Alejandro Torres presenta la ponencia sobre reforma pensional

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL CONTRA LAS REFORMAS PENSIONAL, LABORAL Y DE SALUD

PONENCIA SOBRE REFORMA PENSIONAL PRESENTADA POR ALEJANDRO TORRES VOCERO NACIONAL

Compañeras y compañeros:

Desde comienzos del gobierno de Santos se viene planteando otra reforma a la Ley 100 de 1993 en el aspecto pensional. Este, en el Plan de Desarrollo de su primer mandato presentó un artículo, que debió retirar, el cual elevaba la edad de las mujeres para pensionarse a 62 años y la de los hombres a 65. Fracasada la intentona, anotó: “El Gobierno considera que es un acto de responsabilidad con las futuras generaciones plantear desde ya una reforma que garantice la viabilidad y sostenibilidad del sistema pensional colombiano”. Viabilidad y sostenibilidad vocablos repetidos hasta el cansancio por los interesados en acabar con lo que va quedando del sistema pensional público colombiano luego de la ley 100 ya mencionada; la 797, de 2002, y el acto legislativo 01 de 2005. Registremos que la llamada polarización entre santistas y uribistas se desvanece cuando se trata de ceder al interés de los magnates y esquilmar al pueblo.

Santos no dejó de intentarlo. Su ministro Luis Eduardo Garzón, propuso llevar la reforma a la Comisión de Concertación de Políticas Sociales y Laborales, luego de haber asistido a la presentación del estudio “Misión Colombia Envejece” de Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha, mamotreto que contiene los lineamientos de las agencias imperialistas para arrasar con las pensiones. Allí, el exdirigente sindical, mencionó que retomaría la propuesta de su antecesor Rafael Pardo, la cual, según lo plasmó la revista Semana, buscaría resolver los problemas de “baja cobertura, alta inequidad y problemas de sostenibilidad”, pero, además, no sería una reforma pensional sino “un nuevo modelo de protección para la vejez”. ¿No se les parece, compañeros, idéntico el lenguaje eufemístico de la ministra Arango y el del exministro Pardo? La propuesta también contenía equiparar las condiciones de pensión de los dos regímenes, el de reparto y el ahorro individual, eliminando los “privilegios” y “subsidios” del primero, con lo que se acabaría la competencia desigual entre ellos. Idéntico a lo que lleva varios años proponiendo Asofondos.

Decía la revista que la fórmula del gobierno era compleja: “La idea es que la cotización hasta un salario mínimo sea administrada bajo el modelo del RPM y los aportes por encima del mínimo irían al RAIS. Así, todos los trabajadores recibirían el mismo subsidio del Estado en lo que tiene que ver con la porción del mínimo, pero el resto del capital ahorrado se comportaría como las cuentas individuales para formar la pensión.” A esto lo llamaba Pardo Rueda “modelo de escalones”, conocido hoy con el nombre de “pilares”, eje de la fórmula promovida por el centro paragubernamental Fedesarrollo. Aducía, además, que era más equitativo porque se reducirían a la mitad las pensiones de los trabajadores de ingresos superiores al mínimo: profesionales, técnicos, jueces, profesores, etc.

Los gobiernos de Santos concluyeron sin que ese propósito cuajara, y eso que gozó de condiciones políticas favorables, pues, con el enmohecido argumento de que había que ponerle contención a la derecha de la derecha, muchos de los voceros de quienes resultarían afectados con la reforma le dieron su respaldo.

Desde esas calendas los instigadores del arrasamiento han venido siendo casi los mismos: las agencias multilaterales a través de las cuales el imperialismo y el capital financiero trazan sus políticas (el FMI, el Banco Mundial, el BID, la OCDE); Asofondos, que agrupa a las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP), presidida por el recalcitrante Armando Montenegro; Anif, el “tanque de pensamiento” del grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento, por varioos lustros dirigida por Sergio Clavijo, quien se pasó a Colpensiones para jubilarse, pero recibe la paga del grupo Aval para promover la eliminación del fondo público; Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, al mando de Jorge Humberto Botero, otro pensionado de Colpensiones, y Fedesarrollo, la incubadora de tecnócratas que ocupan las carteras económicas y el Departamento Nacional de Planeación, o las sinecuras que les prodigan las agencias internacionales, en pago de su contribución a postrar al país y al pueblo ante sus exigencias.

Y la retahila que esparcen para llevar a cabo su misión depredadora se mantie prácticamente igual: la baja cobertura y la inequidad; proteger a la vejez desamparada; quitarle los subsidios pensionales al quintil más pudiente de la población, del cual hacen parte el 86 % de los pensionados, que se devoran más de 4 puntos del PIB, siendo ello una de las causas principales del déficit fiscal; acabar con “privilegios” inauditos como el desequilibrio entre el tiempo que se trabaja y el que vive el pensionado, que se agrava en el caso de las mujeres, pues se pensionan más jóvenes y viven más; o como la tasa de reemplazo que dizque es una de las más altas del mundo, incluida la de quienes ganan el salario mínimo, que resulta ser del 100 %, mientras la contribución (lo que se descuenta del salario) es de las más bajas; que la coexistencia de los dos regímenes, el de prima media y el de ahorro individual, resultó ser altamente regresiva, por el “arbitraje” en favor del primero. Una sistemática embestida ideológica que busca poner en cabeza de los asalariados, desde el operario de maquila o el cortero de caña o la trabajadora de las flores hasta los sectores medios, tanto el desbalance de las cuentas nacionales como el abandono de la ancianitud. En fin, que el régimen pensional, desde luego el público, resulta demasiado generoso con unos ricos desconsiderados que ganan desde un salario mínimo en adelante.

A pesar de tanta coincidencia en el diagnóstico y en buena parte de las soluciones, cabe la pregunta de por qué, luego de tantos años de plantear la necesidad de la reforma y por ministros de colores tan diversos, el propósito hasta ahora no ha cuajado, siendo que, hay que decirlo, de parte de los millones de afectados no se ha hecho sentir, como debiera ser, un enérgico rechazo en las calles, única forma de detener el anunciado atropello. En muy buena parte la explicación de esto se halla en que entre quienes aupan las reformas no solo existen coincidencias sino también diferencias de fondo. Basta ver la acritud del debate entre Asofondos y Anif, de un lado, y, de otro, Fedesarrollo alrededor del sistema de pilares propuesto por esta última entidad, pero ideado por el Banco Mundial en 1994. Si bien ambos bandos coinciden en que se debe acabar o “marchitar” Colpensiones y en reducir las garantías supérstites para los afiliados actuales, la diferencia estriba en que Fedesarrollo promueve que todos los trabajadores estén afiliados simultáneamente a los dos sistemas y sus aportes se dividan entre ambos. Al Pilar 1, público y de reparto, irían todas los cotizaciones de los trabajadores formales correspondientes hasta un salario mínimo, este otorgaría una pensión a todos los afiliados con “un tope” de un salario mínimo, la cual decrecería según el nivel de ingreso del afiliado. El pilar 2, de ahorro individual, administrado por las AFP, recogería las cotizaciones de cada trabajador correspondientes a los ingresos superiores al salario mínimo. Por descarte, se entiende que los trabajadores de salario mínimo, que son más o menos la mitad del total, solo cotizarían al pilar 1. La propuesta de este “tanque de pensamiento” luce como representativa del capital financiero internacional, los organismos multilaterales y las calificadoras de riesgo que, al parecer, calculan que excluir de un plumazo al estado de la gestión pensional, como pretenden los agentes del gran capital financiero nacional (Sarmiento Angulo y el GEA), pondría en aún mayor riesgo la satisfacción de la regla fiscal, es decir, el pago de la deuda externa. El plan reformista de Fedesarrollo tiene un aliado incondicional en una institución clave del estado: el Banco de la República —cuyo actual gerente también fungió como director del centro de estudios— ente cuya fementida independencia lo es pero de los intereses de Colombia, ya que su función básica consiste en ser el portavoz de los ucases del Fondo Monetario Internacional.

Lo anterior, junto con que las personas de ingresos superiores también deban dejar parte de la cotización en el primer pilar es lo que hace montar en cólera a los fondos privados, que no dudan en calificar tal propuesta de “reforma tributaria para darle caja al gobierno”, mediante la eliminación de un 50 % del flujo (hacia sus arcas) del ahorro pensional, con lo que se le da un golpe al mercado de capitales, según ellos, principal motor del desarrollo económico. Asofondos y Anif tampoco se resignan a aceptar que se les quiten los cotizantes de salario mínimo pues, en dicho segmento, las AFP dominan abrumadoramente “el mercado”, dados sus acuerdos venales con gerentes y directores de personal y la pasividad de Colpensiones, lo cual convierte la fementida “libertad de elección” en una caricatura, al igual que les sucede a los de abajo con todas las libertades en la sociedad capitalista. Así, señalan que el sistema únicamente debe ser de ahorro y capitalización, es decir, el de ellos, al que entrarían todos los nuevos cotizantes. Para quienes no alcancen a jubilarse apoyan los BEPS.

No se trata de adivinar por cuál propuesta se inclinaría el gobierno, pero parece claro que el proyecto de Fedesarrollo es el que más complace a los organismos multilaterales representantes del imperialismo.

Anif le agrega a lo planteado por Asofondos que hay que marchitar el régimen de prima media; bajar, mientras exista Colpensiones, en al menos 20 % la tasa de reemplazo; reducir la pensión mínima al 75 % del salario mínimo legal, y a la de sobrevivencia reducirle un 25 %; todo esto en medio de una gran algarabía sobre que si no se efectúa tal “reforma estructural pensional” nos harán trizas las “bombas” fiscal y pensional.

Por su parte Mercer, empresa especializada en asesoría y gestión de sistemas pensionales y de salud, y subsidiaria del conglomerado gringo Marsh & MacLennan, presentó, conjuntamente con la revista Semana hoy propiedad del grupo financiero Gilinski, una propuesta de la que ella misma señala que recoge “lo mejor de los dos mundos”, una especie de mediación entre los bandos enfrentados. Esta se basa también en “pilares”, pero, a diferencia de la de Fedesarrollo, propone que todas las personas, incluidas las que tengan ingresos de un salario mínimo, aporten tanto a un fondo global (pilar 1) como a una cuenta de ahorro individual (pilar 2). Así, la cotización de 16 % de quien devengue el mínimo ($828.116) se dividiría en un 60 % ($79.499) para el fondo global y un 40 % ($53.000) para la cuenta de ahorro individual. Para quienes ganen 1,5 SML la anterior relación se invierte: 40 % de la cotización para el fondo global y 60 % para la cuenta de ahorro individual. De ahí en adelante va decreciendo la parte correspondiente al fondo global (desde 4 SML en adelante es tan solo del 15 %). Las tasas de reemplazo resultarían incluso inferiores a las minúsculas existentes en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS): los asalariados que hayan cotizado hasta por 4 SML obtendrían una mesada apenas equivalente al SML. La gracia de la propuesta es, según ella misma, que “los flujos de recursos hacia Colpensiones y los fondos privados se mantienen, por lo que se respeta el ahorro pensional y su impacto en el mercado de capitales”. Mercer señala que su propuesta también contempla que a las AFP se les permite mantener en sus arcas el capital que han acumulado del ahorro pensional de más de 15 millones de personas: unos $270 billones.

Desde hace pocos días ha empezado también a hacer carrera la posición expresada por un grupo de altos funcionarios de la OIT, a la cual se le han atribuido más méritos de los que tiene, incluso ha querido presentársele como la panacea contra la privatización. En realidad es, cuando mucho, un registro de la reversión de esta en varios países y bajo diferentes circunstancias, en tanto se desestiman sus propuestas gravemente lesivas a los asalariados, que pueden compendiarse en que so pretexto de que el sistema público sea sostenible hay que hacerle variaciones paramétricas, que incluyen aumentos automáticos de la edad para pensionarse, de los años sobre los que se computa el ingreso base de liquidación, y hasta reducir a un 40 % las tasas de reemplazo, como se explica en la ponencia sobre dicho documento, presentada por las compañeras del extraordinario grupo de activistas que componen el colectivo Pensionadas por Derechos.

Y recientemente también han salido a flote las recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales que señala claramente que se deben emprender las reformas necesarias para “perfeccionar” los “incentivos”, o sea las ganancias, a los fondos de pensiones y de cesantías, ya que estos constituyen la “más importante fuente” de ahorro para la economía.

Plantea la Misión en su informe preliminar, entre otras cosas, que la vigilancia de estas entidades se base en “los principos del hombre prudente” no en reglas claramente establecidas. Que se reduzca “paulatinamente” el límite a las inversiones en entidades vinculadas; para poner un ejemplo, que Porvenir pueda enriquecer con los ahorros pensionales aún más a Luis Carlos Sarmiento, legalizando que aquellos puedan invertirse en acciones de los 4 bancos del magnate o en los centenares de empresas que controla por medio de Corficolombiana. Y, de otra parte, que se “debe abandonar el esquema de reglas, cupos y límites vigentes, incluyendo los relativos a la clase de activos, tipos de instrumentos, emisiones individuales y compraventa de divisas.” Es decir, que las AFP, sin ningún control, puedan dedicarse con la plata de las pensiones a la más desaforada bacanal especulativa (lo propio del capital financiero) con lo que el peligro de que se esfumen tales ahorros crecerá geométricamente. Para solo citar unas pocas más de las recomendaciones, mencionemos que la Misión aconseja que se elimine la calificación para el universo de activos admisibles para invertir; que se consideren como nacionales las inversiones que hagan en la llamada Alianza del Pacífico, es decir, en medio mundo; que debe suprimirse la exigencia de una rentabilidad mínima, como rige actualmente; igual suerte debe correr la reserva de estabilización de rendimientos; que se separe de la ya escandalosa remuneración por administración que cobran las AFP el costo del seguro previsional, cuya consecuencia será disminuir el ya pírrico 11, 5 % del salario que va a la cuenta del ahorrador; que tal comisión de administración tenga un costo fijo y uno variable; que el estado cubra los riesgos por decisiones judiciales; que el ahorrador también pague los costos de las subastas de rentas vitalicias según las nuevas segmentaciones de afiliados, y así sucesivamente.

Como puede verse, el sistema privado de pensiones se orientará todavía más a la más desaforada especulación, y sus víctimas crecerán como espuma, independientemente de hacia qué lado se incline el gobierno en el proyecto anunciado para después de elecciones, si del de acabar totalmente con Colpensiones y el RPM o por los pilares de Fedesarrollo o Mercer.

Empero, la reforma ya ha dado pasos de animal grande. El Plan Nacional de Desarrollo de Duque estableció en su artículo 193 el llamado piso de protección social, del que también se declaran fanáticos los tiburones financieros, los gremios y la OIT, y el cual consiste en que los trabajadores que sean contratados por horas, o que suscriban contratos de servicios o a destajo por menos del salario mínimo legal sus patrones podrán inscribirlos en tal “piso” que consiste en que estos aportan un 14 % sobre la paga estipulada para inscribir al trabajador en los BEPS, una de las columnas vertebrales de esta reforma laboral y pensional, con lo que tales asalariados serán condenados a recibir en la vejez una mísera mesada de entre $40.000 y  $80.000. Los patrones aportarán también un 1 % para cubrir riesgos laborales, a la vez que se afilia al empleado al régimen subsidiado de salud. Centenares de miles de trabajadores actuales serán lanzados a esta nueva “formalización” de las relaciones laborales, y en las nuevas plantas de personal predominará semejante régimen esclavista.

No hay sino una sola manera de detener tamaños atentados contra los derechos laborales supérstites y la estafa de las pensiones por el capital financiero —frente a la cual palidecen las fechorías de todos los capos que en el mundo han sido—, y es lanzarse sin demora y con denuedo a ejecutar el plan de organización y lucha que defina este encuentro, el cual seguramente contemplará que los activistas se boten cada vez en mayor número a las barriadas obreras, a las zonas francas, a los establecimientos públicos armados de megáfonos y cabinas y hojas volantes, que llamen a los jóvenes a entender que el problema es con ellos, que les digan a los trabajadores de más edad que ningún régimen de transición es garantía de nada, y a los propios pensionados que en semejante orgía especulativa ni siquiera las mesadas o como dicen muchos “el derecho adquirido” estará seguro; que persuadan a los dirigentes adormilados de que los trabajadores no perdonarán la complacencia  con tan grandes crímenes.

Y que se explique con claridad no que “Colpensiones es mejor” como plantean algunos para no lucir tan radicales exigiendo, como lo hacemos nosotros y lo seguiremos haciendo, la erradicación de los fondos privados, es decir la desprivatización de las pensiones, por un lado, y, por otro, el mantenimiento sin la más mínima desmejora de los parámetros actuales del régimen de prima media y de los regímenes especiales existentes, como el de los maestros. Y una condición más, inexcusable, que todo el que quiera sumarse a esta batalla, persona u organización, será bienvenido, pero sea cual sea la posición que ocupe en la vida pública, este movimiento no aceptará que se le pretenda convertir en comparsa. Por el contrario les aconsejaremos a nuestros compañeros de lucha que pidan que como muestra de consecuencia con tan caros intereses de las masas se inscriban en los programas de partidos y organizaciones que declaren representar al pueblo las nítidas exigencias de nuestro movimiento en especial las atinentes a la desprivatización de la seguridad social en pensiones y salud y la radical negativa a la desmejora del régimen laboral y la lucha por un salario mínimo que cubra, al menos, el costo de la canasta familiar básica.

Que no se equivoquen Duque y Carrasquilla y Arango ni el imperialismo y sus intermediarios, pues están empezando a aparecer signos de que el pueblo quiere dejar atrás la larga noche del despojo, no otra cosa se vislumbra a través del resultado de este segundo encuentro nacional contra las reformas laboral, pensional y de salud.

Muchas gracias.

Bogotá, D.C., 31 de agosto de 2019