Por Francisco Cabrera

Mediante el Acuerdo 029 de 2011, el primero de enero entró a regir el nuevo Plan Obligatorio de Salud, POS, aprobado por la Comisión de Regulación del sector. En el lanzamiento oficial el presidente Santos dijo que se trataba de un “avance monumental”. No opinan lo mismo las comunidades científicas, y hasta el Defensor del Pueblo formuló serios reparos a la norma. El manejo que el mandatario le ha dado a un tema tan sensible revela un estilo particular de hacer las cosas, en el que contrastan los grandes golpes publicitarios sobre cambios trascendentales, con unos deplorables resultados. Tal estilo nos trae a la memoria aquella fábula de Esopo, El parto de los montes, o para decirlo con las palabras del vice presidente de la Federación Médica Colombiana, FMC, César Prieto, las actuaciones del gobierno son “mucho tilín tilín…”

 

Hace un año también se anunció con bombos y platillos la Ley 1438 que, como se demostró en estas páginas, conservó incólume el sistema creado por la Ley 100, con el agravante de que introdujo en la salud el “principio” de la sostenibilidad fiscal, el cual fue elevado posteriormente a norma constitucional con el Acto Legislativo 3 de 2011. A los funcionarios de las tres ramas del poder público y a los colombianos todos se les notificó que los derechos de los ciudadanos son una entelequia, pues basta la invocación de la mentada norma fiscal para negárselos. El Acto Legislativo se aprobó el 1º de julio, y un mes después, en un derroche de cinismo, Santos convocó una rueda de prensa para dar la buena nueva de que, en adelante, “todos los colombianos van a ser atendidos, no importa qué enfermedad tengan”, pues “la salud no puede ser un negocio (…) es un servicio social y es un derecho que tienen los colombianos” remachó. Como lo evidencia Sergio Isaza, presidente de la FMC, antes de su aparición pública el mandatario se había reunido con los representantes de los gremios de los profesionales de la salud y las promesas de Santos reflejaban los acuerdos a los que se había llegado. El nuevo POS en cuya configuración trabajaba la Comisión de Regulación en Salud, CRES, daría forma a los ofrecimientos oficiales. El resultado mostró que todo no era más que un fraude.

Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, reaccionó indignado: “Mantener un esquema de salud en un listado (de enfermedades, tecnologías y medicamentos) no es un remedio a la enfermedad y lo único que hace es perpetuar las dificultades del sistema”, y puntualizó que este debe ofrecer “lo que la persona necesita y hasta cuando lo deje de necesitar”. Sus palabras fueron respaldadas plenamente por la FMC, para la cual, es primordial acabar con la intromisión financiera de las EPS, pues “está totalmente comprobado, hasta para los que no quieren ver, que la intermediación en el sistema de salud ha sido la causa principal para el descalabro del Sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia”.

La Sociedad Colombiana de Pediatría dejó oír sus desacuerdos, pues en el nuevo POS no se tuvieron en cuenta las enfermedades por las que más se mueren los niños en el país, a pesar de que en el papel las normas consagran las Coberturas Especiales con acceso a todas las tecnologías y servicios de pediatría para los menores de 18 años, de forma directa, sin tener que contar con la remisión de un médico general. De tiempo atrás esa Sociedad se viene quejando porque se suprimen las camas de hospitalización para los niños, lo que se hace con el argumento de la baja rentabilidad de ese servicio.

Caso de un menor que era atendido en el programa Hospital Día en Bogotá

En los primeros días del año se han realizado protestas de cerca de 500 pacientes cobijados por el régimen subsidiado, agrupados en unos programas llamados Hospital Día que funcionan en la red pública distrital, que cubrían terapias integrales con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y fonoaudiólogos.

Camilo, de 11 años, era uno de los beneficiados de esos programas en el Hospital de Kennedy. Diagnosticado con autismo infantil precoz a los 3 años, recibía terapia ocupacional y del lenguaje y además asistía a continuas consultas con psiquiatras infantiles. También le daban una ayuda pedagógica, para que fuera a la escuela, y él y su madre iban cuando quisieran a charlas con un grupo de familias de niños también autistas.

En enero del 2011, Camilo fue trasladado del Sisbén a una EPS del subsidiado que empezó a negarle varias de las terapias que hacían parte del plan integral y cada vez se hizo más difícil que le autorizaran las consultas con un psiquiatra. María Idalia, su madre, comenzó a perder el tiempo y el dinero que no tenía, "haciendo vueltas de un lugar para otro".

Como el medicamento que necesita todos los días para mantenerse bajo control empezó a faltar, una psiquiatra del Hospital de Kennedy le regala cada que vez que puede las muestras médicas que le dan, pero el niño dejó de recibir el tratamiento de manera adecuada, y un día ya no lo aceptaron en la escuela.

Hoy, Camilo está siempre en su casa y María Idalia, empleada doméstica y cabeza de familia, ya no puede trabajar todos los días. "Lo más triste es que mi niño empezó a echar para atrás, ahora se porta muy mal y es muy difícil controlarlo", dice.

Tomado de El Tiempo

 

La ex presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, Olga Albornoz, denunció que para los pacientes que padecen enfermedades mentales y que eran atendidos por la Secretaría de Salud de Bogotá, la unificación de los planes del contributivo y el subsidiado antes que un beneficio fue un retroceso, pues ahora que su atención depende de las EPS, éstas les niegan todos los servicios. El problema se agudizó desde el primero de enero con la entrada en vigencia del nuevo POS y ya originó la protesta de cerca de 500 pacientes que se encontraban cobijados por el programa Hospital Día.

Las cortapisas que, amparadas en una intrincada maraña de normas, erigen a diario las EPS para mal atender a los pacientes —la tramitología, las consultas a los Comités Técnico Científicos, las esperas de hasta meses en las citas a los especialistas, entre otras—, constituyen en la práctica una negación del derecho a la salud.

Situación que enfrentan a diario los pacientes de cáncer

Si se entrevistara a cualquier persona que hace fila para la radicación de una solicitud a un Comité Técnico Científico, CTC, o a alguien que espera su turno para realizar algún trámite en las oficinas de una EPS, de seguro nos encontraríamos con infinidad de historias sobre lo que significa el calvario de la salud para los colombianos. La información que presentamos a nuestros lectores nos la brindó amablemente Rosario, hija de Joaquín, un paciente de 75 años afectado de cáncer de garganta. Recordemos que las diferentes modalidades de esta enfermedad son la tercera causa de mortalidad en el país.

Cuando Joaquín comenzó a tener dificultades para respirar, a finales de noviembre del año pasado, su familia le pidió una cita médica en la Nueva EPS, a la que se encuentra afiliado, pero allí les dijeron que lo podían atender sólo hasta mediados de enero. Viendo que su padre agravaba, Rosario entabló una tutela, pero antes de obtener una respuesta, Joaquín estuvo a punto de morir asfixiado y al ser atendido por urgencias le hallaron un tumor que le estaba obstruyendo el paso de aire a los pulmones, lo que obligó a practicarle una traqueostomía —abertura dentro de la tráquea mediante una incisión en el cuello en la que se inserta un tubo o cánula para facilitar el paso del aire a los pulmones—. Poco después, comenzaron las sesiones de quimioterapia —una cada 21 días—, con sus tremendos efectos. Como parte del tratamiento, el 20 de diciembre el especialista le ordenó algunas medicinas que debían suministrársele de inmediato para prepararlo para la siguiente quimioterapia: Ondansetrón y Glutamina, una dieta especial con Ensure plus HN como complemento, y por su edad y su estado, unas terapias respiratorias domiciliarias. Nada de esto se lo autorizó la EPS. Les tocó hacer el trámite ante el CTC, el cual tiene 10 días hábiles para responder. Como pasaba el tiempo y la respuesta no llegaba, Rosario y su familia reunieron con grandes sacrificios $200.000 que les alcanzaron para comprar apenas parte de lo ordenado por el médico. El 6 de enero Joaquín enfrentó su segunda sesión de quimioterapia. Y sólo hasta el 13 de enero la Nueva EPS entregó los medicamentos. El tramite tuvo una insólita demora a causa de un craso error por parte del CTC en la transcripción del nombre de una de las drogas, lo que obligó a la familia a reanudar el trámite; las terapias se las negaron y para sustentar su solicitud, la familia debió, por su cuenta, someter a Joaquín a una prueba conocida como índice de Barthel, que mide el grado de discapacidad física de una persona.

Para Rosario y su familia, al infortunio de la enfermedad de su padre se ha venido a sumar el suplicio de perder horas y horas en salas de espera y en largas filas, en unas diligencias muchas veces estériles. Ella dice que si no fuera porque son ocho hermanos que reúnen dinero, se turnan para cuidar a Joaquín y realizar los trámites ante la EPS, sortear la situación habría sido imposible.

 

 La farsa oficial es tan grotesca que las pregonadas maravillas del nuevo POS las desmintió incluso el Defensor del Pueblo. La Defensoría fue llamada por la CRES, a acompañar el proceso de discusión del nuevo plan, pero según lo expresa en un comunicado, sus opiniones se ignoraron. El funcionario se queja de que tampoco se tuvieron en cuenta las conclusiones de los estudios de las tutelas realizados por la entidad en los últimos 10 años, de los que se desprenden cuáles son las medicinas y tratamientos que con mayor frecuencia son reclamados mediante este recurso y que fueron excluidos del POS:

“Los medicamentos pregabalina y memantina, las citas médicas para neuropsicología, el angiograma cerebral y el estudio electrofisiológico cardiaco percutáneo; los tratamientos para rehabilitación neuropsicológica y rehabilitación de adicciones; los pañales para pacientes con patología que lo requiera; los exámenes de cariotipo y el test de clonidina, lo mismo que la manometría esofágica.

“(…) Por otra lado, el hecho de no haber eliminado la forma farmacéutica y la presentación de los medicamentos, estableciendo medicamentos sólo por principio activo, puede mantener la barrera de acceso a los mismos; obstáculos que han venido siendo denunciados por esta Entidad en sus diferentes estudios.”

¡A la burla de la llamada “participación ciudadana” no escapan ni las dependencias oficiales encargadas de mantener la pantomima de una supuesta preocupación del Estado por los derechos del pueblo! No cabe duda de que es parte del estilo de Santos llamar a “participar” a quien exprese reparos frente a sus políticas para terminar escuchando únicamente la voz de los potentados. Lo vimos con los jueces, con la academia frente a la reforma universitaria, con los camioneros, con los obreros petroleros de Puerto Gaitán, para mencionar unos casos. Luego, lo de los médicos y la Defensoría no constituyen una excepción.

Para resumir, hablar de que la salud no es un negocio mientras se mantiene en pie un sistema diseñado para el lucro de las EPS es fariseísmo puro y simple. Igualmente fariseo es hablar del derecho a la salud cuando la existencia misma del POS —basada en garantizar tanto la rentabilidad de las EPS, como la sostenibilidad fiscal—, no es otra cosa que su negación.

Buchipluma en la lucha contra la corrupción

El otro tipo de espectáculo que le encanta a Santos es anunciar el destape de nidos, o como los llaman ahora, carruseles de corrupción, los cuales abundan en el sistema de salud, pues éste los propicia. En mayo del año anterior el gobierno armó una gran alharaca con la detención de cuatro funcionarios de nivel medio del Ministerio de la Protección Social, involucrados en el tráfico con los dineros de los recobros. En ese momento el Presidente dijo que aquello era apenas la punta de un iceberg y que se estaba hablando de una mafia que le robaba al sistema billones de pesos. El país se quedó esperando que cayeran los peces gordos tanto de las EPS como del Estado, pero todo quedó ahí, oculto bajo las turbias aguas de la impunidad.

En diciembre pasado volvieron a conocerse hechos alarmantes. En una muestra en 76 municipios —de un total de 1.103—, en la que se auditaron 1.5 billones de pesos del Sistema General de Participaciones, que son los dineros de las transferencias con destino a la salud, la Contraloría encontró que $976 mil millones se desviaron hacia fines diferentes a la prestación del vital servicio. Como si esto no bastara, los municipios tampoco destinan los dineros provenientes de la Empresa Territorial para la Salud, ETESA, a sus presupuestos de salud, ni aportan a estos lo que les corresponde por ley, amén de otro sinnúmero de irregularidades y delitos —el giro a IPS inexistentes, por ejemplo—, en los que incurren funcionarios del Estado y del sector privado y que culminan en un desfalco continuado.

En medio de las discusiones de los últimos años, las organizaciones de los médicos han insistido en que los problemas de la salud en Colombia no se originan en la falta de recursos, pues los existentes bastarían para brindar un servicio de buena calidad a toda la población. Con todo lo discutible que esta afirmación pueda ser, lo cierto es que el perverso esquema creado por la Ley 100 desangra la salud permitiendo que billones y billones de pesos sean devorados por la codicia de las EPS y por la corrupción de los funcionarios estatales a todos los niveles. Mientras impere semejante modelo cualquier ofrecimiento oficial que hable de garantizar el derecho a la salud será un vulgar embuste. Con mayor razón si proviene de Santos, quien para resolver la crisis de las universidades públicas propuso como salida la receta que está acabando con la salud. Si la burguesía confía de buena gana sus asuntos a un personaje que entre ellos goza de la fama de felón, el pueblo, por el contrario, debe desconfiar de todo lo que dice y hace.

Situación que enfrentan a diario los pacientes de cáncer
Si se entrevistara a cualquier persona que hace fila para la radicación de una solicitud a un Comité Técnico Científico, CTC, o a alguien que espera su turno para realizar algún trámite en las oficinas de una EPS, de seguro nos encontraríamos con infinidad de historias sobre lo que significa el calvario de la salud para los colombianos. La información que presentamos a nuestros lectores nos la brindó amablemente Rosario, hija de Joaquín, un paciente de 75 años afectado de cáncer de garganta. Recordemos que las diferentes modalidades de esta enfermedad son la tercera causa de mortalidad en el país.
Cuando Joaquín comenzó a tener dificultades para respirar, a finales de noviembre del año pasado, su familia le pidió una cita médica en la Nueva EPS, a la que se encuentra afiliado, pero allí les dijeron que lo podían atender sólo hasta mediados de enero. Viendo que su padre agravaba, Rosario entabló una tutela, pero antes de obtener una respuesta, Joaquín estuvo a punto de morir asfixiado y al ser atendido por urgencias le hallaron un tumor que le estaba obstruyendo el paso de aire a los pulmones, lo que obligó a practicarle una traqueostomía —abertura dentro de la tráquea mediante una incisión en el cuello en la que se inserta un tubo o cánula para facilitar el paso del aire a los pulmones—. Poco después, comenzaron las sesiones de quimioterapia —una cada 21 días—, con sus tremendos efectos. Como parte del tratamiento, el 20 de diciembre el especialista le ordenó algunas medicinas que debían suministrársele de inmediato para prepararlo para la siguiente quimioterapia: Ondansetrón y Glutamina, una dieta especial con Ensure plus HN  como complemento, y por su edad y su estado, unas terapias respiratorias domiciliarias. Nada de esto se lo autorizó la EPS. Les tocó hacer el trámite ante el CTC, el cual tiene 10 días hábiles para responder. Como pasaba el tiempo y la respuesta no llegaba, Rosario y su familia reunieron con grandes sacrificios $200.000 mil que les alcanzaron para comprar apenas parte de lo ordenado por el médico. El 6 de enero Joaquín enfrentó su segunda sesión de quimioterapia. Y sólo hasta el 13 de enero la Nueva EPS entregó los medicamentos. El tramite tuvo una insólita demora a causa de un craso error por parte del CTC en la transcripción del nombre de una de las drogas, lo que obligó a la familia a reanudar el trámite; las terapias se las negaron y para sustentar su solicitud, la familia debió, por su cuenta, someter a Joaquín a una prueba conocida como índice de Barthel, que mide el grado de discapacidad física de una persona.
Para Rosario y su familia, al infortunio de la enfermedad de su padre se ha venido a sumar el suplicio de perder horas y horas en salas de espera y en largas filas, en unas diligencias muchas veces estériles. Ella dice que si no fuera porque son ocho hermanos que reúnen dinero, se turnan para cuidar a Joaquín y realizar los trámites ante la EPS, sortear la situación habría sido imposible.