugo a las instituciones estatales: “Se establecerá que un porcentaje de la renta gravable de la IES [Instituciones de Educación Superior] con ánimo de lucro sea destinado a un fondo de garantías para otorgamiento de crédito educativo, así como para el fortalecimiento de las IES públicas.” De tal manera que a éstas les tocará orar para que los pulpos engorden y de su opulento banquete les caigan algunos desperdicios. A un proyecto ya bastante mezquino, ahora se le añade la humillación.

Notas Obreras reproduce el presente documento por considerarlo un aporte a la discusión sobre la táctica con la que el movimiento estudiantil debe enfrentar la lucha contra el proyecto de ley de reforma a la educación superior.

Por Alfonso Hernández

Entre las muchas falsedades a las que ha acudido la ministra para defender su articulado de reforma a la Ley 30 destaca aquella en la que afirma que los cambios propuestos por el gobierno no menoscaban la autonomía universitaria. Sostuvo que las alianzas de las instituciones de educación superior públicas con firmas privadas no implican una interferencia de éstas en la institución educativa; pues, según aseveró: el empresario no va a estar en el Consejo Superior, ni a influir en las matrículas, ni en los programas que se ofrecen, eso no lo plantea ni lo permite el proyecto. La mentira es patente, ya que la “propuesta” oficial mantiene la disposición de la Ley 30 de 1992 que estableció que “el sector productivo” tiene asiento tanto en los consejos superiores de cada institución como en el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU.

Por Alfonso Hernández

Miles y miles de estudiantes universitarios desfilaron en casi todas las capitales del país, constituyendo el más nutrido y entusiasta destacamento de la movilización del 7 de abril, en la que también participaron masivamente los educadores, los operarios de la ETB y otras organizaciones que enfrentan la agresiva política de despojar a la gente de los derechos y de rematar los bienes de la Nación. Con valor, la juventud colmó calles y plazas para denunciar que Juan Manuel Santos y María Fernanda Campo, cumpliendo las órdenes de los organismos multilaterales, quieren arrebatarle las ya escasas posibilidades de acceder a la educación superior, a la que se proponen convertir en un mero negocio desprovisto de cualquier nivel científico y de toda libertad. En conjunto con las protestas habidas la semana anterior en varios establecimientos, esta marcha logró poner en el debate público las desastrosas consecuencias que acarreará el proyecto de reforma oficial y dar a conocer precario estado de la educación superior, en particular el de las universidades estatales. Los rectores y profesores también han contribuido con sus críticas y análisis y lo propio han hecho los trabajadores. El rechazo ha crecido a tal punto que hasta en las encuestas de televisión y prensa la condena a la embestida privatizadora es contundente.