II Encuentro convocado por el Comité Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno

PONENCIA SOBRE LA REFORMA LABORAL

Martha Cecilia Vargas Torres- Comité Con las Pensiones No, Salario Mínimo Digno.

Antecedentes

Las reformas laborales ocurridas en Colombia desde los años noventa buscaron adecuar las normas a la globalización económica a través de políticas de flexibilización laboral que resultaron funcionales para el mercado del trabajo. Es así como se impusieron nuevas formas de explotación con exigencias de mayor productividad y se desmontaron conquistas ganadas con la sangre y la lucha de varias generaciones de obreros.

La flexibilidad laboral expresada a través de las distintas reformas que se han hecho a esta legislación, no son otra cosa que la adecuación del funcionamiento del mercado de trabajo al servicio de las multinacionales. Los grandes empresarios han sostenido que es necesario eliminar las rigideces presentes en la legislación laboral que permitan reducir los costos que la globalización impone.

Las Leyes 50 de 1990 y 789 de 2002, lo que hicieron fue cercenar una serie de garantías que a juicio de los reformadores se tornaban anacrónicas para poner a tono el país con la nueva realidad económica mundial, estas medidas las justificaron por estar orientadas a generar empleo. Los mismos economistas del régimen hubieron de reconocer que estas reformas no habían logrado amainar el desempleo ni contribuido al desarrollo económico.

Ahora bien, estas reformas que lograron de manera significativa reducir costos salariales, no les fueron suficientes y ahora cual aves de rapiña se alistan para arrasar con prácticamente todos los derechos laborales e introducir cambios encaminados a envilecer aún más los salarios, incluido el mínimo, y para ello proponen una Reforma Laboral en donde se destaca el documento denominado Propuesta de Reforma Estructural Laboral, producido por el Centro de Estudios Económicos de la Asociación de Instituciones Financieras ANIF, al servicio del régimen.

Propuesta de Reforma Estructural Laboral: ANIF

Señala la ANIF que el desempleo y la informalidad se deben principalmente a la inflexibilidad laboral derivada de los elevados costos no salariales y que pese a la reducción de estos sobrecostos por el desmonte de 13.5pp de cargas no salariales de la Ley 1607 de 2012, éstos continúan muy elevados.

En el caso de los costos no salariales directos compuestos por los pagos obligatorios a seguridad social (salud y pensión), la prima legal, las vacaciones, las cesantías (con sus intereses correspondientes), los pagos a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a las Cofamiliares llegan a niveles del 50% sobre el valor de la nómina para los salarios que se ubican en la franja de 1SML a 2SML. Entonces, eso de pagar primas y demás prestaciones sociales son cosa del pasado, ahora hay que adaptarse a los cambios acaecidos en el mundo del trabajo, flexibilizando los contratos, los horarios y disminuyendo costos de despido. Piensan que los salarios y las pensiones deben tender a desaparecer para insertarnos de mejor manera en la globalización.

Adicionalmente, el mercado laboral colombiano enfrenta costos no salariales “indirectos”, los cuales podrían estar bordeando niveles del 5% sobre el valor de la nómina, entre estos se destacan: i) el período de prueba; ii) las incapacidades médicas; iii) la cuota de aprendices del Sena; iv) el trabajo en dominicales y festivos; y v) el trabajo nocturno y suplementario. Asimismo, entre los costos no salariales se encuentran los costos de despido, los cuales también resultan ser elevados. Para el capital, todo es elevado, menos las ganancias que acrecientan más sus bolsillos, obteniendo su riqueza a costa del sudor y el hambre de las clases explotadas.

Plantea la ANIF que la rigidez del mercado laboral colombiano genera barreras a la formalización laboral, reduce la duración del empleo en el sector formal y tiene un efecto negativo sobre la tasa de desempleo. Esto evidencia la importancia de flexibilizar el mercado laboral, disminuyendo los costos no salariales.  Es lo mismo que vienen planteando desde hace más de tres décadas sin que hayan podido avanzar en la formalización laboral ni hacer ceder las cifras de desempleo por las políticas de libre comercio y por la incapacidad del aparato productivo del país para crecer de manera sostenida.

Este Centro de Estudios recomienda trabajar en las incapacidades médicas, adoptando mecanismos prácticos de escrutinio de dichas incapacidades para hacerle frente a la problemática actual de redes de fraude y trabajar también en la disminución de los costos de despido para generar enganches más rápidos y favorecer la creación de empleo. Es la misma fórmula de culpabilizar al trabajador por enfermarse luego de afrontar extenuantes jornadas laborales- ¡hágame el favor!, si lo incapacitan es fraudulento.

Subraya la ANIF que los costos salariales son altos principalmente por un elevado salario mínimo legal que tiene una fuerte incidencia en la estructura salarial. Esos altos salarios mínimos han obedecido, en gran medida, a los elevados incrementos reales del SML, los cuales han venido desbordando las ganancias en Productividad Laboral. Esto significa que el reajuste del SML ha sido superior a lo sugerido por la “Regla Universal” (var. % SML = inflación +/- var. % PL) Por ello proponen implementar un SML diferenciado por regiones. El Ministro Carrasquilla, quien estafó a 117 municipios endeudándolos para la construcción de acueductos a través de los bonos de agua, se embolsilló más de 14 mil millones de pesos y una gran mayoría de acueductos no se construyeron, como en macondo, viviendo la sequía, sostiene este siniestro personaje que el salario mínimo en Colombia es un chiste, es ridículamente alto. Es la manera de bajar el salario mínimo para bajar toda la escala salarial, afectando de este modo a todos los trabajadores quienes deben asumir la escalada de los precios de los productos de la canasta familiar, los impuestos y pagar por la corrupción de las EPS, los contratos de Odebrecht y la abultada deuda externa. Esto sucede en el país del Pacto por la Equidad.

La ANIF sostiene en el documento que la columna vertebral de su propuesta de Reforma Estructural Laboral REL, está centrada en la flexibilización del mercado laboral a través de la reducción de los costos no salariales, profundizando en lo logrado bajo la Ley 1607 de 2012.

El Plan Nacional de Desarrollo: Ley 1955 de mayo 25 de 2019- Piso Mínimo de Protección Social

De otro lado, se destaca la implementación del piso mínimo de protección social impuesto por las Naciones Unidas a través de la OIT que pregonan con una retórica social funcional a la globalización: su lucha en el alivio de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a través del acceso a una atención de salud esencial y una seguridad en el ingreso. Con estos embelecos obligarán a los trabajadores que ganen menos de un salario mínimo legal vigente a que laboren por lapsos inferiores a un mes, por días o por horas. La ministra Alicia Arango, quien aprendió de su mentor el cinismo, manifiesta que debe proteger a los trabajadores que ganan menos de 1 SM, los más vulnerables “quienes tienen el derecho de cotizar a salud y pensión”. Mentira, pretende arrojarlos a los leones del régimen subsidiado de salud y de los BEPS, atreviéndose a llamar pensión a los míseros $40.000 pesos mensuales que recibirán para gozar de una vejez tranquila. Realmente los BEPS son un sistema de ahorro individual por debajo del salario mínimo. ¡Que desfachatez! Luego de dejar especialmente a los jóvenes sin salario mínimo, sin prestaciones sociales y sin pensión, implementarán subsidios a personas de menores ingresos, focalizando a la tercera edad con unos míseros subsidios del Programa Colombia Mayor.

El Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, 2018-2022, prácticamente aprobó una reforma laboral a través del Artículo 193 de la Ley 1955 de mayo 25 de 2019.

Es así como el Artículo 193 del PND, determina un Piso mínimo de Protección Social para las personas que tengan una relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente- SMLMV deberán vincularse al Piso de Protección Social integrado por: El Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud y el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS como mecanismo de protección en la vejez.

En estos eventos el aporte al programa de los Beneficios Económicos Periódicos - BEPS deberá ser asumido enteramente por el empleador o el contratante y corresponderá al 15% del ingreso mensual del trabajador o contratista.

El cambio es pavoroso, pues antes de la Ley del Plan, todo el sistema salarial estaba estructurado sobre la base del salario mínimo legal y con afiliación al régimen contributivo de salud y cotizando a Colpensiones o a un fondo de pensiones; ahora quedará afiliado al régimen subsidiado y al sistema de ahorro individual como son los BEPS, con una “pensión” de $ 40.000 pesos para que “pase una vejez tranquila”.

Con ello lo que se pretende es remunerar por debajo de un salario mínimo, desmejorar aún más el contrato laboral, desnaturalizar las relaciones laborales, imponer el trabajo por horas, sin prestaciones, sin estabilidad laboral, sin indemnización por despido y mucho menos una pensión. El gobierno de Duque lo que hace es obedecer a las recomendaciones hechas por la OIT que hace parte del Sistema de las Naciones Unidas y que por tanto su naturaleza es estar al servicio de las burguesías de estos países.

Con el contrato por horas atado a los BEPS se  acrecentará aún más la precarización laboral y llevará a que pululen toda clase de contratos basura por horas, a destajo, por obra o labor, etc., y a que los empresarios “formales” reduzcan mediante toda clase de triquiñuelas la paga mínima, con la consecuente eliminación de los llamados costos extrasalariales (primas, cesantías, vacaciones, etc.), que, en el PND, a tono con las letanías empresariales, se aduce que son los “más altos de la región”. Por ello no pasa de ser una burla inaudita la hipócrita disposición de que “los empleadores o contratantes” que aprovechen esta norma para desmejorar las condiciones actuales de sus empleados serán objeto de “fiscalización preferente” por parte de la inocua Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP. Obviamente, el espíritu de tal “piso de protección” es permitirles a los patrones birlar la normatividad laboral mínima supérstite.

Conclusiones

Las reformas laborales, presentadas como indispensables para crear empleo, durante décadas han suprimido viejas conquistas, acabado la estabilidad en los puestos de trabajo, prolongado la jornada y reducido la paga, con el pretexto de que es demasiado alta, causa desempleo y ahuyenta la inversión. No obstante, tantas enmiendas, el número de desocupados se eleva.

La forma tradicional de trabajo, basada en un empleo de tiempo completo, tareas ocupacionales bien definidas y un modelo de carrera profesional a lo largo del ciclo vital se está erosionando de manera considerable.

La flexibilización se traduce en una reducción de costos. La situación para el trabajador será la incertidumbre, la inestabilidad, la profundización de la pobreza y vivir una vejez en condiciones no dignas.

Compañeros, estamos ante un momento histórico crucial para los asalariados y sectores medios de nuestro país. Toda dilación para empezar a organizar la batalla contra semejantes atentados es imperdonable.

Muchas gracias.

Bogotá, D.C., agosto 31 de 2019