Notas Obreras

Colaboración para Notas Obreras de Camilo Hernández, M.D.

Dentro de la argumentación del Decreto 4975, mediante el cual el gobierno nacional decretó la emergencia social, se menciona que los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, no estaban previstos en la Ley 100 de 1993, ni fueron incorporados en los cálculos económicos realizados para la aprobación de la misma; se afirma que, sin embargo, la prestación de estos medicamentos y servicios se ha venido generalizando de manera sobreviniente e inusitada, lo cual pone en riesgo el equilibrio del Sistema, y se concluye que este crecimiento abrupto y acelerado de la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en los POS, generan un grave deterioro de la liquidez de numerosas E.P.S. e I.P.S. y comprometen de manera significativa los recursos destinados al aseguramiento y la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Múltiples sectores de la opinión no gubernamental han considerado regresivos los recientes decretos que modifican el Sistema de Salud del país, reducen derechos de los usuarios y traslada a sus bolsillos los gastos de atención. El gobierno, en contraste con lo expresado por diversas agremiaciones del sector como las juiciosas reflexiones del presidente de Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales ("Los decretos condenan a muerte a víctimas de enfermedades graves que no tienen recursos para atender su emergencia.”), ha manifestado a los medios en cabeza del presidente Uribe su “férrea defensa de los decretos que reforman el sistema de salud” Considerando antecedentes, la postura presidencial no sorprende. Proviene de quien como senador en 1993 rindió ponencia favorable del proyecto de ley 100, bajo el paradigma de que la incursión del capital financiero en la salud minimizaría costos y optimizaría la inversión en salud.

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