El pasado 21 de noviembre el país fue sorprendido cuando el Alcalde de Bogotá, acompañado de un grupo de recicladores y de empleados de las empresas de Teléfonos y del Acueducto se tomaron las instalaciones de esta última con el supuesto fin de defenderla frente a una conspiración de la que hacían parte el Gobierno Nacional y los empresarios que monopolizan la recolección de basuras en el Distrito. La intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio a la mencionada empresa fue el florero de Llorente. Según el discurso del burgomaestre ese día, el complot buscaba favorecer a los poderosos empresarios Wiliam Vélez y Alberto Ríos e impedir que la Administración pusiera en práctica un nuevo modelo para el servicio de aseo bajo el control de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, que incluya a los recicladores en el reparto de las utilidades del negocio. Petro se despachó con una carga de profundidad contra el gobierno: dijo que se estaba violando la Carta del 91 y la autonomía de la ciudad; que aquello era un atentado contra la democracia, pues se desconocía el mandato de la ciudadanía que votó por él y su programa en las pasadas elecciones, y que constituía una muestra de intolerancia que no contribuye a la paz de Colombia.

Por Alfonso Hernández

El pasado viernes 10 de marzo, se colmó la paciencia de los bogotanos que se ven obligados a transportarse en Transmilenio. Después de numerosas expresiones de inconformidad, que se presentaron a lo largo de semanas e incluso en años anteriores, la mañana del 10, miles de usuarios, decididos a conquistar un servicio de transporte digno, se dedicaron a bloquear los portales de Las Américas, Banderas y el del Norte. La protesta fue creciendo con celeridad y pronto todo el sistema estaba paralizado. La gente entendió que no le quedaba otra opción, pues las quejas y pequeños mítines no habían logrado que la Administración Distrital, —ni la de Petro ni las del Polo ni las de Peñaloza o Mockus— pusiera coto a los desafueros que comete a diario este monopolio privado que disfruta de la protección del Distrito Capital.

Por Francisco Cabrera

Las protestas en las estaciones de Transmilenio son cada vez más frecuentes. En la de este 28 de febrero en Banderas, en la localidad de Kennedy, cientos de personas realizaron un bloqueo que duró 10 horas, el más prolongado en los 11 años de existencia del Sistema. La indignación de los usuarios estalló alrededor de las seis y media de la mañana cuando un numeroso grupo se tomó los carriles y comenzó a gritar consignas que expresaban su inconformidad. Algunos hasta improvisaron pequeños carteles. Los reclamos de la ciudadanía son reiterados, entre otros, las largas esperas de hasta 30 y 40 minutos, debidas a la escasa frecuencia de los buses y a que los articulados pasan repletos, especialmente en las horas pico; el alto costo de los pasajes; la escasez de rutas alimentadoras, y la incomodidad que viven los pasajeros.

Por Francisco Cabrera

Hace unos días los colombianos presenciamos con una mezcla de estupor e indignación cómo una paladraga demolía con su manaza de acero las viviendas humildes del barrio Marruecos, en Bogotá. En total fueron 90 las casas destruidas no por un terremoto, ni por un deslizamiento de tierras a causa del invierno, ni por la furia de un río crecido. No. Fue el mismísimo Estado Social de Derecho, movido por su principal razón de ser, la defensa de la propiedad privada, el que echó por tierra los esfuerzos de estas familias por procurarse un techo.