• Las pensiones y el salario mínimo en la mira de los tiburones financieros

Pensionados

En los últimos meses del año 2017 los grandes financistas y el gobierno desataron intensa actividad para preparar una nueva y feroz acometida contra los escuálidos ingresos de los trabajadores. Terminadas las campañas electorales para el Congreso y la Presidencia, los elegidos, cualesquiera que sean, pondrán manos a la obra que los banqueros por múltiples bocas les  han ordenado.

Buena parte de la carga argumental para justificar las modificaciones lesivas se basa en el llamado Marco Fiscal de Mediano Plazo, con el que se busca garantizar que el Estado nunca deje de endeudarse (es el negocio de banqueros y fondos de inversión) pero nunca suspenda los abonos a capital e intereses. Para ello, necesita tener ingresos suficientes que han de provenir crecientemente de los asalariados y de la población en general y cada vez menos de las grandes empresas. Por supuesto, es prioritario emprenderla contra todo tipo de gastos que alivien las condiciones de las mayorías.

En primerísimo lugar, se trata de introducir reformas al sistema de pensiones para negarles de plano el derecho a millones y empequeñecerlas hasta que sean totalmente ínfimas con respecto a la canasta básica e igualen a esos subsidios que reparten los presidentes y sus partidos para captar los votos de los famélicos. No escapa de la arrebatiña el propósito de rebajar el mísero salario mínimo y gravar con el impuesto de renta a quienes devenguen dos y medio salarios mínimos o más. Además, quieren echar mano a buena parte del dinero del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías —con lo que se obligará a los entes territoriales a establecer nuevos tributos locales y a incrementar los existentes o a deteriorar aún más las escuelas y los centros de sanidad. Incluyen entre sus blancos el sistema de salud para negar servicios y medicinas, subir la cotización, negar la estabilidad laboral reforzada y dar vía libre a la integración vertical de EPS e IPS. A objeto de justificar tan infames propósitos, los “académicos”, los gremios y los organismos multilaterales publicaron varios “estudios”, como el Resumen ejecutivo del Informe de la Comisión del Gasto y la Inversión Pública (Comisión del Gasto y la Inversión Pública, 2017), La agenda empresarial 2018-2022 (Consejo Gremial Nacional, 2017) y documentos de la OCDE (OECD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, 2015), del Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico, CEDE (Montenegro, Llano, Fajury, & García, 2017, sept), y del Banco de la República (Arango & Flórez, 2017), entre otros.

Pensiones: todo el ahorro de los trabajadores para enriquecer al grupo AVAL y al Grupo Empresarial Antioqueño, GEA

En Colombia, a partir de la Ley 100 de 1993, existen dos sistemas: el de prima media, RPM, administrado por la estatal Colpensiones, que sustituyó al Seguro Social (entidad pública que atendía salud y pensiones y a la que llevaron a la quiebra de manera deliberada las políticas de los gobiernos, principalmente a partir del de César Gaviria), y el denominado de ahorro individual con solidaridad, RAIS, en manos de los fondos privados. Para pensionarse en el de prima media se requiere cumplir 62 años de edad los hombres y 57 las mujeres y haber cotizado al menos 1.300 semanas (ambos parámetros fueron aumentados por Álvaro Uribe —con los mismos argumentos de sostenibilidad y de alivio a la pobreza— de 1.000 semanas y de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres). En el de ahorro individual es menester acumular lo suficiente para obtener una mesada equivalente al menos al 110 % del salario mínimo o cumplir uno de los requisitos, la edad o haber cotizado por lo menos 1.150 semanas. Se aseguró que con las rentabilidades de los fondos privados los beneficios superarían con mucho los del sistema público, de tal manera que la gente podría jubilarse a cualquier edad y con la mesada de la magnitud que se le antojara, pero no advirtieron que se necesitaría entregar gran parte del sueldo para obtener una jubilación con algo más del mínimo. Con esas ventajas ilusorias se embaucó a millones, principalmente jóvenes y a quienes tenían mayores salarios, para que se afiliaran a las entidades aseguradoras. Sin embargo, ha resultado que personas con ingresos de más de 6 millones de pesos al retirarse cobran apenas unos novecientos mil, después de haber ahorrado durante décadas (en el de prima media habrían obtenido algo más de 3 millones de pesos); el 83% de los pensionados del régimen privado recibe menos de dos salarios mínimos y, en general no más del 40% del valor de su paga. Las rentabilidades de los ahorros son insignificantes: fluctúan entre el 6 % y el 9 % anual, a lo que hay que restarle la tasa de inflación (¿Cuáles son los fondos de pensiones de mayor rentabilidad?, 2017, febrero 2), de tal manera que en el mejor de los casos esas cuentas rinden un poco más que un CDT. Los que sí obtienen voluminosas utilidades son los magnates, no los cotizantes. Ante la evidencia, vino el desengaño y la consecuente estampida a Colpensiones.

Ahora, los partidarios de la libre competencia de mercado exigen que se elimine la “desleal” de Colpensiones a su negocio: que todos los colombianos les depositen en sus Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, los ahorros para la jubilación y, por tanto, que se frene de una vez por todas el paso de sus afiliados a la entidad estatal. Claman porque se “marchite” el sistema de prima media (Comisión del Gasto y la Inversión Pública, 2017) —versión pauperizada de los antiguos regímenes—. Ya el gobierno había dictado medidas encaminadas a evitar ese flujo y a garantizarles a los fondos una nutrida y cautiva clientela. Igualmente, con el pretexto de mejorar las rentabilidades, les autorizó los multifondos, una especie de casino en el que los recursos de las futuras jubilaciones se juegan con riesgos desde “moderado” a muy alto. Siempre serán los depositantes los que pierden, no los usureros que manejan esas sumas. 

Desde el comienzo, el sistema fue diseñado para llevar la entidad pública a la quiebra y para que los grupos financieros se apoderaran de todas las utilidades de ese enorme negocio, como lo prueban las cifras. Colpensiones cuenta con un millón trescientos mil jubilados (51% de los pensionados en Colpensiones recibe el salario mínimo, 2017), los fondos con poco más de cien mil, y, en cambio, acaparan a la población joven (la edad promedio de sus afiliados es de 33 años, sólo el 10% está entre los 47 y 56 años); el 47% de los de Colpensiones tiene entre 45 y 59 años (Ibid.). Los fondos cuentan con más de 14,5 millones de cotizantes, Colpensiones con 6,5 millones; de los cuales 6 millones cotizan con una base entre uno y dos salarios mínimos. Como en el régimen de prima media las mesadas se pagan mediante las cotizaciones que se reciben, al substraerle afiliados se le empuja a la quiebra; por el contrario, los fondos solo amortizan a cada individuo con base en su ahorro y en las “rentabilidades”.

Para marchitar el régimen de prima media, piden que todos los afiliados nuevos contribuyan al de capitalización individual y que los pensionados actuales y los que estén próximos a acceder a ese beneficio queden en manos de Colpensiones. Aquí demuestran que su afán no consiste en aliviar el déficit fiscal, como ellos alegan, sino en acaparar las cotizaciones y dejar al Estado los gastos. También conminan a que se aumente de manera inmediata la edad de pensión, hablan de 70 años, y que se produzcan nuevos incrementos cada cinco años “de acuerdo con las tendencias demográficas”; y, por supuesto, que se sumen más semanas de cotización; la misma edad sería válida para las mujeres, pues, según afirman, ellas son muy culpables del sombrío horizonte que se cierne sobre los futuros jubilados. Demandan poner fin a todos los regímenes especiales, como el de los maestros (pretenden que los más de trescientos mil de la nómina oficial también les engorden sus arcas), que actualmente se pueden retirar a los 57 años. Son categóricos en que el salario que sirve de base para la pensión ha de resultar del promedio de los sueldos de toda la vida laboral, o al menos de los veinte últimos años, no con base en los diez últimos años, como ocurre actualmente, reduciéndolo luego a un porcentaje menor del 65%. Les horroriza que la pensión mínima no pueda ser inferior al salario mínimo legal, que consideran desmesuradamente alta. Además, discuten la manera de hacer más rentable su negocio, ya subiendo el porcentaje de los aportes a 18% o, mejor, garantizando primero un mayor número de cotizantes. Y abogan porque las pensiones, que están exentas, paguen impuesto de renta. De todas maneras, son partidarios de que se mantengan la contribución de 1.5 %  de todos los salarios para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y la sobretasa de entre uno y dos por ciento para quienes ganan más de cuatro salarios mínimos, para cubrir, con el ahorro de todos, a quienes no alcancen la pensión mínima en sus fondos. Otro caso en el que recogen los recursos y trasladan los costos a la colectividad.

Tales alteraciones las justifican aduciendo que están muy preocupados por el déficit del fisco, puesto que en la medida en que se debilita el régimen de prima media el Estado quedaría obligado a cubrir el faltante; pero el gasto público en pensiones se origina precisamente en la mengua de afiliados, y principalmente de los jóvenes y de los de mayores ingresos, ya que, como se señaló arriba, Colpensiones atiende a los pensionados y los fondos se quedan con el grueso de la cotización y un número exiguo de estos. Muy diciente es también que quienes se muestran tan afanados por el déficit  del erario olviden tales desvelos cuando se trata de pedir mermas en el impuesto de renta o exenciones de diversa índole para las grandes firmas.

Este negocio de los fondos de pensiones sí que permite entender cómo funciona el sistema capitalista actualmente. Todo asalariado y trabajador independiente está obligado por ley a pagar 16% de su ingreso; en el caso de los empleados, esta erogación se comparte con la empresa. De ese 16%, tres puntos son para gastos de administración de los fondos y 1.5 para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Queda, entonces, 11.5 para el ahorro pensional del trabajador, lo que, significa que del total del aporte, el 35 % no entra en el ahorro pensional, y que el 18.75 % se transfiere directamente a la propiedad de los fondos, para gastos de “administración” y seguros. Son cuatro las administradoras de fondos privados de pensiones (al comienzo eran diez, pero el negocio se ha concentrado): Porvenir, del Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento (promotor de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras y jefe del fiscal general); Protección, del Grupo Empresarial Antioqueño (que apoya a Vargas Lleras y a Sergio Fajardo), Colfondos, de Scotiabank-Colpatria, y Skandia, del Grupo Old Mutual. Los ahorros totales en fondos privados son de $225 billones, prácticamente el equivalente al presupuesto nacional de 2018 ($235 billones); de esa enorme suma, Porvenir y Protección controlan más del 81 %, sobre los $182 billones. Como las administradoras se embolsillan tres puntos de los 16, eso quiere decir que, por solo administración, se apropian de más de 42 billones de pesos (las dos más grandes, 34 billones), más las utilidades que obtengan.

Buena parte de los dineros de los fondos se invierten en bonos del Tesoro del gobierno colombiano, TES (70 billones), el cual les paga intereses por esos préstamos. Es decir, el Estado les entrega a los más poderosos grupos económicos sumas billonarias provenientes del esfuerzo de los trabajadores —a quienes por ley los obliga a tributar a esos oligopolios— para que negocien con ellas, les adelanta como obsequio casi el 19 % de dichos dineros, y luego les toma en préstamo una buena parte y los premia con jugosos intereses. Unos dieciséis billones los destinan para comprar bonos a empresas establecidas en Colombia, casi 9 billones para invertir en instrumentos de renta fija en el exterior; cuarenta billones para la compra de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia y en Fondos de Capital Privado y unos 53 billones para negociar acciones en el exterior e invertir en fondos de capital extranjeros (Cuentas propias con base en http://www.portafolio.co/mis-finanzas/que-hacen-con-el-ahorro-pensional-de-los-colombianos-509339). Con un diminuto dos por ciento en depósitos a la vista despachan las pocas y magras pensiones que tienen a cargo. De tal manera que, además del negocio con los títulos gubernamentales, cuentan con sumas astronómicas para comprar empresas nacionales y extranjeras, especular y, mediante préstamos, hacerse al control de firmas. Concentran masas ingentes de capital apalancándose con los dineros de los trabajadores. El negocio es realmente fabuloso. Hace unos pocos años Protección adquirió ING haciéndose dueña de numerosos fondos en varios países de América del Sur, con lo que totalizó más de 25 millones de afiliados. Estos agiotistas no corren ningún riesgo, recae sobre los indefensos depositantes; se trata del parasitismo de las finanzas: controla el Estado y este le garantiza caudales y rendimientos; constituye un monstruoso acto de corrupción legal, sobre el que callan los que gritan contra la corrupción ilegal. 

Estos hechos protuberantes desmienten la cartilla ideológica capitalista cuyo principal postulado afirma que la burguesía es gente emprendedora, ingeniosa, que arriesga sus caudales a fin de crear riqueza en beneficio de toda la sociedad y que, por tanto, ha de ser compensada mediante la minimización de los impuestos y la maximización de libertades —flexibilidades— para mover sus fortunas y manejar las relaciones laborales. No son emprendedores ni audaces, son la encarnación del egoísmo y la avaricia y de una poco común y gélida indiferencia por las grandes penalidades a las que someten a millones de seres. Dueños del poder Ejecutivo, del Parlamento y de las Cortes, de los grandes bancos y las empresas gigantescas, de los comercios enormes y de las fincas inmensas que, insaciables, embotan con sus ideas esclavizantes a una sociedad cuyas mayorías se debaten en la escasez, para continuar despojándolas hasta de las cosas más esenciales.  Amenazan con que si no se les complace en todo y en lo demás, el capital huirá y el país quedará sumido en la miseria. El pueblo, los trabajadores, en esta concepción, quedan reducidos a inmerecedores beneficiarios de la dadivosidad de los magnates. Con ese núcleo ideológico se adelantan las reformas tributarias, se les entrega la salud y la educación a los codiciosos y se compromete el presente y el futuro de los que laboran, con salarios de hambre y destinándolos a vivir una ancianidad en la miseria.

Tomando de dicho cuadernillo, los derechistas Vargas Lleras y Duque urgen aminorar el impuesto de renta a las empresas; lo propio hace el “izquierdista” neoliberal de la Calle Lombana, a quien los también zurdos Clara López y Gustavo Petro le imploran una alianza. El otro “centroizquierdista”, Fajardo, el candidato de la CoCo, promete que aumentará la edad requerida para la pensión y sostiene que este constituye un debate “técnico”, mentira con la que pretende que las gentes acepten de buena manera esta indecente dentellada de los patrocinadores del teórico del poder de la decencia: el Grupo Empresarial Antioqueño y en especial David Bojanini, quien preside Suramericana, de la que hace parte el segundo mayor fondo de pensiones, Protección. Debe aclararse, eso sí, que Fajardo pactó con Jorge Robledo que este asunto no se ventilaría en la campaña ni figuraría en el programa. Así pueden prometerle a cada auditorio lo que quiera oír: a los sindicatos que no y a los magnates que sí, para no perder votos ni de los unos ni de los otros. Cosas de la diafanidad ideológica y política de la izquierda moderna radical moderadísima. Así pues, los potentados cuentan entre sus doctrineros a los líderes de todo el arco iris político: desde la derecha uribista y vargas llerista, pasando por la “izquierda” neoliberal de la Callista y completando con la mezcolanza derecho-centro-”izquierdista” de Fajardo, Robledo y López.

Pero el silabario al que nos venimos refiriendo no se limita a alabar a Don Dinero; completa su orientación denigrando a los asalariados. Afirman los plutócratas y sus secuaces que el gasto en pensiones es regresivo, esto es, que financia a los ricos con recursos de los pobres. Incluso la pensión mínima, aseguran, es subsidiada por el Estado. Culpan a quienes la alcanzan de ser los causantes de que el 76 % de los mayores de sesenta y cinco no reciban ningún ingreso. De tal manera que un trabajador cotiza veinticinco, treinta o más años para tener derecho a una mesada cuando le llegue la edad de retiro y termina acusado por los financistas de causar el déficit fiscal, la bajísima cobertura del sistema de pensiones y la pobreza. Busca esa propaganda sembrar en toda la sociedad el odio a los asalariados y la discordia entre ellos: entre los que ganan un poco menos y los que ganan algo más, los operarios y los oficinistas, los hombres y las mujeres, los antiguos y los nuevos, los negros, los blancos y los mestizos. Los voceros de los especuladores acusan a los mayores de arruinar el futuro de las nuevas generaciones: “los jóvenes, que hoy son solidarios con los mayores, no tendrán quiénes sean solidarios con ellos al llegar al retiro laboral”, repite una y otra vez como un estribillo el usurero ataviado de toga y birrete Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. Junto con él son muchos los académicos a quienes les puede más la gula que el rigor de sus disciplinas y por una paga adornan con ecuaciones y presentan como técnico e inevitable lo que no es más que un asalto largamente premeditado a una población desapercibida.

Hasta el salario más miserable es considerado extravagante por los oligarcas

El raponazo no se limita a las pensiones. En Colombia los sueldos se caracterizan por ser ínfimos, ya que con la mayoría de ellos es imposible costear la canasta básica familiar. Durante 2017, el mínimo legal fue de $737.717 y la canasta básica, según el DANE, era de un millón trescientos mil pesos, lo que significa que con la remuneración mínima se puede adquirir solamente la mitad de dicha canasta de bienes y servicios completamente indispensables. Peor aún, según la OCDE, el salario mínimo es el 80 % del salario promedio, $922.146, en 2017; el cual también es insuficiente para dar techo, alimentar, vestir, educar a la familia. El 84 % de los que tienen un empleo formal gana menos de dos salarios mínimos; es decir, más de cuatro quintas partes de los trabajadores formales se ven precisados a alimentarse de manera precaria, a privar a sus hijos de la educación o a escatimarles los gastos en salud, a alojarse en covachas o a mandar a los menores a ganarse unos pesos en cualquier actividad, por riesgosa que sea para su salud o su formación. Más terrible es  la realidad de los millones de desempleados y de quienes viven del rebusque. No obstante, el régimen de Santos, incrementó el IVA del 16 al 19%, propinándole un rudo golpe a la magra capacidad adquisitiva de la mayoría de las gentes y la Agenda Empresarial demanda que todos los productos de la canasta paguen 19% del IVA. Todo para rebajar el impuesto de renta a las empresas e incrementar los ingresos fiscales con miras a darles satisfacción a los acreedores del Estado.

Para el 2018 el sueldo mínimo quedó en $781.242, un incremento de $43.525, es decir, de $1.450 diarios, con lo cual la penuria de las gentes laboriosas se agudiza. Pero lo que nos revela con claridad hasta qué punto llega la codicia de los opresores y su indolencia frente a las carencias de las gentes laboriosas es que ellos y sus correveidiles declaren descaradamente que el salario mínimo en Colombia es muy alto, que se paga en demasía al operario. La OCDE urge la “rebaja de los costes laborales no salariales”, como primas y cesantías, que se establezca un salario mínimo por regiones, para que en la mayoría de municipios y campos se reduzca la paga actual a niveles irrisorios; también ordena que para los jóvenes y las mujeres la remuneración sea inferior a la muy baja que se “concierta” año tras año.

Al coro se suman gremios, “investigadores” y periodistas. Sergio Clavijo, de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, dijo: “Para el 2018 este error de haber incrementado el salario mínimo muy por encima de lo que daban las cifras macroeconómicas le va a pasar una factura de deterioro social al nuevo Gobierno” (Clavijo, 2018). Unos “investigadores” sostienen que “Recientemente, Arango y Flórez (2016) encontraron que —aunque su importancia parece estar disminuyendo— el salario mínimo es uno de los determinantes fundamentales del desempleo estructural, variable que en Colombia ha rondado el 10%, una de las más altas en Latinoamérica”. Y agregan que: “Sin embargo, no es en la contribución a la persistencia de la tasa de desempleo estructural o en la observada donde podría estar el efecto más nocivo del salario mínimo (resaltado nuestro), sino en la generación de empleo informal, el cual identifica aquella fracción de la población ocupada que no cumple, en general, con las formalidades de la ley” (Arango & Flórez, 2017). Y  El Espectador, el diario en el que la familia Cano le sirve de secretaria al Grupo Santo Domingo, propietario del periódico, editorializó: “indignarse porque el aumento del salario mínimo es insuficiente no es solo facilista, sino ingenuo” (El Espectador, 2018). Les fastidia incluso que la gente diga que con esa miserable remuneración no se puede vivir, consideran baladí esa discusión, mejor concentrarse en resolver el problema de la inequidad, es decir, no la que existe entre los Santodomingo o los Sarmiento Angulo o los Cano y el resto de la población, sino la que hay entre quien tiene una paga y quien araña cien o doscientos mil pesos mensuales. Hay que reducirle al primero para que haya equidad con el segundo. Con la contracción del salario mínimo se pretende, adicionalmente, rebajar todos los demás, sin que se afecte la disciplina laboral de quienes devengan un poco más que el mínimo. Este es un régimen que no quiere ni siquiera garantizar la supervivencia de sus esclavos. La intención es muy clara: compiten sobre la base de la insignificancia del salario, cuanto más miserable sea, más ventajas obtienen frente a sus pares. Así lo entienden las multinacionales y las grandes firmas colombianas. Que hoy tal paga no sirva para sobrevivir no importa, hay que reducirla, minimizarla, envilecerla sin contemplaciones. Que el hambre asuele los hogares proletarios, que estos incluso laborando formalmente tengan que caer en la indigencia y en la mendicidad son cosas banales, lo importante es “crear empresa”, competir, colmar a los ricos, colmarlos de favorabilidades para que acumulen más y más capital. En la infame propaganda de los capitalistas, el obrero que devenga una mensualidad mínima es un privilegiado que con su gula causa el desempleo y la pobreza. Y los que ganan millones y billones del trabajo ajeno son altruistas que se sacrifican por la sociedad. En conclusión, cualquier mejora de las condiciones de vida del asalariado no puede venir sino de su lucha tesonera, aguerrida; nada puede esperar de la generosidad inexistente de los ricachos ni del diálogo y la persuasión, de la que son fervientes partidarios los directivos de las centrales obreras.  

La concertación y los concertadores

Ante semejante envilecimiento del salario mínimo hoy la gente reclama, con justísima razón, por la conducta cómplice de las centrales obreras. Año tras año, en el mes de diciembre, durante ya más de dos décadas, los dirigentes de la CUT, la CGT y la CTC han concurrido obedientemente a las sesiones de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, engendro de la Constitución de 1991. A dichas reuniones asisten el gobierno y los representantes de los gremios de los patrones a hacer que discuten el aumento del salario mínimo para el año siguiente. El libreto se ha repetido, con muy ligeras variaciones, de modo que ya todos los actores desempeñan su papel con mucha propiedad, aunque la audiencia, cansada de ver las mismas escenas, ya se muestra escéptica. Con bastante antelación, los gremios deciden el porcentaje que debe imponerse y el gobierno aumenta unos decimales para simular su interés social y mostrar como si no estuviera acatando la orden patronal. Las centrales hacen como si fueran a convencer a los gremios y al gobierno y estos hacen como si las escucharan y las tomaran en serio. Incluso, voceros de las confederaciones obreras les explican a los comerciantes, banqueros y grandes industriales que les conviene a sus negocios hacer un buen aumento, pues crecerán sus ventas y podrán cobrar su cartera vencida. Todo el que conozca las posiciones que hemos relatado arriba sabe que los capitalistas no están interesados en hacer ninguna concesión ni van a recibir lecciones majaderas de los anquilosados burócratas de las centrales, aprendices de capitalistas que pretenden enseñarles a sus mentores ideológicos. Pero hay una diferencia entre unos y otros, los burgueses saben muy bien cómo defender sus intereses, y la cúpula sindical, enredada en la ideología de la conciliación de clase, no tiene ni idea ni le importa saber cómo proteger los de sus afiliados. El anodino evento se adorna con talleres académicos, sesiones de dinámicas de grupo, muchas gráficas, estadísticas, intervenciones sobre productividad y PIB, tecnicismos, siempre tecnicismos, para hacer creer que las medidas que perjudican a millones de seres son resultado de la acción de fuerzas ciegas e incontrolables de la economía. Y las centrales entran en ese juego. A veces se concierta, es decir, estas refrendan lo que los dueños del país han decidido, y otras no, se muestran disgustadas. En el último episodio de la serie, Luis A. Pedraza, presidente de la CUT, se manifestó en desacuerdo con la cifra “pactada” y luego se molestó porque Santos no lo convidó al palacio presidencial a la protocolización del arreglo, por lo cual anunció acciones legales. El desaire del mandatario le mereció mayor preocupación que el mandoble contra casi dos millones de jornaleros. Lo único que no hacen estos funcionarios amodorrados es convocar de manera oportuna y resuelta a los obreros a movilizarse en defensa de sus derechos; esto reñiría con la conducta educada y mesurada —pusilánime— que les deben a sus patrones. Creen en la conciliación de clases, piensan que la lucha es inconveniente, desconfían de la fuerza de las masas. Opinan que sus piruetas retóricas valen más que el empuje de las bases. Temen al régimen y, quizás, también al despertar de los afiliados a los sindicatos. Son evangelizadores del adormecimiento de la conciencia obrera con su palabrería acerca de la reconciliación, la concertación, “el diálogo social” como forma de solucionar los problemas; desarman ideológicamente a los trabajadores y facilitan que estos se dejen vapulear sin siquiera resistir.

Las calamidades que vive Colombia no son causadas por los que tienen un empleo o una pensión, sino por las políticas de favorecer el capital a toda costa en detrimento de las inmensas mayorías nacionales. A la muy baja cobertura de las pensiones contribuye de manera fundamental el sistema de contratación, su inestabilidad, introducida como medida de “flexibilización”, inestabilidad que no ha hecho nada distinto que agravarse desde 1990 con la Ley 50, que se justificó también como una manera de impulsar la industria y el empleo.  Cuanto menos estable es el contrato, menos posibilidades hay de que se logre pagar las mil trescientas semanas de cotización, ya que son muchos los que laboran unos meses y pasan otros tantos desocupados. Existen, además, las cooperativas de trabajo asociado y otras formas de burlar las prestaciones; hay numerosas empresas que descuentan de los sueldos los aportes y no los abonan a las cuentas concernientes, se roban impunemente no solo el dinero, sino que privan al trabajador de la posibilidad de pensionarse o de acceder a los servicios médicos. Impulsar una reforma dizque con la preocupación de la baja cobertura y presentar como salida el aumento de la edad y de las semanas es a todas luces contradictorio, pues tales incrementos van a redundar en que menos personas puedan lograr una pensión de jubilación, negocio pulpo para los fondos que dispondrán por décadas de unos ahorros sin tener que asumir la erogación por ese concepto. Y ofrecer como solución a la pobreza un auxilio de $65.000 de Colombia Mayor o de los BEPS lo único que muestra es la mezquindad y el desprecio de esta elite por las gentes necesitadas. Rasgarse las vestiduras por el déficit del fisco a la vez que se exige la privatización de las empresas estatales que más aportan al erario y reclamar que este asuma el pago de las mesadas de los jubilados desenmascara que la verdadera intención consiste en echarles mano a los recursos del presupuesto y a los cotizaciones de los trabajadores. Entregar los renglones claves de la producción a la arrolladora competencia extranjera es una de las causas fundamentales del desempleo y de la ruina, otra prueba de que no son las gentes laboriosas las que causan estos males, sino las políticas trazadas por el Estado en obediencia a lo que dictan los organismos multilaterales al servicio del gran capital extranjero, al que se subordinan los conglomerados nacionales.
Todos estos embates se aliñan con teorías sobre competitividad, productividad, equidad, inclusión y otras: la estafa moderna en gran escala requiere de mucho artificio intelectual. La ofensiva ideológica es primera y fundamentalmente contra los asalariados porque reduciendo sus sueldos se acrecen las utilidades de todo el capital; un elemento clave del impulso de la competitividad consiste en ese detrimento de la paga, porque las empresas compiten a nivel mundial sobre la base de menguar lo que le corresponde al obrero por su labor. También cuando se habla de productividad en el fondo se trata de intensificar la jornada de los esclavos modernos hasta lesionar su salud física y nerviosa, y la formalización no es otra cosa que envilecer las condiciones laborales de quienes producen bajo las normas legales para equipararlas con las muy atroces que padecen quienes carecen hasta de las lánguidas y no muy respetadas garantías de ley.

Las verdades de Marx de que la sociedad capitalista descansa en la explotación de la mano de obra muestran su plena vigencia, y la extracción de plusvalía al trabajo se lleva al extremo de que el salario está cada vez más lejos de cubrir las necesidades del proletario y su familia. Pero en esta carga contra el trabajo, de perfiles tan precisos en los debates sobre las pensiones y el salario mínimo, asoma el temor que los opulentos les tienen a los proletarios, ya que estos cuando se han unido con una conciencia lúcida de sus intereses y se han organizado políticamente han aglutinado tras de sí a todos los parias y a los sectores medios y han puesto en derrota a los explotadores. La necesidad de prevenir esa insurgencia dicta que se elaboren teorías que desorienten y dividan y que alineen a los sectores medios con los opresores y no con sus verdaderos aliados: los proletarios de la ciudad y el campo. Por ello el afán de endilgarle al asalariado la culpa del desempleo y de otras dolamas sociales, de desbaratar y domesticar incluso los sindicatos.

En eso estriba el favor que los oportunistas le prestan a la camarilla imperialista y a sus compinches colombianos: so pretexto de defender los intereses de los agricultores medios y de algunos industriales quejosos, aporreados por las disposiciones impuestas por los banqueros internacionales y por las firmas oligopólicas de alcance mundial, se suman al credo de esos mismos banqueros y esas firmas en la siniestras tareas de santificar los valores burgueses de la ganancia de unos pocos como panacea social y la de aturdir, aislar y dejar sin resuello al movimiento de los desposeídos. A medida que la riqueza se concentra, el régimen político y social de la gran burguesía y su patrón, el capital extranjero, se hace más vulnerable porque choca de manera cada vez más evidente con los intereses vitales de la inmensa mayoría de la sociedad y, por ello, tiene que acudir crecientemente a difundir una doctrina que aísle a los trabajadores y facilite el expolio. En las monsergas de los ideólogos de los adinerados se execra la lucha de clases, pero se aviva la de los ricos contra el trabajo; se condena el odio pero se alienta contra quienes laboran.

La mentira de que solo la complacencia al capital —bautizada en nuestro solar como “confianza inversionista”— es la fuente del progreso de todos es visible en la sociedad colombiana, pues tal credo se ha seguido devotamente y los resultados no pueden ser peores. Los índices de miseria y desempleo figuran entre los más elevados del mundo; los renglones productivos claves para el bienestar de la población acusan un retraso enorme, y solo progresan los que producen rendimientos inmediatos y abultados a los magnates; los más valiosos derechos colectivos, como la salud y la educación, son un jugoso negocio para unos pocos y un servicio tan caro como deficiente para las mayorías. El supremo valor de burgués de enriquecerse a toda costa degrada toda la vida del país. La corrupción, método expedito de alcanzar dicho fin, gangrena todas las áreas de la actividad social: el Parlamento se vende al por mayor y al granel, las Cortes salen a subastar las sentencias, la alimentación no llega a la boca de los infantes porque los dineros a ella destinados se quedan en los bolsillos de unos cuantos; los puentes se caen, los edificios también, los recursos públicos que servirían para garantizar la navegabilidad de los ríos se ahogan en las pestilentes aguas del latrocinio; la locomotora minero-energética no le deja al país y a sus municipios sino hoyos y contaminación. El presidente de la República se vende a las empresas extranjeras hasta por unos dólares para carteles de campaña electoral y el candidato de oposición hace lo propio para que esa misma compañía le pague un asesor. Las gentes que trabajan no disfrutan ni de la cacareada seguridad, pues son víctimas cotidianas del asalto a mano armada, en la noche o a plena luz del sol. Según el contralor la corrupción le cuesta al país 50 billones de pesos al año, casi un billón por semana (El Tiempo, 2017). De manera que al país hay que reorientarlo, no mediante la trillada coquetería a los millonarios, sino con los valores que les sirven a los asalariados: el trabajo honrado y la defensa del interés colectivo.


De manera inmediata, la respuesta a los ataques que se cocinan contra las pensiones y el salario mínimo no puede dejarse en manos de los contemporizadores de marras ni de los políticos fletados por el capital; los obreros y empleados, los trabajadores independientes y las clases medias han de prepararse para salir en defensa de tan vitales reivindicaciones. Que cada asalariado se preocupe por conocer el contenido de las reformas y por discutir con sus compañeros la mejor manera de unirse y batallar para dar al traste con esas aberraciones. La denuncia sobre el desmedro a las condiciones de vida de las mayorías que buscan las clases dirigentes hay que acompañarla con el desenmascaramiento de los presupuestos ideológicos de esas andanadas, que ensalzan el parasitismo capitalista y la explotación, y difaman a las gentes laboriosas; desprestigian lo público y lo colectivo y endiosan el egoísmo.


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Bibliografía

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