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Por Alejandro Torres

wisconsin_thumbDesde el pasado 15 de febrero se está librando en Wisconsin, al noroccidente de los Estados Unidos, una lucha de vastas proporciones entre los trabajadores al servicio de ese estado, y el gobierno regional, presidido por Sctott Walker, quien le propuso a la legislatura una norma de “arreglo presupuestal”, que contempla eliminar la negociación colectiva para los empleados públicos; someter los incrementos salariales que sobrepasen la inflación y cualquier otro acuerdo a refrendación por los votantes; impedir que las cuotas sindicales se descuenten por nómina y volverlas optativas; cargar a los empleados públicos y a los maestros con un 8% de descuento adicional sobre sus salarios para nutrir los fondos de pensiones y asegurar el servicio de salud.

La ley prevé también quitarles US$ 834 millones de ayuda estatal a la educación secundaria, US$ 250 millones a la universitaria, y US$ 96 millones a los gobiernos locales, 8%, 11% y 12%, respectivamente, casi un 30% de un plan de recorte presupuestal de US$ 4.200 millones a efectuarse durante los dos próximo años. Aunque el mandatario sostiene que no se subirán los impuestos, la postergación de US$ 439 millones de abonos a capital de la deuda pública, para acumularlos con cuotas futuras, indica que aquellos deberán aumentarse, sin lugar a dudas.

Los trabajadores se tomaron la LegislaturaAnte la magnitud del atentado, los trabajadores respondieron de inmediato. El martes 15, los centros educativos de Madison, capital del estado, fueron cerrados; decenas de miles de profesores, empleados estatales y estudiantes rodearon el Capitolio agitando: “¡Muerte a la ley!”, “¡Libertad, democracia, sindicatos!”, y portando pancartas y carteles contra Walker: “¡Advertencia! Hay un imbécil en el poder”, “Disentir es patriótico”. Entre tanto, los activistas improvisaban oficinas en el capitolio, distribuían volantes y planeaban vigilias; ponían mensajes por Twiter llamando a todos a sumarse a la pelea; las elegantes instalaciones legislativas fueron convertidas en una especie de enorme alojamiento cubierto de colchones inflables; funcionarios nacionales de más de una docena de sindicatos apoyaban económicamente y arribaban destacamentos de voluntarios; todos prometían derrotar las medidas tanto en Wisconsin como dondequiera se plantearan. En vano el gobernador intentó amilanarlos con la amenaza de que de no aprobarse su ley despediría unos 2.000 funcionarios.

Los asalariados de Wisconsin le están haciendo honor a su rica tradición de lucha. En Madison se han escenificado agudos levantamientos populares. Basta decir, que fue ese el primer estado de la Unión Americana donde los trabajadores conquistaron, en 1959, el derecho a la negociación colectiva. En los sesentas fue sacudido por violentos choques universitarios con la policía en rechazo a la guerra de Vietnam. En 1967 fueron cientos los heridos en una protesta contra la Dow Chemical, fabricante del napalm utilizado por el ejército gringo contra los pueblos del sudeste asiático, que intentaba reclutar estudiantes de la Universidad de Wisconsin. Pretendiendo mofarse de esta historia, un gobernador republicano, Lee Dreyfus, definió así a Madison: “78 millas cuadradas rodeadas por la realidad”. Podría servir de respuesta a Dreyfus lo que dice el diario inglés Financial Times sobre los actuales acontecimientos: “Las demostraciones son un signo, sin embargo, de que Madison es asaz consciente de lo que está en juego” Es tan cierto esto que Jonah Walker, un muchacho de apenas 17 años, procedente de Viroquia, un pequeño poblado rural, para unirse a la protesta dijo: “Los recortes y los ataques a los sindicatos no son simplemente simbólicos (…) ellos determinarán la calidad de la educación que yo recibiré.”

wisconsin_3_thumbEn Madison ha habido masivas manifestaciones sin precedentes; en la del 26 de febrero se juntaron más de 100 mil personas y la acompañaron delegaciones de obreros del acero, la electricidad, la construcción, los enfermeros, los bomberos y hasta de las organizaciones de la policía. Ésta, luego de la portentosa movilización, declinó cumplir una orden que le imponía retirar a los manifestantes del edificio legislativo, pero restringió el acceso a las instalaciones. A pesar de ello, un grupo de bomberos rompió el bloqueo policial, el martes 1 de marzo, e ingresó al Capitolio con sus uniformes de trabajo. Afuera, miles de hombres y mujeres aún se mantienen firmes expresando sus testimonios a través de un equipo de sonido aportado por los albañiles.

El citado diario puso en los siguientes términos lo que está en juego: “La confrontación … refleja la incómoda escogencia que enfrentan los Estados a lo largo y ancho del mundo occidental, incluido el gobierno federal de los Estados Unidos, para tratar con las implicaciones políticas de la era de austeridad posterior a la recesión (…) Otros estados ven a Wisconsin como una prueba ácida sobre la fortaleza de los sindicatos del sector público y la decisión de los gobiernos estatales para imponer desagradables políticas de reducción de costos.”

La rebeldía se ha extendido aceleradamente y se ha desatado un verdadero fervor y un renacer de la lucha laboral en los Estados Unidos, empezando por los aledaños a Wisconsin, en donde también están en marcha reformas con contenidos similares. En otros, como los de Nueva York, Michigan, California y Washington se han aprobado los mismos cambios pero no han suscitado protestas de tanta magnitud. En Nueva Jersey, el agresivo gobernador, Chris Christie, se ha empeñado en una prolongada batalla contra los sindicatos magisteriales que piden aumentos de sueldos y garantías de servicio de salud permanentes, mientras él busca imponer la congelación de salarios, cambios en el sistema pensional y en las prestaciones, y les exige a los maestros aumentar la cotización al sistema de salud.

 

En Ohio, se amenaza a los empleados estatales con la pérdida del derecho a negociar colectivamente; los profesores y empleados locales podrían hacerlo, pero no sobre el aseguramiento en salud; se impondría el pago por “méritos”; se estatuiría el cambio de las horas extras por tiempo compensado, lo cual abre las puertas al robo de parte del salario; se abrogaría el derecho de huelga o, en su defecto, se le permitiría al gobierno reemplazar permanentemente a quienes lo ejerzan; se privatizarían las prisiones; todos los empleados públicos pagarían al menos el 20% de los costos de salud; los profesores perderían las prerrogativas por antigüedad y los ascensos automáticos en el escalafón.

En Indiana también se anuncian preceptos tendientes a suprimir la negociación para los educadores —a los demás empleados públicos se les arrebató desde 2005—; aumentar el número de charter schools (escuelas privadas financiadas con fondos públicos) y expandir los bonos de apoyo a dichos claustros; a los trabajadores de la construcción se les recortarían los actuales estándares laborales y salariales; y está en estudio una providencia para prohibirles de tajo a los futuros gobernadores la negociación colectiva con empleados, la cual actualmente es una facultad del Ejecutivo estatal. Ya, en 2005, el mismo gobernador actual, Mitch Daniels, canceló los contratos, congeló los salarios, abolió las protecciones por antigüedad, impuso el pago por méritos, y privatizó centenares de empleos. En medio de las protestas, el mandatario firmó una disposición que sisa los beneficios a los desempleados en un 25%.

El espíritu de Wisconsin se ha extendido como un contagioEn Michigan, legisladores republicanos han propuesto una runfla de ucases, que golpea a los trabajadores y la prestación de los servicios públicos. Se derogaría la normatividad sobre seguridad social, salud y riesgos ergonómicos; se suprimirían empleos y servicios; se recortarían en 5% los sueldos de los empleados y los congelarían por tres años; las leyes salariales vigentes serían derogadas; se debilitaría la estabilidad y el debido proceso al magisterio; se quitarían los límites al número de charter schools, como medida de desmonte de la educación pública; los aportes para la secundaria y universitaria se recortarían en 15%; la financiación estatal para la enseñanza, desde la preescolar hasta la secundaría (conocida como K-12) se recortaría en 474 millones de dólares; se cargarían con tributos las pensiones y las personas de bajos ingresos, hoy exceptuadas; las bibliotecas, prisiones y policía sufrirían recortes; se pondrían bajo el mando del Tesoro estatal las escuelas y entidades locales de gobiernos aquejadas de déficit, y dicha autoridad podría renegociar los acuerdos sindicales vigentes, destituir funcionarios o disolver las entidades. No obstante, el gobernador, Rick Snyder, impulsa un plan de reducción de impuestos a las empresas por 1.800 millones de dólares.

En respuesta a estos desafueros, el rebelde “espíritu de Wisconsin” se ha esparcido como pólvora en Ohio, Indiana, y Michigan, en donde decenas de miles de trabajadores han rodeado los Capitolios para luchar contra ellos. Como lo observa la publicación Labor Notes: “Por lanzar su ataque contra un rango tan amplio de gente trabajadora —desde profesores hasta funcionarios estatales, pasando por empleados de la construcción— los parlamentarios conservadores y los multimillonarios que los financian sin proponérselo han creado las condiciones para la unidad”.





En las galerías del edificio de la legislatura en Indianapolis, capital de Indiana, el martes 22 de febrero se congregaron más de 5.000 manifestantes que atronaron el ambiente con sus consignas y sus cánticos. Labor Notes registra que Brian Babcock, obrero automovilístico, señaló con agudeza: “Una vez ellos los hayan arrasado a ustedes, vendrán por los sindicatos más fuertes del estado”, luego, aportó un día de paga para apoyar las demostraciones. David Williams, directivo sindical, informó que en una reunión con compañeros de todo el Medio Oeste, “el sentimiento que se percibía y las estrategias planteadas se centraban en derribar el plan de la forma que fuera necesaria.” Las protestas se mantuvieron con una asistencia de alrededor de 10.000 personas diariamente. A pesar de que los republicanos retiraron algunos de sus proyectos, los manifestantes han decidido seguir presionando, han programado caravanas de buses desde el norte del estado hasta Indianapolis y planean con entusiasmo una masiva movilización para el 10 de marzo. Infortunadamente, dirigentes de la AFL-CIO han impuesto la disminución de las horas de protesta y, simplemente fruncen el ceño cuando se les plantea la radicalización de la lucha mediante un llamado a la desobediencia civil.

En Columbus, Ohio, a pesar de la extrema temperatura, 30 grados bajo cero, unos 7.000 opositores se reunieron ese mismo martes durante varias horas en las afueras del Capitolio; otros se alineaban en las escaleras o se apiñaban en los pasillos y salas de audiencias. La protesta la encabezaban miembros de la Federación Estadounidense de Empleados del Estado, Condados y Municipios, AFSCME; de la Federación Estadounidense de Profesores, AFT; de la Unión Internacional de Empleados de Servicios, SEIU; del Sindicato de Trabajadores del Acero, USW; de la Hermandad Internacional de los Camioneros, IBT (todos por sus siglas en inglés). Algunos valiéndose de su sagaz ironía portaban cartelones que rezaban: “Pago por méritos para los senadores” y otros: “Por favor, no hagan que me arrepienta de haberme convertido en maestro.” Dan Smith, educador durante 14 años, en una escuela secundaria de Lakewood, Ohio, dijo: “Este es un paso que destruiría nuestro derecho a la negociación colectiva, conduciría a la privatización, y nos sujetaría a todos a un gran consorcio.”

En Lansing, capital de Michigan, unos mil manifestantes se concentraron ese martes para el que llamaron “día de loby”, pero inmediatamente planearon nuevas acciones. Ruby Newbold, presidenta de una oficina municipal de instrucción de empleados, en Detroit, sin amilanarse por la escasa concurrencia, dijo: “Espero que nos multipliquemos hasta el punto de que nos parezcamos a Wisconsin.”

 

David Counter, un plomero sindicalizado de Lansing, colérico por la propuesta de abolir la exención de impuestos a las personas de bajos ingresos, mientras se les conceden a los monopolios, preguntó: “¿Puede la gente pobre financiar los regalos a las corporaciones, con apenas la esperanza de que ellas crearán empleos? (...) Yo pienso que eso no puede ser así.”

En Michigan se produjo una acalorada audiencia de un Comité legislativo sobre la revocación del Esquema de Acuerdos Laborales, el cual protege unos estándares de trabajo y paga en los empleos de construcción de obras financiadas por el estado. El Comité sólo les permitió testificar a un gerente y a un representante de un centro de estudios de derecha. Unos cien obreros de la construcción agolpados en un salón cercano agitaban “permítanos hablar”; sus gritos resonaban por todos los augustos vestíbulos del Parlamento.

La Federación de Trabajadores del Centro-Sur, con sede en Madison, incluso aprobó el llamado a una huelga general a iniciarse cuando Walker firme su ley presupuestal, si ello llegare a suceder, y de inmediato se dispuso a educar a sus afiliados sobre la organización y funcionamiento de tal clase de lucha, y dispuso el nombramiento de un grupo a cargo de establecer contacto con los sindicatos europeos, para aprender de ellos cómo lograron juntarse para impulsar la ola de huelgas de un día del año pasado.

Parar el ataque a las familias de WisconsinCon el ascenso de la lucha está creciendo entre los activistas no sólo el rechazo a los masivos recortes propuestos por el gobernador sino a las concesiones ofrecidas por algunos de los líderes sindicales. En uno de estos grupos, Andy Heidt, de la sede 1871 de AFSCME, repetía entusiasta un eslogan bastante coreado durante las protestas: “Cien mil personas no necesitan suplicar.” En una reunión de emergencia convocada por la Unión Nacional de Enfermeros, NNU (por su sigla en inglés), con la asistencia de unos 70 activistas, presidida por una pancarta que rezaba: “No a las concesiones”, criticaron acremente las señales enviadas por algunos directivos en el sentido de que aceptarían los recortes a los salarios y beneficios a cambio de la preservación de la negociación colectiva. Plantearon también, que los recortes a los servicios sociales tampoco debían aceptarse. Walker había presentado el 1 de marzo su plan presupuestal contentivo de un recorte de 1.500 millones de dólares para la educación y los gobiernos locales, el cual incluye cambios de fondo en el programa Medicaid, que cubre atención de salud para familias de bajos ingresos. Los asistentes enfatizaron que estos ataques a los más pobres y a la clase trabajadora distraían la atención sobre los verdaderos culpables de los problemas fiscales: la disminución de los impuestos a las grandes multinacionales y a los más ricos. Joan Rodolfo, de NNU, reseñó los puntos principales planteados por los panelistas: la responsabilidad por las tribulaciones económicas del país debe ponerse en Wall Street, no en los trabajadores; la solución a los desafíos presupuestales descansa en gravar a los ricos y no permitirles la evasión; acordaron aprovechar al máximo el auge de la lucha y conservar la unidad alcanzada en el movimiento laboral durante las últimas semanas; redirigir el resentimiento de algunos sectores contra los derechos de los sindicalizados mostrando cómo la dirigencia política y sus millonarios patrocinadores causaron la crisis presupuestal en su propio beneficio; combatir el espejismo del “sacrificio compartido”, que invocan los líderes políticos y sindicales, mientras los magnates y los monopolios no le han contribuido por años a Wisconsin con su justa parte —el estado permite excluir de gravámenes al 30% de las ganancias del capital, esto es, una reducción de 150 millones de dólares—.

Complot mundial contra los trabajadores públicos

La arremetida contra los empleados estatales norteamericanos sucede en medio de una campaña orquestada por la gran burguesía y su descomunal aparato de propaganda, la cual lleva años, y que se caracteriza por un odio visceral hacia los trabajadores, en particular los del gobierno, a quienes caricaturizan como una clase media harta de privilegios, que a través de sus sindicatos distorsiona el “mercado” laboral, debilita las finanzas públicas, disminuye la responsabilidad del gobierno y la calidad de los servicios; y ha entrado a saco en el Erario hasta conducirlo al borde de la bancarrota, de la que vienen a rescatarlo los abnegados servidores de la cosa pública localizados en Wall Street y la City de Londres.

En los últimos tiempos han arreciado el ataque teniendo como telón de fondo las crisis de deuda de varios gobiernos de Europa, y los crecientes problemas de las finanzas de los estados y los municipios estadounidenses, originadas en la febril especulación financiera.

Las publicaciones que expresan la posición de los magnates como The Economist, Financial Times, Wall Street Journal, al igual que sus “centros de pensamiento”, y sus ideólogos, se han ocupado reiteradamente del tema. Se lamentan de que el declive del sindicalismo en el mundo, sobre todo en las grandes naciones industriales, acentuado en los últimos 30 años, se haya circunscrito al sector privado, mientras se vive un auge del mismo en el público.

Todos a una denuestan sus “generosos” regímenes de salud y pensiones, blanco principal de las embestidas; sus logros de estabilidad en el empleo, que “perdura de por vida”; de que no se les mide por el desempeño, por lo que han convertido a las entidades públicas en focos de ineficiencia; de que gozan de mejores condiciones sociales que la gente a la que deben servirle; de que por las huelgas, las enfermedades y el retiro temprano trabajan a lo largo de la vida mucho menos que los empleados privados; de que sus pagos y beneficios crecen más rápido que los de los demás; de que sus jornadas son mínimas y su carga laboral exigua; de su creciente influencia política y participación electoral, que incluso les permite escoger a quien se sentará del otro lado de la mesa en la negociación colectiva; de que son enemigos de la competencia, la privatización, la transparencia, la innovación, el pago flexible; de su gran masa de afiliados y sus enormes fondos; de que patrocinan el aumento del gasto pero sin responsabilidad; de sus huelgas que pueden paralizar las grandes ciudades, ya que son proveedores de servicios monopólicos; de que ganan más que sus pares del sector privado; de que sostienen sus “canonjías” sin el temor a la quiebra como sucede en el sector privado, porque saben que se pueden subir impuestos o “girar contra las futuras generaciones”; de que han hecho nivelar los salarios por lo que a las mejores cabezas que prestan sus servicios a los monopolios no les interesan los cargos similares en el Estado, lo que a su vez acarrea la imposibilidad de subir los estándares gubernamentales de desempeño; de que no practican la “auto restricción” —pues les interesa tener más afiliados y por tanto mayores cuotas sindicales—, como lo hacen los empleados particulares que saben que el ensanche de la nómina causa la reducción de sus salarios y que cualquier legislación para subirlos puede conducir a sus patrones a la bancarrota; de que a diferencia de los empleados de las corporaciones que deben empeñarse en campañas de afiliación debido a los auges y caídas de los negocios, los sindicatos estatales se sostienen sin el menor esfuerzo ya que una vez organizados permanecen así debido a que el gobierno no se margina de la actividad. ¡Los denigran hasta por el crecimiento desproporcionado de las cárceles ya que, en aras de acrecer los empleos y los pagos, los guardianes presionan por el endurecimiento de las penas!

Con más o menos disimulo, todos embisten contra el derecho a la negociación colectiva y a la huelga de los servidores públicos. Recurren al “héroe” de la intervención del Estado en la economía, de la primera mitad del siglo pasado, Franklin Delano Roosvelt, para recordar, cómo para éste eran “intolerables e impensables” tales garantías para los empleados del gobierno. Citan también al primer presidente de la poderosa central sindical AFL-CIO, George Meany, quien por la misma época sostenía que “era imposible negociar colectivamente con el gobierno”, y la recomendación del Consejo Ejecutivo de esa central en 1959: “En cuanto a los procedimientos de la negociación colectiva, los trabajadores del gobierno no tienen ningún derecho más allá del de hacerle peticiones al Congreso, del cual pueden hacer uso todos los ciudadanos.” Otra objeción común al contrato colectivo es que ella significa quitarles el poder decisorio a quienes son elegidos, para trasladárselo a los funcionarios sindicales. Un muy citado estudio, El problema con los sindicatos del sector público, de Daniel Disalvo, profesor asistente de ciencia política de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, señala que los “formuladores de políticas” deberían reabrir el debate sobre si los trabajadores del gobierno deben disfrutar de ese “privilegio”.

Un editorial de The Economist aduce que deben erradicarse los privilegios legales de los sindicatos, aunque sin prohibirlos, pero que el derecho de huelga debe ser reciamente limitado, la sindicalización en sí misma también, y que debe aprovecharse el inminente retiro de los llamados baby-boomers (los nacidos entre el final de la Segunda Guerra Mundial y 1960), para enganchar una nueva generación de trabajadores con contratos diferentes. Por su parte el The Wall Street Journal editorializó, el 3 de febrero de 2010, que los sindicatos del sector público “podrían ser el mayor problema para la economía de Estados Unidos y la democracia.”

A saco en la educación pública y en el magisterio

Los ataques a los maestros son ataques a mi futuroQuizás el grupo más vilipendiado en este momento en los Estados Unidos sea el de los educadores. En el mencionado artículo de Daniel Di Salvo se cita al politólogo de la Universidad de Stanford, Terry Moe, quien señala: “Los sindicatos de profesores tienen más influencia sobre las escuelas públicas que cualquier otro grupo de la sociedad estadounidense (…) su masiva membresía y enormes recursos les dan un sin igual poder en las políticas educativas, permitiéndoles influir todas las orientaciones impuestas por el gobierno en el sistema escolar y bloquear las reformas que no les gusten”, y remata Disalvo, “sólo se necesita ver los debates sobre los límites a las charter schools o las propuestas sobre el pago por méritos para aceptar la opinión de Moe. Las convenciones colectivas hacen imposible premiar a los maestros sobresalientes y despedir a los malos.”

Los profesores están siendo infamados por todos los medios. Se ha hecho tristemente célebre el filme “Esperando a Superman”, que destila hiel sobre los defensores de la educación pública y, según la investigadora pedagógica de la Universidad de Nueva York, Ira Shor, “beneficia a los multimillonarios de los fondos de inversión que financian la campaña en pro de las charter schools y a los políticos conservadores que quieren privatizar el mercado escolar de 500 mil millones de dólares”, y añade: “Recientemente el sector público fue saqueado por Wall Street, espolio que se agravó con el rescate de los grandes bancos. Pero la transferencia de riqueza a manos privadas será aún mayor si los fondos públicos para educación se canalizan hacia las charter schools”, favorecidas con una gran financiación pública y ninguna regulación, mientras la oficial ha sido expuesta a una prolongada y sistemática asfixia presupuestal y una sofocante sobre regulación.

En la mencionada película, se propagandiza la necesidad de migrar hacia las novísimas escuelas para eludir el poder de las indeseables organizaciones sindicales y de los malos educadores protegidos por ellas; se desconoce el aporte que la educación pública le ha hecho al desarrollo económico y social de los Estados Unidos; y se pasa por encima de los recortes de fondos que han minado su capacidad. La profesora Shor termina su artículo criticando a ciertos líderes del sindicalismo que han vacilado en enfrentar la perversa arremetida ideológica de Wall Street y señalando que “sólo la oposición organizada de la comunidad es la fuerza que puede desafiar la intromisión de los archimillonarios como Bill Gates en la educación. El sector público y sus escuelas son activos preciosos de la democracia que ninguna unidad privada puede igualar o reemplazar”.

La estigmatización a la que se les ha sometido explica también el papel protagónico que los maestros han tenido en las revueltas laborales que se han escenificado desde hace tres semanas en el país del norte. Ellos han sido la columna vertebral de la resistencia en el Capitolio de Madison, en lo que han contado con un cálido y generalizado apoyo de los padres de sus alumnos.

El papel de los magnates

Como es obvio, no sólo el respaldo sino la inspiración de las políticas de ajuste defendidas, entre otros, por los gobernadores, proviene de los potentados. La Fundación Bradley, ubicada en Milwaukee, e Industrias Koch, de Wichita, la segunda compañía privada más grande de los Estados Unidos, con ventas anuales que ascienden a más de 100 mil millones de dólares, propiedad de los multimillonarios hermanos David y Charles Koch, han sido grandes donantes del gbernador Walker, como lo ha sido también la organización Americanos por la Prosperidad, fundada por ellos. La profesora Rosemary Feurer, autora del libro Sindicalismo radical en el Medio Oeste, 1900-1950, que estudia las ligas patronales de la primera parte del siglo XX, conformadas para combatir la sindicalización, comenta que los hermanos Koch “están sorprendidos de que tanta gente haya sido movida contra Walker”, sorpresa que se explica por el hecho de que fácilmente habían tenido “éxito en someter los sindicatos en el sector privado y en infundir la idea de que el sindicalismo y la lucha por los derechos es algo anti estadounidense.” Entonces no es de extrañar que en las paredes de Madison pululen los murales que denuncian a Walker como un títere de los hermanos Koch.

David & Charles Koch sabemos quién es usted y sabemos lo que estamos tratando de hacerEl 1 de marzo anterior, Charles Koch escribió un artículo publicado en el Wall Street Journal en el que da las razones por las que Industrias Koch ha decidido pronunciarse en el debate fiscal. Toda una pieza de desbordado cinismo. Dice que el gasto excesivo ha llevado a la crisis a los gobiernos federal, estatal y local, los cuales han acumulado una deuda gigantesca, por lo que este año, los primeros, deben hacer un recorte presupuestal combinado de más de 130 mil millones de dólares. Dice que él, su familia y su compañía han aportado a variedad de causas intelectuales y políticas para resolver tales problemas, por lo cual, se queja, han sido vilipendiados, lo que no los arredra para “seguir contribuyendo y respaldando a aquellos políticos, como el gobernador Scott Walker, quien ha tomado seriamente estos desafíos.” Para finalizar, con la mayor frescura, él mismo desnuda la verdadera causa de la crisis: “El gasto del gobierno para apoyar las empresas solo agrava el problema. Muchas de estas realizan un exitoso cabildeo en pos de favores y tratamientos especiales (…) A causa de que compañías en una determinada industria están aceptando programas que distorsionan el mercado, las firmas Koch no han tenido más remedio que hacer lo mismo, simplemente para mantenerse competitivas y ayudar a sostener las 50.000 plazas que generamos en los Estados Unidos. Sin embargo, aunque tales políticas nos benefician, nosotros solamente respaldamos las orientaciones que fortalecen la verdadera libertad económica

El debate fiscal de los municipios

La columna editorial del Financial Times, conocida como LEX, del 21 de febrero, afirmó que con los sucesos de Wisconsin la “insostenible” deuda que atraviesa a Estados Unidos dejó de ser un tema abstracto para mostrar cómo esos descomunales números pueden afectar la vida diaria, y recomienda no eclipsar los problemas del fisco con el debate sobre la representación sindical, aunque no deja de pronunciarse sobre el mayor crecimiento de los beneficios de los trabajadores del gobierno frente a los de las empresas particulares y sobre el tradicional contubernio entre el Partido Demócrata y los sindicatos; empero, aclara que no se puede responsabilizar a la negociación colectiva del proyectado déficit de 3.600 millones de dólares que tendrá Wisconsin en los dos años venideros, o pensar que acabándola terminarán los líos fiscales del estado. Y les recomienda a los políticos concentrarse en ellos en vista de que los sindicatos “ya convinieron en la necesidad de hacerles recortes a sus beneficios en salud pensiones”, y, a estos, los conmina a trabajar para que no pierdan la simpatía de la gente para próximas batallas en pro de la negociación colectiva.

El año anterior el mismo periódico había registrado la preocupación de los inversionistas ante el riesgo de quiebra de los gobiernos locales, ya que algunos se veían en las mismas dificultades que los países de la eurozona para ponerles freno a los déficit presupuestales y pensionales. Se puede ver en el artículo cómo las regiones y localidades han caído en la maraña especulativa de los financistas, emitiendo bonos para infraestructura con crecientes márgenes sobre los de la Reserva Federal. Representantes de los agiotistas advierten que los estados de la Unión tendrán un desbalance de 89 mil millones de dólares en 2011, así que algunos podrían entrar en cesación de pagos y otros irían directo a la bancarrota. Recetando por medicina la enfermedad, decidieron exigir mayores tasas sobre los llamados Build America Bonds, o Babs, una clase de deuda municipal dirigida a proyectos de construcción.

El llamado sector “muni” ha sido conocido por su tradicional solidez, por su alto estándar de cumplimiento de la deuda. Sin embargo, la amenaza de una cesación de pagos ha saltado a la palestra en medio del afán de los estados por balancear sus presupuestos, después de años de bajos ingresos, a lo cual se le agrega que está llegando a su fin un programa de ayuda del gobierno federal.

El mercado total de bonos municipales llega a la descomunal cifra de dos billones 800 mil millones de dólares y no ha presentado aún mayores cesaciones de pagos. Pero ya se han visto indicios graves. Harrisburg, tuvo que ser salvado con fondos de Pensilvania, y se teme que el condado de Jeferson, en Alabama, podría terminar en una quiebra municipal nunca antes vista.

El periódico sostiene que en algunos aspectos la situación de hoy es peor que la de la Gran Depresión, cuando, en 1935, 851 ciudades y 359 condados entraron en bancarrota. Dice que esa situación se debe a que los “generosos” planes de pensión y salud han creado monstruosas responsabilidades desfinanciadas; y advierte que las necesidades de recursos para cubrir las pensiones de las ciudades a lo largo del país son de 574 mil millones de dólares, mientras que las de los estados son de 3 billones de dólares. Finalmente, afirma que Filadelfia y New Jersey apenas tienen fondos para costear los actuales beneficios hasta 2015 y 2019, respectivamente.

Empero, la mayor preocupación de los inversionistas, es que haya algunos indicios de incumplimientos de la deuda libre de impuestos conocida como General Obligation (GO), cuyo “principio” básico es que tiene prioridad de pago sobre cualquiera otra.

La conclusión salta a la vista; la cruzada de los especuladores contra la totalidad de los derechos laborales básicos y los pequeños logros de bienestar de los empleados públicos, obedece a su necesidad de garantizar el filón en que se han convertido los fiscos municipales y de los estados.

Juego truculento de Obama y los demócratas

Dado que la iniciativa anti laboral en los eventos actuales la llevan esencialmente gobernadores afiliados al Partido Republicano, y que en el caso de Wisconsin los 14 legisladores demócratas abandonaron el estado, al amparo de una norma que le impide a la mayoría republicana aprobar esta clase de leyes llamadas right to work sin la participación aunque sea de un miembro de la minoría —idéntico paso dieron los demócratas de Indiana—, y dada la orientación política de varios de los grandes medios de comunicación de la potencia, y supuesta también la fementida influencia de AFL-CIO sobre el partido demócrata —lo cual es una forma de invertir la realidad—, se ha pretendido hacer aparecer al partido del presidente y a él mismo prácticamente como uno de los más levantiscos de Wisconsin. Este es uno de los grandes riesgos para el desarrollo futuro de la pelea. Lo es tanto, que hasta el propio presidente de la poderosa central sindical, Richard Trumka, tituló un reciente artículo suyo sobre el conflicto: “Los héroes de hoy: Los 14 de Wisconsin”, no para referirse a los bomberos que tomaron el Capitolio, ni a las enfermeras que han recorrido 3.000 millas desde California para entregarse a la pelea, ni a los acereros y mineros y albañiles y constructores y plomeros y cosecheros que han montado guardia durante semanas, sino ¡vaya, vaya! a los senadores demócratas que hasta ahora se han negado a completar el quórum, pero que mantienen conversaciones secretas con el gobernador y en cualquier momento regresan al estado, y que, además, se han expresado reiteradamente a favor de los recortes, de “compartir el sacrificio”, como también lo ha hecho el señor Trumka.

En cuanto a Obama, se necesitaría ser muy intonso creer para creer que por el color de su piel, o por sus estrechas relaciones con la AFL-CIO, —ciertas encuestas dicen que los más asiduos visitantes de la Casa Blanca son los presidentes de esta central y el de la SEIU, desprendida del mismo tronco—, ha dejado de ser el presidente al cual promovieron a la silla, en primerísimo lugar, los buitres de Wall Street , es decir, los mismísimos instigadores del paquete reformista para los estados, y del que a nivel federal, a la postre de más grandes proporciones, viene imponiendo el propio Obama.

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca, tratándose de tema tan delicado, ha ido con pies de plomo. Su declaración sobre que las medidas de Wisconsin son “un asalto a los sindicatos”, que tanto han meneado los republicanos —el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, se pronunció airado: “La propia maquinaria política” del señor Obama, está ayudando a organizar en Wisconsin protestas “como las de Grecia”— no pasa de ser una permisible licencia de quien trata de cuidar uno de sus fortines. Tales palabras son inocuas si se tiene en cuenta que en lo de fondo, en los recortes presupuestales que afectan a los sindicalizados, en esencia existe un acuerdo básico entre los dos partidos.

Eso lo demuestran, además, las distintas declaraciones del vocero presidencial, Jay Carney, cuando ha sido preguntado al respecto. Veamos una entre varias: “El presidente lo dejó claro en su entrevista con una estación televisiva de Wisconsin Él cree firmemente que las legislaturas estatales y los gobernadores necesitan resolver sus problemas fiscales, así como él lo está haciendo junto con el Congreso en el nivel federal.

“Su visión es que todos deben trabajar hacia ese objetivo; obviamente, los empleados públicos deben apretarse los cinturones, otros también tienen que hacerlo, pero en nombre de reducir el déficit no deben afectarse derechos fundamentales como la negociación colectiva (…) Por ello, pienso que lo justo es que todos se reúnan —el Ejecutivo, las legislaturas, los sindicatos— y traten este asunto de forma productiva para que lo puedan resolver, de tal manera que esos estados puedan controlar sus presupuestos, con la misma agresividad con la que lo estamos haciendo con los nuestros”.

La verdad es que los representantes de la gran burguesía están atrapados entre la necesidad de aprobar un presupuesto federal draconiano, que complazca a Wall Street, y los venideros comicios de 2012. Así, Boehner, el vocero republicano, procura cabalgar simultáneamente sobre dos caballos: su partido, por una parte, ofrecerá un presupuesto que “aborde” los gastos “onerosos” de los programas pensionales y del sistema de salud, pero que, a su vez, no entre en los detalles de los recortes. Por su lado, Obama y los demócratas saben que cualquier plan de recorte fiscal tendrá que tocar la seguridad social y la salud. Acuerdo en el fondo, diferencia en la forma.

Bien lo dijo Gary Johnson, un profesor retirado de Madison, que ha participado diariamente en las protestas: “Una gran cantidad de gente progresista está desencantada con Obama y quiere tomar el poder en sus propias manos.”

La artimaña del “sacrificio compartido”

Es claro que el sindicalismo estadounidense se ha venido debilitando. Pero hechos como los de Wisconsin muestran que una nueva tendencia, aún incipiente, se halla en un sostenido ascenso, la cual procura marginarse de las tradicionales burocracias y de sus preceptores del Partido Demócrata. Podríamos decir que ella se expresa en dos cartelones que se han visto en las jornadas: “Ninguna concesión, ningún recorte” y “Cien mil personas no necesitan suplicar”. Otro signo, de profundo contenido, consiste en la conciencia de que el origen de los brutales planes de ajuste descargados sobre los hombros de los trabajadores no está en los denigrados pocos beneficios de estos, ganados justamente, sino en la voracidad insaciable de los monopoilos.

Las consignas reflejan la experiencia vivida por largos años por los trabajadores norteamericanos. Para sólo citar un caso, los operarios de las tres grandes firmas automovilísticas, Ford, General Motors y Chrysler, los cuales han estado afiliados durante muchos años a la UAW, y llevan varios lustros haciendo concesiones para, supuestamente, permitirles a las empresas afrontar la acrecida competencia de los autos alemanes y japoneses, lo que han significado una profunda rebaja de sus salarios y prestaciones, fueron víctimas hace poco de feroces ataques dizque como corresponsables de la bancarrota de las compañías, a las cuales acudió presto Obama a rescatar con voluminosos fondos estatales, haciéndole honor así a la mano invisible del mercado.

Es inaceptable que en semejante coyuntura en Wisconsin y cuando apenas habían transcurrido unos pocos días de iniciado el movimiento, los máximos líderes hubieran pregonado que consentirían los recortes e insistido en sentarse con Walker para lograr un acuerdo al respecto —lo cual éste no aceptó—, siempre y cuando se mantuviera vigente la negociación colectiva.

Marty Beil, de AFSCME, que representa 68.000 trabajadores del estado de Milwaukee, el Condado del mismo nombre y otras municipalidades, declaró: “Nosotros estamos preparados para implementar las concesiones financieras propuestas para conducir el presupuesto estatal al equilibrio, pero no concederemos nuestro inapreciable derecho a juntarnos en un verdadero sindicato …. Nosotros no , repito, no concederemos nuestro derecho a la negociación colectiva”. Por su parte, Mary Bell, presidenta del Consejo de la Asociación de Educación de Wisconsin, el mayor sindicato de educadores del estado, dijo que su grupo también haría las concesiones financieras para mantener el derecho a la negociación. “No se trata de dinero (…) Nosotros entendemos la necesidad del sacrificio.”

La amarga experiencia de los asalariados del automóvil, el acero, la minería, y en general del sector industrial muestra que esto es, en el mejor de los casos, apenas iluso; ya que la gran burguesía imperialista estadounidense, a cada nueva concesión, exigía una más, incluidas las de estatuir largos períodos sin negociaciones y la de renunciar a la huelga por períodos cada vez más largos, aparte de la de suscribir pactos vedándoles las antiguas conquistas a los nuevos enganchados; es decir, la conversión del preciado derecho en una vulgar pelleja. Si hay algo nefasto en el mundo laboral de los Estados Unidos de hoy es la proditoria teoría del “sacrificio compartido”, aconsejada por los líderes y los “centros de pensamiento” del Partido de Obama y la cúpula de la AFL-CIO.

* * * *

Las radicales protestas de Grecia, las huelgas generales de Francia e Inglaterra, las movilizaciones de Irlanda y ahora la batalla de Wisconsin son el preludio de las grandes combates venideros de los trabajadores del mundo, que trascenderán fronteras, que forjarán férreos vínculos solidarios, y en los cuáles destacarán los también mancillados proletarios de las grandes naciones. La burguesía se ilusiona sobre que los obreros no ganarán esas batallas y que su campaña de vilipendios les enajenará el apoyo de otros sectores; todo indica que será al contrario. Las propias encuestas de los más grandes medios de comunicación tuvieron que registrar un respaldo de casi 2 a 1 de los estadounidenses a los esforzados batalladores del medio oeste del país.

Que estas Notas sean un fraterno homenaje a los valientes trabajadores públicos de Wisconsin.

 


Notas:

 
 
 

Ibid.

 


© Se permite la reproducción de este escrito sin fines de lucro y divulgando el nombre del autor (Alejandro Torres) y la fuente: notasobreras.net

 

 

Comentarios  

 
+1 # libia 11-03-2011 00:16
Que bien, es la unidad de los trabajadores del mundo lo que anima a reclamar también nuestros derechos arrebatados hace mucho tiempo. Si el imperio está en problemas, quiere decir que sus súbditos tenemos esperanzas. Gracias por compartir sus notas
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Categoría: Estados Unidos