Ponencia presentada por Francisco Cabrera al II Encuentro Nacional contra las reformas pensional, laboral y a la salud convocado por el Comité Con las Pensiones No y Salario Mínimo Digno.


La Ley 100 de 1993 privatizó la seguridad social y al convertir la salud en un negocio condenó a millones de colombianos a un calvario muchas veces de consecuencias fatales. El sistema le entregó la administración de cuantiosos recursos, que son públicos, a las EPS, que son entes privados, y desató los demonios de la corrupción que se han devorado decenas de billones de pesos. De otro lado, también se le han desangrado a la salud sumas gigantescas con el recorte a las transferencias y la eliminación del aporte patronal al sistema. De allí su crisis insalvable. La promesa de la Ley 100 fue la cobertura universal y de ello alardean los defensores del régimen, pero a pesar de que hoy esta es del 96 % de la población y de que la Ley Estatutaria consagró la salud como derecho fundamental, la gente sabe que tener una afiliación a una EPS no significa gozar del servicio y, por el contrario, tienen que padecer que se les nieguen procedimientos y medicinas por no estar incluidos en el POS, o so pretexto de la sostenibilidad fiscal, y hasta que se los someta al paseo de la muerte.

La tutela se generalizó como el único camino para obtener los servicios que se le niegan al paciente y desde los días de los gobiernos de Uribe Vélez se intenta limitar su uso, por el “peligro” que representa para las finanzas del Estado, cuyos guardianes no escatiman esfuerzos para reducir los programas sociales con tal de garantizar el pago de la abultada deuda pública. 

Desde sus inicios el sistema se financió con las cotizaciones de los afiliados al régimen contributivo —12,5 % sobre el salario, de los cuales 8,5 % los aportaba el patrono y el 4 % restante el trabajador— y con recursos del Estado que se destinan principalmente al régimen subsidiado, conocidos como transferencias. A estas dos fuentes de financiación de la salud el gobierno les ha lanzado dentelladas que las han menguado considerablemente. Primero fueron las dos reformas constitucionales de 2001 y 2007 que se hicieron para satisfacer las exigencias del Fondo Monetario Internacional de quitarles dineros a la salud y a la educación para destinarlos al pago de la deuda pública. Según cálculos de Fedesarrollo —un centro de estudios al servicio del capital financiero—, entre 2001 y 2014 las mencionadas reformas significaron pérdidas para los vitales servicios sociales de 146,46 billones de pesos, una cifra astronómica. Posteriormente, en el 2012, la reforma tributaria de ese año dispuso quitarles a los empresarios el 8,5 % que les correspondía de la cotización para salud y pagarlo con plata de los impuestos. Según cálculos de Notas Obreras el regalo que se les hizo a los dueños del capital desde 2014 a agosto de 2019 fue otra suma descomunal de 57,24 billones de pesos.

Recursos que dejaron de aportar los empresarios al eliminarles el aporte a salud con la
reforma tributaria de 2012

 

AÑO

N° trabajadores*

Salario mínimo

Salario promedio 1,4**

Meses

Salarios/año

Salud -8.5%

2014

8.936.933

$ 616.000

$ 862.400

12

$ 92.486.532.230.400

$ 7.861.355.239.584

2015

9.656.829

$ 644.350

$ 902.090

12

$ 104.535.946.471.320

$ 8.885.555.450.062

2016

10.039.529

$ 689.455

$ 965.237

12

$ 116.286.298.240.476

$ 9.884.335.350.440

2017

10.237.811

$ 737.717

$ 1.032.804

12

$ 126.883.801.253.782

$ 10.785.123.106.571

2018

10.487.596

$ 781.242

$ 1.093.739

12

$ 137.648.287.967.098

$ 11.700.104.477.203

2019

10.309.827

$ 828.116

$ 1.159.362

8

$ 95.622.606.194.438

$ 8.127.921.526.527

TOTAL $ 57.244.395.150.389
*Se toma el dato de trabajadores afiliados a las ARL según datos de FASECOLDA
**El salario promedio con mayor aceptación en el país es 1,4 % del salario mínimo

 

De otra parte, el saqueo de los recursos de la salud por las EPS ha dado lugar a un escándalo tras otro, cada uno acompañado de una nueva reforma. En 1999 estalló el primero de ellos cuando por todo el país gamonales de pueblo y delincuentes de distinto pelaje crearon Aseguradoras del Régimen Subsidiado, ARS, que llegaron a ser 236, a las cuales solo les interesaba acrecentar su número de afiliados, incluyendo personas fallecidas, duplicadas o ficticias, con el fin de adueñarse de las Unidades de Pago por Capitación, que eran las sumas que el Estado les trasladaba por cada uno de ellos. Se hizo entonces una reforma que redujo las ARS a 41 y los problemas continuaron. En 2004 salió a la luz que de los seis billones anuales que manejaba el régimen subsidiado, las ARS se robaban dos billones. En 2007 Uribe les cambió la denominación por la de EPS del régimen subsidiado y concentró a sus afiliados en las cajas de compensación. Caprecom fue convertida en botín burocrático al servicio de las ambiciones políticas del uribismo y el ministro de la época, Diego Palacio, la agigantó encomendándole la atención de las madres comunitarias, de los presos, de las poblaciones indígenas, de los desplazados, y de remate le trasladó la administración de los hospitales quebrados de la red pública. En 2010 todas las EPS —que actuaban como un cartel en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI— se vieron envueltas en un timo de billones de pesos al Fondo de Seguridad y Garantía, Fosyga, mediante los recobros (pago de servicios y medicamentos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud, POS). En mayo de 2011 Saludcoop fue intervenida por la Supersalud, y una investigación adelantada por la Contraloría a sus directivos los halló culpables de haberse apropiado de 1,4 billones de pesos que se invirtieron en negocios ajenos al servicio. Los casi cuatro millones de afiliados de esa entidad pasaron primero a Cafesalud y luego a Medimas y se han tenido que enfrentar a una atención cada vez más precaria y en muchos casos nula. Otro tanto ha sucedido con los más de tres millones de afiliados a la liquidada Caprecom, los cuales fueron distribuidos entre 14 EPS.

Ninguna de las enmiendas ha impedido que el saqueo continúe, porque todas han estado encaminadas a mantener en pie la salud como negocio para las EPS y para los prestadores o IPS privadas —clínicas, hospitales, laboratorios, etc—. El desfalco de los recursos mediante los recobros no cesa y hasta surgieron carteles aberrantes, como el de la hemofilia en varios departamentos de la Costa Atlántica, en donde IPS de papel cobraban por costosos medicamentos para la mencionada enfermedad a pacientes que se comprobaron inexistentes.

Lo que se dispuso en el Plan Nacional de Desarrollo es, en primer lugar, el saneamiento de las deudas que las EPS y los departamentos contrajeron en los últimos años con las IPS —acuerdo de punto final—, cuyo monto varía dependiendo de quien lo mire, en cifras que van de 10 a 16 billones de pesos. Muchas de esas deudas son de EPS con sus propias IPS —integración vertical— y corresponden a recobros. El gobierno ya anunció que destinará a ese fin cerca de siete billones de pesos del presupuesto, que se cubrirán con bonos de deuda pública, es decir, una socialización a debe de las pérdidas.

El Plan de Desarrollo también impone la focalización del SISBEN nivel IV, diseñado para sacar personas del régimen subsidiado utilizando una metodología para la “presunción de ingresos”. Ya Planeación Nacional viene hablando de que en el SISBEN hay 6 millones de colados, y el director del DANE, de que en Colombia una persona de clase media es la que tiene ingresos superiores a $450 mil pesos mensuales. Aplicada a la salud esta política significa que los subsidios serán para un grupo muy reducido de personas. Según el artículo 242 del PND, los clasificados como no pobres deberán hacer una “contribución solidaria” al sistema que va del 1 al 15% de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, del régimen subsidiado, que este año está en $787.327,20, es decir, que a quienes se les asigne un aporte de 15% tendrán que pagar $118.099,05, una suma superior a la que cotiza un afiliado al régimen contributivo con un ingreso de tres salarios mínimos.

En el Plan quedó establecido priorizar la prevención, las atenciones de baja complejidad, la medicina y la odontología general, una reedición de la emergencia social de Uribe en el 2010, que buscaba poner talanqueras a las citas con especialistas y a los servicios de tercer nivel. Se parte de que los colombianos piden más de lo que están dispuestos a pagar en salud y de que hay que aumentar el gasto de bolsillo de los hogares, para lo cual se cobrará más por cuotas moderadoras y copagos y todo lo que no esté incluido en el POS correrá por cuenta del paciente.

Desde los orígenes de la Ley 100 a la prevención se le asignan cuantiosos recursos que se quedan en las EPS sin que se realice ninguna actividad en ese sentido. Por el contrario, han reaparecido epidemias de fiebre amarilla, paludismo y dengue hemorrágico, enfermedades que durante más de 60 años estuvieron controladas por el Servicio de Erradicación de la Malaria, SEM, entidad que fue desmantelada. Tal situación no cambiará mientras subsista la privatización de la salud pues allí el interés principal no es resolver sus problemas, sino aumentar las utilidades.

Mientras la atención en salud es más precaria y costosa para el pueblo, crecen en este renglón la inversión extranjera, la exportación de servicios y la instalación de zonas francas de salud, que ya llegan a 14 en el país. Según la revista Dinero, en los últimos cinco años la inversión extranjera directa en este campo llegó a los US$1.270 millones. En un artículo del 27 de enero escrito por Adriana Arcila y titulado Los dueños extranjeros de la salud en Colombia, publicado por Las 2 Orillas, la autora proporciona, entre otras, esta información: la multinacional inglesa British United Provident Association, BUPA, es la propietaria de Sanitas; Colmédica Medicina Prepagada, Aliansalud EPS, las clínicas El Country y La Colina en Bogotá, y la Clínica Portoazul en Barranquilla, están en manos de la norteamericana UnitedHealth Group, con presencia en 130 países; Coomeva, la Clínica Farallones y Palma Real, en Cali están controladas por la norteamericana Christus Health, empresa que posee más de 60 clínicas y hospitales, y 350 centros médicos en Estados Unidos; en medio de una profunda crisis Medimás, con casi cuatro millones de afiliados adelanta negociaciones y puede ser adquirida por la  norteamericana Dynamic Business and Medical Solutions Inc (DBMS), con sede en Boston. 

En cuanto a las relaciones laborales del personal que trabaja en las IPS —incluyendo a médicos y especialistas—, sean estas públicas o privadas, lo que impera son las reglas del juego típicamente capitalistas. Allí se han generalizado las diferentes modalidades de subcontratación y se explota sin contemplaciones mediante jornadas de 12 horas y salarios miserables. Las crisis de los hospitales de la red pública acosados por las deudas que tienen con ellos las EPS, las han tenido que padecer, además de los pacientes, los trabajadores a quienes se les despoja de todo derecho y en muchos casos se les deja sin su paga durante meses. Aunque las diferentes reformas, y ahora el plan de desarrollo, han prometido mejorar sus condiciones, lo que se espera es que este sector sea uno de los más afectados por la reforma que está proponiendo el Centro Democrático del trabajo por días y por horas, sin seguridad social ni prestaciones y con mayores facilidades para contratar y despedir.

En la crítica que se ha hecho a la Ley 100 ha estado ausente el drama que viven millones de personas en fábricas, bodegas y oficinas por cuenta del manejo que se le da a la “salud y seguridad en el trabajo”, en donde sin vigilancia alguna se ha creado una alianza criminal entre las empresas, las Aseguradoras de Riesgos Laborales, ARL, las EPS, y las Juntas de Calificación de Invalidez, de tal manera que los patrones puedan exprimir la mano de obra sin piedad y sin medir las consecuencias que sobre la salud del trabajador puedan tener las duras jornadas y el tipo de labor.

Como es usual en el país, la normatividad al respecto es tan prolífica como ineficaz, por no decir perversa. El papel de las ARL es el de toda empresa de seguros: gastar lo menos que puedan en prevención y negar los siniestros —para el caso las enfermedades y accidentes laborales— cuando se presentan, y si los reconocen, calificar por lo bajo las secuelas, que para el caso es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, de tal manera que el pago de las indemnizaciones les cueste lo menos posible. En todo caso, al trabajador se le somete a un tortuoso trámite para las calificaciones de origen de la enfermedad y del porcentaje de invalidez, en donde entran en juego las juntas de calificación, unas entidades privadas con funciones públicas que se han convertido en nidos de corrupción al servicio de las ARL.

Por su parte, entre las EPS y las empresas se ha generado un tráfico para negarle a los trabajadores las recomendaciones médicas que los protegen del despido y de los abusos del patrón a la hora de asignarle funciones. Sin la intervención de autoridad alguna las EPS se pusieron de acuerdo y rebuscaron unas normas relacionadas con los exámenes periódicos que los empresarios deben practicar a sus empleados, para señalar que es a aquellos a los que les corresponde emitir las recomendaciones médicas, dejando así a los trabajadores enfermos a su arbitrio. Las EPS también acuerdan con las empresas para garantizarles un control de las incapacidades en cuanto la ética de los médicos lo permita.

Dentro de la Agenda Empresarial 2018-2022 se señaló que las incapacidades constituyen un costo que amenaza la productividad y que la estabilidad reforzada crea una inflexibilidad en el mercado laboral que debe ser removida para facilitar el despido. Tan pronto llegó al ministerio del Trabajo la señora Alicia Arango se puso manos a la obra y anunció que en Colombia había un cartel de las incapacidades y ha sostenido una campaña al respecto con el fin de preparar el terreno para emitir normas represivas que seguramente afectarán a los trabajadores enfermos. Ya el 1° de agosto la Ministra emitió la circular 049 con la cual estableció un mecanismo para que los inspectores del trabajo resuelvan de manera expedita las solicitudes de los empresarios para que se les autorice despedir trabajadores afectados en su salud. La circular se apoya en las sentencias de la Corte Constitucional sobre la materia en las que en los últimos años se produjo una regresión que debilitó la protección de la estabilidad reforzada, por ejemplo, justificando el despido en los casos en los que el patrón alega una “causa objetiva”, o cuando en casos de mujeres embarazadas, aquel alegue no tener conocimiento de su estado.

El peor mal que aqueja a la salud en Colombia es haberla convertido en un negocio y a los recursos del Estado para este vital servicio en botín que estimula la corrupción. Por ello la consigna del Segundo Encuentro Contra las Reformas Pensional, Laboral y de Salud no puede ser otra que la eliminación de las EPS, la lucha por condiciones que aseguren la salud de los trabajadores y la lucha contra cualquier intento de eliminar la estabilidad reforzada.

Bogotá, 31 de agosto de 2019